¡AMLO 2012!
28 de noviembre de 2010
AMLO EN MICHOACAN respalda a Cárdenas Batel para el PRD
AMLO respalda a Cárdenas Batel para el PRD - El Universal - México
Dos propuestas necesarias de AMLO - No más impuestos
AMLO respalda a Cárdenas Batel para el PRD
Propone una alianza con el PT y Convergencia para buscar la gubernatura de Michoacán; califica de ‘inmoral' que se quiera imponer a Luisa María Calderón en ese cargo
* Ebrard quiere a Cárdenas Batel en PRD
Ciudad de México | Domingo 28 de noviembre de 2010 Gerardo Mejía | El Universal20:55
jose.mejia@eluniversal.com.mx
Andrés Manuel López Obrador respaldó a Lázaro Cárdenas Batel para que se convierta en el próximo dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero aclaró que cualquiera que sea el nuevo líder debe deslindarse del PAN para que recupere los principios del sol azteca como ser un instrumento de lucha y al servicio del pueblo.
Afirmó que es inmoral la pretensión del presidente Felipe Calderón por querer imponer a su hermana Luisa María como aspirante del PAN a la gubernatura de Michoacán y propuso una alianza entre el PT y Convergencia para ir juntos por ese cargo.
"Debe haber unidad, transparencia y limpieza en el proceso de selección del representante de las fuerzas progresistas y de izquierda para contender por la gubernatura michoacana".
Se manifestó por "construir una alianza entre el PRD, PT y Convergencia, así como ciudadanos sin filiación política y organizaciones sociales, pero nunca con la derecha representada por el PRI y por el PAN".
LEER MAS
http://www.eluniversal.com.mx/notas/726530.html
Dos propuestas necesarias de AMLO - No más impuestos
PROCESO: Aberrantes, el feminismo y la homosexualidad: Arquidiócesis de Guadalajara
Aberrantes, el feminismo y la homosexualidad: Arquidiócesis de Guadalajara
Aberrantes, el feminismo y la homosexualidad: Arquidiócesis de Guadalajara
Escrito por Proceso
Jueves, 25 de Noviembre de 2010 23:10
Julio Alejandro Ríos
Proceso
GUADALAJARA, Jal., 25 de noviembre (apro).- El feminismo y la homosexualidad son “aberraciones” que pueden afectar las estructuras básicas de la sociedad, advierte El Semanario, órgano de difusión de la arquidiócesis local que comenzará a distribuirse el domingo próximo.
Aparte de sostener que hay dos tipos de homosexualidad y una de éstas puede “curarse”, la arquidiócesis de Guadalajara también considera que el “feminismo” busca “invertir el orden, crear el poder femenino y despojar al hombre de lo que se ha adueñado”; esto es, de sus tradicionales cotos de poder económico, social, político, cultural.
Según el editorial de El Semanario, que el domingo se distribuirá en todas las parroquias de Jalisco, el taller de pastoral denominado “Camino a la castidad” jamás tuvo como objetivo “curar la homosexualidad”.
En la edición 1774 del 31 de octubre pasado, Proceso publicó el reportaje “Proyecto para curar la homosexualidad”, donde se revela que en Guadalajara se llevó a cabo, del 12 al 14 de noviembre, un taller religioso titulado “Camino a la castidad”, organizado por Courage Internacional y en el que se ofrecieron terapias para supuestamente “curar” la homosexualidad.
Incluso en el póster promocional aparece el logotipo de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. El reportaje documenta que de 2008 a la fecha esa organización ha recibido ayuda de la Secretaría de Desarrollo Humano estatal por más de un millón 300 mil pesos.
LEER MAS
http://www.estudiod3.com/alianza/index.php/home/6227-aberrantes-el-feminismo-y-la-homosexualidad-arquidiocesis-de-guadalajara
Testimonio “Cuando una hija desaparece en Ciudad Juárez, ya nada es lo mismo”
“Cuando una hija desaparece en Ciudad Juarez,ya nada es lo mismo” « CANAL MATRIX Noticias & Periodismo ciudadano
Bajo Juárez Carmen Aristegui 2
Testimonio
“Cuando una hija desaparece en Ciudad Juárez, ya nada es lo mismo”
Ciudad Juárez, Chih, 25 nov 10 (CIMAC).- Su
nombre es Brenda Ivonne Ponce Sáenz, tenía 17
años cuando salió de su casa el 22 de julio del
2008. Fue al centro de Ciudad Juárez en busca de
trabajo, y nunca regresó, relata su madre Yolanda Sáenz Regalado.
Entrevistada por Cimacnoticias, nerviosa y con la
voz entrecortada dice: “la vida de las madres de
niñas desaparecidas, cambia, ya no es lo mismo en
la casa, te alteras con mucha facilidad, reniegas
de muchas cosas. La verdad ya nada es lo mismo”.
A nuestra frustración -agrega- se suma la manera
en que las autoridades nos tratan, como si lo que
pasó a nuestras hijas no fuera importante, “ya
regresará” me han dicho, sin darme nunca una respuesta clara.
La mamá de Brenda, recuerda que su hija salió de
casa a buscar trabajo, ya que por la falta de
dinero no podría continuar estudiando. Recuerda
que el mismo día que Brenda desapareció otra
mujer mayor de edad de nombre Guadalupe y
conocida de su hija también “se perdió”.
“Yo sospecho que ella fue la que se la llevó,
hasta ahora no se sabe nada de ella tampoco. Yo
voy con la mamá de la muchacha pero como es
policía se vale de eso para no decirme nada, lo
único que me dice es que ella no sabe dónde está su hija”.
LEER MAS
http://canalmatrix.wordpress.com/2010/11/26/cuando-una-hija-desaparece-en-ciudad-juarezya-nada-es-lo-mismo/
Bajo Juárez Carmen Aristegui 2
EPIGRAMA: De enero a enero, el dinero es del banquero
De enero a enero, el dinero es del banquero
Se supo que los negociadores se reunieron en un hotel de Dublín para finalizar el acuerdo que necesita Irlanda para lidiar con las crecientes pérdidas de los bancos estatales y un déficit presupuestario, y también con ello evitar que la crisis se extienda a otros países de la zona euro como Portugal o España…
Por su parte, el presidente del sindicato SIPTU, Jack O´Connor, manifestó que el plan de austeridad es una declaración de guerra contra los trabajadores que ganan menos, por lo que el rescate de la UE y el FMI debería estar orientado para salvar a la gente, no a las cúpulas de los bancos… (La Jornada 101128, Decenas de miles de irlandeses marchan en Dublín; rechazan plan de austeridad)
¡Ésos son los irlandeses!
yo les dedico esta loa.
¡Apabuyen sus burgueses,
rechacen su Fobaproa!
Por este medio te llega un epigrama de Plinio Mórdax de cada seis. El resto los puedes ver en http://epimordax.blogspot.com Y cuando nos visites, no te salgas sin dejarnos un comentario en el chatbox de la derecha… del blog, por supuesto.
¿EBRARD SABE ESTO? Ulises Ramírez: narco candidato para la gubernatura del Estado de México
KURISU クリス: Ulises Ramírez: narco candidato para la gubernatura del Estado de México O_O
Ulises Ramírez: narco candidato para la gubernatura del Estado de México O_O
No lo digo yo. Es información que revela la periodista Anabel Hernández en el número más reciente del semanario Proceso:El 9 de junio de 1993, el general Jorge Carrillo Olea, coordinador de lucha Contra el Narcotráfico, recibió al prisionero Joaquín Guzmán Loera en la cajuela de una pick up medio destartalada, donde se encontraba amarrado como un cerdo, en un paraje de la carretera que va hacia Cacahoatán, Chiapas. Ocho años después, el alter ego de Carrillo Olea, su hechura, su hijo putativo, Jorge Enrique Tello Peón, presuntamente fue quien lo puso en libertad.
Guzmán Loera le dijo al general X que todas las “plazas” de México, es decir, los estados donde opera el crimen organizado, “están vendidas”. Lo peor es que algunos funcionarios del gobierno federal y de algunos gobiernos locales las han vendido en más de una ocasión a diferentes grupos, provocando un caos dentro de las organizaciones criminales.
Cuando el emisario de Los Pinos se reunió con Guzmán Loera, el capo ya había comenzado una pelea frontal con los Beltrán Leyva, sus primos y exsocios. Quizá por eso El Chapo le reveló al general X, en tono de queja, que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares, el pequeño detalle es que eso ocurrió después de que la operación en dicha entidad ya había sido comprometida con Guzmán Loera. Mouriño habría hecho la transacción persuadido por el expresidente municipal panista de Tlalnepantla y actual senador del Estado de México, Ulises Ramírez, a quien El Chapo describió como “un pillo”.“El senador debe de haberse quedado por lo menos con un millón”, pensó para sus adentros el general X.
Actualmente Ulises Ramírez aspira a ser candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2011.
Fuentes de información vinculadas con Mouriño confirmaron la versión, pero aseguraron que supuestamente el secretario de Gobernación ignoraba el acuerdo que Ulises Ramírez había hecho a su nombre.
¿Y este mequetrefe quiere ser gobernador del Estado de México? O_O
No cabe duda que el PRD debe rechazar cualquier candidato del PAN que aspire a encabezar la alianza de oposición para el Gobierno del Estado de México.
¿Dirán algo de esto Televisa y TV Azteca para favorecer al PRI y al candidato de Peña Nieto? O_O
Saludos.
ENTREVISTA: La Senadora Yeidkol Polevnsky comenta a detalle sobre su posible candidatura y sus posibilidades de ganar
La Nueva Republica » Yeidkol Polevnsky en entrevista con Jorge Santa Cruz, 28-Nov-2010, audio
Escucha la entrevista a Yeidkol Polevnsky 28 Nov. 2010:
La Senadora Yeidkol Polevnsky comenta a detalle sobre su posible candidatura y sus posibilidades de ganar. Encinas dispuesto a acompañarla en las giras.
EE UU advierte a Assange de que la filtración de documentos tendrá "graves consecuencias"
EE UU advierte a Assange de que la filtración de documentos tendrá "graves consecuencias": "El Gobierno de Barack Obama ha advertido al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por boca de Harold Hongju Koh, asesor legal del Departamento de Estado, de que la nueva divulgación de documentos obtenidos sin autorización de funcionarios y en los que se revelan comunicaciones internas de diplomáticos de Estados Unidos puede tener 'consecuencias graves'.
4 AÑOS DE LUTO PARA MEXICO BAJO EL GOBIERNO USURPADOS DE CALDERON
Calderón celebrará cuarto año de gobierno - El Universal - México
Calderón celebrará cuarto año de gobierno
El evento será en el Auditorio Nacional. Posteriormente, el Presidente hará una gira de trabajo por el estado de Quintana Roo. Mañana inaugurará la COP-16
Programas de VTV | La Hojilla (27-11-2010)
Programas de VTV | Venezolana de Televisión
La Hojilla (27-11-2010)
Programas de VTV
La Hojilla (27-11-2010)
Noviembre 27, 2010 - 14:23 (atovar)
| Descargar archivos: | Tamaño |
|---|---|
| hojilla2611_1.flv | 72.61 MB |
| hojilla2611_2.flv | 72.43 MB |
| hojilla2611_3.flv | 73.23 MB |
| hojilla2611_4.flv | 70.26 MB |
| hojilla2611_5.flv | 64.75 MB |
Programas de VTV | Dossier (27-11-2010)
Programas de VTV | Venezolana de Televisión
Dossier (27-11-2010)
Programas de VTV
Dossier (27-11-2010)
Noviembre 27, 2010 - 14:21 (atovar)
| Descargar archivos: | Tamaño |
|---|---|
| DOSSIER2611_1.flv | 42.71 MB |
| DOSSIER2611_2.flv | 45.07 MB |
| DOSSIER2611_3.flv | 44.74 MB |
Mario Di Costanzo Armenta: Conferencia de Prensa Mario Di Costanzo - "Gastos del Bicentenario"
Mario Di Costanzo Armenta: Conferencia de Prensa Mario Di Costanzo - "Gastos del Bicentenario"
Conferencia de Prensa Mario Di Costanzo - "Gastos del Bicentenario"
viernes 26 de noviembre de 2010
Conferencia de Prensa del Dip. Federal Mario Di Costanzo Armenta.
