Miguel Ángel Granados Chapa: ABC: Los responsables del crimen.

ABC: Los responsables del crimen. | Diario.com.mx: "ABC: Los responsables del crimen

Miguel Ángel Granados Chapa
Periodista | 03-03-2010 | 21:33 | Opinión

Distrito Federal– Con exagerada anticipación se ha querido presentar a Juan Molinar, a Eduardo Bours, a Ernesto y a otros funcionarios del IMSS, del gobierno de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo, que ellos encabezaron, como responsables de las graves violaciones a las garantías individuales que indagaron dos magistrados por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es temprano, en consecuencia, para que ellos inicien su defensa. Todavía transcurrirá mucho tiempo, y se darán varios pasos antes de llegar al desenlace de la investigación constitucional que a instancias de los padres de familia directamente afectados y por presión de la opinión pública aceptó la Corte realizar.
La séptima de las ocho conclusiones del informe preliminar presentado el lunes por los magistrados Rosario Mota y Carlos Monzón dista mucho de contener una sentencia contra los funcionarios mencionados y aludidos. Si al cabo del procedimiento constitucional tampoco habrá una sentencia. Menos hay un pronunciamiento definitivo en este caso. “En la eventual violación de garantías puede estar involucradas diversas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del gobierno del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo”. En la versión abreviada del informe preliminar, la leída el primero de marzo, ni siquiera figuran los nombres de los funcionarios que pueden estar involucrados.
Presentado el informe preliminar, y designado el ministro Fernando Franco para formular el dictamen que conozca el pleno, las autoridades eventualmente responsables disponen de quince días naturales para que realicen “las manifestaciones pertinentes y presenten la documentación o los elementos que les sirvan de sustento”. Es decir, tienen derecho de audiencia, cuyo resultado debe ser tenido en cuenta en el dictamen sujeto a la aprobación del pleno. En tal dictamen se dirá si la investigación fue suficiente (ya se ha dado el caso en que se considere lo contrario y se demande de los indagadores una ampliación del informe preliminar), si existieron las graves violaciones a los derechos individuales y se determina la responsabilidad de las autoridades involucradas.
La asignación del caso al ministro Franco estaba prevista muy de antemano. En agosto de 2007 se confeccionó al azar una lista de los ministros que se ocuparían de los dictámenes necesarios. Ocuparon el primero y el segundo lugares los ministros José de Jesús Gudiño y Mariano Azuela, que formularon el documento correspondiente a las investigaciones sobre Atenco y Oaxaca. Fernando Franco ocupaba desde entonces el tercer lugar y le correspondía este nuevo dictamen. Él mismo, sin embargo, previno al pleno sobre un eventual impedimento que lo afectara: informó a sus compañeros que como subsecretario del trabajo de 2000 a 2004 representó a esa secretaría en el Consejo Técnico del IMSS donde se habrían producido acuerdos que ahora formaban parte del caso que elaboraría. Comenzando por el ministro José Ramón Cossío todos los demás, menos obviamente el interesado votaron por mantenerlo como responsable del dictamen toda vez que no lo afecta ninguno de los impedimentos de la ley de amparo y que no se trata de un caso en que se resuelva un litigio sino sólo se formulan declaraciones. Un recordatorio semejante hizo de sí mismo Sergio Valls, que fue director jurídico del IMSS de 1993 a 1999. Sus compañeros votaron por no excluirlo de las votaciones.
El ministro dictaminador no está sujeto a término para realizar su tarea. En el caso de Atenco el informe preliminar se presentó en febrero de 2008 y el dictamen un año después, en marzo de 2009. El lapso en la investigación sobre Oaxaca fue más breve, de marzo a octubre del año pasado. Si nos atenemos a esos precedentes quizá no quepa esperar el dictamen de Franco sino hasta después del receso de julio próximo.
El informe preliminar está disponible en internet, de modo que el público puede percibir su solidez. Los magistrados Mota y Ronzon hicieron un trabajo exhaustivo. Por un lado, obtuvieron “pruebas directamente encaminadas a revelar qué pasó en la guardería ABC y por qué pasó”. De otra parte, realizaron una auditoría jurídica al sistema, es decir revisaron los expedientes de todas las guarderías. Pero ese examen formal, dijeron, “debía ser complementada y a la vez confrontada con la realidad fáctica”. De esa suerte visitaron 160 guarderías, no al azar sino como resultado de una muestra representativa que solicitaron al Instituto de Investigaciones Matemáticas y Sistemas, de la Universidad Nacional. “La información obtenida mediante la revisión documental –dice el informe preliminar– y la que se recabó a través de las inspecciones oculares fue procesada por los matemáticos y ahora es el soporte sustantivo del análisis general del sistema de guarderías que operan conforme a los contratos de prestación de servicios otorgados por el Instituto”.
A decir de sus practicantes, aparte sus ingredientes jurídicos y técnicos, la investigación tuvo un componente psicosocial. Los magistrados tuvieron siempre “clara conciencia del profundo dolor que sufren los papás de los niños. Sabíamos que por encima de tan pesado duelo se sentían inmensamente agraviados porque ninguna autoridad pública prestaba oídos para escuchar sus reclamos”. De su diálogo con los padres afectados surgió, entre otras cosas, la determinación de obtener un peritaje en materia de incendios que estableció el origen y el curso del fuego asesino."

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