PROCESO: POSADA CARRILES Y La hipocresía de Washington

La hipocresía de Washington
Peter Kornbluh*

Esta semana se inicia en Estados Unidos el juicio contra Luis Posada Carriles, autor del atentado contra una aeronave de Cubana de Aviación en octubre de 1976 y de bombazos en hoteles de La Habana en el verano de 1997. Pese a su pasado criminal, el exagente de la CIA enfrenta cargos por “perjurio” y “fraude” y no por asesinatos y terrorismo. Su caso pone a Washington en aprietos: si el tribunal lo halla culpable su sentencia de cárcel será escandalosamente corta; si lo declara inocente, el gobierno de Barack Obama –a contrapelo de su discurso oficial– liberará y dará cobijo a un terrorista internacional.



WASHINGTON.- Este 10 de enero uno de los terroristas más peligrosos de la historia reciente irá a juicio en una pequeña corte de El Paso, Texas. El Paso no es la jurisdicción que la administración de Barack Obama eligió finalmente para procesar a los autores de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero es donde el padrino del exilio cubano violento, Luis Posada Carriles, podría por fin rendir un mínimo de cuentas por sus múltiples crímenes.

En los anales de la justicia moderna el juicio a Posada Carriles se destaca como uno de los procedimientos legales más extraños y vergonzosos que se recuerden. El hombre al que los servicios de inteligencia de Estados Unidos identifican como el autor intelectual de la destrucción en pleno vuelo de un avión de pasajeros cubano –que provocó la muerte de las 73 personas que iban a bordo cuando el 6 de octubre de 1976 la aeronave se precipitó al mar frente a las costas de Barbados– y que ha admitido pública y orgullosamente ser responsable de una serie de atentados con bomba en hoteles de La Habana –que en el verano de 1997 costaron la vida al empresario italiano Fabio di Celmo–, es juzgado por perjurio y fraude y no por asesinato y delitos contra la integridad física.

El manejo de este caso durante los años de la administración del presidente George W. Bush constituyó un bochorno internacional y evidenció la poca voluntad y/o capacidad del Departamento de Justicia para procesar crímenes de terrorismo cuando el terrorista en cuestión fue alguna vez agente o aliado de Estados Unidos.

Para el gobierno de Obama el veredicto tiene importantes implicaciones para la credibilidad estadunidense en materia de combate al terrorismo, así como para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.



Doble rasero



El juicio a Posada Carriles se pone en marcha casi seis años después de que éste apareció repentinamente en Miami y anunció con el mayor descaro que buscaría asilo político en Estados Unidos. Ahí estaba, a la mano, un fugitivo de la justicia de Venezuela (Posada escapó en 1985 de una prisión venezolana mientras era juzgado por el bombazo al avión cubano) y un exprisionero de las cárceles de Panamá, donde fue retenido de noviembre de 2000 a agosto de 2004 por tratar de asesinar a Fidel Castro con 100 kilos de explosivos C-4.

Pero durante dos meses la administración Bush le permitió pavonearse por Miami, donde era considerado un héroe por la línea dura del exilio anticastrista. Confiado en la bienvenida ¡Posada inclusive presentó una solicitud para naturalizarse ciudadano estadunidense!

Sólo después de que los medios resaltaron la hipocresía de una Casa Blanca que pretendía encabezar una guerra internacional contra el terrorismo, al tiempo que permitía a un terrorista prófugo moverse libremente por toda Florida, los agentes del Departamento de Seguridad Interna detuvieron finalmente a Posada Carriles el 17 de mayo de 2005.

Inicialmente Posada fue encarcelado en El Paso por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentó deportarlo pero ningún país quiso recibirlo. Al mismo tiempo Washington se negó a extraditarlo al único país que podía reclamarlo legalmente: Venezuela. Sólo después de que una corte de inmigración decidió liberarlo bajo fianza, las autoridades de la ICE lo identificaron oficialmente como terrorista: “La larga historia de actividades criminales y violencia de Posada, a lo largo de la cual civiles inocentes han perdido la vida, significa que su liberación de prisión representa un peligro tanto para la comunidad como para la seguridad nacional de Estados Unidos”, escribieron en un comunicado.