Relativo a los excesos en los gastos del Bicentenario del Gobierno Federal.
(25 de Noviembre de 2010).
RATERIAS EN PEMEX: Pemex Refinación, el negocio de los barcos
Revista Contralínea | » Pemex Refinación, el negocio de los barcos
Pemex Refinación, el negocio de los barcos
Autor: Nancy Flores
Sección: Portada
28 November 2010
Sin licitación de por medio, Pemex Refinación comprará en breve cinco buques tanque por más de 2 mil 700 millones de pesos. La adquisición beneficiará a empresas intermediarias, denuncian armadoras trasnacionales que quedaron fuera de la restringida invitación. Mientras la Secretaría de la Función Pública busca que se realice una puja para abaratar los costos, la administración de Suárez Coppel negocia ya los precios de los barcos
La más importante licitación pública internacional de Pemex Refinación en 2010 –la R0-LP-906-001, que comprometía recursos públicos por 200 millones de dólares (equivalentes a más de 2 mil 700 millones de pesos)– se declaró desierta el pasado 8 de octubre tras protagonizar un cuestionado proceso.
De acuerdo con las bases, ésta tenía como fin adquirir “hasta cinco buques tanque de doble casco, con año de terminación de construcción de 2007, 2008, 2009 o 2010, para efectuar el transporte de productos petrolíferos de un importe mínimo de 40 mil toneladas de peso muerto, a precio fijo”.
Esas mismas bases impidieron la participación de las compañías que producen y son dueñas de las embarcaciones ofertadas, denuncian fuentes de la propia paraestatal y representantes de armadoras trasnacionales, quienes califican el proceso como “amañado”.
Cinco días después de declararlo desierto, el 13 de octubre, la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), que encabeza Juan José Suárez Coppel, habría encargado directamente a su filial PMI Comercio Internacional buscar y localizar los navíos con los requerimientos técnicos establecidos en la licitación, revelan las fuentes de la paraestatal que solicitan el anonimato.
Indican que la petición se habría hecho con el objeto de realizar la compra de los buques tanque antes de cerrar el año fiscal 2010, y así no perder el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados. Ello, sin que se haga de nueva cuenta la convocatoria pública internacional: ahora, los contratos se asignarán por invitación restringida.
LEER MAS
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/28/pemex-refinacion-el-negocio-de-los-barcos/
CONTRALINEA: Fraude de consorcios texanos en ductos de Pemex
Revista Contralínea | » Fraude de consorcios texanos en ductos de Pemex
Fraude felipe calderon vende Pemex
Fraude de consorcios texanos en ductos de Pemex
Autor: Ana Lilia Pérez
Sección: Capitales
28 November 2010
3Share
Graves irregularidades de consorcios texanos contratados por Pemex para el mantenimiento, aseguramiento y operación de los ductos tienen en jaque a la industria y ponen en riesgo la infraestructura que transporta el 95 por ciento de los hidrocarburos en el país. Las compañías designadas a la operación de sectores que por mandato constitucional son potestad del Estado incumplen sus compromisos contractuales frente a una tibia o nula respuesta del director general, Juan José Suárez Coppel
Ana Lilia Pérez / Julio César Hernández, fotos / enviados
Villahermosa, Tabasco. El incumplimiento contractual y trabajos deficientes por parte de los consorcios texanos Energy Maintenance Services Group, LLC (EMS), y Mexicana de Servicios Subacuáticos (Mexssub) tienen en riesgo la infraestructura que transporta el crudo de exportación, el 95 por ciento del que se refina en México y el 56 por ciento del gas que abastece las industrias petroquímica y eléctrica.
Ambas empresas, radicadas en Houston, fueron contratadas entre 2007 y 2009 para el aseguramiento, mantenimiento y operación de los sistemas 4 y 1, respectivamente, de la Red Nacional de Ductos, en sendos procesos de contratación cuestionados por el Congreso de la Unión que los determinó como ilegales.
El Ejecutivo federal, a través de Pemex Exploración y Producción (PEP) que encabeza Carlos Arnoldo Morales Gil, suscribió con los corporativos los contratos 420407836 y 420409807, que suman 23 mil 661 millones de pesos (1 mil 800 millones de dólares), las contrataciones más caras de la subsidiaria, y cuya ejecución se perfila como uno de los fraudes más costosos en la historia de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Empresas de papel
El aseguramiento, mantenimiento y la operación de los ductos de PEP estaba a cargo de 300 especialistas y técnicos altamente calificados –en su mayoría, con dos o tres décadas de experiencia–, y 57 compañías mexicanas contratadas para algunos servicios.
Para privatizar su operación, se diseñaron modelos de contrato semejantes a los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) que sirvieron para entregarle a Repsol, Petrobas, Lewis Energy Group y Teikoku Oil, Co, la operación y explotación de la Cuenca de Burgos –la reserva de gas natural no asociado más importante de México– mediante esquemas contractuales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinaron ilegales.
Para las asignaciones, empujadas desde el Consejo de Administración de Pemex, presidido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, los 63 mil 340 kilómetros que integran la red de ductos –terrestres y marinos– se agruparon en cuatro “sistemas” (1, 2, 3 y 4) para adjudicarse en igual número de contratos. El argumento para trasladarle a EMS y Mexssub los sistemas 4 y 1 fue que esos consorcios consagrarían su know how para optimizarlos.
En realidad, ninguna de las empresas trajo maquinaria, infraestructura ni personal especializado; simplemente alquilaron oficinas en la ciudad de México y Tabasco para subcontratar a las mismas compañías que trabajaban para Pemex, pagando precios menores que les dejaran márgenes más amplios de ganancias. Es decir, Pemex transfirió las venas de la industria energética a corporativos de portafolios.
De Enron a Pemex
EMS es una de las cientos de compañías asentadas en Houston, corazón económico y financiero de la industria energética estadunidense. En su oficina sede, en la suite 600 de Bering Drive, se anuncia como “un corporativo a nivel internacional dedicado a la prestación de servicios para la industria energética de México y América Latina, reconocida por su alto nivel de compromiso y la satisfacción de sus clientes”.
LEER MAS
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/11/28/fraude-de-consorcios-texanos-en-ductos-de-pemex/
Fraude felipe calderon vende Pemex
PROCESO: Televisa y “yunques” quieren meter la mano en la CNDH Gloria Leticia Díaz (SUEGRO AZCARRAGA EN LINEA)
Televisa y “yunques” quieren meter la mano en la CNDH
Gloria Leticia Díaz
El emporio televisivo no quiere perder influencia en la CNDH y El Yunque busca cómo colarse al organismo. El 8 de diciembre el Senado tendrá que elegir a dos integrantes del Consejo Consultivo de la comisión, y entre los candidatos figuran el suegro de Emilio Azcárraga, Marcos Fastlicht, y José Antonio Ortega Sánchez, abogado de Juan Sandoval Íñiguez y cuñado de Jorge Serrano Limón.
Televisa pretende mantener su influencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ahora con el suegro de Emilio Azcárraga Jean, Marcos Fastlicht Sackler, quien aspira a formar parte del Consejo Consultivo de ese organismo público. Una figura del consorcio, Joaquín López Dóriga, ya fue parte de esa institución de diciembre de 2003 a abril de 2010.
Fastlicht se propuso para ese cargo en la comisión a fin de relevar a alguno de los dos consejeros que por reglamento terminan su gestión: Fernando Serrano Migallón y Juliana González.
Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Rosario Ibarra de Piedra, aprobar los relevos el próximo 8 de diciembre, después de las comparecencias de los aspirantes.
El artículo 19 de la Ley de la CNDH, menciona que las funciones del Consejo Consultivo son, entre otras: fijar lineamientos de actuación del organismo, tener acceso a datos sobre el ejercicio presupuestal, opinar sobre el informe que anualmente rinde el organismo a los Poderes de la Unión así como solicitar información sobre “los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional”.
Otra figura controvertida busca formar parte de la renovación de ese Consejo Consultivo: José Antonio Ortega Sánchez, abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y cuñado de Jorge Serrano Limón, presidente de Pro Vida y relacionado con la organización El Yunque, de acuerdo con investigaciones del reportero de Proceso Álvaro Delgado.
Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, compite por segunda ocasión.
Lo hizo en abril pasado, cuando fueron designados el conductor de Canal 40 y TV Azteca, Andrés Roemer; el director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y cercano al senador panista Santiago Creel, Ricardo Sepúlveda, y la presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, quien esa vez propuso al cuñado de Serrano Limón.
Otros aspirantes son Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Itzel Checa Gutiérrez, integrante del Equipo Técnico Operativo del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Jaime Hernández Ortiz, activista de derechos humanos de Jalisco, y María Luisa Cecilia González Guzmán, de la Comisión de Seguridad Patrimonial y Justicia de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, familiar de una víctima de secuestro asesinada por la banda de Daniel Arizmendi El Mochaorejas.
A la lista se sumaron la conductora de televisión Mayté Noriega; José Salvador Rosas Quintanilla, excandidato a la alcaldía de Nuevo Laredo; Fernando Shütte Elguero, cercano a los gobiernos de López Obrador y Marcelo Ebrard y expresidente del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina; Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud, y Víctor Veloz Espejel, funcionario de la Secretaría de Turismo del DF.
El miércoles 24 Fastlicht expuso su proyecto de trabajo ante los senadores en un acto público en el que presumió que tenía el apoyo de empresarios para repartir discos compactos a estudiantes de educación básica sobre los valores familiares.
El suegro de Azcárraga planteó que tenía el apoyo de empresas para la producción de discos compactos “con imágenes muy fuertes” de los que dijo contar ya con cientos de miles, que serían acompañados de una carta dirigida a los padres de familia.
De 68 años y origen judío, el empresario –que pidió ponderar que dejó sus empresas para dedicarse a participar con la sociedad civil para regresar a México algo de lo que recibieron él y su familia, que llegaron de Polonia huyendo del terror nazi– expuso que su gran proyecto es que las familias vean un documental elaborado como “una donación” por empresarios televisivos, sin mencionar nombres, para hacerlas responsables del respeto a los derechos humanos desde el seno familiar.
Desde 2003 Fastlicht es miembro (presidente desde 2008) del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. En enero de 2010 fue ratificado a propuesta del procurador Arturo Chávez Chávez, de acuerdo con las cartas que presentó al Senado.
De una amplia lista de foros en los que ha participado destaca uno en el que compartió un panel con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia: Los medios como instrumento de la guerra contra el narcotráfico.
“La visión del señor Fastlicht es dar la voz a quienes sufren las consecuencias de ese fenómeno que principalmente violenta los derechos fundamentales de todo ser humano”, se indica en su documento de presentación.
Asimismo es presidente del consejo consultivo de la cadena Cinemex y MMCinemas y propietario de Fincasa Hipotecaria y del Grupo Constructor K. De acuerdo con su currículum es presidente del Patronato del Museo Nacional de Antropología desde 2007 y fundador y presidente de la Asociación Nacional de Participación Cívica desde 2008, entre otras actividades altruistas.
