Luis Javier Valero: No aceptar esta ‘normalidad’.

No aceptar esta ‘normalidad’. | Diario.com.mx: "No aceptar esta ‘normalidad’

Luis Javier Valero
Médico | 03-03-2010 | 21:34 | Opinión

Son tantos los asesinatos, tanta la sangre, la sevicia, la crueldad y la sinrazón, que dolerse por uno más pudiera parecer hasta fuera de la normalidad ¿A quién le puede importar el asesinato de un abogado más, como tantos otros han caído, víctimas de la ola de salvajismo desencadenada en nuestra entidad?
¿Tiene justificación exigir –ante quien sabe quién– la investigación de los hechos, el esclarecimiento del homicidio y el castigo a los culpables? ¿Habrá alguna autoridad que escuche y atienda tales exigencias?
Queda, solamente, el reclamo hacia la sociedad, de donde suponemos, creemos, deberá venir la urgente ola establecedora del estado de derecho, hoy ausente de Chihuahua. Porque, subidos en la guerra de los cárteles del narco, los otros conflictos sociales se hacen presentes y de vez en cuando nos muestran su cara violenta, ya sea porque la tensión a su interior en eso concluyó, o porque los defensores de los privilegios para unos cuantos creen adecuado el ambiente social para quitarse algunos problemas de encima.
Esa pareciera ser la explicación al asesinato del abogado Ernesto Rábago, destacado defensor de los derechos de los pueblos indios de Chihuahua, y en particular de los integrantes de las comunidades indígenas de Baqueachi y Wawacherare, en el municipio de Carichí y quien fuera victimado el lunes por la noche en su despacho de la ciudad de Chihuahua. Rábago, al lado de su esposa, la también abogada Estela Ángeles Mondragón, representaban a los integrantes del ejido Baqueachi (100 por ciento indígenas rarámuris) en contra de supuestos ejidatarios que pretendían apropiarse de las tierras ejidales.
Resuelta la controversia por la vía legal a favor del ejido desde el año pasado “hubo amenazas a los abogados, al padre redentorista Ignacio Becerra párroco de Carichí y a los líderes indígenas de la comunidad por parte de quienes interpusieron la demanda”, establecen en su relato de los hechos las organizaciones derechohumanistas, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C quienes, además, han solicitado que el gobierno estatal investigue, “aclare y detenga de manera inmediata a los culpables del homicidio de Ernesto Rábago Martínez; la protección y seguridad a la Lic. Estela Ángeles Mondragón y a su hija; la protección y seguridad a la comunidad de Baqueachi y la inmediata detención a la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos y que a la brevedad sea invitada y nos visite en Chihuahua la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.Y es que los antecedentes inmediatos de las agresiones a los abogados Rábago y Angeles son escalofriantes. Apenas dos semanas atrás la hija de la licenciada Ángeles fue baleada, y en marzo de 2009, el despacho de los defensores indígenas fue incendiado intencionalmente. En ambos casos, los abogados se quejaron de una deficiente acción de las autoridades, llegando al caso, establecieron, de que éstas esgrimieron que la agresión a la hija de Ángeles tenía relación con el crimen organizado.
Son muchas las coincidencias alrededor de la controversia por los terrenos ejidales. El 5 de febrero de 2010, los abogados dieron a conocer a la prensa las resoluciones del Tribunal Colegiado, Primero y Segundo en materia Penal y Administrativa, que obligaba a los caciques a restituir las tierras a la comunidad. Ese pareciera ser el principal de los antecedentes en busca de los asesinos de Rábago y que, en el ambiente de plena impunidad hoy reinante en Chihuahua, les permitiera evadir la acción de la justicia y así concretar su objetivo de despojar a los rarámuris.
Tan solo por ese carácter los gobernantes estatales debieran no sólo encontrar a los culpables de este lamentabilísimo homicidio, sino tutelar los derechos de los indígenas y asumir frente a ellos compromisos más allá, incluso, de los derivados de sus facultades legales y en la práctica entender que la situación prevaleciente en Juárez, por desgracia, abarca a amplísimas franjas del territorio estatal.
Porque de ninguna manera podemos aceptar esta ‘normalidad’ homicida."

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