Hay mucha gente enojada en México. E independientemente de que uno condene su manera de protestar, lo cierto es que, para solucionar el problema, tendríamos que partir del reconocimiento de que en este país hay muchas injusticias que se cometen a diario y que no son castigadas, ni lo serán nunca, a menos que haya un cambio importante en nuestro sistema político y judicial. El caso del presunto sacerdote pederasta, Carlos Nicolás Aguilar Rivera, resume en buena medida este problema, porque muestra la impunidad amparada en el sacerdocio, la falta de protección a los menores, la negligencia de autoridades eclesiásticas, la indolencia de las civiles, la colusión entre los poderosos y el resquebrajamiento de una cultura popular que lo permitía todo porque le parecía normal. En otras palabras, si un discurso revanchista en contra de los privilegiados puede ser fácilmente asimilado por la población (y no sólo la de más bajos recursos), es porque ésta ve todos los días cómo se cometen abusos de la manera más descarada e impune.
Es triste, ciertamente, que los afectados tengan que recurrir a tribunales de otro país para que se les haga justicia. Pero antes de apelar a nuestro nacionalismo, habría que ponernos a pensar por qué en el nuestro no funcionan como deberían y por qué las supuestas víctimas se convierten fácilmente en supuestos culpables ante el embate de los poderosos. Porque ahora son el acusado y su familia los que aparentemente tienen que andar a salto de mata por haberse atrevido a presentar esta denuncia. Y no veo quien pueda creer que el hostigamiento a los abogados de la parte acusadora, so pretexto de una revisión migratoria normal, no sea una muestra del uso de los recursos y la autoridad pública en favor del cardenal Norberto Rivera. El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, todavía tiene mucho que explicar acerca de esto. Y si bien difícilmente se puede tener la certeza sobre quién envió y con qué instrucciones a los agentes de migración, es claro que este tipo de incidentes son los que alimentan la percepción entre la población acerca del abuso de poder. Igualito que con el desafuero.
Las respuestas de la jerarquía católica han sido muy variadas; algunas más autocríticas que otras. Pero las del arzobispado me han parecido patéticas, ya que se han centrado, como siempre, en arrojar la culpa a los demás y en no asumir ni siquiera un mínimo de responsabilidad. Argumentan que quienes los demandan y critican, quienes exigen justicia, son enemigos de la Iglesia, con oscuros fines. Obviamente, quieren con ello (y hasta cierto punto lo han logrado) incitar el esprit de corps, la solidaridad corporativa, del Episcopado Mexicano. Luego dicen que quienes demandaron al cardenal sólo buscan lucrar y comercializar la justicia, ya que la red de sobrevivientes ha obtenido multimillonarias ganancias en Estados Unidos. Como si el hecho de pedir un resarcimiento económico fuera prueba de que no hubo crimen. En realidad, así funciona el sistema de justicia en Estados Unidos. Pero el hecho que la Iglesia haya tenido que pagar sumas millonarias, por ejemplo en Boston, ha sido precisamente prueba de que hubo negligencia de la institución eclesiástica. En otras palabras, el que se pida dinero no exime la existencia de un crimen y ciertamente eso no podrá ser parte del argumento de la defensa del cardenal.
Lo grave de este asunto es que, en la defensa de la institución, nuevamente los derechos de los menores abusados quedan en segundo nivel. Como lo que importa es defender a la institución eclesiástica, queda atrás cualquier intento de reparar el daño a las víctimas y sobre todo, de poner en práctica los mecanismos que eviten que estos casos de impunidad de los sacerdotes pederastas se sigan dando. Porque la pederastia en la Iglesia no se acabará; lo que puede terminar es su impunidad. Pero la jerarquía eclesiástica parecería estar más preocupada en establecer los mecanismos para eludir el escándalo o para evitar el pagar por ello, más que en impedir que estos abusos sigan teniendo lugar.
Al final, el caso es relativamente sencillo. Los acusadores dicen que Norberto Rivera envío el sacerdote pederasta al arzobispo Mahony de Los Ángeles, sin advertirle que el tipo estaba acusado de abusar de menores. El también cardenal Mahony dice que él nunca fue advertido y que, si Rivera le hubiera dicho qué clase de persona era, ni siquiera lo hubiera recibido en su arquidiócesis (lo cual suena lógico). En todo caso, el asunto lo tendrá que dilucidar la Corte en Los Ángeles, donde el arzobispo de México no cuenta con potentes protectores. Y si bien no se debe prejuzgar sobre el caso, lo menos que se puede decir es que los abusos a menores no ha sido el asunto que más le haya preocupado al cardenal Rivera. Nada más hay que recordar que, a pesar de la evidente condena a Marcial Maciel por el Vaticano, Norberto Rivera dijo hace apenas unos meses que eran “puro cuento”. Por lo mismo, habrá que aplaudir su repentina preocupación que le llevó ayer a pedir públicamente al sacerdote pederasta que se entregue y a sus obispos auxiliares el revisar si hay casos de abusos sin resolver en sus vicarías. Una verdadera conversión. ¡Aleluya!