La mano de la ultraderecha
Por su identificación con la derecha y El Yunque sobresale de la lista de aspirantes al Consejo Consultivo de la CNDH José Antonio Ortega Sánchez, quien comparecerá ante los senadores el 1 de diciembre.
Defensor de la teoría del complot contra el asesinado cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Ortega y Guillermo Velasco Arzac –otro miembro de El Yunque, según las investigaciones de Álvaro Delgado– sostienen desde abril de 2008 una demanda contra la estudiante mexicana Lucía Morett Álvarez y otras personas a las que vinculan con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de que el ejército colombiano invadió Ecuador para atacar un campamento de ese grupo guerrillero en el que se hallaban Morett y otros cuatro mexicanos que murieron.
Ortega y Velasco Arzac acusan a esos mexicanos de terrorismo, de cometer secuestros en México para financiar a las FARC y participar en actividades de narcotráfico (Proceso 1643, 1651 y 1694).
A ambos personajes se les atribuye haber difundido mensajes en televisión contra Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2006, spots firmados como Mejor Sociedad, Mejor Gobierno.
También en 2006, Ortega Sánchez interpuso un amparo contra la ratificación de Emilio Álvarez Icaza como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), recurso que fue desechado.
Interpuso otro recurso judicial en 2008 contra la reforma constitucional en materia electoral, por considerar que la norma que impide a particulares contratar espacios publicitarios con fines electorales violenta el derecho a la libertad de expresión.
Entre las 11 propuestas que Ortega Sánchez hace al Senado resaltan la promoción del “abatimiento de la delincuencia organizada”, la reducción del secuestro, acabar con los asesinatos de plagiados, acabar con la violencia contra mujeres y niños, “la protección constitucional del derecho a la vida” y la “desregulación y simplificación administrativa que permita abatir la corrupción y desencadenar la iniciativa de los particulares, sobre todo en época de profunda crisis económica”.
De las cartas de organizaciones civiles que entregó el abogado a la comisión del Senado destaca una firmada por Velasco Arzac como presidente del consejo del Movimiento Blanco y otra de María del Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización que fue encabezada por César Nava Miranda, jefe de El Yunque, y padre del actual dirigente del PAN, César Nava Vázquez (Proceso 1374).
De panzazo
La Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene 10 integrantes, la mayoría del bloque PRI-PAN: cuatro senadores panistas (Fernando Elizondo Barragán, Adriana González Carrillo, Sergio Álvarez Mata y María Teresa Ortuño) y tres priistas (Renán Cleominio Zoreda Novelo, Gerardo Montenegro Ibarra y Rafael Moreno Cárdenas).
El llamado bloque de izquierda tiene a Rosario Ibarra de Piedra, del PT, a José Luis Máximo García Zalvidea, del PRD, y a Francisco Xavier Berganza Escorza, de Convergencia.
Para el coordinador del área de derechos humanos y seguridad ciudadana del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Miguel Moguel, “en esta comisión legislativa, como en muchas otras, el mayoriteo de la dupla PRI-PAN, fundada en cuestiones políticas por encima de la defensa de los derechos humanos, es lo que ha prevalecido en sus recientes decisiones.
“Al menos es lo que dejan ver los resultados de los recientes relevos”, resalta Moguel en entrevista con este semanario.
“La ausencia de una real rendición de cuentas por parte de los senadores, que nos explique por qué designaron a tal o cual consejero no nos deja más que suponer que todo es parte de arreglos políticos”, señala.
Moguel, quien ha dado seguimiento a los procesos legislativos en materia de derechos humanos, acota que en las últimas renovaciones del Consejo Consultivo los senadores han designado a personajes que tendrían un valor de seis en una escala en la que 10 es un compromiso total con los derechos humanos y cero uno mediocre.
“Hemos visto que es una tendencia a designar a personajes que no resulten incómodos en todos niveles, no sólo para la CNDH, lo cual es muy grave porque en estos momentos la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos.
“Lo que hemos visto es a consejeros de la CNDH que no terminan por asumir el compromiso que representa su función; ocurren casos, como el de Joaquín López Dóriga, cuya firma no aparece en ninguna de las minutas de las reuniones de consejo y que públicamente no vemos que asuma en serio la defensa de los derechos humanos”, concluye Moguel.
¡AMLO 2012!
Gloria Leticia Díaz
El emporio televisivo no quiere perder influencia en la CNDH y El Yunque busca cómo colarse al organismo. El 8 de diciembre el Senado tendrá que elegir a dos integrantes del Consejo Consultivo de la comisión, y entre los candidatos figuran el suegro de Emilio Azcárraga, Marcos Fastlicht, y José Antonio Ortega Sánchez, abogado de Juan Sandoval Íñiguez y cuñado de Jorge Serrano Limón.
Televisa pretende mantener su influencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ahora con el suegro de Emilio Azcárraga Jean, Marcos Fastlicht Sackler, quien aspira a formar parte del Consejo Consultivo de ese organismo público. Una figura del consorcio, Joaquín López Dóriga, ya fue parte de esa institución de diciembre de 2003 a abril de 2010.
Fastlicht se propuso para ese cargo en la comisión a fin de relevar a alguno de los dos consejeros que por reglamento terminan su gestión: Fernando Serrano Migallón y Juliana González.
Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Rosario Ibarra de Piedra, aprobar los relevos el próximo 8 de diciembre, después de las comparecencias de los aspirantes.
El artículo 19 de la Ley de la CNDH, menciona que las funciones del Consejo Consultivo son, entre otras: fijar lineamientos de actuación del organismo, tener acceso a datos sobre el ejercicio presupuestal, opinar sobre el informe que anualmente rinde el organismo a los Poderes de la Unión así como solicitar información sobre “los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional”.
Otra figura controvertida busca formar parte de la renovación de ese Consejo Consultivo: José Antonio Ortega Sánchez, abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y cuñado de Jorge Serrano Limón, presidente de Pro Vida y relacionado con la organización El Yunque, de acuerdo con investigaciones del reportero de Proceso Álvaro Delgado.
Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, compite por segunda ocasión.
Lo hizo en abril pasado, cuando fueron designados el conductor de Canal 40 y TV Azteca, Andrés Roemer; el director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y cercano al senador panista Santiago Creel, Ricardo Sepúlveda, y la presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, quien esa vez propuso al cuñado de Serrano Limón.
Otros aspirantes son Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Itzel Checa Gutiérrez, integrante del Equipo Técnico Operativo del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Jaime Hernández Ortiz, activista de derechos humanos de Jalisco, y María Luisa Cecilia González Guzmán, de la Comisión de Seguridad Patrimonial y Justicia de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, familiar de una víctima de secuestro asesinada por la banda de Daniel Arizmendi El Mochaorejas.
A la lista se sumaron la conductora de televisión Mayté Noriega; José Salvador Rosas Quintanilla, excandidato a la alcaldía de Nuevo Laredo; Fernando Shütte Elguero, cercano a los gobiernos de López Obrador y Marcelo Ebrard y expresidente del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina; Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud, y Víctor Veloz Espejel, funcionario de la Secretaría de Turismo del DF.
El miércoles 24 Fastlicht expuso su proyecto de trabajo ante los senadores en un acto público en el que presumió que tenía el apoyo de empresarios para repartir discos compactos a estudiantes de educación básica sobre los valores familiares.
El suegro de Azcárraga planteó que tenía el apoyo de empresas para la producción de discos compactos “con imágenes muy fuertes” de los que dijo contar ya con cientos de miles, que serían acompañados de una carta dirigida a los padres de familia.
De 68 años y origen judío, el empresario –que pidió ponderar que dejó sus empresas para dedicarse a participar con la sociedad civil para regresar a México algo de lo que recibieron él y su familia, que llegaron de Polonia huyendo del terror nazi– expuso que su gran proyecto es que las familias vean un documental elaborado como “una donación” por empresarios televisivos, sin mencionar nombres, para hacerlas responsables del respeto a los derechos humanos desde el seno familiar.
Desde 2003 Fastlicht es miembro (presidente desde 2008) del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. En enero de 2010 fue ratificado a propuesta del procurador Arturo Chávez Chávez, de acuerdo con las cartas que presentó al Senado.
De una amplia lista de foros en los que ha participado destaca uno en el que compartió un panel con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia: Los medios como instrumento de la guerra contra el narcotráfico.
“La visión del señor Fastlicht es dar la voz a quienes sufren las consecuencias de ese fenómeno que principalmente violenta los derechos fundamentales de todo ser humano”, se indica en su documento de presentación.
Asimismo es presidente del consejo consultivo de la cadena Cinemex y MMCinemas y propietario de Fincasa Hipotecaria y del Grupo Constructor K. De acuerdo con su currículum es presidente del Patronato del Museo Nacional de Antropología desde 2007 y fundador y presidente de la Asociación Nacional de Participación Cívica desde 2008, entre otras actividades altruistas.
La mano de la ultraderecha
Por su identificación con la derecha y El Yunque sobresale de la lista de aspirantes al Consejo Consultivo de la CNDH José Antonio Ortega Sánchez, quien comparecerá ante los senadores el 1 de diciembre.
Defensor de la teoría del complot contra el asesinado cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Ortega y Guillermo Velasco Arzac –otro miembro de El Yunque, según las investigaciones de Álvaro Delgado– sostienen desde abril de 2008 una demanda contra la estudiante mexicana Lucía Morett Álvarez y otras personas a las que vinculan con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de que el ejército colombiano invadió Ecuador para atacar un campamento de ese grupo guerrillero en el que se hallaban Morett y otros cuatro mexicanos que murieron.
Ortega y Velasco Arzac acusan a esos mexicanos de terrorismo, de cometer secuestros en México para financiar a las FARC y participar en actividades de narcotráfico (Proceso 1643, 1651 y 1694).
A ambos personajes se les atribuye haber difundido mensajes en televisión contra Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2006, spots firmados como Mejor Sociedad, Mejor Gobierno.
También en 2006, Ortega Sánchez interpuso un amparo contra la ratificación de Emilio Álvarez Icaza como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), recurso que fue desechado.
Interpuso otro recurso judicial en 2008 contra la reforma constitucional en materia electoral, por considerar que la norma que impide a particulares contratar espacios publicitarios con fines electorales violenta el derecho a la libertad de expresión.
Entre las 11 propuestas que Ortega Sánchez hace al Senado resaltan la promoción del “abatimiento de la delincuencia organizada”, la reducción del secuestro, acabar con los asesinatos de plagiados, acabar con la violencia contra mujeres y niños, “la protección constitucional del derecho a la vida” y la “desregulación y simplificación administrativa que permita abatir la corrupción y desencadenar la iniciativa de los particulares, sobre todo en época de profunda crisis económica”.
De las cartas de organizaciones civiles que entregó el abogado a la comisión del Senado destaca una firmada por Velasco Arzac como presidente del consejo del Movimiento Blanco y otra de María del Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización que fue encabezada por César Nava Miranda, jefe de El Yunque, y padre del actual dirigente del PAN, César Nava Vázquez (Proceso 1374).
De panzazo
La Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene 10 integrantes, la mayoría del bloque PRI-PAN: cuatro senadores panistas (Fernando Elizondo Barragán, Adriana González Carrillo, Sergio Álvarez Mata y María Teresa Ortuño) y tres priistas (Renán Cleominio Zoreda Novelo, Gerardo Montenegro Ibarra y Rafael Moreno Cárdenas).
El llamado bloque de izquierda tiene a Rosario Ibarra de Piedra, del PT, a José Luis Máximo García Zalvidea, del PRD, y a Francisco Xavier Berganza Escorza, de Convergencia.
