NOTA ORIGINAL MILENIO DIARIO
El doble discurso del presidente Vicente Fox Quesada vuelve a mostrarse de nuevo en el conflicto político que vive Oaxaca. Por un lado habla de diálogo, y por otro autoriza el uso de tres mil elementos de la marina para tomar la capital; por un lado ofrece conversaciones a los dirigentes del movimiento popular, pero a la vez su partido (PAN) estableció un pacto con el PRI para mantener al mapache Ulises Ruiz, a cambio de que los priistas mantengan el respaldo al cuestionado Felipe Calderón.
Contra este doble discurso foxista ha debido navegar el movimiento popular oaxaqueño que tiene cuatro meses pidiendo masivamente la renuncia del gobernador, como condición básica para solucionar el conflicto de esa entidad y que ya se ha convertido en un asunto nacional.
El gobierno federal, acudiendo como salvavidas del caduco gobierno de Ulises Ruiz, y después de que el Tribunal electoral federal concedió la constancia de mayoría a Calderón, optó claramente por el uso de la fuerza pública y por la imposición a sangre y fuego del “reestablecimiento del orden” en ese estado. Desde hace dos semanas fue evidente una estrategia represiva que se evidenció con coordinación de declaraciones y acciones entre la presidencia, los legisladores y dirigentes del PRI y del PAN, así como de líderes empresariales oaxaqueños y nacionales. La tarea sucia de legitimar esta salida represiva ha corrido a cargo de columnistas y presentadores de noticias en radio y televisión nacional. Se dice que en Oaxaca se vive una anarquía intolerable, y se critica a Fox por “dejar podrir” el conflicto, o por ser tan tibio para tomar medidas y reestablecer el orden.
Afortunadamente el movimiento popular oaxaqueño ha ganado hasta ahora la batalla por la legitimidad. Se ha hecho ver la tragedia y la insensatez que sería autorizar el ingreso de miles de elementos de la Armada de México, de soldados y de la Policía Federal Preventiva para intentar hacerse nuevamente de los espacios públicos de la capital, para intentar forzar a los maestros a regresar a clases y para recuperar los palacios municipales tomados. Hay que recordar que Oaxaca tiene 570 municipios.
¿Se imagina el despliegue militar que se requiere para conseguir los objetivos mencionados? Habría sin duda enfrentamientos en decenas de barricadas de la capital, habría combates en las carreteras de ingreso y también en decenas de municipios.
Si el operativo represivo en Atenco el 3 de mayo tuvo como saldo cientos de detenidos, decenas de heridos, graves violaciones a los derechos humanos para arrestar a los líderes atenquenses, y además un desprestigio y daño a la imagen de los gobiernos involucrados en el operativo, en Oaxaca ese mismo saldo habría que multiplicarlo varias veces. Podría haber muertos, varios muertos. Además de traidor a la democracia, Fox terminaría su sexenio manchado de sangre.
Pero aún si impusieran esta vía represiva, no se estaría solucionando de fondo los problemas. Paradójicamente la fortaleza del movimiento social de Oaxaca radica justamente en el hartazgo por la falta de solución a problemas vitales para millones de oaxaqueños.
Varios años de lucha, de experiencia organizativa y de formación de cuadros, han dado origen ahora a una nueva forma de organización social y política en el país: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuyo origen inmediato es la solidaridad que decenas de comunidades, pueblos y organizaciones brindaron hacia los maestros que estaban en paro y que el 14 de junio resistieron un intento de desalojo. La APPO se constituyó el 22 de junio con formas nuevas de organización y representación. Las raíces de la APPO radican no sólo en la gran experiencia que han adquirido los maestros de Oaxaca en más de 20 años de movilizaciones, sino también en las ricas tradiciones comunitarias de los pueblos indígenas oaxaqueños.
Todo esto confluye ahora en un fuerte movimiento popular de reivindicaciones sociales que tiene como punto central la destitución del gobernador. El empecinamiento absurdo de Ulises Ruiz al poder y la defensa que hacen de él PAN-PRI es una mala lectura de lo que ocurre ahí. Por movilizaciones menos intensas han caído presidentes en distintos países latinoamericanos. El gobierno federal debe dialogar directamente con la APPO y con los maestros de la sección 22 del SNTE y dejar a un lado cualquier intento de salida represiva.
