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Ligan a agentes federales con traficantes de armas
Alberto Ponce de León/Lorena Figueroa
El Diario de El Paso | 13-03-2011 | 23:38
Traficantes y vendedores de armas reciben instrucciones de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para seguir nutriendo al crimen organizado en México presuntamente con fines investigativos de esta agencia estadounidense, de acuerdo a evidencias presentadas por el Senado de EU a la Procuraduría General de Justicia, como parte de una indagatoria interna sobre la legalidad de los operativos.
Medios informativos, denuncias hechas en un blog por parte de agentes federales, así como fuentes al interior de ATF que lo han confirmado a El Diario de El Paso, señalan que el objetivo de dichas tácticas es saber el destino final de las armas y así poder desmantelar células del crimen organizado.
La semana pasada, el senador Charles Grassley, miembro del comité de la judicatura del Senado de Estados Unidos, presentó a la Procuraduría General de Justicia las posibles evidencias de los operativos que han sido criticados por diversos sectores, de acuerdo con copias de documentos obtenidos por este medio.
La Oficina del Inspector General se ha dado a la tarea de investigar los alegatos, pese a que Grassley dijera apenas este miércoles pasado que desconfiaba en que la rama investigadora del Departamento de Justicia presentara un reporte “franco e imparcial”.
Por su parte, la ATF en Washington, D. C. informó que ha ordenado la creación de un “panel multidisciplinario” para ir al fondo de las estrategias de investigación de contrabando de armas que realizan los administradores y agentes especiales de la dependencia federal. En la documentación oficial que presentó Grassley el 3 de marzo pasado, se incluyen tres reportes de investigaciones de ATF donde se detalla la directa colaboración de informantes que previamente fueron acusados por esta agencia federal.
Los reportes utilizan las letras CD (colaborador acusado, por sus siglas en inglés) para referirse a los traficantes infiltrados por el gobierno en sus operativos. En los documentos, los nombres de agentes de ATF, así como el destino del armamento y algunos montos se encuentran cubiertos con tinta a fin de ocultarlos.
“En junio 1 del 2010, (cubierto), la fuerza de ataque del grupo siete de la ATF de Phoenix, actuando en capacidad de encubiertos, se reunió con (cubierto). Previo a esta junta, (cubierto) había pedido que (cubierto) obtuviera seis pistolas AK-DRACO y las entregara a (cubierto)”, resume uno de los reportes. De acuerdo con los detalles señalados en ese informe, uno de los implicados ofreció y acordó pagar 300 dólares por cada arma, así como proveer a otro involucrado la cantidad de 100 dólares de ganancia por cada una de las seis pistolas.
Los tres reportes presentados por Grassley fueron fechados en el 2010: dos de ellos en mayo y uno en junio. Los operativos fueron autorizados por el agente especial David J. Voth, supervisor de grupo del sector siete de la división de Phoenix, Arizona, a cargo del agente William D. Newell.
El paquete presentado por Grassley lleva además 10 documentos adjuntos y una carta dirigida al procurador de justicia de Estados Unidos, Eric H. Holder, así como al director interino de la ATF, Kenneth Melson.
A través de la documentación oficial del Senado, se pretende demostrar no sólo que se mantiene abierta una indagatoria al interior del gobierno sino que los agentes estadounidenses supuestamente han cooperado en el suministro de arsenal para las redes del narcotráfico en México.
“Varios agentes supuestamente que lideran la ATF han persuadido a comerciantes de armas para participar en las ventas de armas de asalto a individuos sospechosos comprarlos de manera ilegal para su reventa a los cárteles mexicanos”, señala la misiva en una de las partes.
Dio a conocer que tan sólo en marzo del 2010 se adquirieron 359 armas, incluidos “numerosos rifles Barrett calibre .50 y que de octubre del 2009 a la fecha más mil 500 armas se han comprado en el programa pagando más de un millón de dólares en efectivo tan sólo en Phoenix, Arizona. La carta hace énfasis en el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry y explica que agentes de la ATF recuperaron en el lugar del homicidio dos armas que fueron empleadas para quitarle la vida.