Para el coordinador del área de derechos humanos y seguridad ciudadana del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Miguel Moguel, “en esta comisión legislativa, como en muchas otras, el mayoriteo de la dupla PRI-PAN, fundada en cuestiones políticas por encima de la defensa de los derechos humanos, es lo que ha prevalecido en sus recientes decisiones.
“Al menos es lo que dejan ver los resultados de los recientes relevos”, resalta Moguel en entrevista con este semanario.
“La ausencia de una real rendición de cuentas por parte de los senadores, que nos explique por qué designaron a tal o cual consejero no nos deja más que suponer que todo es parte de arreglos políticos”, señala.
Moguel, quien ha dado seguimiento a los procesos legislativos en materia de derechos humanos, acota que en las últimas renovaciones del Consejo Consultivo los senadores han designado a personajes que tendrían un valor de seis en una escala en la que 10 es un compromiso total con los derechos humanos y cero uno mediocre.
“Hemos visto que es una tendencia a designar a personajes que no resulten incómodos en todos niveles, no sólo para la CNDH, lo cual es muy grave porque en estos momentos la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos.
“Lo que hemos visto es a consejeros de la CNDH que no terminan por asumir el compromiso que representa su función; ocurren casos, como el de Joaquín López Dóriga, cuya firma no aparece en ninguna de las minutas de las reuniones de consejo y que públicamente no vemos que asuma en serio la defensa de los derechos humanos”, concluye Moguel.
¡AMLO 2012!
PROCESO: México “asciende” a estado de guerra Francisco Olaso
México “asciende” a estado de guerra
Francisco Olaso
BERLÍN.- México está envuelto en una confrontación violenta definida como “guerra” por el Barómetro de conflictos 2010, que a mediados del próximo diciembre publicará la Universidad de Heidelberg, Alemania.
De acuerdo con el estudio del Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de esa universidad, en la guerra mexicana los contendientes son el Estado y los cárteles de la droga, mientras el objeto de la disputa lo constituyen el “predominio regional” y los “recursos”.
Es la primera vez que el Barómetro de conflictos, publicado desde 1991, otorga al conflicto vinculado al narcotráfico en México el grado de intensidad 5, “guerra”, máxima categoría dentro de la escala de su metodología. En su edición de 2009 le asignó el grado 4: “crisis severa”.
El instituto clasifica los conflictos en el mundo según su grado de intensidad:
El primero es un “conflicto latente”, una diferencia de opinión entre dos o más partes sobre asuntos de interés nacional. El grado 2 atañe al “conflicto manifiesto”, con ejercicio de presión expresa o amenazas de violencia o de castigos económicos.
A partir del tercer grado, “crisis”, el conflicto asume un carácter violento, al menos de parte de uno de los contendientes. El cuarto, “crisis severa”, refleja el uso de violencia de manera repetida y organizada. El grado 5, “guerra”, implica un uso sistemático, continuo y organizado de acciones violentas, de un nivel acorde con las posibilidades máximas de los contendientes y que provoca una destrucción duradera.
Violencia
La decisión del instituto germano de ubicar al conflicto mexicano en el grado 5 no estuvo exenta de deliberaciones. “Discutimos si se trata de un conflicto de alto nivel de violencia, una ‘crisis severa’, o si lo definíamos como ‘guerra’. Al final nos inclinamos por considerar que se trata de una ‘guerra adulta’”, dice a Proceso el investigador Friedemann Schirrmeister, a cargo del capítulo mexicano del estudio.
Agrega: “El empleo sistemático y masivo de violencia, especialmente en el norte de México, las numerosas víctimas fatales –criterio que en sí mismo no es exclusivo para hablar de guerra– y la destrucción duradera nos han llevado a optar por el grado de intensidad 5. También influye el uso de armamento pesado, aunque en la mayoría de las acciones se utilizan armas ligeras”.
–En 2009, el Barómetro definió este conflicto con el grado 4 ¿Hubo desde entonces una escalada? –se le pregunta.
–El conflicto escaló a partir de diciembre de 2009 y desde entonces se ve un aumento enorme en la confrontación entre las fuerzas de seguridad y los cárteles de la droga.
“La violencia entre cárteles sigue igual de fuerte, pero nosotros nos enfocamos a la confrontación entre el Estado y esas organizaciones delictivas, que al final de cuentas deriva en conflicto político. Subimos en un punto el grado de intensidad, ya que los enfrentamientos en amplias zonas del norte del país han alcanzado una dimensión que se puede definir muy bien con la palabra guerra”, plantea el especialista.
El instituto germano define como conflicto la confrontación en la que se encuentran en juego intereses concernientes a valores de alcance nacional: territorio, descolonización, secesión, autonomía, sistema político o ideología, poder nacional, predominio regional, poder internacional y recursos.
“En el caso de México, los objetos del conflicto son el predominio regional y los recursos”, apunta Schirrmeister y aclara que “si bien el narcotráfico se relaciona con crimen y éste, en sentido amplio, no es visto como conflicto político, decidimos considerarlo así debido al poder de los cárteles y porque el gobierno de Felipe Calderón dijo públicamente que esas organizaciones amenazan de manera directa la democracia en México”.
En esta confrontación, añade el investigador, el dominio del Estado sobre su territorio ha sido puesto en duda por los cárteles. La otra parte del conflicto, abunda, se relaciona con los recursos; es decir, con las drogas, pese a que el Estado no les da este carácter, ya que están prohibidas.
–¿En qué sentido se considera a la droga como un recurso?
–No es un recurso natural como el petróleo o el gas, pero es un medio que los cárteles utilizan para obtener dinero en grandes cantidades.
“El gobierno niega que quiera hacerse de ese recurso, pero debe evitar que los cárteles lo posean ya que los hace muy poderosos. Se le considera recurso, pues como fuente de financiamiento conduce a que el conflicto escale, como ocurre en la actualidad.”
El especialista asegura que los enfrentamientos más violentos, con 90% de casos fatales, se dan entre los cárteles. “Lo que ocurre entre los cárteles y en su interior lo vemos esencialmente como criminalidad y por consiguiente no lo consideramos conflicto político. Sin embargo, las luchas que se dan en esas organizaciones criminales también desempeñan un papel que concierne al Estado, ya que ocurren en territorios sobre los que éste en gran medida no tiene control”.
Precisa que el involucramiento de miembros del Ejército y de la policía en el negocio del narcotráfico es un problema grave. “Tenemos gran cantidad de ejemplos que demuestran la participación de actores políticos, militares y policiales en los cárteles de la droga. En muchas ocasiones éstos no sólo se dedican al negocio de la droga, sino que cuentan con otras fuentes de ingresos. Se trata de un problema creciente”, indica Schirrmeister.
Sostiene que, pese a todo, al encuadrar el conflicto el estudio se aparta de tesis más radicales, como la que el periodista estadunidense Charles Bowden plantea en su libro Murder city (2010). En opinión de éste, el motivo de la “guerra contra el narcotráfico” es la lucha por el control de este negocio fabuloso. La policía y el Ejército luchan por su tajada, no hay una línea divisoria entre el gobierno y el mundo de la droga.
“Eso habla del tamaño de la corrupción”, apunta Schirrmeister. “Según expertos 50% de la administración pública local está infiltrada por el narcotráfico. Nosotros vemos al Estado, por motivos metodológicos, como actor unitario. Tenemos la confrontación entre las fuerzas militares y los cárteles del narcotráfico. Allí existe una clara línea de confrontación. Éstos contra aquéllos. Somos conscientes del hecho de que una parte de la policía, el Ejército y los políticos se beneficia a dos puntas. Pero para nosotros, desde la metodología, no hay diferencia si el soldado que combate a los cárteles al mismo tiempo es pagado por ellos.
Caso único
El Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg elabora su informe anual desde 1991. A escala global y a largo plazo comprueba una tendencia decreciente de los enfrentamientos violentos entre Estados: hoy, la mayor parte se da dentro de los mismos.
“Es una observación empírica que mediante nuestra metodología podemos comprobar”, dice el investigador. Y argumenta: “En Latinoamérica es más evidente que en otros lugares, ya que durante años no ha habido conflictos violentos importantes entre los Estados”.
Para el investigador siempre es complicado hacer comparaciones entre objetos de conflicto. “En Colombia también tenemos cárteles de la droga, pero la dimensión del conflicto en México no es comparable ni con el de los países de la región ni tampoco con los de otras. El de México es un caso único y muy especial”, dice.
“También observamos tendencias en Centroamérica, en El Salvador u Honduras, con bandas criminales como Los Maras. Algunas presentan desarrollos dramáticos, pero no alcanzan a tener una dimensión de conflicto político, ya que, de acuerdo con nuestra impresión, se mantienen dentro de ámbitos vinculados con la criminalidad.”
El Barómetro de conflictos 2010 reclasificó otros dos conflictos en México. El primero es el que enfrenta a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca con el gobierno, que pasó del grado de intensidad 2 (conflicto manifiesto) al 3 (crisis). El segundo corresponde al Ejército Popular Revolucionario en Guerrero, que del grado 3 (crisis) se movió al 1 (conflicto latente).
Sin modificaciones se presentan el enfrentamiento entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas con el gobierno (grado 3, “crisis”) y el que libran el gobierno y la oposición en el país (grado 1), con punto de partida en las elecciones de 2006, denunciadas como fraudulentas por la oposición
¡AMLO 2012!
Francisco Olaso
BERLÍN.- México está envuelto en una confrontación violenta definida como “guerra” por el Barómetro de conflictos 2010, que a mediados del próximo diciembre publicará la Universidad de Heidelberg, Alemania.
De acuerdo con el estudio del Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de esa universidad, en la guerra mexicana los contendientes son el Estado y los cárteles de la droga, mientras el objeto de la disputa lo constituyen el “predominio regional” y los “recursos”.
Es la primera vez que el Barómetro de conflictos, publicado desde 1991, otorga al conflicto vinculado al narcotráfico en México el grado de intensidad 5, “guerra”, máxima categoría dentro de la escala de su metodología. En su edición de 2009 le asignó el grado 4: “crisis severa”.
El instituto clasifica los conflictos en el mundo según su grado de intensidad:
El primero es un “conflicto latente”, una diferencia de opinión entre dos o más partes sobre asuntos de interés nacional. El grado 2 atañe al “conflicto manifiesto”, con ejercicio de presión expresa o amenazas de violencia o de castigos económicos.
A partir del tercer grado, “crisis”, el conflicto asume un carácter violento, al menos de parte de uno de los contendientes. El cuarto, “crisis severa”, refleja el uso de violencia de manera repetida y organizada. El grado 5, “guerra”, implica un uso sistemático, continuo y organizado de acciones violentas, de un nivel acorde con las posibilidades máximas de los contendientes y que provoca una destrucción duradera.
Violencia
La decisión del instituto germano de ubicar al conflicto mexicano en el grado 5 no estuvo exenta de deliberaciones. “Discutimos si se trata de un conflicto de alto nivel de violencia, una ‘crisis severa’, o si lo definíamos como ‘guerra’. Al final nos inclinamos por considerar que se trata de una ‘guerra adulta’”, dice a Proceso el investigador Friedemann Schirrmeister, a cargo del capítulo mexicano del estudio.
Agrega: “El empleo sistemático y masivo de violencia, especialmente en el norte de México, las numerosas víctimas fatales –criterio que en sí mismo no es exclusivo para hablar de guerra– y la destrucción duradera nos han llevado a optar por el grado de intensidad 5. También influye el uso de armamento pesado, aunque en la mayoría de las acciones se utilizan armas ligeras”.