En su honor hay que decir que el Departamento de Justicia integró calladamente un gran jurado en Nueva Jersey para sopesar una acusación oficial contra Posada por planear los atentados con bomba en los hoteles de La Habana (evidencias recogidas por el FBI indican que Posada reunió fondos para esta operación entre benefactores cubanoestadunidenses de Union City, Nueva Jersey).

En abril de 2006, mientras estaba en la cárcel, abogados gubernamentales decidieron sostener una entrevista con Posada sobre su posible naturalización, tratando de reunir evidencias autoincriminatorias contra él en el caso de los bombazos en los hoteles.

Pero por motivos que permanecen secretos, los procedimientos del gran jurado de Nueva Jersey se atoraron. Según confió un funcionario del Departamento de Estado, que se negó a proporcionar su nombre, en un principio los fiscales fueron incapaces de asegurar una evidencia clave: la grabación de una entrevista hecha a Posada en 1998 por la entonces reportera de The New York Times, Ann Louise Bardach, en la que parecía asumir la reponsabilidad de estos hechos.

“El italiano estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero yo duermo como un bebé”, habría dicho Posada, según la entrevista publicada en The New York Times.

Bajo orden de comparecencia Bardach entregó las cintas al gran jurado el 15 de diciembre de 2006, pero ninguna acusación fue presentada.

En cambio, el 11 de enero de 2007 Posada fue acusado en El Paso de siete cargos por hacer “declaraciones falsas” sobre cómo entró a Estados Unidos y por el uso de nombres y pasaportes falsos; cargos que implican una sentencia promedio de sólo 6 a 12 meses de prisión.

Para empañar todavía más la credibilidad del sistema legal estadunidense, cuatro meses después la juez Kathleen Cardone desestimó todos los cargos contra Posada Carriles. El gobierno de Estados Unidos, según su fallo, incurrió en “fraude, falsedad y engaño” al obtener evidencias contra Posada bajo la apariencia de una entrevista de naturalización. La corte, declaró Cardone, “no puede hacer a un lado los derechos legales (de Posada) ni pasar por alto la errónea conducta gubernamental (sólo) porque el acusado, políticamente, es una papa caliente”.



“Uno de los nuestros”



Declarado hombre libre, Posada fijó su residencia en Miami. Dado que se encuentra en la lista oficial de quienes tienen “prohibido volar”, se vio obligado a manejar todo el camino de regreso hasta Florida, donde ha vivido abiertamente los últimos años, asistiendo a reuniones del ala derecha del exilio para reunir fondos y aun participando en protestas públicas contra la Cuba de Castro.

Pero en agosto de 2008 la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos anuló la decisión de Cardone y ordenó a Posada presentarse a juicio. En otro giro positivo para esta larga y torcida saga legal, el nuevo Departamento de Justicia de Obama utilizó en abril de 2009 las cintas de la entrevista que Bardach hizo a Posada para el New York Times con el propósito de presentar varios cargos adicionales por perjurio y fraude, relacionados específicamente con el hecho de que mintió en cuanto a “haber solicitado a otros individuos realizar atentados con bomba… en (hoteles de) Cuba”.

Desde luego Posada todavía no es acusado de llevar a cabo estas operaciones terroristas; sólo de mentir en cuanto a su implicación en la orquestación. Pero por primera vez un equipo de abogados de la División Antiterrorista del Departamento de Justicia presentará ante una instancia legal de Estados Unidos evidencia concreta para probar que, sin duda, Posada Carriles está detrás de una serie de ataques terroristas en suelo cubano.

