27 de marzo de 2011

NOTAS DE LA WEB : SIN PERMISO

[Y si quieres seguirnos en FACEBOOKhttp://www.facebook.com/pages/SinPermiso/106764166044474 ]

Todo el fondo de artículos de sinpermiso electrónico es de acceso libre y permanente. Esta semana:
Rashid Khalidi


La muerte argentina
Osvaldo Bayer
Esos útiles tiranos
Eugene Robinson
Sortu en el Tribunal Supremo
Iñaki Lasagabaster · Ramón Zallo
Enric Juliana

¡AMLO 2012!

Patrulla Fronteriza dejó ir a traficantes de armas | Nacional | Diario.com.mx

Patrulla Fronteriza dejó ir a traficantes de armas | Nacional | Diario.com.mx


Patrulla Fronteriza dejó ir a traficantes de armas

Víctor Solís
El Universal | 25-03-2011 | 23:55



Distrito Federal— Un nuevo caso de negligencia en las agencias de seguridad de Estados Unidos, que incluye el tráfico de armas hacia México, ha sido revelado por el Centro para la Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés), que junto con la cadena CBS destapó el operativo “Rápido y Furioso”.

El incidente, ocurrido a principios de 2010, involucra al regidor de la comunidad de Columbus, Nuevo México, quien a principios de este mes fue detenido en Estados Unidos, acusado de formar parte de una red de contrabandistas de armas que surtía a los cárteles mexicanos de la droga.

El 14 de enero del año pasado, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a dos hombres que conducían un vehículo en Columbus. En la unidad encontraron un cargamento que incluía rifles de asalto AK-47, pistolas Ruger calibre .45 y otras 5.7 por 28mm, tan poderosas que pueden atravesar blindajes.

Los oficiales cotejaron los números de serie de las armas en una base de datos a nivel nacional y ninguna de las ocho apareció boletinada, por lo que los agentes los dejaron ir. Esos hombres eran Blas Gutiérrez y Miguel Carrillo, el primero regidor de Columbus que hace unas semanas fue detenido bajo cargos de contrabando de armas hacia México, en una operación donde también se aseguró al alcalde de la ciudad y al jefe de la Policía.

Cuando ocurrió el incidente de enero, los agentes de la Patrulla Fronteriza desconocían que seis de las armas que llevaban consigo Gutiérrez y Carrillo habían sido compradas por prestanombres que eran vigilados por la Agencia para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), como parte del operativo “Rápido y Furioso”, que durante 15 meses toleró la entrada de casi 2 mil armas a México, con el objetivo de desmantelar la cadena de tráfico de armamento del crimen organizado.

Las armas salieron “limpias” porque la ATF no las había boletinado aún en la base de datos nacional, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), no le avisó a su agencia hermana (la ATF) de la revisión que sus agentes hicieron, sino después de cinco meses.

Una de las pistolas Ruger que estaban en ese vehículo apareció después en la escena de una asesinato en la zona fronteriza Puerto Palomas, México, el 8 de febrero de este año, de acuerdo con registros de la Corte y el testimonio del abogado de uno de los acusados por el homicidio, reveló el CPI.

El episodio -corroborado por el Centro para la Integridad Pública a través de entrevistas, memorandums internos de las agencias y registros de una Corte- pone al descubierto graves lagunas en los esfuerzos del gobierno de Barack Obama contra el crimen organizado, y evidencia lo peligroso de las estrategias empleadas por las agencias de seguridad estadounidenses para detener el tráfico de armas hacia México. “Las agencias de primer nivel en Estados Unidos no siempre están coordinadas y con frecuencia se sienten impotentes para arrestar sospechosos de contrabandear armas, debido a la falta de leyes más fuertes”, destaca el documento del CPI.

Los costos

Como consecuencia de esa negligencia, miles de armas empleadas para “Rápido y Furioso” terminaron en manos de cárteles mexicanos y una de ellas se utilizó para asesinar a una agente de la Patrulla Fronteriza.

Voceros de la Patrulla Fronteriza se negaron a hablar sobre el incidente de enero de 2010 con el Centro para la Integridad Pública, pero corroboraron que sus agentes no pueden arrestar a nadie bajo cargos de traficar armas hacia México, sino hasta que hayan entrado en una de las rampas del cruce fronterizo. En el caso de Blas Gutiérrez y Miguel Carrillo, aún se encontraban a algunos kilómetros de este punto cuando fueron detenidos.

En las actas sobre el caso, cita el CPI, se dejaron fuera los detalles que lo conectaban directamente con la operación “Rápido y Furioso”, y ni siquiera se menciona que los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron un vehículo lleno de armas. En cambio, sólo se menciona que los sospechosos (Gutiérrez y Carrillo) habían sido observados con armas el 14 de enero de 2010.

Cómo inició todo

Documentos en poder del CPI revelan que el 9 de enero de 2010 Jaime Ávila Jr., de 23 años, entró presuntamente a una tienda de nombre Lone Wolf Trading, en Glendale, Arizona, donde compró tres pistolas FN 5.7.

Como la ley lo requiere, la tienda reportó la venta de esas armas a la ATF, y el 11 de enero fueron introducidas a una base de datos para “rastrear armas”. Tres días después, los documentos muestran que el agente de la ATF encargado del proceso introdujo los número de serie de las armas en una base de datos distinta para “armas sospechosas”, que está ligada a las del Centro Nacional de Información Criminal de Estados Unidos, al que todas las agencias de ese país tienen acceso.

Este procedimiento notifica a todas la agencias de procuración de justicia que deben contactar a la ATF en caso de que sus agentes encuentren una de estas armas. Por lo general, los oficiales llaman a un similar de la ATF desde el lugar de los hechos y siguen sus indicaciones. Cuando se dio la detención de los dos sospechosos, las armas boletinadas aún no aparecían en la base de datos que los agentes revisaron, y éstos no llamaron a la ATF para corroborar que las armas fueran legales.

El senador Charles Grassley, el republicano de más alto rango en el Comité Judicial de la Cámara Alta, exigió ayer a la Patrulla Fronteriza que rinda un informe sobre el operativo en el cual agentes de esta corporación dejaron pasar las armas de grueso calibre a México.


¡AMLO 2012!

Explicación con manzanas del fraude 2006 y el posible fraude 2012



¡AMLO 2012!

“Otra vez la burra al trigo… y los cuervos al petróleo”-- Javier Jiménez Espriú

“Otra vez la burra al trigo… y los cuervos al petróleo”-- Javier Jiménez Espriú: "
Nuevo embate panista contra la industria petrolera. La imagen corresponde a la refinería Lázaro Cárdenas, en MinatitlánFoto Notimex

Un nuevo embate contra la industria petrolera mexicana aparece tanto como estrategia para la desintegración de Pemex, que como medida de distracción –también estratégica– para quitar la atención sobre los contratos incentivados –anticonstitucionales– que la dirección de Pemex ha anunciado para licitación.

Con una extensa Exposición de motivos de 15 cuartillas, en donde no encontré ningún argumento diferente a los que plantearon hace tres años, y que fueron rechazados no sólo por el Congreso que representa al pueblo, sino por el pueblo mismo –independientemente de lo que hiciera su representación– en una gesta memorable, un grupo de senadores panistas propone un decreto que modifique el artículo 28 de la Constitución para dejar como área de exclusividad del Estado, en lo referente a la industria petrolera, sólo la exploración y la explotación de los hidrocarburos, lo que por otro lado, a través de los contratos incentivados recién anunciados piensan nulificar, sin necesidad de modificar la Constitución, sino dándole sólo una violadita.

Se trata de una nueva versión de la vieja letanía para la entrega de la refinación y los ductos de transporte de hidrocarburos y todo lo que se llama la corriente aguas abajo a la iniciativa privada. ¡Otra vez la burra al trigo… y los cuervos al petróleo!

A falta de nuevos argumentos, y para darle peso a su propuesta, de lo que carece, los señores senadores invocan al general Lázaro Cárdenas –¿sofistas o cínicos?– como la fuente inspiradora de su iniciativa para fortalecer a Pemex y darle viabilidad, lo que según ellos no tiene. Esa era la idea del general presidente, nos señalan aparentemente sin que les temblara la pluma. ¡Qué cachaza! Ahora querer enarbolar la bandera del general Cárdenas para sus propósitos antinacionalistas.