–En 2009, el Barómetro definió este conflicto con el grado 4 ¿Hubo desde entonces una escalada? –se le pregunta.
–El conflicto escaló a partir de diciembre de 2009 y desde entonces se ve un aumento enorme en la confrontación entre las fuerzas de seguridad y los cárteles de la droga.
“La violencia entre cárteles sigue igual de fuerte, pero nosotros nos enfocamos a la confrontación entre el Estado y esas organizaciones delictivas, que al final de cuentas deriva en conflicto político. Subimos en un punto el grado de intensidad, ya que los enfrentamientos en amplias zonas del norte del país han alcanzado una dimensión que se puede definir muy bien con la palabra guerra”, plantea el especialista.
El instituto germano define como conflicto la confrontación en la que se encuentran en juego intereses concernientes a valores de alcance nacional: territorio, descolonización, secesión, autonomía, sistema político o ideología, poder nacional, predominio regional, poder internacional y recursos.
“En el caso de México, los objetos del conflicto son el predominio regional y los recursos”, apunta Schirrmeister y aclara que “si bien el narcotráfico se relaciona con crimen y éste, en sentido amplio, no es visto como conflicto político, decidimos considerarlo así debido al poder de los cárteles y porque el gobierno de Felipe Calderón dijo públicamente que esas organizaciones amenazan de manera directa la democracia en México”.
En esta confrontación, añade el investigador, el dominio del Estado sobre su territorio ha sido puesto en duda por los cárteles. La otra parte del conflicto, abunda, se relaciona con los recursos; es decir, con las drogas, pese a que el Estado no les da este carácter, ya que están prohibidas.
–¿En qué sentido se considera a la droga como un recurso?
–No es un recurso natural como el petróleo o el gas, pero es un medio que los cárteles utilizan para obtener dinero en grandes cantidades.
“El gobierno niega que quiera hacerse de ese recurso, pero debe evitar que los cárteles lo posean ya que los hace muy poderosos. Se le considera recurso, pues como fuente de financiamiento conduce a que el conflicto escale, como ocurre en la actualidad.”
El especialista asegura que los enfrentamientos más violentos, con 90% de casos fatales, se dan entre los cárteles. “Lo que ocurre entre los cárteles y en su interior lo vemos esencialmente como criminalidad y por consiguiente no lo consideramos conflicto político. Sin embargo, las luchas que se dan en esas organizaciones criminales también desempeñan un papel que concierne al Estado, ya que ocurren en territorios sobre los que éste en gran medida no tiene control”.
Precisa que el involucramiento de miembros del Ejército y de la policía en el negocio del narcotráfico es un problema grave. “Tenemos gran cantidad de ejemplos que demuestran la participación de actores políticos, militares y policiales en los cárteles de la droga. En muchas ocasiones éstos no sólo se dedican al negocio de la droga, sino que cuentan con otras fuentes de ingresos. Se trata de un problema creciente”, indica Schirrmeister.
Sostiene que, pese a todo, al encuadrar el conflicto el estudio se aparta de tesis más radicales, como la que el periodista estadunidense Charles Bowden plantea en su libro Murder city (2010). En opinión de éste, el motivo de la “guerra contra el narcotráfico” es la lucha por el control de este negocio fabuloso. La policía y el Ejército luchan por su tajada, no hay una línea divisoria entre el gobierno y el mundo de la droga.
“Eso habla del tamaño de la corrupción”, apunta Schirrmeister. “Según expertos 50% de la administración pública local está infiltrada por el narcotráfico. Nosotros vemos al Estado, por motivos metodológicos, como actor unitario. Tenemos la confrontación entre las fuerzas militares y los cárteles del narcotráfico. Allí existe una clara línea de confrontación. Éstos contra aquéllos. Somos conscientes del hecho de que una parte de la policía, el Ejército y los políticos se beneficia a dos puntas. Pero para nosotros, desde la metodología, no hay diferencia si el soldado que combate a los cárteles al mismo tiempo es pagado por ellos.
Caso único
El Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de Heidelberg elabora su informe anual desde 1991. A escala global y a largo plazo comprueba una tendencia decreciente de los enfrentamientos violentos entre Estados: hoy, la mayor parte se da dentro de los mismos.
“Es una observación empírica que mediante nuestra metodología podemos comprobar”, dice el investigador. Y argumenta: “En Latinoamérica es más evidente que en otros lugares, ya que durante años no ha habido conflictos violentos importantes entre los Estados”.
Para el investigador siempre es complicado hacer comparaciones entre objetos de conflicto. “En Colombia también tenemos cárteles de la droga, pero la dimensión del conflicto en México no es comparable ni con el de los países de la región ni tampoco con los de otras. El de México es un caso único y muy especial”, dice.
“También observamos tendencias en Centroamérica, en El Salvador u Honduras, con bandas criminales como Los Maras. Algunas presentan desarrollos dramáticos, pero no alcanzan a tener una dimensión de conflicto político, ya que, de acuerdo con nuestra impresión, se mantienen dentro de ámbitos vinculados con la criminalidad.”
El Barómetro de conflictos 2010 reclasificó otros dos conflictos en México. El primero es el que enfrenta a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca con el gobierno, que pasó del grado de intensidad 2 (conflicto manifiesto) al 3 (crisis). El segundo corresponde al Ejército Popular Revolucionario en Guerrero, que del grado 3 (crisis) se movió al 1 (conflicto latente).
Sin modificaciones se presentan el enfrentamiento entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas con el gobierno (grado 3, “crisis”) y el que libran el gobierno y la oposición en el país (grado 1), con punto de partida en las elecciones de 2006, denunciadas como fraudulentas por la oposición
¡AMLO 2012!
PROCESO: Amenazas contra Proceso Arturo Rodríguez García (C-ANAYA EL COMPADRITO DE FECALIN)
Amenazas contra Proceso
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, COAH.- Tras afirmar que no tiene vínculos con la delincuencia organizada y que presentará una demanda contra Proceso y los reporteros Ricardo Ravelo, Jesusa Cervantes y el autor de esta nota, el senador panista Guillermo Anaya Llamas acuñó una frase: “Lo único grande que existe en este asunto es el miedo que me tienen mis adversarios políticos”.
En su afán por descalificar el reportaje Testigo estelar, firmado por Ricardo Ravelo y publicado en la edición 1777 de este semanario, Anaya Llamas pidió al gobierno federal una explicación en torno al texto. En él se hace un recuento de las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, El Grande –lugarteniente del extinto Arturo Beltrán Leyva que hoy es protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) –, en las que proporcionó nombres de funcionarios presuntamente coludidos con el hampa.
En su declaración ministerial, El Grande aseveró, entre otras cosas, que conoció al presidente Felipe Calderón por mediación del senador Anaya y que cuando el panista fue alcalde de Torreón (2003-2005), éste le brindó una escolta personal y protección para el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.
El domingo 21, cuando comenzó a circular la edición 1777 del semanario, los principales diarios de la entidad destacaron a ocho columnas el texto de Ravelo y añadieron datos sobre la trayectoria del reportero, autor de cinco libros sobre el narco.
Durante una gira por Saltillo, adonde acudió para presentar su informe de actividades legislativas la tarde de ese domingo, Anaya Llamas se dirigió a la Plaza de las Ciudades Hermanas y encabezó ahí uno de los actos más importantes de su agenda. Ante las preguntas de los reporteros sobre el texto publicado por Proceso, el senador se negó a responder y convocó a una conferencia de prensa para la mañana del lunes 22.
Ese mismo día los diarios de la entidad publicaron un desplegado a media plana pagado por el senador con el título “Proceso miente”, en el que advertía que volvería a demandar a este corresponsal. Y en la conferencia declaró: “La publicación de estas mentiras por parte de Proceso es una represalia por la demanda legal por daño moral que emprendí y gané”.
Acompañado por el dirigente del PAN en la entidad, Reyes Flores Hurtado, Anaya Llamas insistió en que se trataba de una revancha. Según él, cuando aumenta su presencia en la entidad surgen ataques, por lo que, comentó, también demandaría al autor del reportaje Testigo estelar, Ricardo Ravelo.
Los reporteros le mencionaron otro texto publicado por la revista, titulado Infiltración total, de Jesusa Cervantes. El senador respondió que también presentaría una demanda contra ella.
Flanqueado por el senador Ernesto Saro Boardman y por Flores Hurtado, Anaya Llamas se burlaba de los reporteros. Varios de ellos le preguntaron incluso por qué se reía de sus preguntas.
–¿Ahora demandará al Grande? –le soltaron.
Él respondió que había pedido a la PGR un informe sobre el expediente y que una vez que se lo dieran, al comprobar que eran “mentiras”, demandaría a la publicación y a Ravelo.
Durante la conferencia, Anaya Llamas aludió a un fragmento de la sentencia que condena por daño moral a este corresponsal, pero sin mencionar que no es sentencia firme y que se encuentra en demanda de amparo; tampoco dijo que él mismo interpuso un amparo contra dicha sentencia porque no establece el monto de indemnización que debería pagar el corresponsal, a quien le exige cerca de 3 millones de pesos.
A cada cuestionamiento, Anaya Llamas, compadre del presidente Felipe Calderón, aludía a la sentencia que, según él, establece que su relación con El Grande era una mentira. Tres días antes, el viernes 19, el senador declaró al periodista Antonio Dávila que su hermana Elsa María Anaya no estuvo casada con Adolfo Villarreal Barragán, hermano de El Grande.
No obstante, en la conferencia del lunes 22 terminó por admitir esa relación, aunque dijo que su hermana ya estaba divorciada. También contestó que él jamás tuvo contacto con Sergio Villarreal: “Yo respondo por mí, mi esposa y mis hijos”. Nervioso, añadió: “Yo no estuve casada con él” (sic).
El miércoles 24, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, puso a disposición de la procuraduría al jefe de la División de Caminos de su dependencia, Luis Cárdenas Palomino, y al jefe de Investigaciones, Armando Espinoza de Benito, para que sean investigados por los señalamientos que hizo El Grande.
“A la PGR le pedí que agotara esta referencia, inclusive que (Cárdenas Palomino y Espinoza de Benito) comparecieran si fuera necesario para poder identificar los tiempos y acreditar lo que dice”, declaró García Luna. l
¡AMLO 2012!
Arturo Rodríguez García
SALTILLO, COAH.- Tras afirmar que no tiene vínculos con la delincuencia organizada y que presentará una demanda contra Proceso y los reporteros Ricardo Ravelo, Jesusa Cervantes y el autor de esta nota, el senador panista Guillermo Anaya Llamas acuñó una frase: “Lo único grande que existe en este asunto es el miedo que me tienen mis adversarios políticos”.
En su afán por descalificar el reportaje Testigo estelar, firmado por Ricardo Ravelo y publicado en la edición 1777 de este semanario, Anaya Llamas pidió al gobierno federal una explicación en torno al texto. En él se hace un recuento de las declaraciones de Sergio Villarreal Barragán, El Grande –lugarteniente del extinto Arturo Beltrán Leyva que hoy es protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) –, en las que proporcionó nombres de funcionarios presuntamente coludidos con el hampa.
En su declaración ministerial, El Grande aseveró, entre otras cosas, que conoció al presidente Felipe Calderón por mediación del senador Anaya y que cuando el panista fue alcalde de Torreón (2003-2005), éste le brindó una escolta personal y protección para el traslado de cargamentos de cocaína y dinero.
El domingo 21, cuando comenzó a circular la edición 1777 del semanario, los principales diarios de la entidad destacaron a ocho columnas el texto de Ravelo y añadieron datos sobre la trayectoria del reportero, autor de cinco libros sobre el narco.
