DEL DIARIO DE JUAREZ:
Oaxaca: las tentaciones de reprimir
1 de Octubre del 2006
Actualizado: 12:56:02 AM hora de Cd. Juárez
Víctor Orozco
El secretario de Gobernación ha anunciado que es inminente el uso de la fuerza armada para desalojar a los integrantes de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca del centro histórico de la ciudad. Mientras tanto:
La marcha de oaxaqueños llegará a la ciudad de México el próximo tres de octubre y la capital de Oaxaca es hoy una ciudad atrincherada por miles de vecinos que se preparan para resistir un ataque violento.
El paro convocado por los organismos empresariales para proporcionar una cobertura política a la intervención de la PFP fracasó casi en su totalidad.
El PRI, sobre todo a través de sus gobernadores miembros mantiene una fuerte presión para impedir la caída de Ulises Ruiz.
Estos son algunos de los signos que marcan la coyuntura oaxaqueña. En este panorama, sobresale la incapacidad de la autoridad política para encontrar salidas a un conflicto que ha ido escalándose día con día. Existen varias razones por las cuales se ha llegado a un aparente callejón sin salida. Una de ellas es la equivocada caracterización de lo que sucede en Oaxaca por parte del gobierno y de influyentes grupos empresariales.
Se han instalado en la idea de que se trata de un problema artificioso, creado por la dirigencia de los profesores y por los grupos subversivos que manipulan a la APPO. Hacen muy pocos esfuerzos para entender y explicar un hecho tan simple como es la reunión repetida en varias ocasiones, de cientos de miles de ciudadanos en las manifestaciones de repudio al gobernador.
Si tenemos en cuenta la población que tiene la ciudad de Oaxaca, este hecho no tiene parangón por su magnitud en la historia del país. Ello revela con toda claridad el hartazgo de los habitantes de un gobierno que no puede ya ejercer sus funciones. Se aferran los que quieren sostenerlo a toda costa a un argumento puramente formal y ya sobrepasado por los hechos, al decir que fue electo y que ello lo dota de legitimidad de una vez y para siempre, haga lo que haga. No es así. No ha sido así ni en las más acabadas democracias que presumen de procedimientos electorales transparentes y eficaces.
También se afirma que la caída del gobernador establecería un precedente para que otros de sus congéneres pusieran sus barbas a remojar ya que les sucedería lo mismo. Es otra falsedad. La experiencia es rica en mandatarios estatales que han tenido que abandonar su puesto ante la oposición e indignación de gruesos sectores de la población, sin que a sus vecinos se les mueva un cabello.
Lo que está sucediendo en Oaxaca es un amplísimo y profundo movimiento social al margen y por encima de las fuerzas políticas más identificadas como son los partidos políticos y que expresa el descontento social. Ha condensado sus demandas, limitadamente según opinan muchos, en la destitución del gobernador, pero el carácter de sus reivindicaciones va bastante más lejos. Integra los jóvenes marginados de las colonias urbanas, a los indígenas desposeídos de todo, a las amas de casa angustiadas por la insuficiencia de sus ingresos familiares, a todos los agraviados. Se trata de un amplísimo abanico de inconformes con el reparto actual de los bienes económicos y culturales. El gobernador, impopular, proclive a favorecer a los privilegiados y al uso de la violencia es el agente visible de este sistema y contra el cual se produce el estallido social.
En el otro extremo, se encuentra un gobierno federal entrampado por la coyuntura, que no puede hacer política y al que se le ha ido el conflicto de las manos, en medio de insulsas declaraciones y amenazas de represión. Quisiera que las calles de Oaxaca regresaran a su tradicional tranquilidad, que todos los manifestantes se volvieran a sus casas y al mismo tiempo, garantizar a los gobernadores del PRI y a ciertos grupos empresariales la subsistencia del gobierno de Ulises Ruiz. Esto, a cambio de que sigan apoyando a Felipe Calderón y se comprometan a hacer todo para apuntalarlo.
La medida que ha ido cocinándose desde hace varias semanas y que está ya casi lista, es el empleo masivo de las fuerzas policiacas. También se ha pensado en el ejército, pero no es fácil ordenar su participación en tales empresas ante la inconformidad de sus mandos por el descrédito social que intervenciones como éstas le acarrean. Imaginémonos qué puede suceder en las calles de Oaxaca cuando las tanquetas y la infantería de la PFP, apoyadas por cientos de policías de otros cuerpos empiecen a disparar y a arrollar las trincheras. Morirán muchos ciudadanos sin duda alguna y tendremos en el país un nuevo baño de sangre para salvar la legitimidad de las instituciones y el sagrado principio de autoridad.
En el mejor de los casos, según los cálculos de los estrategas de la represión, Fox le podrá decir a Calderón el 1 de diciembre: “el orden reina en Oaxaca”, o lo que es lo mismo, la paz de los sepulcros. Pero no habrá hecho sino crear las condiciones para que el próximo movimiento se conduzca por las vías de la lucha armada y tal vez abrir esta ominosa fase de la que todavía no sale Colombia y que en el hermano país dura ya más de medio siglo, desde 1949, en que se asesinó a Jorge Eliécer Gaytán, el popular alcalde de Bogotá.
Este conflicto constituye una muestra de la grave situación en la que se precipita un país cuando el gobierno debe pagar tantas facturas para tratar de legitimarse. Y cuando al patriotismo nacional se sobrepone el patriotismo de partido, en este caso el del PRI. Fox y Calderón tienen ahora tantos acreedores que tienen las manos amarradas por sus compromisos. Han de cubrir a las televisoras, a los gobernadores como Ulises Ruiz y Mario Marín, a líderes sindicales corruptos y desprestigiados, a Elba Esther Gordillo, a las empresas que pagaron buena parte de la campaña, a los duros del PAN, a la cúpula corrupta del PRI. Así que, muy poco espacio les queda para desarrollar una política de Estado y no ratonera y mezquina. Esta es la que vemos en el caso de Oaxaca.
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