¿Será esta nueva andanada contra la industria petrolera una de las monedas de cambio del presidente Calderón para que le quitaran de enfrente al embajador Pascual? ¿Será la intención de cumplir compromisos anteriores con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y sus dueños? ¿Se trata de confirmar que este gobierno es como el anterior, un gobierno para empresarios? o es simplemente asunto de negocios –¡Pemex is Pemex, but business is business!– que quieren cerrar antes de irse para cosechar las utilidades. Lo más probable es que todo sea un solo paquete.

Hace un par de semanas escribí, con motivo de los contratos integrales anunciados por Pemex, un artículo que publicó La Jornada, que titulé Banderazo para arriar la bandera de Pemex, que terminaba con dos párrafos que transcribo porque son válidos para el tema que ahora abordo. Dicen así:

“Ya en ocasión anterior, después de aprobada la ‘reforma energética’, expresé que se había logrado detener la entrega total de Pemex, pero que no había que bajar la guardia, porque vendrían nuevos embates. Estos han seguido y, con renovados ánimos y con renovado secretario de Energía, ahora aparecen para tratar de asestar un golpe mortal a nuestra industria petrolera.

Con la misma tenacidad de los agresores, quienes queremos a Pemex como una industria nacional apegada a lo que define nuestra ley superior, lo defenderemos sin descanso, con la ventaja de que a nosotros nos asiste la razón legal y los sentimientos de la nación.
"

¡AMLO 2012!

MONERO MONSI: Uniformidad al gusto

Uniformidad al gusto: "
"

¡AMLO 2012!

Himno Ciudadano del Movimiento de Regeneración Nacional



¡AMLO 2012!

Andres Manuel López Obrador en Morelia 10 de marzo 2011

Andres Manuel López Obrador en Morelia 10 de marzo 2011: "Andres Manuel López Obrador en entrevista con medios locales de la ciudad de Morelia el 10 de marzo 2011 , entre otras cosas habla sobre el rechazo a la alianza PRD-PAN en el estado de México , la inmoralidad de calderon que pretende imponer a su hemana como gobernadora de Michoacan , los responsables de la inseguridad y la violencia , casi al final menciona que calderon no gobierna ni manda en el país .

"

¡AMLO 2012!

ALIANZA CON LA DERECHA: Miguel Angel Granados Chapa es uno de los 9 Periodistas y Academicos, que Integran el Consejo de consulta

Miguel Angel Granados Chapa es uno de los 9 Periodistas y Academicos, que Integran el Consejo Ciudadano de la Consulta en el EDOMEX: "

¿QuiÉnes integran el Consejo Ciudadano de la Consulta y cuÁles son sus funciones?

El Consejo Ciudadano está integrado por Alberto Aziz Nassif, Denise Dresser, José Antonio Crespo, Lucila Servitje, María Fernanda Garza, Miguel Angel Granados Chapa, Sergio Aguayo, Ricardo Raphael, Tatiana Clouthier. La Secretaría Técnica del Consejo estará a cargo de Propuesta Cívica, a. c.

El Consejo Ciudadano fungirá como autoridad en los aspectos relacionados con la organización técnica y logística de la Consulta Ciudadana. Sus atribuciones son las siguientes: a) vigilar el cumplimiento de las reglas en la organización de la consulta; b) recibir, investigar y resolver posibles quejas, y c) emitir las resoluciones necesarias para garantizar la objetividad y la transparencia de la consulta.


EL CAMBIO ESTA EN TI Y EN MI.... EL SENDERO DE VERACRUZ, ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO. http://elsenderodeveracruz.blogspot.com/
"

¡AMLO 2012!

Resistencia Sudcaliforniana: AMLO en Baja California Sur. Marzo 16, 2011

Resistencia Sudcaliforniana: AMLO en Baja California Sur. Marzo 16, 2011


AMLO en Baja California Sur. Marzo 16, 2011
11:36 Publicado por Resistencia Civil Pacífica BCS
Etiquetas: AMLO, Baja California Sur

Tarde, pero aqui les compartimos el audio grabado por nuestro compañero Jerónimo de la Resistencia Sudcaliforniana, con el audio del mensaje que dirigió el Presidente Legítimo de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a los Comités en Baja California Sur, el pasado 16 de marzo en la Ciudad de La Paz:



¡AMLO 2012!

La Acción es Convicción: AMLO en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco

La Acción es Convicción: AMLO en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco: "


AMLO: 'Como lo hicimos con los cooperativistas, firmamos compromisos con el Movimiento Social por un Gobierno del Pueblo. Sí a estas alianzas.'
  • El presidente Legítimo de México dijo: Cuatro grandes transformaciones: La Independencia, La Reforma, La Revolución y Ahora vamos por la Cuarta gran transformación nacional.
  • AMLO apoyado por 150 organizaciones en 30 entidades y más de 700 municipios, para su camino a la presidencia en el 2012

Por Hasardevi

Marzo, Domingo 27, 2010. El día de hoy en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco el Presidente Legítimo de México dijo que lo más importante es la acción, “la acción es convicción”, lo más importante es seguir organizándonos, dijo, llevamos el 40% de la meta de los comités seccionales y participan en ellos alrededor de 100 mil ciudadanos; a final de año necesitamos llegar a los 65000 comités seccionales y municipales de MORENA , y con ello, estaremos ante un hecho inédito en nuestro país, la organización más importante en la historia de México.

Esta organización nacional es fundamental, continuó diciendo el Lic. López Obrador, no olvidemos que en 2006 nos robaron la presidencia porque la mafia en el poder no quiere ningún cambio, porque aunque le vaya mal al pueblo a ellos les va bien. 'Faltaba organización por eso pudieron robarnos la presidencia.'

AMLO recordó que se han visitado ya los 2038 municipios de México y los 418 municipios de usos y costumbres en Oaxaca y muchos de estos municipios han sido visitados más de una vez.

“Ya echamos a andar un plan sencillo pero contundente y muy significativo: que los simpatizantes del movimiento se hagan ‘protagonistas del cambio verdadero’, para persuadir a otros de la importancia de esta organización, de la necesidad de un cambio. La Independencia, la Reforma y la Revolución; y nosotros queremos llevar a cabo la IV Transformación de la vida pública en el país.”

“No se persigue aquí la obtención de cargos públicos, buscamos la transformación, partiendo de la idea de que si cada quien hace lo que le corresponde, entre todos salvaremos a México.

“¿Quién es un protagonista? Es alguien consciente que sabe lo que esta sucediendo y quiere ayudar para que las cosas mejoren, ¿cuál es la responsabilidad de cada protagonista? debe convencer a cinco personas más, entre familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.

“Nos seguiremos encontrando, pero que cada quien sepa lo que se tiene que hacer, el plan está ahí, está el objetivo, ahora todos a trabajar, tenemos una ventaja extraordinaria: quienes participan en este movimiento son personas muy conscientes, es una vanguardia politizada que tiene convicciones y defiende ideales y principios. En eso basamos nuestra confianza para transformar la vida pública de nuestro país.

“El próximo miércoles inicio gira por 40 distritos del Estado de México. Ahí reforzaremos nuestro movimiento porque no es opción para ese estado ni el PRI ni el PAN, respetamos a los priistas y panistas de abajo, ya que se encuentran igualmente confundidos como muchos en el país, pero arriba es la misma mafia: no hay diferencia entre Peña del PRI y Calderón del PAN, entre Beltrones del PRI y Gordillo de Nueva Alianza...

“El Movimiento presentará una propuesta, con nuestro representante Alejandro Encinas, participaremos en el Estado de México y luego haré un recorrido por todo el país, en las plazas públicas en todos los Estados del país, seguiremos encontrándonos y hablando de esto y les preguntaré cuántos están trabajando y cuántos son protagonistas. Nuestra responsabilidad es salvar al país, por nosotros, por las nuevas generaciones.”