Durante una gira por Saltillo, adonde acudió para presentar su informe de actividades legislativas la tarde de ese domingo, Anaya Llamas se dirigió a la Plaza de las Ciudades Hermanas y encabezó ahí uno de los actos más importantes de su agenda. Ante las preguntas de los reporteros sobre el texto publicado por Proceso, el senador se negó a responder y convocó a una conferencia de prensa para la mañana del lunes 22.
Ese mismo día los diarios de la entidad publicaron un desplegado a media plana pagado por el senador con el título “Proceso miente”, en el que advertía que volvería a demandar a este corresponsal. Y en la conferencia declaró: “La publicación de estas mentiras por parte de Proceso es una represalia por la demanda legal por daño moral que emprendí y gané”.
Acompañado por el dirigente del PAN en la entidad, Reyes Flores Hurtado, Anaya Llamas insistió en que se trataba de una revancha. Según él, cuando aumenta su presencia en la entidad surgen ataques, por lo que, comentó, también demandaría al autor del reportaje Testigo estelar, Ricardo Ravelo.
Los reporteros le mencionaron otro texto publicado por la revista, titulado Infiltración total, de Jesusa Cervantes. El senador respondió que también presentaría una demanda contra ella.
Flanqueado por el senador Ernesto Saro Boardman y por Flores Hurtado, Anaya Llamas se burlaba de los reporteros. Varios de ellos le preguntaron incluso por qué se reía de sus preguntas.
–¿Ahora demandará al Grande? –le soltaron.
Él respondió que había pedido a la PGR un informe sobre el expediente y que una vez que se lo dieran, al comprobar que eran “mentiras”, demandaría a la publicación y a Ravelo.
Durante la conferencia, Anaya Llamas aludió a un fragmento de la sentencia que condena por daño moral a este corresponsal, pero sin mencionar que no es sentencia firme y que se encuentra en demanda de amparo; tampoco dijo que él mismo interpuso un amparo contra dicha sentencia porque no establece el monto de indemnización que debería pagar el corresponsal, a quien le exige cerca de 3 millones de pesos.
A cada cuestionamiento, Anaya Llamas, compadre del presidente Felipe Calderón, aludía a la sentencia que, según él, establece que su relación con El Grande era una mentira. Tres días antes, el viernes 19, el senador declaró al periodista Antonio Dávila que su hermana Elsa María Anaya no estuvo casada con Adolfo Villarreal Barragán, hermano de El Grande.
No obstante, en la conferencia del lunes 22 terminó por admitir esa relación, aunque dijo que su hermana ya estaba divorciada. También contestó que él jamás tuvo contacto con Sergio Villarreal: “Yo respondo por mí, mi esposa y mis hijos”. Nervioso, añadió: “Yo no estuve casada con él” (sic).
El miércoles 24, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, puso a disposición de la procuraduría al jefe de la División de Caminos de su dependencia, Luis Cárdenas Palomino, y al jefe de Investigaciones, Armando Espinoza de Benito, para que sean investigados por los señalamientos que hizo El Grande.
“A la PGR le pedí que agotara esta referencia, inclusive que (Cárdenas Palomino y Espinoza de Benito) comparecieran si fuera necesario para poder identificar los tiempos y acreditar lo que dice”, declaró García Luna. l
¡AMLO 2012!
PROCESO: Misión 2008: pactar con el narco Anabel Hernández
Misión 2008: pactar con el narco
Anabel Hernández
En su libro Los señores del narco, la periodista Anabel Hernández hace una sorprendente revelación: a principios de 2008 la Presidencia de la República estableció contacto directo con Joaquín Guzmán Loera, en una operación instrumentada por Juan Camilo Mouriño, entonces el hombre más cercano a Felipe Calderón. La misión era pactar para poner paz entre los cárteles de la droga. Sin embargo, El Chapo aprovechó la oportunidad para dar a conocer los nombres de los cómplices de su fuga del penal de Puente Grande en 2001 y, sobre todo, para involucrar al propio Mouriño en la “venta” de plazas al narcotráfico. Con autorización de Grijalbo y de la autora, transcribimos fragmentos del volumen de casi 600 páginas, de inminente aparición.
Corrían los primeros meses de 2008 y el general X,1 disciplinado, perseverante y arriesgado como era, fue a los terrenos del más poderoso capo de México para hablar con él cara a cara. El Chapo Guzmán ya estaba preparado para recibir al mensajero de Los Pinos. El general X, de más de 65 años de edad, colaboraba con Juan Camilo Mouriño en la Presidencia de la República desde 2007, en una asesoría subrepticia como había sido prácticamente toda su tarea durante los 45 años que sirvió para el Ejército Mexicano en la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Coordinación de Seguridad Nacional. El jefe de la Oficina de la Presidencia –el hombre más cercano a Calderón– le había encargado una misión imposible: poner en paz a los cárteles de la droga. En enero de 2008, Juan Camilo fue nombrado secretario de Gobernación, pero su encomienda seguía vigente.
Si el general que sabía más por viejo que por diablo no podía lograrlo es que entonces nadie lo haría. El militar estuvo preso durante casi siete años acusado de presuntos vínculos con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Hubo muchos testimonios en su contra pero quedó el velo de la duda, como casi siempre ocurre en esos tortuosos procesos de la milicia. Le faltaban todavía otros siete años de cárcel pero en el primer año del gobierno de Felipe Calderón fue puesto en libertad. Su encarcelamiento fue un asunto político, dicen sus cercanos, y su liberación también.
Nueve meses después de haber salido de la cárcel, ante el azoro de sus compañeros, fue condecorado por el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, por su “patriotismo, lealtad y abnegación”. El gobierno federal tenía que hacerlo visible y creíble ante sus interlocutores: los narcos. El general X ha dicho que el secretario de la Defensa Nacional también tenía conocimiento de la encomienda encargada por Mouriño.
Nunca fue remilgoso en las tareas difíciles que le encomendaron, en muchas de ellas había tenido que entablar relación con los diferentes grupos del narcotráfico, por lo que en 2008, cuando comenzó a tocar a la puerta de los protagonistas de la guerra entre los narcos, la gran mayoría se la abrió, como ocurrió con El Chapo.
“La libertad no tiene precio”, le dijo Joaquín Guzmán Loera al militar en su encuentro. La declaración sonaba un poco cínica incluso viniendo de un cínico como El Chapo. La frase del capo obligó al general X a preguntarle cómo había logrado salir del penal de máxima seguridad de Puente Grande aquel 19 de enero de 2001. Guzmán Loera fue directo, lo habían comenzado a ayudar desde 1995, cuando lo trasladaron de la prisión de La Palma a Puente Grande, por órdenes de la Secretaría de Gobernación. Directamente de su “fuga” el capo responsabilizó a tres hombres, figuras de la política y seguridad pública en México.
Uno de ellos es el teniente coronel y ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Dice El Chapo que él lo ayudó cuando trabajaba en la Secretaría de Gobernación. El único cargo que Hendricks tuvo en esa dependencia fue en el sexenio de Ernesto Zedillo como director de Ejecución de Sentencias en la Dirección General de Prevención y Readaptación (1996-1997), cuando Francisco Labastida era el titular de la dependencia.
En 1999 Hendricks Díaz se convirtió en el gobernador de uno de los estados con mayor desembarque de droga en México, y por ende, una de las principales bases de operaciones de la organización del Pacífico. Recibió el gobierno de manos de Mario Villanueva Madrid, El Chueco, extraditado en 2010 por sus presuntos vínculos con la organización de Amado Carrillo Fuentes, de la cual El Chapo fue integrante.
En febrero de 2001, a unos días de la “fuga” de Guzmán Loera y sin ninguna petición de explicación de por medio, el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Trinidad Larrieta, afirmó que no estaba realizando ninguna investigación “respecto al presunto involucramiento del gobernador constitucional de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, en el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán”. “Ningún funcionario de la UEDO –precisó– realiza investigaciones al respecto en esa entidad federativa, ni en otro estado de la República”.2 Es hasta la confesión de El Chapo cuando ese boletín de la PGR toma su justa dimensión en un país como México, donde generalmente lo que niega la autoridad es la realidad. Tras su salida de Puente Grande, Guzmán Loera estuvo escondido principalmente en Nayarit y Quintana Roo.
Seis años después, alejado del servicio público, Trinidad Larrieta fue uno de los abogados contratados por la primera dama Marta Sahagún antes de que terminara el mandato de su esposo, para proteger a sus hijos Manuel y José Alberto Bribiesca Sahagún, así como a su hermano Guillermo Sahagún,3 de todos sus oscuros enjuagues presuntamente relacionados con el narcotráfico, según investigaba la DEA.
El otro implicado en la fuga de El Chapo, que el propio narcotraficante le reveló al general X, fue el exprocurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien –junto con Jorge Tello Peón– estuvo al frente del operativo realizado después de la evasión de Guzmán Loera, y le dio órdenes a Genaro García Luna de investigar la salida del capo del penal de máxima seguridad.
A principios de 2005 Macedo de la Concha renunció a su cargo de procurador y fue enviado por el presidente Vicente Fox como agregado militar de la embajada de México en Roma, donde el general permaneció en el exilio durante el resto del sexenio. Al inicio de la administración de Felipe Calderón, Macedo regresó a México y fue instalado como magistrado del Tribunal de Justicia Militar, desde donde se conduce con un riguroso bajo perfil.
El tercer nombre de sus principales cómplices, según contó El Chapo, fue Jorge Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de la SSP federal, quien incluso el mismo día de la fuga de Guzmán Loera visitó el penal de máxima seguridad como si hubiera ido para ultimar los detalles de la salida del capo. Durante los últimos dos años (2008-2010) este hombre, a quien el narcotraficante acusa sin aspavientos de haberlo liberado, ha sido asesor de cabecera del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Tello Peón fue el mentor de Genaro García Luna en el Cisen, él mismo lo impulsó ante Juan Camilo Mouriño para que se convirtiera en el titular de la SSP del gobierno de Felipe Calderón. A pesar de todas las malas referencias y pruebas que el Ejército Mexicano le mostró a Mouriño sobre García Luna, éste ocupó el codiciado cargo.4
Enviado directamente por el presidente Calderón, Tello Peón trabajó con García Luna en la SSP federal como secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional. En enero de 2010 se fue a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional por supuestas diferencias con García Luna, quien ahora tenía más poder y quería demostrarle a su maestro que el alumno lo había superado. Tello Peón tampoco pudo sobrevivir en ese nuevo cargo y terminó únicamente como asesor del presidente Calderón.
No cabe duda de que El Chapo es un hombre perverso, vaya broma que le jugó al destino. El 9 de junio de 1993, el general Jorge Carrillo Olea, coordinador de lucha Contra el Narcotráfico, recibió al prisionero Joaquín Guzmán Loera en la cajuela de una pick up medio destartalada, donde se encontraba amarrado como un cerdo, en un paraje de la carretera que va hacia Cacahoatán, Chiapas. Ocho años después, el alter ego de Carrillo Olea, su hechura, su hijo putativo, Jorge Enrique Tello Peón, presuntamente fue quien lo puso en libertad.
Guzmán Loera le dijo al general X que todas las “plazas” de México, es decir, los estados donde opera el crimen organizado, “están vendidas”. Lo peor es que algunos funcionarios del gobierno federal y de algunos gobiernos locales las han vendido en más de una ocasión a diferentes grupos, provocando un caos dentro de las organizaciones criminales.