El doble discurso del presidente Vicente Fox Quesada vuelve a mostrarse de nuevo en el conflicto político que vive Oaxaca. Por un lado habla de diálogo, y por otro autoriza el uso de tres mil elementos de la marina para tomar la capital; por un lado ofrece conversaciones a los dirigentes del movimiento popular, pero a la vez su partido (PAN) estableció un pacto con el PRI para mantener al mapache Ulises Ruiz, a cambio de que los priistas mantengan el respaldo al cuestionado Felipe Calderón.
Contra este doble discurso foxista ha debido navegar el movimiento popular oaxaqueño que tiene cuatro meses pidiendo masivamente la renuncia del gobernador, como condición básica para solucionar el conflicto de esa entidad y que ya se ha convertido en un asunto nacional.
El gobierno federal, acudiendo como salvavidas del caduco gobierno de Ulises Ruiz, y después de que el Tribunal electoral federal concedió la constancia de mayoría a Calderón, optó claramente por el uso de la fuerza pública y por la imposición a sangre y fuego del “reestablecimiento del orden” en ese estado. Desde hace dos semanas fue evidente una estrategia represiva que se evidenció con coordinación de declaraciones y acciones entre la presidencia, los legisladores y dirigentes del PRI y del PAN, así como de líderes empresariales oaxaqueños y nacionales. La tarea sucia de legitimar esta salida represiva ha corrido a cargo de columnistas y presentadores de noticias en radio y televisión nacional. Se dice que en Oaxaca se vive una anarquía intolerable, y se critica a Fox por “dejar podrir” el conflicto, o por ser tan tibio para tomar medidas y reestablecer el orden.
Afortunadamente el movimiento popular oaxaqueño ha ganado hasta ahora la batalla por la legitimidad. Se ha hecho ver la tragedia y la insensatez que sería autorizar el ingreso de miles de elementos de la Armada de México, de soldados y de la Policía Federal Preventiva para intentar hacerse nuevamente de los espacios públicos de la capital, para intentar forzar a los maestros a regresar a clases y para recuperar los palacios municipales tomados. Hay que recordar que Oaxaca tiene 570 municipios.
¿Se imagina el despliegue militar que se requiere para conseguir los objetivos mencionados? Habría sin duda enfrentamientos en decenas de barricadas de la capital, habría combates en las carreteras de ingreso y también en decenas de municipios.
Si el operativo represivo en Atenco el 3 de mayo tuvo como saldo cientos de detenidos, decenas de heridos, graves violaciones a los derechos humanos para arrestar a los líderes atenquenses, y además un desprestigio y daño a la imagen de los gobiernos involucrados en el operativo, en Oaxaca ese mismo saldo habría que multiplicarlo varias veces. Podría haber muertos, varios muertos. Además de traidor a la democracia, Fox terminaría su sexenio manchado de sangre.
Pero aún si impusieran esta vía represiva, no se estaría solucionando de fondo los problemas. Paradójicamente la fortaleza del movimiento social de Oaxaca radica justamente en el hartazgo por la falta de solución a problemas vitales para millones de oaxaqueños.
Varios años de lucha, de experiencia organizativa y de formación de cuadros, han dado origen ahora a una nueva forma de organización social y política en el país: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuyo origen inmediato es la solidaridad que decenas de comunidades, pueblos y organizaciones brindaron hacia los maestros que estaban en paro y que el 14 de junio resistieron un intento de desalojo. La APPO se constituyó el 22 de junio con formas nuevas de organización y representación. Las raíces de la APPO radican no sólo en la gran experiencia que han adquirido los maestros de Oaxaca en más de 20 años de movilizaciones, sino también en las ricas tradiciones comunitarias de los pueblos indígenas oaxaqueños.
Todo esto confluye ahora en un fuerte movimiento popular de reivindicaciones sociales que tiene como punto central la destitución del gobernador. El empecinamiento absurdo de Ulises Ruiz al poder y la defensa que hacen de él PAN-PRI es una mala lectura de lo que ocurre ahí. Por movilizaciones menos intensas han caído presidentes en distintos países latinoamericanos. El gobierno federal debe dialogar directamente con la APPO y con los maestros de la sección 22 del SNTE y dejar a un lado cualquier intento de salida represiva.
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