AMLO líder y candidato de asociaciones obreras, ciudadanas, campesinas que firmaron junto con MORENA el acuerdo político que caminará junto hacia el 2012, hoy 25 de marzo de 2011, es despedido por la gente que lo sigue y confía en él entre las consignas de: “¡Con el voto al gobierno, poder popular! sin PRI ni PAN poder popular; ¡sin PRI ni PAN ni chuchos, la izquierda somos muchos!

"

¡AMLO 2012!

APAGÓN NUCLEAR: Humos y tambores contra Garoña

Humos y tambores contra Garoña: ".

Concentración ante la central nuclear de Garoña, hoy domingo, para exigir su cierre, tras haber finalizado su vida útil, y a favor del apagón nuclear.











.
"

¡AMLO 2012!

AUDIO: AMLO en Tlatelolco en la Fundación del MUSOC.GP

AUDIO: AMLO en Tlatelolco en la Fundación del MUSOC.GP: "






http://www.divshare.com/download/14423436-693
"


¡AMLO 2012!

Coalición imperial bombardea sin tregua a Trípoli y Sirte (+ Video)

Coalición imperial bombardea sin tregua a Trípoli y Sirte (+ Video): "Un intenso bombardeo comenzó al caer la noche sobre Trípoli y la ciudad portuaria de Sirte, informó la agencia estatal libia Jana, que aseguró que los blancos de los aviones de la coalición eran civiles y militares. Previamente, Al Yazira anunció dos fuertes explosiones en Sirte, la ciudad natal del líder libio, Muamar el Gadafi, y feudo tribal del dirigente libio, próximo objetivo de los rebeldes sobre el que pretenden caer mañana."





¡AMLO 2012!

Protesta Frente a la Catedral Metropolitana del D. F., Hoy 27 de Marzo del 2011, Por Julia Klug,

Protesta Frente a la Catedral Metropolitana del D. F., Hoy 27 de Marzo del 2011, Por Julia Klug,: "
Protesta Frente a la Catedral Metropolitana del D. F., Hoy 27 de Marzo del 2011, Por Julia Klug, para denunciar a los Curas Violadores de Menores (Pederastas), llevando ya cinco años en este tipo de protestas siendo arrollada por la camioneta Blindada de Norberto Rivera, quedando Invalida en el 2008 y hace 5 años mataron a su hijo para callarla en sus manifestaciones.

EL CAMBIO ESTA EN TI Y EN MI.... EL SENDERO DE VERACRUZ, ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO. http://elsenderodeveracruz.blogspot.com/
"

¡AMLO 2012!

TIEMPO DE MUJERES: Calderón venderá muy cara su derrota

TIEMPO DE MUJERES: Calderón venderá muy cara su derrota:

Calderón venderá muy cara su derrota



Álvaro Cepeda Neri *
Calderón es otro presidente del montón, un político sobrante y de una gran perversidad para la maniobra politiquera. Carlos Castillo describió en una carta sus adicciones (la alcohólica que ya es del dominio público, porque hizo un escándalo mayúsculo cuando diputados del Partido del Trabajo, PT, exhibieron una manta señalándolo como tal y presionó a un concesionario para que le rescindiera el contrato a la comunicadora Carmen Aristegui, la cual fue repuesta en su noticiero ante el clamor de gran parte de la opinión pública reprobando la conducta de Calderón). Y puntualizó sus mañas para “hacer política”, en un análisis psicológico, político, bastante objetivo y válido.


Ese Calderón lleva cuatro años en el poder presidencial al estilo de Victoriano Huerta: militarismo y alcoholismo, sin importarle la conducción del gobierno federal que tiene en manos de sus amigos, sus intereses creados y la ineficacia al grado de que federalmente la Nación sigue caminando en el filo de una crisis económica, social y política, a cuyos lados están las revueltas por hambre y desempleo como encarecimiento de los alimentos, y por otra parte un endurecimiento autoritarios para que las élites plutocráticas y las oligarquías se mantengan en el poder. En ese contexto, Calderón está moviendo sus hilos para impedir la victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las presidenciales y hacer que los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) del chuchismo impongan al “candidato-ciudadano” que pregona.

LEER MAS



¡AMLO 2012!

HERNANDEZ_Terapia


HERNANDEZ_Terapia, originalmente cargada por trianero2.

ANDRES EN LA plaza de las 3 culturas en Tlatelolco.

ANDRES EN LA plaza de las 3 culturas en Tlatelolco.: "
"

¡AMLO 2012!

AMLO EN TLATELOLCO DOMINGO 27 MARZO

(título desconocido): "
"

¡AMLO 2012!

EXIGE DI COSTANZO REGULAR FIDEICOMISOS

EXIGE DI COSTANZO REGULAR FIDEICOMISOS: "
• Al mes de diciembre de 2010, el Ejecutivo tiene constituidos aproximadamente 369 fideicomisos que involucran recursos por 335 mil 989 millones de pesos.



• Fideicomiso Bicentenario involucra recursos por más de 8 mil millones de pesos.



El diputado Mario Di Costanzo presentó una iniciativa a fin de que la Cámara de Diputados sea quién apruebe anualmente la creación de fideicomisos que el Ejecutivo pretenda crear durante el ejercicio fiscal correspondiente, así como incorporar a la Auditoria Superior de la Federación para que participe en los Comités Técnicos de cada fideicomiso y pueda vigilar el buen uso de los recursos.

El legislador explicó que el gobierno Federal ha recurrido a la creación de múltiples fideicomisos que se operan de manera discrecional y al margen del control presupuestario que tiene la Cámara de Diputados por el llamado “secreto fiduciario”, el cual ha impedido que se conozcan diversos aspectos que son esenciales para la rendición de cuentas y la transparencia en la fiscalización.

De acuerdo con el Informe de la Finanzas Públicas al mes de diciembre de 2010, el Ejecutivo tiene constituidos aproximadamente 369 fideicomisos que involucran recursos por 335 mil 989 millones de pesos, mismos que se han clasificado en: pensiones y laboral, que ascienden en su conjunto a poco más de 95,538 millones de pesos; infraestructura pública, que involucran recursos por más de 51 millones de pesos; estabilización presupuestaria, que involucran recursos por 47 mil 760 millones de pesos; y apoyos financieros y subsidios que ascienden a 69,300 millones de pesos.

En lo que respecta al fideicomiso para financiar los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, el legislador petista señaló que involucran recursos por más de 8 mil millones de pesos.

“La aportación inicial que hiciera el Gobierno Federal por 50 millones de pesos, le continuaron diferentes aportaciones que entre 2008 y septiembre de 2010 ascendieron a 7 mil 859 millones 400 mil pesos, que obtuvieron rendimientos durante dicho periodo por 367 millones 746 mil 379 pesos”.

Di Costanzo indicó que esta cifra representa más del triple de lo reasignado para Universidades Públicas en el presupuesto 2011, y prácticamente el doble de los recursos que no se reasignaron al Programa Especial Concurrente para el Campo.

El legislador aseguró que “resulta difícil estimar una cifra total relativa a los recursos fiscales involucrados en la totalidad de los fideicomisos que tiene constituidos el Gobierno Federal, ya que al total de recursos de los fideicomisos sin estructura orgánica, habría que añadir el monto de los que poseen estructura, y que en muchos casos representan obligaciones de deuda contraída por el Gobierno Federal, tal es el caso de FARAC (140,000 millones de pesos) , y que a la fecha representa ya deuda del FONADIN, que no ha sido aprobada por el Congreso como lo marca nuestra Carta Magna”.

La iniciativa presentada por el diputado reforma los artículos 3 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la propuesta fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
"

¡AMLO 2012!