Cuando el emisario de Los Pinos se reunió con Guzmán Loera, el capo ya había comenzado una pelea frontal con los Beltrán Leyva, sus primos y exsocios. Quizá por eso El Chapo le reveló al general X, en tono de queja, que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares, el pequeño detalle es que eso ocurrió después de que la operación en dicha entidad ya había sido comprometida con Guzmán Loera. Mouriño habría hecho la transacción persuadido por el expresidente municipal panista de Tlalnepantla y actual senador del Estado de México, Ulises Ramírez, a quien El Chapo describió como “un pillo”.“El senador debe de haberse quedado por lo menos con un millón”, pensó para sus adentros el general X.
Actualmente Ulises Ramírez aspira a ser candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2011.
Fuentes de información vinculadas con Mouriño confirmaron la versión, pero aseguraron que supuestamente el secretario de Gobernación ignoraba el acuerdo que Ulises Ramírez había hecho a su nombre.
Guzmán Loera le contó al enviado de la Presidencia que él y su clan acordaron con el gobierno federal que éste combatiera a sus antiguos socios, los Beltrán Leyva. El general X debió de sentirse muy desconcertado ante las afirmaciones que el capo le hacía cara a cara. Entendió, quizá tarde, que Mouriño lo había mandado a encontrar un arreglo a su propia falla, metiéndolo a él mismo en un callejón sin salida.
Por razones obvias, la reunión del general X con el narcotraficante fue breve, y por su propia seguridad el militar no ha contado el lugar donde se llevó a cabo. Cuando se despidieron, el enviado de Los Pinos tuvo una certeza: El Chapo hacía lo que se le venía en gana y no estaba dispuesto a perder su libertad por nada, costara lo que costara. ¿Y quién podía criticarlo? Él había hecho un negocio con alguien que le había puesto precio al país, lo único que el capo tuvo que hacer fue pagarlo, como es uso y costumbre desde hace décadas en México.
u u u
Desde el inicio de su gobierno, la estrategia de Calderón contra los capos fue diseñada para favorecer a El Chapo Guzmán y a sus principales socios: El Mayo Zambada, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno.
Hay evidencia documental de que la guerra de Felipe Calderón ha sido dirigida no contra los “narcotraficantes” en general, sino contra los “narcotraficantes” que son enemigos de El Chapo o que representan un riesgo para su liderazgo en el jugoso negocio. Desde 2007, su gobierno tenía información precisa sobre los domicilios de los principales narcotraficantes de México y sus familiares. En algunos casos incluso números telefónicos y de radio, cuentas bancarias y otros datos valiosos para asestar golpes certeros. Así lo prueban las fichas de cada capo elaboradas por la SSP federal, con el apoyo del Cisen, cuyo titular es Guillermo Valdés Castellanos.11 Pero por los muy escasos resultados de esa “guerra contra el narcotráfico” pareciera que esos datos fueron empleados sólo para dar golpes de inútil propaganda política en los momentos de mayor cuestionamiento al gobierno federal.
La SSP planteó la estrategia contra el narcotráfico basada en unas “líneas de investigación” que definieron las prioridades en el combate a los capos durante el sexenio de Calderón. Esas prioridades fueron avaladas en reuniones en la Secretaría de Gobernación y la PGR. De acuerdo con la información de esas fichas, la SSP determinó como “prioridad estratégica 1” capturar al líder del cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas Guillén –hermano de Osiel Cárdenas Guillén–, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, su segundo al mando. Los únicos capos de La Federación con “prioridad estratégica 1”, señalados desde el inicio del sexenio, fueron: Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y Édgar Valdés Villarreal, La Barbie.
En cuestión de poder, de todos sus socios el que representaba más riesgos para El Chapo era Marcos Arturo Beltrán Leyva y su grupo. El Barbas estaba comenzando a tener demasiada fuerza por cuenta propia. A Guzmán Loera tampoco le gustaba que las lealtades de su primo fueran más cercanas a Vicente Carrillo Fuentes que a él.
El asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, ordenado por El Mayo Zambada y consentido por El Chapo, fue una herida que nunca cicatrizó. La relación de los líderes del cártel de Sinaloa con El Viceroy pendía de alfileres, y les daba temor la estrecha relación que El Barbas tenía con él. Aunque los Beltrán Leyva todavía eran parte de La Federación en 2007, todo indica que desde principios del sexenio de Calderón ya se olía la traición, sólo era cuestión de tiempo.
En contraste, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno estaban catalogados como “prioridad estratégica 2”, pese a que desde entonces ellos encabezaban a la organización de narcotráfico más poderosa del continente americano y con mayor presencia delictiva en Estados Unidos.
En un documento desclasificado del Comando Norte del Departamento de Defensa estadunidense, elaborado en 2009, se afirma categóricamente que entre los cárteles mexicanos, el de Sinaloa es el más peligroso.Y lo califican como “cártel de granujas” que son la fuente de violencia en las ciudades fronterizas. Con preocupación advirtieron que el cártel de Sinaloa controla el corredor del Pacífico, y no tiene oposición para asumir el control del corredor que pertenecía a la organización de los Arellano Félix.12
En consecuencia con la dudosa estrategia, la mayoría de los narcotraficantes detenidos por el gobierno federal son de bandos contrarios a la organización encabezada por Joaquín Guzmán Loera. Edgardo Buscaglia, uno de los principales críticos de la guerra fallida del gobierno de Calderón, tiene las cifras claras: el experto en seguridad señala que de las 53 mil 174 detenciones realizadas durante los últimos cuatro años, ligadas ya sea con asociación delictuosa o delincuencia organizada, sólo 941 corresponden al cártel de El Chapo Guzmán.
Por si fuera poco, de esas detenciones, la mayoría de los casos se cae, o sea que la situación es aún peor, afirma Buscaglia: “Cuando dicen que detuvieron al hijo o al abuelo de El Mayo Zambada, o a quien sea, yo pregunto qué se deriva de esa detención. ¿Una sentencia condenatoria? ¿Un mapeo patrimonial de El Chapo, El Mayo o El Azul Esparragoza?” los hechos avalan al incómodo asesor de la ONU. La protección del gobierno federal a Joaquín Guzmán Loera se palpa, se siente, y el mismo capo ha hecho alarde de esta situación.
Los primeros días de julio de 2007, El Chapo decidió “casarse” a plena luz del día, teniendo a elementos del Ejército Mexicano como guaruras, y a narcos y políticos del PAN y el PRI como invitados. l
1 Por las implicaciones que tiene esta información narrada por
fuentes vivas directas se decidió omitir el nombre del militar.
2 Boletín 058/01 de la PGR, 1 de febrero de 2001.
3 Anabel Hernández, Fin de fiesta en Los Pinos, México, Grijalbo, 2006.
4 Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, México, Grijalbo, 2008.
11 La autora tiene en su poder copia de las fichas elaboradas por las
dos instituciones, las cuales, de acuerdo con las propiedades informáticas
de los documentos, fueron hechas en el Cisen, la Segob y la SSP.
12 La autora tiene copia de dicho documento.
¡AMLO 2012!
Anabel Hernández
En su libro Los señores del narco, la periodista Anabel Hernández hace una sorprendente revelación: a principios de 2008 la Presidencia de la República estableció contacto directo con Joaquín Guzmán Loera, en una operación instrumentada por Juan Camilo Mouriño, entonces el hombre más cercano a Felipe Calderón. La misión era pactar para poner paz entre los cárteles de la droga. Sin embargo, El Chapo aprovechó la oportunidad para dar a conocer los nombres de los cómplices de su fuga del penal de Puente Grande en 2001 y, sobre todo, para involucrar al propio Mouriño en la “venta” de plazas al narcotráfico. Con autorización de Grijalbo y de la autora, transcribimos fragmentos del volumen de casi 600 páginas, de inminente aparición.
Corrían los primeros meses de 2008 y el general X,1 disciplinado, perseverante y arriesgado como era, fue a los terrenos del más poderoso capo de México para hablar con él cara a cara. El Chapo Guzmán ya estaba preparado para recibir al mensajero de Los Pinos. El general X, de más de 65 años de edad, colaboraba con Juan Camilo Mouriño en la Presidencia de la República desde 2007, en una asesoría subrepticia como había sido prácticamente toda su tarea durante los 45 años que sirvió para el Ejército Mexicano en la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Coordinación de Seguridad Nacional. El jefe de la Oficina de la Presidencia –el hombre más cercano a Calderón– le había encargado una misión imposible: poner en paz a los cárteles de la droga. En enero de 2008, Juan Camilo fue nombrado secretario de Gobernación, pero su encomienda seguía vigente.
Si el general que sabía más por viejo que por diablo no podía lograrlo es que entonces nadie lo haría. El militar estuvo preso durante casi siete años acusado de presuntos vínculos con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Hubo muchos testimonios en su contra pero quedó el velo de la duda, como casi siempre ocurre en esos tortuosos procesos de la milicia. Le faltaban todavía otros siete años de cárcel pero en el primer año del gobierno de Felipe Calderón fue puesto en libertad. Su encarcelamiento fue un asunto político, dicen sus cercanos, y su liberación también.
Nueve meses después de haber salido de la cárcel, ante el azoro de sus compañeros, fue condecorado por el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, por su “patriotismo, lealtad y abnegación”. El gobierno federal tenía que hacerlo visible y creíble ante sus interlocutores: los narcos. El general X ha dicho que el secretario de la Defensa Nacional también tenía conocimiento de la encomienda encargada por Mouriño.
Nunca fue remilgoso en las tareas difíciles que le encomendaron, en muchas de ellas había tenido que entablar relación con los diferentes grupos del narcotráfico, por lo que en 2008, cuando comenzó a tocar a la puerta de los protagonistas de la guerra entre los narcos, la gran mayoría se la abrió, como ocurrió con El Chapo.
“La libertad no tiene precio”, le dijo Joaquín Guzmán Loera al militar en su encuentro. La declaración sonaba un poco cínica incluso viniendo de un cínico como El Chapo. La frase del capo obligó al general X a preguntarle cómo había logrado salir del penal de máxima seguridad de Puente Grande aquel 19 de enero de 2001. Guzmán Loera fue directo, lo habían comenzado a ayudar desde 1995, cuando lo trasladaron de la prisión de La Palma a Puente Grande, por órdenes de la Secretaría de Gobernación. Directamente de su “fuga” el capo responsabilizó a tres hombres, figuras de la política y seguridad pública en México.
Uno de ellos es el teniente coronel y ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Dice El Chapo que él lo ayudó cuando trabajaba en la Secretaría de Gobernación. El único cargo que Hendricks tuvo en esa dependencia fue en el sexenio de Ernesto Zedillo como director de Ejecución de Sentencias en la Dirección General de Prevención y Readaptación (1996-1997), cuando Francisco Labastida era el titular de la dependencia.
En 1999 Hendricks Díaz se convirtió en el gobernador de uno de los estados con mayor desembarque de droga en México, y por ende, una de las principales bases de operaciones de la organización del Pacífico. Recibió el gobierno de manos de Mario Villanueva Madrid, El Chueco, extraditado en 2010 por sus presuntos vínculos con la organización de Amado Carrillo Fuentes, de la cual El Chapo fue integrante.
En febrero de 2001, a unos días de la “fuga” de Guzmán Loera y sin ninguna petición de explicación de por medio, el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), José Trinidad Larrieta, afirmó que no estaba realizando ninguna investigación “respecto al presunto involucramiento del gobernador constitucional de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, en el caso del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán”. “Ningún funcionario de la UEDO –precisó– realiza investigaciones al respecto en esa entidad federativa, ni en otro estado de la República”.2 Es hasta la confesión de El Chapo cuando ese boletín de la PGR toma su justa dimensión en un país como México, donde generalmente lo que niega la autoridad es la realidad. Tras su salida de Puente Grande, Guzmán Loera estuvo escondido principalmente en Nayarit y Quintana Roo.