Sin embargo lograr una condena no será fácil. Posada Carriles cumplirá 84 años el 15 de febrero, sufre de diversas dolencias físicas y no concuerda con la imagen de “terrorista extranjero” que describen los informes gubernamentales.

Los abogados de Posada han denunciado que la evidencia clave contra su cliente –las cintas de Bardach– presenta lagunas y borraduras inexplicables. Bardach, quien será llamada para testificar la autenticidad de las cintas, ha censurado públicamente su uso en el juicio como una violación gubernamental a los principios periodísticos.

Más aún, el 30 de enero de 2010 la juez Cardone denegó una moción del Departamento de Justicia para “excluir todo testimonio, evidencia, interrogatorio y discusión concerniente a la relación del acusado con la Agencia Central de Inteligencia”. Los fiscales argumentaron que su anterior vínculo con la CIA no sólo resultaba “irrelevante para los cargos”, sino que introducirlo en la corte “distraería la atención del jurado respecto de las acusaciones fundamentales”.

La juez determinó que Posada podía recurrir a la existencia de su relación con la CIA “para evidenciar cuál era su disposición anímica” cuando presuntamente hizo declaraciones falsas a las autoridades; eso sí, siempre y cuando utilizara información no clasificada.

El gobierno introdujo en los registros de la corte un “Resumen no clasificado de la relación de la CIA con Luis Clemente Posada Carriles”, en el que se asienta que éste se sumó por primera vez a la agencia como parte de la operación de Bahía de Cochinos en 1961.

“Posada era un empleado pagado por la CIA de 1965 a 1967”, cuando abandonó Estados Unidos para montar operaciones en Caracas como oficial de inteligencia de la Disip, la policía secreta venezolana, “y nuevamente de 1968 a 1974”, dice el sumario.

“De 1974 a 1976 –continúa el documento– la CIA tuvo contactos intermitentes con Posada”, pero revela que en 1993, cuando éste era un fugitivo buscado por la Interpol a causa del bombazo en el avión cubano, la CIA interceptó información de inteligencia sobre un complot para asesinarlo y, subrepticiamente, “lo contactó por teléfono en Honduras para advertirle sobre las amenazas contra su vida”.

Documentos obtenidos y divulgados por mi organización, el National Security Archive, muestran que a mediados de los sesenta Posada trabajaba como instructor de sabotaje y demolición para la Sección de Entrenamiento Marítimo de la CIA, con un sueldo mensual de 350 dólares.

Los archivos desclasificados –que identifican a Posada con su nombre codificado dentro la CIA, AMCLEVE/15– también revelan su labor activa como “oreja” dentro de otros grupos violentos de exiliados cubanos. “Proporcionaré a la agencia toda la información de inteligencia que pueda recolectar”, prometió en 1966 Posada a sus superiores en la CIA.

“A/15 está totalmente dedicado al derrocamiento de (Fidel) Castro”, escribió Grover Lythcott, su supervisor dentro de la “compañía”, en un informe secreto sobre Posada. Pero agregó que éste “no es el típico individuo que sólo lanza balazos y bombas, sino que está sumamente consciente de las implicaciones internacionales de un operativo mal planeado o de actividades demasiado entusiastas contra Cuba”.

En una observación que se demostró totalmente inexacta, Lythcott destacó que Posada “desalentaría actividades que pudieran resultar embarazosas para Wolady”, la palabra codificada de la CIA para referirse a Estados Unidos.

Irónicamente ahora es el procedimiento legal contra Posada el que podría resultar embarazoso y acarrear serias implicaciones para Wolady.



Los cuban five



En los seis años en que ha permanecido en Estados Unidos, el caso de Posada se ha convertido en un espectáculo mundial. Si ahora es encontrado culpable y se demuestra efectivamente que es el cerebro detrás de diversos actos terroristas, el gobierno estadunidense tendrá que encarar la sentencia escandalosamente corta que implican los cargos por perjurio. Pero si es declarado inocente y se le libera, la administración Obama tendrá que enfrentar el hecho de que el sistema legal de Estados Unidos es inadecuado para lograr que Posada rinda aunque sea mínimamente cuentas por sus actos violentos y que, a fin de cuentas, efectivamente está dando refugio a un terrorista internacional.