GASTOS PENDEJOS: FES Acatlan Naucalpan - 26 de marzo del 2011 - Balconeo

FES Acatlan Naucalpan - 26 de marzo del 2011 - Balconeo: "Todo un éxito el balconeo en la FES Acatlán de Naucalpan Estado de México. El evento inició a la 1 pm y terminó a la tres de la tarde.
Nos colocamos en la puerta principal y de esa manera pudimos volantear y mostrar los periódicos murales y la carpeta de los gastos a cientos de estudiantes que salían de clases. Hubo muy buena respuesta, ya que se les interceptaba a los chavos y se les cuestionaba sobre la información que se les mostraba para que opinaran.
Muchos se indignaron, otros de plano se rieron porque no podían creer que hubiera tanto cinismo por parte del gobierno para subir esa información al portal de transparencia. Todos coindicieron en que era una mentada que el PRIAN subiera los impuestos con pretexto de que no había dinero y en eso se lo gastaran en lugar de construir más universidades. Otros preguntaron por la página de donde habían salidos los pantallazos y el sitio de facebook y dijeron que se unirían de inmediato para difundir la información, porque les había gustado mucho.









"

¡AMLO 2012!

PT Morelos con AMLO en Encuentro A C

gerardo fernandez noroña en torreon

DESLINDE PUBLICO DEL PROFESOR AZAEL SANTIAGO CHEPI

DESLINDE PUBLICO DEL PROFESOR AZAEL SANTIAGO CHEPI: "AL GOBIERNO DEL ESTADO

AL DIRECTOR DEL PERIÓDICO NOTICIAS

AL MAGISTERIO DEMOCRÁTICO

AL PUEBLO DE OAXACA

!!!La diferencia entre un profesional ético del periodismo y un mercenario de la comunicación es el apego que le tenga a la verdad¡¡¡

!!!El periodismo es libre o es una farsa¡¡¡


En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, es necesario que sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano, donde el periodismo sea libre y no o una farsa, donde los gobernantes sean congruentes con su palabra y no descubran sus fanáticos pensamientos con sus actos.

No podemos dejar de decir nuestra palabra, no podemos dejar de tomar la calle, ninguna marcha por la paz la alcanzará cuando la justicia se posterga, ningún medio masivo de comunicación por detractor que sea ayudará si pretende ser el medio de destrucción de un grupo social; nada ni nadie tiene el derecho de decirnos como conducirnos, si no sabe conducirse en el marco de la ética de su función; más allá de las intenciones denostadoras, la verdad y la justicia, para un proyecto de paz el periodismo soez y al servicio del poder solo contribuye a la barbarie y a la crisis.

Es de todos conocido el repudio que el pueblo de Oaxaca, manifestó en contra de Ulises Ruiz Ortiz (URO), quien de manera ilegítima estuvo al frente del gobierno del estado de Oaxaca en el periodo 2004-2010. Este mismo, repudio bien merecido, lo sostuvo la Sección 22 del SNTE, de tal forma que su demanda permanente durante este período fue la salida de URO del gobierno de Oaxaca; implementando una serie de acciones orientadas a denunciar sus abusos, e impulsar el juicio político a este funcionario corrupto, todo esto por el mandato de las bases que componen el magisterio de Oaxaca. En repetidas ocasiones hemos solicitado al actual Gobierno, el castigo a URO por los crímenes cometidos durante el 2006 y el resto de su gestión como gobernador del estado. Corresponde hoy las instancias de gobierno rendirle cuentas a la ciudadanía. ¡La Asamblea Estatal del magisterio sigue demandando castigo a los culpables¡

Después de la agresión que sufrió el magisterio por parte de la Policía Federal preventiva en el marco de la manifestación de repudio a la llegada de Felipe Calderón Hinojosa, (el pasado 15 de febrero), por su política de golpeteo a los trabajadores, a través de la pretendida reforma laboral, la imposición de la ley del ISSSTE, la imposición de la ACE y el apoyo sin precedentes que este gobierno hace la educación privada, favoreciendo abiertamente a esa parte de la población que tiene para pagar colegiaturas, de tal forma que ahora todos subsidiaremos (con nuestros impuestos) la educación de los ricos, mientras que en cientos de comunidades los escuelas públicas carecen de los elementales servicios. (aulas, sanitarios, mobiliario, etc. )

Después de estos hechos se ha insinuado de manera tendenciosa que Azael Santiago Chepi, Secretario general de la sección 22 se reunió 'en algún lugar' con el ex gobernador del estado URO. Esta insinuación la he desmentido y lo sostengo abierta y categóricamente: ¡ES FALSO!

Esta falsa versión de la reunión con URO, se ha manejado irresponsablemente en algunos medios de comunicación incluyendo al diario Noticias, y por el respeto que se debe a nuestro Movimiento Magisterial y a mi persona, solicito a usted muy atentamente publique esta aclaración. En este mismo tenor, le solicito apelando a su integridad profesional, que cesen las agresiones y calumnias contra las compañeros de la sección 22, sean miembros del comité seccional o de alguna delegación, ostenten o no alguna representación sindical.

Queda claro que ninguna “alianza”, frente o bloque construirá otro mundo posible y mejor que se encamine a la emancipación humana basada en la calumnia para callar nuestras voces de justicia, no podrá haber un Oaxaca para todos si los señores periodistas insisten en denostarnos, es lamentable que hoy las víctimas del poder de ayer, pretendan hacerse victimarios con nosotros.

No son tolerables ni morales, ni “políticas” ni “realistas” más burlas al pueblo y a los trabajadores proletarios que siempre han sido utilizados como carne de cañón o como instrumento por quienes, cuando triunfan, los dejan en iguales o peores condiciones de exclusión y discriminación, también nosotros somos Oaxaca; también queremos un Oaxaca universal, un Oaxaca sin límites y sin fronteras, un Oaxaca común cuyos intereses pertenezcan a todos los habitantes de ella. Un gobierno para todos contribuye no destruye, un gobierno para todos incluye, no copta, un gobierno para todos… sí, pero con justicia, dignidad y el ejercicio de un periodismo comprometido.


¡¡¡ POR LA LIBERTAD A LA LIBRE MANIFESTACIÓN!!!

¡¡¡ POR LA LIBERTAD A LA LIBRE EXPRESIÓN !!!

¡¡¡ POR EL EJERCICIO DE UN PERIODISMO RESPONSABLE Y VERAZ!!!


Atentamente

Azael Santiago Chepi
Secretario General de la Sección 22
"

NARANJO ESTADO DE ANIMO


NARANJO ESTADO DE ANIMO, originalmente cargada por trianero2.

MONOSAPIENS HAY JALISCO NO TE LIGUES

PROCESO:“Rápido y furioso”: Todos lo sabían J. Jesús Esquivel

“Rápido y furioso”: Todos lo sabían
J. Jesús Esquivel

John Dodson, uno de los agentes estadunidenses que participó en el operativo Rápido y furioso,  asegura a Proceso que, contra lo que se ha dicho en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia sí estaba al tanto de la operación. Y la conocían otras dependencias federales estadunidenses, como la Oficina de Inmigración y Aduanas. Y la conocía por lo menos un representante de la PGR... Y el colmo es que hasta los dueños de las armerías de Arizona sabían de ese movimiento ilegal por el que al menos 2 mil 500 armas largas llegaron a manos de narcotraficantes mexicanos.

WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos sí estaba al tanto de la operación Rápido y furioso, con la que el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) permitió que desde Arizona se introdujeran ilegalmente a México unas 2 mil 500 armas que terminaron en manos de los cárteles del narcotráfico, confirma a Proceso un agente federal estadunidense.
John Dodson, miembro del ATF asignado a Phoenix –donde se gestó la operación Rápido y furioso– afirma que el Departamento de Justicia estaba informado de su realización y que también era del conocimiento del Departamento de Seguridad Interior, a cargo de Janet Napolitano.
“No sé si el procurador (Eric) Holder sabía o no de esta operación; eso es algo que está por encima de mí. Lo único que puedo decir, como uno de los agentes que trabajó en ella, es que en Phoenix había un representante del Departamento de Justicia junto con uno de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés, que depende del Departamento de Justicia)”, dice Dodson a este semanario.
La operación Rápido y furioso, que permitió que a los cárteles del narcotráfico en México les llegaran miles de armas con supervisión del ATF (Proceso 1793), ha creado uno de los momentos más difíciles de la relación de Washington con Felipe Calderón. El presidente estadunidense Barack Obama negó que él o el procurador Holder hayan dado la orden para echar a andar la operación y aseguró que ni él ni su secretario de Justicia estaban enterados.
“Ha habido problemas. Escuché en las noticias sobre esta historia de Rápido y furioso en la que se permitió que entraran armas a México. El ATF sabía de ella pero no hizo nada para aprehender a quienes las enviaron. Eric Holder, el procurador general, ha sido muy claro en que no sabía nada de esto”, declaró Obama a CNN en Español en una entrevista que se transmitió el martes 22.