“En respuesta a mi carta, el Departamento de Justicia negó que la ATF estuviera permitiendo que las armas cayeran en manos de criminales”, escribió el senador. “El 9 de febrero, escribí al Departamento de Justicia y adjunté documentos que apoyan lo que ha dicho el soplón (whistleblower) de la ATF sobre las armas encontradas en la escena del crimen del agente Terry”.
Al respecto, Melson, el director interino de la ATF, aseguró que la dependencia federal pedirá la creación de un panel multidisciplinario, conformado por profesionales de la aplicación de la ley, para que revise las estrategias que se utilizan tanto agentes especiales como administradores de divisiones de campo en la investigación de tráfico de armas.
“Esta revisión permitirá a la ATF maximizar su efectividad cuando realice tareas complejas de investigaciones de tráfico de armas y procesos judiciales. Apoyará las metas de la ATF para parar el tráfico ilegal de armas a México y combatir el tráfico de arsenal en Estados Unidos”, agregó el funcionario federal en una declaración escrita.
Por su parte, la portavoz de Grassley en Washington, D. C., Beth Levine, consideró que, hasta el momento, las respuestas que ha recibido el senador por parte de la procuraduría y ATF han sido “no-sensibles a sus cuestionamientos. El senador Grassley continuará su trabajo de vigilancia hasta ir al fondo de las acciones de la ATF”, dijo Levine.
Indicó que la motivación del senador en este tema se debe a su “responsabilidad constitucional de supervisar de las ramas del gobierno”, además de escuchar a los soplones o denunciantes (whistleblowers).
“Los soplones son un componente crítico de su trabajo de vigilancia, ya que ellos son los que saben dónde están escondidos los ‘esqueletos’ dentro de la burocracia federal”, agregó.
Reiteró que la insistencia de Grassley para que se investigue a la ATF fue luego que el agente de la dependencia federal, John Dodson se acercara con el senador para darle a conocer los alegatos, los cuales incluyen el permitir el contrabando de armas a México a sabiendas de la ATF, durante el curso de sus investigaciones del Proyecto Gunrunner. Estados Unidos y
México pusieron en marcha dicho proyecto para disminuir el contrabando de armas, el cual incluye una base de datos para rastrear su origen de aquellas que sean decomisadas en territorio mexicano.
Los alegatos se filtraron recientemente en la red social www.CleanUpATF.org, por parte de los propios empleados de la ATF debido que están inconformes con algunas irregularidades en las que supuestamente ha incurrido de la dependencia federal.
Cabe destacar que en enero pasado fue El Diario de El Paso que destapó las supuestas denuncias en contra de la ATF. “Contrario a su política para frenarlo, Estados Unidos estaría permitiendo el contrabando de armas de fuego a México de manera intencional durante investigaciones que realiza y sin que el vecino país se entere”, publicó. Un reportaje reciente de la cadena nacional de radio y televisión CBS muestra que algunos operativos, tales como el denominado “Rápido y Furioso” –que forman parte del Proyecto Gunrunner--, permitieron deliberadamente la entrada de miles de armas a México, por parte de autoridades de Estados Unidos desde 2008.
Múltiples fuentes revelaron también a CBS que oficiales de la ATF cerraron tratos con vendedores de armas con licencia a fin de colaborar como informantes y ofrecieran arsenales a los contrabandistas.
Una fotografía obtenida por CBS muestra incluso un arsenal de alto poder mientras es ofrecido a los compradores de armas que suministran a las redes del narcotráfico en México.
Según el reportaje, estas tácticas de la ATF, cuyo objetivo era saber en manos de quién terminaban las armas y así poder desmantelar células del crimen organizado, fueron utilizadas en más de una ocasión, y da cuenta de por lo menos un caso en Tucson en 2008 conocido como “Wide Receiver” (Receptor abierto).
Este fin de semana el gobierno estadounidense aseguró que México tenía conocimiento del operativo “Rápido y Furioso”, que tenía como fin desmantelar una banda de traficantes de armas en Phoenix.
Además, consideró como “alegatos” a las acusaciones relacionadas a que los agentes de la ATF dejaron “caminar” armas a territorio mexicano.
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