PROCESO: Las dos caras de Obama

Las dos caras de Obama
J. Jesús Esquivel

El interés de combatir al narcotráfico y el hecho de que el gobierno de Felipe Calderón sigue encubriendo las violaciones a los derechos humanos que comete el Ejército parecen confundir la política del presidente estadunidense Barack Obama hacia México: por un lado, le retendrá 26 millones de dólares de la partida de 2010 para la Iniciativa Mérida debido a que Calderón no avanzó en la materia; y por otro, liberará un monto superior en reconocimiento de los avances reportados por el gobierno mexicano.

WASHINGTON.- Con una política de “doble estándar”, el gobierno de Barack Obama castigó al de Felipe Calderón con la retención de fondos para financiar la lucha militarizada contra el narcotráfico, pero después lo premió al liberar fondos mayores pese a que las Fuerzas Armadas Mexicanas siguen violando los derechos humanos.
En una decisión que es “insólita y extraña” –como la califica José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas en Human Rights Watch (HRW)–, el  jueves 2 el Departamento de Estado le notificó al Capitolio y a Los Pinos que le retendría al gobierno mexicano 15% de la partida correspondiente a la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2010, que concluye el jueves 30. Es decir, dejaría de entregarle 26 de los 175 millones de dólares programados, debido a que el Ejército Mexicano sigue cometiendo violaciones de derechos humanos.
Lo extraño es que, por encima de este hecho, el gobierno de Obama decidió liberar 36 millones 188 mil dólares para el mismo propósito. Esta suma representa 15% de la partida para dicha Iniciativa en el año fiscal 2009 y del presupuesto adicional suplementario de 2010. El argumento en que se basa esta medida es el contrario: que el Ejército de México cumplió las condiciones de preservar las garantías individuales durante el combate al narcotráfico y al crimen organizado en 2009.
“El 15% de los fondos que se retienen es un requisito de nuestra ley de asignación de fondos, que define la retención de cierto financiamiento de la Iniciativa Mérida para México hasta que, por escrito, nosotros notifiquemos al Congreso que el gobierno mexicano continúa tomando ciertas medidas relacionadas a los derechos humanos”, explica a Proceso una funcionaria del Departamento de Estado en un correo electrónico.
“Sin embargo –comenta a condición de que no se publique su nombre–  liberamos 15% de los fondos obligados para el año fiscal 2009, que son 24 millones de dólares, y los del presupuesto adicional suplementario del año fiscal 2010, que son 12 millones 188 mil dólares”.