Para La Habana, donde los funcionarios rutinariamente se refieren a Posada como “el Osama Bin Laden de América Latina”, el caso sigue siendo un punto sumamente delicado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Los cubanos han apoyado con presteza al Departamento de Justicia, dando la bienvenida a equipos de agentes del FBI y fiscales estadunidenses, proporcionando más de 3 mil páginas de documentos como evidencia de los atentados con bomba en los hoteles y poniendo a disposición a los presuntos cómplices de Posada en Cuba, para que rindan declaración.

A pesar de que permitió a Posada vivir libremente en Miami, el gobierno estadunidense ha seguido manteniendo a Cuba en la “lista de (países) terroristas” porque, según alega el Departamento de Estado, el gobierno cubano no ha apoyado suficientemente el esfuerzo internacional contra el terrorismo.

Para colmo de males, en enero de 2010 la administración Obama colocó a Cuba en la lista de 14 países, incluidos Irán y Siria, cuyos ciudadanos serían sometidos a medidas extraordinarias de seguridad como consecuencia del fallido atentado terrorista de Navidad a bordo de un avión con destino a Detroit, incrementando a su máximo nivel las tensiones entre Washington y La Habana desde que Obama asumió la presidencia.

Como lo ilustra de nuevo el caso Posada, el verdadero y actual peligro de terrorismo no ha emanado de territorio cubano, sino de las costas de Estados Unidos. Sin duda, los cubanos se encuentran particularmente indignados por el contraste entre cómo el sistema legal estadunidense ha tratado a Posada y el severo trato aplicado a cinco agentes antiterroristas cubanos, enviados a Estados Unidos a mediados de los años noventa como parte de la Red de Avispas, una operación de espionaje para reunir información de inteligencia sobre las actividades de los partidarios de Posada y otros grupos de exiliados cubanos violentos en Florida.

El trabajo de los agentes cubanos sobre estos grupos arrojó información que condujo al arresto de Posada en Panamá, en noviembre de 2000, por el intento de asesinato de Fidel Castro.

Los llamados cuban five –Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González– fueron arrestados en 1998, mantenidos incomunicados, procesados por cargos mayores como conspiración o inclusive homicidio, y recibieron sentencias que van de 15 años a cadena perpetua.

Pese a que recientemente una corte redujo las sentencias de dos de ellos, el gobierno cubano sigue considerando su liberación como una de sus más altas prioridades en las pláticas que sostiene con la administración de Obama.

Sin embargo, un veredicto de culpabilidad en el juicio a Posada, y una resolución de los Departamentos de Justicia y de Seguridad Interna en el sentido de que Posada deberá ser encarcelado indefinidamente como autor de actos terroristas, todavía podría crear condiciones para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

No obstante, hasta que empiece el juicio, la última palabra sobre su significado la tienen las víctimas de Posada. “Mi familia y yo estamos indignados y decepcionados de que Luis Posada Carriles, un reconocido terrorista, vaya a juicio por perjurio y fraude migratorio y no por el horrendo crimen de orquestar un atentado con bomba contra un avión civil”, dice Roseanne Nenninger, cuyo hermano de 19 años, Raymond, se encontraba a bordo de la aeronave cubana, llamada The Nation.

“Nuestra esperanza es que el gobierno estadunidense catalogue a Posada como terrorista y lo haga responsable del dolor, el sufrimiento y la pérdida que nos causó a nosotros y a tantas otras familias”, añade Roseanne. (Traducción de Lucía Luna)  l



* Director de los proyectos de documentación sobre Chile y Cuba del National Security Archive, organización no gubernamental con sede en Washington.

¡AMLO 2012!