Seis años después, alejado del servicio público, Trinidad Larrieta fue uno de los abogados contratados por la primera dama Marta Sahagún antes de que terminara el mandato de su esposo, para proteger a sus hijos Manuel y José Alberto Bribiesca Sahagún, así como a su hermano Guillermo Sahagún,3 de todos sus oscuros enjuagues presuntamente relacionados con el narcotráfico, según investigaba la DEA.
El otro implicado en la fuga de El Chapo, que el propio narcotraficante le reveló al general X, fue el exprocurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, quien –junto con Jorge Tello Peón– estuvo al frente del operativo realizado después de la evasión de Guzmán Loera, y le dio órdenes a Genaro García Luna de investigar la salida del capo del penal de máxima seguridad.
A principios de 2005 Macedo de la Concha renunció a su cargo de procurador y fue enviado por el presidente Vicente Fox como agregado militar de la embajada de México en Roma, donde el general permaneció en el exilio durante el resto del sexenio. Al inicio de la administración de Felipe Calderón, Macedo regresó a México y fue instalado como magistrado del Tribunal de Justicia Militar, desde donde se conduce con un riguroso bajo perfil.
El tercer nombre de sus principales cómplices, según contó El Chapo, fue Jorge Enrique Tello Peón, entonces subsecretario de la SSP federal, quien incluso el mismo día de la fuga de Guzmán Loera visitó el penal de máxima seguridad como si hubiera ido para ultimar los detalles de la salida del capo. Durante los últimos dos años (2008-2010) este hombre, a quien el narcotraficante acusa sin aspavientos de haberlo liberado, ha sido asesor de cabecera del presidente Felipe Calderón en materia de seguridad pública. Tello Peón fue el mentor de Genaro García Luna en el Cisen, él mismo lo impulsó ante Juan Camilo Mouriño para que se convirtiera en el titular de la SSP del gobierno de Felipe Calderón. A pesar de todas las malas referencias y pruebas que el Ejército Mexicano le mostró a Mouriño sobre García Luna, éste ocupó el codiciado cargo.4
Enviado directamente por el presidente Calderón, Tello Peón trabajó con García Luna en la SSP federal como secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional. En enero de 2010 se fue a la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional por supuestas diferencias con García Luna, quien ahora tenía más poder y quería demostrarle a su maestro que el alumno lo había superado. Tello Peón tampoco pudo sobrevivir en ese nuevo cargo y terminó únicamente como asesor del presidente Calderón.
No cabe duda de que El Chapo es un hombre perverso, vaya broma que le jugó al destino. El 9 de junio de 1993, el general Jorge Carrillo Olea, coordinador de lucha Contra el Narcotráfico, recibió al prisionero Joaquín Guzmán Loera en la cajuela de una pick up medio destartalada, donde se encontraba amarrado como un cerdo, en un paraje de la carretera que va hacia Cacahoatán, Chiapas. Ocho años después, el alter ego de Carrillo Olea, su hechura, su hijo putativo, Jorge Enrique Tello Peón, presuntamente fue quien lo puso en libertad.
Guzmán Loera le dijo al general X que todas las “plazas” de México, es decir, los estados donde opera el crimen organizado, “están vendidas”. Lo peor es que algunos funcionarios del gobierno federal y de algunos gobiernos locales las han vendido en más de una ocasión a diferentes grupos, provocando un caos dentro de las organizaciones criminales.
Cuando el emisario de Los Pinos se reunió con Guzmán Loera, el capo ya había comenzado una pelea frontal con los Beltrán Leyva, sus primos y exsocios. Quizá por eso El Chapo le reveló al general X, en tono de queja, que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares, el pequeño detalle es que eso ocurrió después de que la operación en dicha entidad ya había sido comprometida con Guzmán Loera. Mouriño habría hecho la transacción persuadido por el expresidente municipal panista de Tlalnepantla y actual senador del Estado de México, Ulises Ramírez, a quien El Chapo describió como “un pillo”.“El senador debe de haberse quedado por lo menos con un millón”, pensó para sus adentros el general X.
Actualmente Ulises Ramírez aspira a ser candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México en las elecciones de 2011.
Fuentes de información vinculadas con Mouriño confirmaron la versión, pero aseguraron que supuestamente el secretario de Gobernación ignoraba el acuerdo que Ulises Ramírez había hecho a su nombre.
Guzmán Loera le contó al enviado de la Presidencia que él y su clan acordaron con el gobierno federal que éste combatiera a sus antiguos socios, los Beltrán Leyva. El general X debió de sentirse muy desconcertado ante las afirmaciones que el capo le hacía cara a cara. Entendió, quizá tarde, que Mouriño lo había mandado a encontrar un arreglo a su propia falla, metiéndolo a él mismo en un callejón sin salida.
Por razones obvias, la reunión del general X con el narcotraficante fue breve, y por su propia seguridad el militar no ha contado el lugar donde se llevó a cabo. Cuando se despidieron, el enviado de Los Pinos tuvo una certeza: El Chapo hacía lo que se le venía en gana y no estaba dispuesto a perder su libertad por nada, costara lo que costara. ¿Y quién podía criticarlo? Él había hecho un negocio con alguien que le había puesto precio al país, lo único que el capo tuvo que hacer fue pagarlo, como es uso y costumbre desde hace décadas en México.
u u u
Desde el inicio de su gobierno, la estrategia de Calderón contra los capos fue diseñada para favorecer a El Chapo Guzmán y a sus principales socios: El Mayo Zambada, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno.
Hay evidencia documental de que la guerra de Felipe Calderón ha sido dirigida no contra los “narcotraficantes” en general, sino contra los “narcotraficantes” que son enemigos de El Chapo o que representan un riesgo para su liderazgo en el jugoso negocio. Desde 2007, su gobierno tenía información precisa sobre los domicilios de los principales narcotraficantes de México y sus familiares. En algunos casos incluso números telefónicos y de radio, cuentas bancarias y otros datos valiosos para asestar golpes certeros. Así lo prueban las fichas de cada capo elaboradas por la SSP federal, con el apoyo del Cisen, cuyo titular es Guillermo Valdés Castellanos.11 Pero por los muy escasos resultados de esa “guerra contra el narcotráfico” pareciera que esos datos fueron empleados sólo para dar golpes de inútil propaganda política en los momentos de mayor cuestionamiento al gobierno federal.
La SSP planteó la estrategia contra el narcotráfico basada en unas “líneas de investigación” que definieron las prioridades en el combate a los capos durante el sexenio de Calderón. Esas prioridades fueron avaladas en reuniones en la Secretaría de Gobernación y la PGR. De acuerdo con la información de esas fichas, la SSP determinó como “prioridad estratégica 1” capturar al líder del cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas Guillén –hermano de Osiel Cárdenas Guillén–, y a Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, su segundo al mando. Los únicos capos de La Federación con “prioridad estratégica 1”, señalados desde el inicio del sexenio, fueron: Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y Édgar Valdés Villarreal, La Barbie.
En cuestión de poder, de todos sus socios el que representaba más riesgos para El Chapo era Marcos Arturo Beltrán Leyva y su grupo. El Barbas estaba comenzando a tener demasiada fuerza por cuenta propia. A Guzmán Loera tampoco le gustaba que las lealtades de su primo fueran más cercanas a Vicente Carrillo Fuentes que a él.
El asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, ordenado por El Mayo Zambada y consentido por El Chapo, fue una herida que nunca cicatrizó. La relación de los líderes del cártel de Sinaloa con El Viceroy pendía de alfileres, y les daba temor la estrecha relación que El Barbas tenía con él. Aunque los Beltrán Leyva todavía eran parte de La Federación en 2007, todo indica que desde principios del sexenio de Calderón ya se olía la traición, sólo era cuestión de tiempo.
En contraste, Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Ignacio Coronel Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno estaban catalogados como “prioridad estratégica 2”, pese a que desde entonces ellos encabezaban a la organización de narcotráfico más poderosa del continente americano y con mayor presencia delictiva en Estados Unidos.
En un documento desclasificado del Comando Norte del Departamento de Defensa estadunidense, elaborado en 2009, se afirma categóricamente que entre los cárteles mexicanos, el de Sinaloa es el más peligroso.Y lo califican como “cártel de granujas” que son la fuente de violencia en las ciudades fronterizas. Con preocupación advirtieron que el cártel de Sinaloa controla el corredor del Pacífico, y no tiene oposición para asumir el control del corredor que pertenecía a la organización de los Arellano Félix.12
En consecuencia con la dudosa estrategia, la mayoría de los narcotraficantes detenidos por el gobierno federal son de bandos contrarios a la organización encabezada por Joaquín Guzmán Loera. Edgardo Buscaglia, uno de los principales críticos de la guerra fallida del gobierno de Calderón, tiene las cifras claras: el experto en seguridad señala que de las 53 mil 174 detenciones realizadas durante los últimos cuatro años, ligadas ya sea con asociación delictuosa o delincuencia organizada, sólo 941 corresponden al cártel de El Chapo Guzmán.
Por si fuera poco, de esas detenciones, la mayoría de los casos se cae, o sea que la situación es aún peor, afirma Buscaglia: “Cuando dicen que detuvieron al hijo o al abuelo de El Mayo Zambada, o a quien sea, yo pregunto qué se deriva de esa detención. ¿Una sentencia condenatoria? ¿Un mapeo patrimonial de El Chapo, El Mayo o El Azul Esparragoza?” los hechos avalan al incómodo asesor de la ONU. La protección del gobierno federal a Joaquín Guzmán Loera se palpa, se siente, y el mismo capo ha hecho alarde de esta situación.
Los primeros días de julio de 2007, El Chapo decidió “casarse” a plena luz del día, teniendo a elementos del Ejército Mexicano como guaruras, y a narcos y políticos del PAN y el PRI como invitados. l
1 Por las implicaciones que tiene esta información narrada por
fuentes vivas directas se decidió omitir el nombre del militar.
2 Boletín 058/01 de la PGR, 1 de febrero de 2001.
3 Anabel Hernández, Fin de fiesta en Los Pinos, México, Grijalbo, 2006.
4 Anabel Hernández, Los cómplices del presidente, México, Grijalbo, 2008.
11 La autora tiene en su poder copia de las fichas elaboradas por las
dos instituciones, las cuales, de acuerdo con las propiedades informáticas
de los documentos, fueron hechas en el Cisen, la Segob y la SSP.
12 La autora tiene copia de dicho documento.
¡AMLO 2012!
Palabras AMLO en evaluación de comités sábado 27 nov. Centro de la Amistad Internacional en Guadalajara
Redes Ciudadanas de Jalisco: Palabras AMLO en evaluacion de comités sabado 27 nov. Centro de la Amistad Internacional en Guadalajara
Palabras AMLO en evaluacion de comités sabado 27 nov. Centro de la Amistad Internacional en Guadalajara
Audio del discurso del Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador en su reunión con los dirigentes de los comités en Jalisco. Sábado 27 de Noviembre en el Centro de la Amistad Internacionesl en Guadalajara, Jalisco.
Escucha desde el reproductor de abajo o descarga en formato mp3 desde aquí:
Andrés Manuel López Obrador sostuvo en Guadalajara un encuentro con representantes de comités seccionales y municipales del Movimiento Ciudadano, y evaluó el avance en la conformación de los comités seccionales.
fotos y audio cortesía de:
RadioAMLO Guadalajara, extensionmedios, Casas del Movimiento.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)