ALEJANDRO ENCINAS: ALBAZO

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Como en los peores tiempos de las concertaciones del salinismo, las diputaciones del PRI y del PAN, de manera subrepticia, instalaron una sesión a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, haciendo a un lado al presidente de la misma, don Juventino Castro y Castro, a los diputados de los demás grupos parlamentarios integrantes de dicha comisión y a las normas y prácticas mínimas del trabajo legislativo, a fin de dar un “albazo” para imponer una reforma al artículo 24 Constitucional que pretendía desmantelar el Estado laico en nuestro país.
Para ello, hicieron a un lado el proyecto de dictamen que durante los últimos meses había venido construyendo el diputado Castro y Castro, e impusieron la iniciativa promovida por el diputado priísta José Ricardo López Pescador, que, entre otros considerandos, pretendía establecer el derecho a la educación religiosa: “el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas aun dentro de la escuela pública”, así como el reconocer el derecho de las asociaciones religiosas “para establecer su régimen interno y forma de organización, en la medida en que los grupos religiosos y las iglesias son instituciones de derecho propio, que existen con anterioridad a su reconocimiento jurídico”, así como la objeción de conciencia, con lo que se permitiría a cualquier persona a gozar del derecho “a incumplir una obligación legal cuando existe una razón religiosa”, llegando al extremo de eliminar el párrafo tercero de este artículo constitucional que restringe la práctica de los cultos religiosos dentro de los templos y solo en caso extraordinario en espacios públicos, bajo los términos que establezca la ley reglamentaria.
Este “albazo” generó una tensa situación en la Cámara de Diputados, tanto por la ilegalidad del procedimiento como por la insistencia en resolver con tal premura una reforma de profunda trascendencia para el país, que requería del debate público, en el que participaran distintos sectores de la sociedad, entre otros, las distintas iglesias y asociaciones religiosas, por lo que propusimos una moción suspensiva, la reposición del proceso y la celebración de un periodo extraordinario de sesiones, lo cual fue rechazado por el PRI y el PAN.
La firme oposición que demostramos diputados del PT, del Movimiento Ciudadano y del PRD, tanto a través de la toma de tribuna como en la defensa de nuestra posición, obligó al PRI y al PAN a eliminar los considerandos relativos a educación religiosa, al reconocimiento de los derechos de las iglesias al margen de lo dispuesto en la ley y a la objeción de conciencia, entre otras más, así como a restituir el párrafo tercero del artículo 24 constitucional que había sido eliminado donde se establece que “los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos, se sujetarán a la ley reglamentaria”. Es decir, se repuso el texto original.
Obligó también a modificar el párrafo primero de este artículo constitucional, para establecer el derecho de los agnósticos, al establecer que “toda persona tiene el derecho a la libertad de convicciones éticas”, al tiempo que se precisó que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de la libertad de religión con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
Pese a los cambios registrados, debo reiterar, que todo el proceso legislativo y el dictamen que deriva del desaseo como actuaron el PRI y el PAN son ilegales, y que pese a las modificaciones realizadas esta reforma representa un paso atrás en el carácter laico del Estado mexicano, lo que con toda seguridad, como lo he conversado ya con senadores de todos los partidos, deberá ser revisado y reparado por el Senado de la República al discutir esta lamentable minuta.
Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática
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