17 de marzo de 2010

PANUCHO CORRUPTO QUE PROTEGIÓ A MONTIEL-¿A CAMBIO DE QUE?- SUBE DE PUESTO EN EL GOBIERNO FEDERAL

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Así, el jefe delegacional panista Germán de la Garza sustituye al bejaranista Regelio García Sánchez, --que exoneró al Señor de las Ligas en 2005--, por un cercanísimo colaborador del exsecretario de la Contraloría de Montiel Rojas, Eduardo Segovia Abascal, quien se encargó de ocultar toda la información que perjudicara a su exjefe y que, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, acabó por exculparlo públicamente al declarar el 16 de diciembre de 2005 que los bienes declarados por el exmandatario y su esposa "son consistentes" con los ingresos que percibió en el periodo en que fue gobernador.

López Olivera era entonces nada menos que el contralor interno de la secretaría de la Contraloría del Estado de México, a las órdenes directas de Segovia Abascal. Como tal, era uno de los tres integrantes del Comité de Información de la propia Contraloría, encargado de analizar y responder las solicitudes de información hechas por los ciudadanos. Ese comité estaba presidido precisamente por Segovia Abascal y sus otros dos integrantes eran López Olivera y Leoncio Mata Carrillo, aunque el primero de ellos cedió el cargo a partir del 6 de diciembre de 2005 –diez días antes de declararse la exoneración de Montiel— a un presidente suplente, Rodolfo Flores-Urquiza Villanueva.

Ese comité recibió y rechazó las reiteradas peticiones del PAN mexiquense por conocer las declaraciones patrimoniales de Montiel Rojas y su familia y otras informaciones claves en la investigación. Concretamente, en la sesión del 17 de noviembre de 2006, el comité rechazó la entrega de la información solicitada por Francisco Zárate Chapa, actual presidente estatal del PAN en el Edomex. López Olivera, como sus compañeros, firmó el acuerdo respectivo, número CI-14-02/2006, en el que textualmente se asienta: “Se clasifica como confidencial la información contenida en el expediente de mérito por los motivos y fundamentos expuestos por el Servidor Público Habilitado, en consideración a lo antes mencionado y con el propósito de dar cumplimiento a la Ley de la Materia, se determina que este Comité es competente para recibir, analizar, resolver y contestar la solicitud arriba citada, instruyendo al Jefe de la Unidad de Información para que notifique en términos de Ley la resolución correspondiente al Lic. Francisco Gárate Chapa”. El PAN mantiene todavía dos juicios contra el exgobernador.

La misma respuesta negativa se había dado a las solicitudes de información formuladas por el PAN con números 0008/SECOGEM/2006, 009/SECOGEM/2006 y 011/SECOGEN/2006, entre otras. En dicho ocultamiento de la información participó activa y directamente, con su presencia y con su firma, el hoy flamante director Jurídico y de Gobierno de la delegación Benito Juárez. Como tal, hoy es legalmente el sustituto del panista Germán de la Garza en caso de renuncia, dimisión o ausencia de éste.

Por razones obvias, Eduardo Segovia Abascal fue mantenido por Peña Nieto al frente de la secretaría de la Contraloría Mexiquense durante 19 meses, donde con su equipo hizo el trabajo encomendado para proteger a su exjefe. El 27 de abril pasado, a propuesta del propio Peña Nieto, fue premiado con una suerte de “beca” con duración de 10 años, al ser nombrado magistrado numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Al dejar la Secogem, naturalmente sobrevino la salida de sus más cercanos colaboradores, como López Olivera, a quien hoy De la Garza acoge en un puesto clave de su gabinete.

No parece casual que en el boletín informativo sobre su nombramiento y en la página de Internet de la DBJ, la trayectoria del “montielista” aparezca de manera confusa y ambigua, sin precisar cargos ni fechas de los mismos. Libre en el Sur solicitó su curricula por la vía de la Oficina de Información Pública del DF (folio 0403000033707), pero en la respuesta de la delegación (oficio JD/OIP/751/07) sólo se repite el mismo, sospechoso ocultamiento: se enlistan cargos, pero en ninguno se precisa la fecha en que los ocupó, tal como se pedía en la solicitud respectiva. La ambigüedad se trata de justificar con que, según la Ley de Transparencia, “la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos del Ente Público”.

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