Un mexicano al tanto

–¿El gobierno de México sabía de la operación? –se le pregunta a Dodson, uno de los primeros agentes en denunciar ante el Congreso de su país y ante los medios lo que estaba ocurriendo con Rápido y furioso.
–No sé si el gobierno mexicano fue informado. Lo que sé es que varios agentes del ATF conocían la operación. Creo que sólo un representante mexicano asignado a la región de Phoenix (el agregado de la Procuraduría General de la República) sabía del caso, pero qué tanto, no lo sé –responde a Proceso.
La denuncia de Dodson de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba enterado de Rápido y furioso coincidió con las declaraciones que hizo Darren Gil a la CBS. En diciembre pasado, Gil renunció a su puesto de agregado del ATF en la embajada en México, en parte como protesta por la realización de ese operativo.
De acuerdo con lo que publicó CBS en su portal de internet el viernes 25, “Gil dijo que alguien en el Departamento de Justicia sabía del caso. Gil dice que su supervisor en las oficinas centrales del ATF en Washington le dijo abiertamente que la operación había sido aprobada incluso a nivel más alto que el de Kenneth Melson, director de esa agencia”.
“Gil dice que Lanny Breuer (subsecretario del Departamento de Justicia) y varios de sus subalternos visitaron México el verano pasado (...) y habló al personal del ATF en términos generales sobre un caso grande de tráfico que, aseguró, estaba dando buenos resultados”, enfatiza la CBS.
Dodson aclara que no sabe quién autorizó la operación ni quién o quiénes son sus creadores. Se limita a señalar que desde su traslado a Phoenix, en la primera semana de diciembre de 2009 y casi un mes y medio después de que empezara Rápido y furioso, sólo recibía órdenes de su supervisor, David Voth.
Contra lo que se ha publicado en la prensa mexicana y estadunidense, de que Rápido y furioso permitió que cayeran en manos de los cárteles del narcotráfico mexicano mil 765 armas de alto poder, Dodson sostiene que fueron más. “Creo que el número de armas que se ha manejado en las notas informativas, mil 765, es muy bajo. Fueron más de 2 mil, muy cerca de 2 mil 500”, acota.
Tras estallar el escándalo en los medios y gracias a las denuncias de Dodson, el gobierno mexicano comenzó a reclamar y a exigir a Washington respuestas sobre Rápido y furioso. Ante la presión, el pasado lunes 14, el procurador Holder anunció que la inspectora general interina del Departamento de Justicia, Cynthia A. Schneder, investigaría el caso.
Funcionarios mexicanos consultados por Proceso aseguran que después del anuncio de esta investigación, el gobierno de Obama no les responde nada sobre Rápido y furioso: se escuda en que mientras esté en curso la pesquisa, los departamentos de Justicia, de Estado y de Seguridad Interior tienen prohibido hablar de ello.

Trasiego criminal

Ni el gobierno de Obama ni el de Calderón saben cuántos asesinatos se han cometido en suelo mexicano con el arsenal bendecido por Rápido y furioso.
En Estados Unidos ya se cometió uno: el del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry en diciembre del año pasado. A Terry lo mataron con un fusil AK-47 y en el lugar del crimen se levantaron dos cuernos de chivo vendidos en Phoenix como parte de la estrategia de Rápido y furioso.
–¿Se logrará algo con la investigación de la inspectora del Departamento de Justicia? –se le pregunta a Dodson.
–La única manera de que los pueblos mexicano y estadunidense descubran a los responsables de esta operación, y para que se apliquen cambios que de verdad tengan un propósito benéfico para ambos, es con la realización de audiencias independientes y bipartidistas en la Cámara de Representantes, en el Senado o en ambos.
Además, según lo que conoce Dodson del funcionamiento del ATF, la investigación no será suficiente porque hay aspectos de la operación que podrían quedar fuera de la jurisdicción del Departamento de Justicia. “Por eso la investigación la debe hacer un comité de supervisión gubernamental, ya sea del Senado o de la Cámara de Representantes”, insiste.
Además del asesinato de Terry o de los reclamos de México, el gobierno de Obama no ha hecho nada para sancionar a los responsables de Rápido y furioso.
“Al contrario. Pareciera que se está compensando a los que tenían responsabilidad en el caso”, acota Dodson en alusión a William Newell, nombrado agregado del ATF en México en reemplazo de Gil
(Proceso 1793). Newell era jefe de la oficina en Phoenix y bajo su mando operaba, como supervisor regional y del operativo, David Voth, jefe de Dodson.
El agente dice que sus superiores le han aplicado la ley del hielo, aunque no lo han despedido. “Las represalias contra mí comenzaron antes de que hablara de la operación con los medios; se iniciaron desde que empecé a protestar por la operación ante mis jefes del ATF. Nadie en el ATF me habla y tienen prohibido comunicarse conmigo (en las oficinas de Phoenix)”, platica Dodson a Proceso.
Al cierre de esta edición se informó en Washington que Kenneth Melson, director del ATF, fue citado para testificar el próximo jueves 31 en una audiencia pública del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Senadores para hablar de Rápido y furioso.
–¿En qué consistía exactamente esa operación? –pregunta este semanario a Dodson.
–Identificamos a un grupo de compradores múltiples que tenían como tarea adquirir armas no para ellos sino para otras personas.
Dodson explica que la idea original era rastrear todas las armas que se compraran para poder detener a los traficantes y, después, a los destinatarios. Hasta a los narcotraficantes mexicanos.
“Vigilábamos a estos individuos cuando compraban las armas, adquirían 5, 10 o hasta 20 en una sola visita a la armería. Al salir se reunían con otras personas en estacionamientos públicos o cocheras particulares. Transferían las armas de un vehículo a otro y después se las llevaban a los destinatarios finales.”
–¿Qué ocurría con las armas una vez que eran transferidas a otros autos?
–Se nos había prohibido detener a los individuos, no podíamos confiscar las armas o identificar a la gente implicada. Nuestra única misión era observar. Así fue como le perdimos el rastro a las armas y llegaron a México.

Hasta los vendedores sabían

Según Dodson, Rápido y furioso tenía perfectamente identificados a todos los compradores múltiples de armas. Fueron poco más de 20 hombres, mujeres y personas mayores, residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos.
Las armerías donde se compraron las pistolas y rifles también tenían conocimiento de la operación. El ATF les pidió que participaran en el caso.
Cuenta Dodson: “Las armerías estaban más preocupadas que el ATF por la venta múltiple porque sabían que quienes estaban comprando las armas no las querían para su uso personal. Con ese criterio, las armerías pensaban que estaban haciendo lo correcto, no tenían idea de que nosotros (los agentes) no estábamos interceptando las armas”.
Casi desde el inicio de la operación varios agentes del ATF se enteraron de que las armas estaban siendo llevadas a México y entregadas a cárteles del narcotráfico. “Creo que el ATF nunca tuvo control de la operación; intentamos pararla, pero no pudimos. Simplemente éramos observadores”, dice Dodson.
No obstante, agentes del ATF en Phoenix, confiscaron sólo un par de cargamentos de armas a México. “Las otras armas que terminaron en posesión del ATF fueron incautadas por otras agencias y a nosotros nos correspondía recogerlas”, sostiene Dodson.
Esas “otras agencias” que confiscaron armas que eran parte de Rápido y furioso fueron el ICE, la Patrulla Fronteriza o policías locales.
–¿Cuántas personas han sido asesinadas en México gracias a Rápido y furioso? –se le pregunta.
–Creo que nunca lo sabremos. Estamos hablado de armas que el ATF permitió que se compraran y que sabíamos que terminarían en manos de los cárteles de la droga.
“¿Cuántos homicidios se cometieron o se cometerán con estas armas? No lo sabremos. Aun en caso de que se llegaran a recuperar, porque antes de que sean incautadas se usan 10 o 15 veces. Por ello creo que nadie podrá saber de cuantas cosas son responsables estas armas que se vendieron bajo la autorización del ATF.”
Dodson no sabe cuántos cárteles recibieron armas gracias a Rápido y furioso pero asegura que fue más de uno. “El daño que ha causado esta operación es inconcebible, es incluso un tipo de operación que nunca debió llevarse a cabo. Desde mi punto de vista no hay forma de justificar lo que hicimos”, remata.

