John M. Ackerman: Otro riesgo del sueño americano

Compañia Periodistica Sudcaliforniana, Los Cabos, BCS. Mexico: "Otro riesgo del sueño americano



En la actual coyuntura de discusión de la reforma política, y de cara a una posible nueva reforma electoral, habría que evitar la tentación de importar a nuestro país el modelo de competencia política estadunidense. Se equivocan quienes, como Felipe Calderón y numerosos analistas, creen que México debería seguir el esquema que existe en Estados Unidos, ya que aquel sistema es profundamente corrupto, elitista y desigual.

El fallo del pasado 21 de enero de la Suprema Corte de Estados Unidos, que elimina uno de los pocos candados existentes al financiamiento de las campañas políticas por parte de las corporaciones, revela la gravedad de la crisis del sistema de partidos de aquel país. En su voto disidente, el ministro John Paul Stevens afirmó que 'la decisión de la Corte amenaza con minar la integridad de las instituciones de elección popular a lo largo de la nación. El camino que se tomó para llegar a la conclusión, me temo, será muy dañino para esta institución'.

No es para menos. En su sentencia, los cinco ministros de la mayoría 'conservadora' de la Corte cometen varias pifias imperdonables. Primero, confunden de manera engañosa la libertad de expresión con la libertad de contratación. De acuerdo con los juzgadores, no existe ningún otro principio –como pudiera ser el de la equidad o el del interés público– que justifique la existencia de regulación alguna a la compra de mensajes políticos por las empresas. En consecuencia, la Corte no toleró que se siga prohibiendo la contratación directa por corporaciones de propaganda a favor o en contra de candidatos durante los 30 días antes de la realización de una elección popular.

Ya desde antes las empresas estadunidenses tenían derecho a donar importantes sumas de dinero a través de los famosos Comités de Acción Política (Political Action Comittees), que pueden hacer campañas abiertamente a favor de cualquier candidato, así como a comprar propaganda libremente, siempre y cuando no mencionaran por su nombre a alguno de los candidatos y no lo hicieran dentro de los 30 días previos a la elección. Sin embargo, de acuerdo con la exagerada interpretación de la Suprema Corte, estas amplias vías para expresar sus puntos de vista no garantizaban que las empresas pudieran comunicarse plenamente con la sociedad.

Segundo: Los ministros alegan que las corporaciones cuentan con los mismos derechos que los ciudadanos. Por lo tanto, el Estado tendría la obligación de tutelar tanto los derechos de las personas morales como de las personas físicas. Con este tipo de lógica, se da al traste con décadas de desarrollo de la teoría y la práctica en los campos de los derechos humanos y la democracia.

La corporación es un artificio de las leyes estatales para regular la actividad económica. Las corporaciones no votan ni pueden ser votadas, y mucho menos tienen opiniones o pensamientos propios. Evidentemente, habría que defender la libertad de expresión de los accionistas, los directivos, los empleados y los clientes de las empresas, pero esto es algo muy distinto a tutelar la libertad de expresión de una corporación como tal."

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