Contradicción

En 2008 el Congreso estadunidense aprobó la ley de la Iniciativa Mérida para financiar dicho acuerdo durante tres años, pero Obama extendió el plazo un año más, con un presupuesto total de más de mil 600 millones de dólares. Una condición irrevocable en la norma es la retención del 15% de los fondos asignados en cada año fiscal al gobierno de México si no da garantías de que los agentes del Ministerio Público y las autoridades judiciales civiles estén investigando y juzgando a los miembros de la Policía Federal y del Ejército acusados de violar derechos humanos, con la colaboración de las instancias policiacas y militares.
No obstante, ese porcentaje puede ser liberado cuando así lo determine el Departamento de Estado, pese a las protestas de grupos defensores de los derechos humanos o del Congreso de Estados Unidos.
A nombre de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el subsecretario de Estado para Asuntos Legislativos, Richard Verma, informó al Capitolio que los 26 millones de dólares retenidos para financiar la lucha militarizada de Felipe Calderón contra el narcotráfico se liberarían hasta que el gobierno mexicano cumpliera con dos condiciones, como lo estipula el reporte que el gobierno de Obama envió el jueves 2 al Congreso sobre las labores del Ejército Mexicano en materia de derechos humanos durante 2009, cuya copia tiene Proceso. Dichas condiciones son:
Primera: “La aprobación en la Cámara de Diputados… de una legislación de derechos humanos que ya fue aprobada por el Senado (mexicano), la cual fortalecería la autoridad para investigar y aplicar las recomendaciones que haga al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Segunda: “La presentación (ante el Congreso mexicano) de una legislación dirigida a reformar el Código de Justicia Militar para limitar la autoridad en la investigación y el procesamiento de crímenes bajo la jurisdicción de las cortes militares”.
En entrevista, José Miguel Vivanco se mofa de esta medida porque la considera contradictoria: “Es una decisión política y no objetiva, porque lo que hace el Departamento de Estado es una apuesta política hacia el futuro, en la que anuncia anticipadamente el castigo a México, con la premisa de que si cumple con las condiciones que le impone, en su próximo reporte al Congreso sobre la Iniciativa Mérida (en septiembre de 2011) le liberará los 26 millones de dólares que ahora le retiene”.
El reporte de 36 páginas que entregó la dependencia encabezada por Clinton al Capitolio contradice, en efecto, la decisión de liberar fondos para seguir financiando a la Iniciativa Mérida, ya que explícitamente admite que en 2009 aumentaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y que el gobierno de Calderón hizo muy poco o nada al respecto.
“De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejército investigó un total de cinco quejas que involucran denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 2008 y 2009”, destaca el reporte del Departamento de Estado en su página 18. Esto, no obstante que “a la Sedena se le citó en 1971 denuncias recibidas por la CNDH en 2009. Bajo investigación, estas 1971 denuncias generaron un total de 2 mil 498 demandas por presuntas violaciones en categorías que incluyen la detención arbitraria (916), tortura (40), incumplimiento de procedimientos de solicitud de arresto (806) y tratamiento cruel e inhumano a personas detenidas (736)”.
El subsecretario de Estado James B. Steinberg envió el reporte sobre la Iniciativa Mérida en materia de derechos humanos al senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, que preside el Subcomité de Operaciones Presupuestales del Departamento de Estado y para Operaciones Foráneas. Éste  se desconcertó por la decisión de castigar y premiar simultáneamente al gobierno de Calderón:
“Aunque me siento alentado por la decisión de las autoridades del gobierno mexicano de discutir maneras de mejorar la rendición de cuentas sobre violaciones a los derechos humanos, todavía no vemos evidencia de que esos abusos, particularmente las detenciones arbitrarias, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas sean abordadas de manera efectiva”, comenta el legislador, y remata: “Un reporte como este se queda corto y no ayuda a ningún país”.
Dos semanas antes de que enviara a Leahy el reporte sobre la Iniciativa Mérida, el subsecretario Steinberg se reunió en el Departamento de Estado con representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas HRW, para “cuantificar sus conclusiones” sobre el papel de las Fuerzas Armadas Mexicanas para preservar los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico.
Vivanco lamenta que estos encuentros no sirvan para nada porque, afirma, Steinberg les toma el pelo porque no toma en cuenta las recomendaciones ni de HRW ni de otras organizaciones.
–¿Cuál fue la recomendación de HRW al Departamento de Estado? –le pregunta el reportero.
–La recomendación nuestra fue que se le retuvieran todos los fondos al gobierno de México, porque son perfectamente claras las evidencias de que, pese a las miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo la guerra contra el narcotráfico, el Ejercito de México actúa bajo una total impunidad por parte del gobierno del presidente Calderón.
En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense también hay mucha molestia. Uno de los principales asesores republicanos de este poderoso organismo legislativo –que pidió no revelar su nombre– dijo a Proceso que varios senadores, incluido el presidente del comité y excandidato presidencial John Kerry, “piensan que la decisión de la secretaria Clinton de premiar y castigar al gobierno mexicano por culpa de su ejército es el resultado de una negociación con el gobierno del presidente Calderón”.
La actitud contradictoria del gobierno de Estados Unidos hacia México se evidenció la semana pasada en las declaraciones de Hillary Clinton y del  presidente Obama. El miércoles 8, ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Washington, la primera dijo:
“En México y en Centroamérica enfrentamos una red muy bien organizada de tráfico de drogas que en algunos casos es una causa común, o que esta convirtiéndose en algo que nosotros consideramos una insurgencia”. Después profundizó: “Estos cárteles de la droga están ahora demostrando más y más índices de insurgencia. De repente aparecen coches-bomba donde nunca habían aparecido (16 de julio, en Ciudad Juárez). Por ello, (México) se mira cada vez más y más como era Colombia hace 20 años, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país, aunque no partes significativas”.
Menos de 24 horas después, en una entrevista con la reportera María Antonieta Cádiz, del diario en español La Opinión de Los Ángeles, el presidente Obama intentó matizar: “No pienso que ella haya estado tratando de hacer una equivalencia entre lo que estaba pasando con México y lo que ocurrió con Colombia hace 20 anos atrás, o el tipo de insurgencia política clásica de la que estamos hablando”.
Según él, Clinton “estaba destacando que las tácticas de estos cárteles se han vuelto altamente violentas. Están muy bien armados, bien financiados”.