¡AMLO 2012!

PROCESO: ...Los generales tras una ley a modo... Jesusa Cervantes

...Los generales tras una ley a modo...
Jesusa Cervantes

Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladas en los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa de cambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde los legisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad para tomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.
“Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados por los que vengan (a gobernar) en dos o tres años?”, soltó el priista Jorge Carlos Ramírez Marín luego de escuchar a los militares que, preocupados por la inacción de los legisladores, fueron a la Cámara de Diputados a tratar de convencerlos de la urgencia de aprobar los cambios a la Ley de Seguridad Nacional.
“No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos para investigar, detener y combatir el crimen organizado”, aclaró uno de los cinco generales que, en un hecho inédito, fueron a San Lázaro.
A las cinco de la tarde del martes 1, sin cámaras ni medios que dieran cuenta de su llegada al Palacio Legislativo, los uniformados encabezados por el general de división Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –segundo en importancia después del secretario Guillermo Galván Galván–, llegaron al estacionamiento de San Lázaro en el vehículo verde olivo número 0500124.
Proceso corroboró que esperaron una hora en alguna de las oficinas del Palacio Legislativo y a las seis de la tarde Oliver Cen junto con el general brigadier Ezequiel Hernández Mendoza, subjefe de Doctrina Militar; el general José Francisco Terán Valle, encargado de las relaciones con el Poder Legislativo; y otros dos cuyos nombres se desconocen, fueron al segundo piso del edificio A, a la oficina del presidente de la Cámara, Ramírez Marín, quien ya los esperaba.
El encuentro fue solicitado por la Sedena, donde hay intranquilidad pues los diputados “congelaron” los cambios a la Ley de Seguridad Nacional aprobados por el Senado en abril del año pasado; los militares querían precisar además que al Legislativo le toca establecer las directrices con las que deben actuar las Fuerzas Armadas y definir lo que “no” deben hacer en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los uniformados habían pedido que a la reunión acudiera Francisco Rojas, coordinador de la bancada priista, pero no asistió. Además de los cinco militares y Ramírez Marín estuvo ahí el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el también priista Rogelio Cerda.
La conversación

Proceso recogió versiones sobre lo que ocurrió en esa oficina y reconstruye fragmentos de lo que se conversó, aunque sin precisar quiénes intervenían, por parte de la milicia, en cada ocasión.
–¿La Sedena tiene alguna duda de lo que nosotros queremos? –inició la conversación Ramírez Marín.
–Queremos saber si se va a aprobar la ley –respondió un militar.
–¿Cómo quieren la ley?
–No se trata de una ley a modo, esa es una decisión soberana de la Cámara. Esto es cuestión de cómo debemos operar en la lucha al narcotráfico y contra el crimen organizado, pues por lo que se refiere a las policías, se manejan dentro de una ley establecida con claridad.
–Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados por los que vengan en dos o tres años?
–No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos para investigar, detener y combatir el crimen organizado.
Luego uno de los generales se centró en la “gradualidad” de las leyes y cómo deben ser. Destacó la importancia “del fortalecimiento jurídico del accionar de las Fuerzas Armadas”, es decir, con qué reglas deben actuar, qué se les debe permitir y qué no.
Los generales le dieron a los dos diputados priistas una cátedra sobre las diferencias entre seguridad nacional, seguridad exterior, seguridad interior y seguridad pública. También detallaron la importancia de la “gradualidad” de lo que las fuerzas militares llaman “antagonismo u obstáculo” –es decir hechos o acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional– y qué acciones se deben evitar en aras de “la conservación y estabilidad del Estado”.
Ramírez Marín dijo, con aparente sorpresa: “Por lo que comentan, la aprobación de la ley está mucho más compleja de lo que imaginaba”.
Uno de los asistentes soltó: “Hay muchos priistas renuentes” a aprobar tal cual la minuta enviada por el Senado. Otro agregó: “La Comisión de Seguridad no tiene para cuándo discutir la minuta”.
Los priistas comentaron que diputados de su partido (Alfonso Navarrete Prida y Claudia Ruiz Massieu) elaboran “otro” documento para contrastarlo con la iniciativa aprobada por el Senado.
Los cinco generales se retiraron de la Cámara de Diputados luego de una hora de intercambio de opiniones con los dos legisladores priistas. Y tres días después, el viernes 4, la respuesta de los legisladores fue que intentarían dejar todo preparado para la próxima Legislatura.
Otros cabildeos

Esa misma semana otro militar se reunía con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista Alfonso Navarrete Prida.
Navarrete se encontró con el subsecretario de la Defensa, general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, con el entonces subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación Julián Hernández Santillán (removido de ese puesto el lunes 14) y con representantes de la Secretaría de Marina (Semar).
Compararon tres documentos: la iniciativa aprobada por el Senado, el que el pasado diciembre elaboró la Comisión de Defensa Nacional y un tercer texto en cuya factura participaron diputados y senadores del PRI, el PRD y el PAN y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Sedena y la Semar.
El consenso fue que es necesario elaborar un nuevo documento que redefina las facultades del Ejecutivo, los límites de participación de las Fuerzas Armadas, de las autoridades locales, quién debe hacer la declaración de afectación (momento en que debe participar la milicia en temas de narcotráfico y lucha contra el crimen organizado), el fuero militar, la pretensión de que el sector castrense haga labores de inteligencia y el tema de la “gradualidad”.
Ha habido otras cuatro reuniones en las que han participado asesores del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Rogelio Cerda, de Navarrete Prida y del senador Jesús Murillo Karam. El PAN pidió al diputado Alberto Pérez Cuevas que atendiera esas reuniones, pero éste comenta a Proceso: “No he sido convocado”.
Según algunos participantes, “todavía no terminamos de analizar definiciones y la gente de Gobernación, por el cambio del subsecretario –a Julián Hernández lo sustituyó Rubén Fernández Aceves– ha cancelado dos veces”.
Una razón más por la que no se ha avanzado es que “muchos priistas están renuentes a dar manga ancha a los militares en temas de derechos humanos, garantías individuales y de la competencia de las autoridades locales”.
“Lo cierto es que la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es compleja y traemos varias visiones: la del Senado, la de la Cámara, la del Ejército y otras”, comentan participantes de las reuniones.
Y citan un caso hipotético: “Si en la región de La Laguna las acciones del narcotráfico hacen imposible el trabajo y un presidente municipal o el gobernador de Coahuila quiere la presencia de las fuerzas castrenses y la autoridad de Durango no, ¿a quién se le hace caso? Esos temas nos tienen atorados”.
Diferencias