Es triste, ciertamente, que los afectados tengan que recurrir a tribunales de otro país para que se les haga justicia. Pero antes de apelar a nuestro nacionalismo, habría que ponernos a pensar por qué en el nuestro no funcionan como deberían y por qué las supuestas víctimas se convierten fácilmente en supuestos culpables ante el embate de los poderosos. Porque ahora son el acusado y su familia los que aparentemente tienen que andar a salto de mata por haberse atrevido a presentar esta denuncia. Y no veo quien pueda creer que el hostigamiento a los abogados de la parte acusadora, so pretexto de una revisión migratoria normal, no sea una muestra del uso de los recursos y la autoridad pública en favor del cardenal Norberto Rivera. El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, todavía tiene mucho que explicar acerca de esto. Y si bien difícilmente se puede tener la certeza sobre quién envió y con qué instrucciones a los agentes de migración, es claro que este tipo de incidentes son los que alimentan la percepción entre la población acerca del abuso de poder. Igualito que con el desafuero.
Las respuestas de la jerarquía católica han sido muy variadas; algunas más autocríticas que otras. Pero las del arzobispado me han parecido patéticas, ya que se han centrado, como siempre, en arrojar la culpa a los demás y en no asumir ni siquiera un mínimo de responsabilidad. Argumentan que quienes los demandan y critican, quienes exigen justicia, son enemigos de la Iglesia, con oscuros fines. Obviamente, quieren con ello (y hasta cierto punto lo han logrado) incitar el esprit de corps, la solidaridad corporativa, del Episcopado Mexicano. Luego dicen que quienes demandaron al cardenal sólo buscan lucrar y comercializar la justicia, ya que la red de sobrevivientes ha obtenido multimillonarias ganancias en Estados Unidos. Como si el hecho de pedir un resarcimiento económico fuera prueba de que no hubo crimen. En realidad, así funciona el sistema de justicia en Estados Unidos. Pero el hecho que la Iglesia haya tenido que pagar sumas millonarias, por ejemplo en Boston, ha sido precisamente prueba de que hubo negligencia de la institución eclesiástica. En otras palabras, el que se pida dinero no exime la existencia de un crimen y ciertamente eso no podrá ser parte del argumento de la defensa del cardenal.
Lo grave de este asunto es que, en la defensa de la institución, nuevamente los derechos de los menores abusados quedan en segundo nivel. Como lo que importa es defender a la institución eclesiástica, queda atrás cualquier intento de reparar el daño a las víctimas y sobre todo, de poner en práctica los mecanismos que eviten que estos casos de impunidad de los sacerdotes pederastas se sigan dando. Porque la pederastia en la Iglesia no se acabará; lo que puede terminar es su impunidad. Pero la jerarquía eclesiástica parecería estar más preocupada en establecer los mecanismos para eludir el escándalo o para evitar el pagar por ello, más que en impedir que estos abusos sigan teniendo lugar.
Al final, el caso es relativamente sencillo. Los acusadores dicen que Norberto Rivera envío el sacerdote pederasta al arzobispo Mahony de Los Ángeles, sin advertirle que el tipo estaba acusado de abusar de menores. El también cardenal Mahony dice que él nunca fue advertido y que, si Rivera le hubiera dicho qué clase de persona era, ni siquiera lo hubiera recibido en su arquidiócesis (lo cual suena lógico). En todo caso, el asunto lo tendrá que dilucidar la Corte en Los Ángeles, donde el arzobispo de México no cuenta con potentes protectores. Y si bien no se debe prejuzgar sobre el caso, lo menos que se puede decir es que los abusos a menores no ha sido el asunto que más le haya preocupado al cardenal Rivera. Nada más hay que recordar que, a pesar de la evidente condena a Marcial Maciel por el Vaticano, Norberto Rivera dijo hace apenas unos meses que eran “puro cuento”. Por lo mismo, habrá que aplaudir su repentina preocupación que le llevó ayer a pedir públicamente al sacerdote pederasta que se entregue y a sus obispos auxiliares el revisar si hay casos de abusos sin resolver en sus vicarías. Una verdadera conversión. ¡Aleluya!
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