A pesar de los cabildeos de la Sedena, la presión que ejerció con su visita a la Cámara de Diputados y la reciente suma de Gobernación a las discusiones, la realidad es que la minuta del Senado está “atorada” en San Lázaro y lo más que han podido avanzar es en un asunto de forma: que el documento sea dictaminado por una sola comisión y no por las cinco en las que se encuentra ahora.
Las diferencias de fondo tienen que ver con dos temas: inteligencia militar y gradualidad. Hay cuatro posiciones: dos de sectores del PRI, una de la Sedena y una de Gobernación.
Un documento de la Sedena –Confidencial reporte, del que Proceso tiene copia– establece que los uniformados piden los instrumentos legales para realizar labores de inteligencia, como “intervención de comunicaciones privadas previa autorización judicial” a solicitud de los titulares de la Sedena o la Semar “o por los jefes del Estado Mayor de las mismas”.
Dentro del aspecto de inteligencia, según el Confidencial reporte, la milicia propone que se les dé fundamento legal para “recabar, compilar, procesar y diseminar información (que llaman ‘generar inteligencia’) con fines de seguridad nacional”. El PRI observa que se limita “a unas pocas instituciones y deja fuera a otras y a las entidades federativas”.
Las Fuerzas Armadas piden además que se les permita realizar ciertas acciones, como “operaciones encubiertas”, “dictar y ejecutar medidas necesarias en los casos de flagrancia”, “recabar información en lugares públicos” y “realizar cateos”; mientras que el gobierno demanda que las Fuerzas Armadas puedan “entrevistar a personas” sin presencia del Ministerio Público federal. Todos estos actos los podrían realizar los mandos de la Sedena, la Marina o “los mandos territoriales”.
Sobre los puntos del párrafo anterior, los diputados del PRI advierten que “se pierde el principio de verticalidad en la delegación de esa facultad que se pretende dar a los mandos militares en los subordinados”. Existe el “peligro de ejecutar acciones de carácter unilateral”, señalan, y advierte de la “alta politización” del tema.
En el mismo documento, el sector militar dice que el Ejecutivo podría tomar “medidas extraordinarias” para hacer frente a amenazas contra la seguridad interior. “Esta facultad del Ejecutivo le permitirá hacer frente rápida y fácilmente a un acontecimiento que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto en grado de amenaza”. En este punto, el PRI advierte que en los hechos se autoriza el estado de excepción, es decir que se suspendan las garantías constitucionales.
La posición de la bancada priista en San Lázaro, de acuerdo con algunos negociadores, es que las Fuerzas Armadas tengan las facultades que demandan “pero dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos”.
En cuanto a la “gradualidad” –la clasificación de lo que atenta contra la seguridad nacional–, documentos de la Defensa definen los cuatro aspectos en los que se divide: presión, presión dominante, amenaza y factor adverso.
El primero es un “obstáculo producto del enfrentamiento de aspiraciones, intereses u objetivos nacionales generados por el poder de otro Estado contra el nuestro o proveniente de sujetos organizados transgresores de la ley”. El segundo es un “obstáculo con patrocinio definido y carácter intencional”.
La amenaza es un “acto que atenta directamente contra la existencia del Estado mismo. En el ámbito externo es la guerra y en el interno, la agresión violenta de grupos transgresores de la ley contra las instituciones nacionales”. Y el factor adverso son los desastres naturales.
En el caso de presión y presión dominante, los militares proponen ser “coadyuvantes” con otras fuerzas para hacer frente a esos “obstáculos”, pero que en el caso de la “amenaza” sean sólo las Fuerzas Armadas (la Sedena y la Marina) las que estén a la cabeza de las operaciones.
Además de estas divergencias hay un aspecto que parece de mayor peso, según algunos priistas consultados, y es que una parte del PRI “trata de negociar con la Sedena una salida casi imposible: que se admitan las jurisdicciones locales en las acciones de apoyo al Ejército”.
Este punto fue impuesto por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el Senado, lo que generó gran malestar entre los militares. Hoy el tema es defendido por los priistas que desean que las autoridades locales –gobernadores y alcaldes– participen.
Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladas en los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa de cambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde los legisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad para tomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.

¡AMLO 2012!

PROCESO: La “guerra interna” toma forma... Jorge Carrasco Araizaga

La “guerra interna” toma forma...
Jorge Carrasco Araizaga

Si bien el Comité Internacional de la Cruz Roja se cuida de no encuadrar el estado de violencia generalizado en México como un “conflicto interno”, las características de los bandos en pugna, el tipo de armamento que utilizan, la frecuencia de los enfrentamientos, el número de muertos, heridos, desplazados y desaparecidos, así como de ejecuciones extrajudiciales, lo ubican muy cerca de esa condición, según los parámetros del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, el gobierno calderonista no actúa de acuerdo con los protocolos del caso para proteger a la población civil, denuncian organizaciones no gubernamentales.
La “guerra” al narcotráfico declarada por el presidente Felipe Calderón se parece cada vez más a un conflicto armado interno: miles de civiles muertos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, desplazamientos de poblaciones, reclutamiento de menores de edad...
Inocultables para el mundo, estas expresiones de la violencia han dejado desde el inicio del actual gobierno por lo menos 35 mil muertos, 230 mil desplazados, 283 denuncias de desaparecidos, miles de mutilados y otras tantas víctimas previstas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De acuerdo con esa norma, la violencia intensa y prolongada en el país tiende a reunir las características de un “conflicto armado no internacional”. Ante tal escenario, el DIH está concebido para prevenir y sancionar las agresiones a la población civil tanto por parte de las fuerzas del Estado como de los particulares.
Hasta ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo trabajo es verificar los límites de las hostilidades y del comportamiento de los combatientes en un conflicto armado, no ha querido encuadrar la situación de violencia en México en el DIH, aunque asegura que está consciente de que en el país “cada vez hay más sufrimiento y son muchas las consecuencias” en la población civil a raíz del combate a la delincuencia organizada.
México se ha comprometido a reconocer casi todas las reglas internacionales sobre el trato humanitario en caso de los conflictos armados. La excepción es el Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; es decir, a los conflictos internos.
Adoptado en 1977, ese instrumento no ha sido firmado por México debido a la oposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asegura Fernando Coronado Franco, consultor general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En ese momento, el Ejército participaba en la “guerra sucia” contra los movimientos guerrilleros, que dejó más de 500 desaparecidos, según cifras de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según ese Protocolo, un conflicto armado interno tiene lugar entre las Fuerzas Armadas de un Estado y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejercen control sobre una parte del territorio, lo que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
Compromisos sin cumplir

Aunque el gobierno de México no ha reconocido el citado instrumento, al ser parte de los Convenios de Ginebra y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional está obligado a respetar los principios internacionales de protección a la población civil en casos de confrontación armada.
Las propias cifras oficiales indican que al 31 de diciembre pasado se habían registrado 34 mil 612 muertos desde diciembre de 2006, cuando Calderón declaró la “guerra” al narcotráfico. Ese número incluye a miles de civiles ajenos a las fuerzas confrontadas. Entre ellos, más de mil menores de edad. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, la guerra de Calderón le ha costado la vida a mil 200 niños y adolescentes.
Al principio eran víctimas incidentales, pero ya se han convertido en blancos y, peor todavía, hay estados donde han comenzado a ser reclutados por la fuerza como informantes de la delincuencia organizada, dice en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la red.
El caso extremo es el de un menor de 14 años que en diciembre pasado fue detenido por el Ejército en el estado de Morelos como presunto responsable de torturar y ejecutar a miembros de grupos rivales del narcotráfico.
Tales efectos ya propiciaron la intervención del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, integrado por 18 expertos internacionales, que en enero pasado le pidió al gobierno de Calderón generar información específica sobre el número de niños heridos, asesinados y detenidos, además de aquellos que participan en grupos armados no estatales.
Organizaciones no gubernamentales internacionales también han informado sobre otras consecuencias de la estrategia gubernamental contra las drogas: el desplazamiento forzado de personas.
El Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) emitieron en diciembre pasado un informe en el que estimaron en 230 mil el número de personas que han huido de sus hogares a raíz de la violencia. De ellos, la mitad se fue a Estados Unidos y a los otros 115 mil los definen como desplazados internos.
“El desplazamiento forzado por este recrudecimiento (de la violencia) ha pasado inadvertido”, dicen los organismos, de los cuales el NRC se dedica a dar asistencia y protección a los refugiados y desplazados internos en el mundo y que surgió en 1946 a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.
Los principales desplazamientos forzados por la delincuencia organizada han ocurrido en el norte de México, sobre todo en Chihuahua y Tamaulipas, aunque también en otras entidades –como Sinaloa, Durango y Michoacán– donde el Estado mexicano ha perdido control territorial.
De acuerdo con el NRC y el IDMC, “la violencia en Chihuahua ha provocado la huida de familias y personas ‘gota a gota’, haciendo que sea imposible dar seguimiento a su desplazamiento, mientras que en Tamaulipas, en 2010, se han producido desplazamientos masivos, en algunos casos afectando a municipios enteros”.
Uno de los casos al que las organizaciones internacionales le dan el “grado de conmoción” fue el desplazamiento de unas 400 personas del municipio de Ciudad Mier, Tamaulipas, a inicios de noviembre pasado.
Ante la gravedad de esa situación provocada por el conflicto entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, la Cruz Roja Mexicana tuvo que apoyar con despensas a las familias desplazadas, según informó en entrevista telefónica Daniel Goñi Díaz, presidente nacional de la institución, aunque sostiene que la violencia generalizada en México no ha afectado las actividades del organismo.
El NRC y el IDMC sostienen que en Chihuahua el desplazamiento desde Ciudad Juárez se ha registrado a raíz del enfrentamiento iniciado bajo la actual administración, cuando el cártel de Sinaloa le empezó a disputar el control al de Ciudad Juárez.
Con base en proyecciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mencionan que desde 2007 unas 230 mil personas han abandonado la ciudad; la mitad hacia Estados Unidos y los otros 115 mil “se habían refugiado en otros estados mexicanos, convirtiéndose, por tanto, en desplazados internos”.
Para las organizaciones internacionales hay otro desplazamiento: el de las víctimas que han huido de la zona rural de Valle de Juárez, situada al este de la ciudad. “Las pruebas que evidencian desplazamientos forzados en las localidades de El Porvenir y Práxedis G. Guerrero en Valle de Juárez son irrefutables: prácticamente todas las casas están vacías, quemadas y destrozadas por actos de vandalismo”.
Apoyados en el Instituto Municipal de Planeación, aseguran que en Ciudad Juárez hay unos 116 mil hogares vacíos. Pero una “indicación contundente” de la existencia del desplazamiento interno es que 5 mil viviendas del Infonavit han quedado vacías, indican las organizaciones humanitarias que le pidieron ya al gobierno de Calderón poner en práctica los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adoptados por Naciones Unidas en 1998.
Consultado el Infonavit al respecto, indicó que tiene identificadas 12 mil 300 viviendas –entre abandonadas y deshabitadas– para recuperar en Ciudad Juárez, aunque no todas, dice, necesariamente a causa de la violencia.
Alud de denuncias contra el Ejército

La desaparición forzada de personas se ha incrementado también como consecuencia del combate del gobierno mexicano al narcotráfico. Apenas el lunes 21, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias de la ONU fue informado de la existencia de 283 quejas presentadas ante la CNDH por desaparición forzada entre diciembre de 2006 y febrero de 2011.
La mayoría de los casos, 124, fueron en contra de la Sedena y de ellos casi todos corresponden a 2010, el que hasta ahora ha sido el año más violento, con 15 mil 273 homicidios relacionados con la delincuencia organizada, de acuerdo con la información estadística de la Presidencia de la República.
Elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el informe indica que las víctimas de las desapariciones han sido estigmatizadas como miembros de la delincuencia organizada y han desaparecido en medio de operativos militares o policiales.
Aseguran que los desaparecidos pasan como “víctimas de levantones” atribuidos a la propia delincuencia organizada. Ejemplifica con los 80 casos documentados de desaparición forzada entre 2007 y 2010 registrados por la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila.
El Grupo de Trabajo de la ONU, que realiza una vista a México, evalúa solicitarle al Estado mexicano el reconocimiento de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
A pesar de la violencia generalizada y sus efectos en la población civil, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargado de ayudar a las víctimas de conflictos armados y de la violencia interna, evita hacer una definición jurídica sobre lo que ocurre en México. Dénes Benczedi, vocero de la delegación del CICR para México, Centroamérica y Cuba, expresa la reticencia del organismo para decir si México vive un conflicto armado interno, según lo establecido en el DIH, que se fundamenta en los Convenios de Ginebra:
“No vamos a decir nada de México en particular. No necesariamente tenemos que tener una posición… Hay situaciones de violencia donde no necesariamente aplica el derecho humanitario internacional, sino el conjunto más amplio de derechos humanos.”
El portavoz del organismo matiza sobre la presencia en México del CICR desde 2002: “No quiero decir que no nos preocupa (lo que pasa en México). Sí nos preocupa mucho. Estamos muy conscientes de que cada vez hay más sufrimiento y muchas consecuencias, por lo que estamos colaborando con diferentes entidades del gobierno mexicano”.
Entre esas instancias, dice, están la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal, a las que justamente el CICR les da cursos de DIH, que además ha participado en reuniones de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, creada por el gobierno de Calderón en agosto de 2009 ante la creciente vigilancia internacional de los costos humanitarios de su “guerra” contra el narcotráfico.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) preside la comisión y en ella participan Gobernación, la Sedena y la Semar. Pero de su funcionamiento poco se sabe, aunque una de sus tareas es preparar los informes solicitados a México por los organismos internacionales.
Según el decreto de su creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2009, la comisión pretende dar cumplimiento a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales de 1977 y 2005. El primero es precisamente el Protocolo II relativo a los conflictos armados internos, que aún no ha sido firmado por México.
“Hay un diálogo con las autoridades mexicanas sobre eso. Es el único de los protocolos que México no ha firmado”, dice Benczedi, quien asegura que el país “está relativamente bien” en la incorporación del DIH a su legislación.
Si bien México no ha firmado ese compromiso, hay otros instrumentos que pueden considerarse en una eventual declaración de conflicto interno en México, dice Fernando Coronado. Menciona el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, de 1949, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998.
El artículo 3 común se aplica en casos de “conflictos armados que no sean de índole internacional que surjan en el territorio” de uno de los países integrantes de los convenios. Esa disposición presupone una violencia armada prolongada, que se evalúa a partir de la intensidad de la violencia y de la organización de las partes involucradas en el conflicto, sin importar si los objetivos de alguna de ellas sean políticos o mafiosos.
Incluso, el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, creado para sancionar los crímenes de guerra en esa ex república socialista, fijó una jurisprudencia internacional según la cual existe conflicto armado cuando se recurre al uso de la fuerza entre Estados o cuando hay violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos organizados o entre tales grupos en el territorio de un Estado.
En un artículo de la International Review of the Red Cross, publicado en marzo de 2009, Sylvain Vité, asesor de la División Jurídica del CICR, explica que la intensidad se refiere a la naturaleza colectiva de las hostilidades y al hecho de que “el Estado tenga que recurrir a las fuerzas armadas porque la policía no está en condiciones de controlar la situación”. Ese ha sido uno de los argumentos de Calderón para mantener a los militares al frente de los operativos contra el narcotráfico.
“La duración del conflicto, la frecuencia de las acciones violentas y las operaciones militares, la naturaleza de las armas empleadas, el desplazamiento de la población civil, el control de territorio por parte de fuerzas de oposición, la cantidad de víctimas (fallecidos, heridos, personas desplazadas, etcétera), son elementos que también deben tomarse en cuenta”, explica el experto.
Sobre los grupos armados no estatales ,dice que se debe considerar la existencia de una estructura de mando y reglas internas, la autoridad para lanzar operaciones que involucren a distintas unidades, y la capacidad de reclutar y entrenar combatientes.
El Estatuto de Roma, además de las violaciones graves previstas en el artículo 3 común, considera otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en situaciones de conflicto armado interno, como los actos cometidos contra personas que no participen en las hostilidades, incluidos miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate.
También considera las mutilaciones, la tortura, los tratos crueles, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques a la población civil que no participe en las hostilidades, los ataques contra edificios que no sean objetivos militares –como los hospitales–, la violación sexual, el reclutamiento de menores de 15 años y el desplazamiento de la población civil.
Para Coronado, los familiares de las víctimas inocentes, de los torturados, ejecutados extrajudiciales, desaparecidos o los propios desplazados pueden pedirle a la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción es reconocida por México, una investigación de oficio y analizar si hay situación de conflicto interno.
Humberto Guerrero Rosales, asesor de la presidencia de la CDHDF, sostiene que el Estado mexicano no ha investigado los miles de homicidios y otras violaciones graves a los derechos humanos porque no puede o no ha querido. “Hay una evidente falta de voluntad para esclarecer ese tipo de casos que involucran no sólo a fuerzas del Estado, sino también a particulares”, quienes también pueden ser sancionados internacionalmente por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.


¡AMLO 2012!