Por: Sanjuana Martínez - noviembre 25 de 2013 - 0:02COLUMNAS, Daños colaterales - 7 comentarios
“Sin demanda no hay trata”, es un conocido lema de la campaña contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que intenta sensibilizar y concientizar a los hombres para dejar de consumir sexo comercial.
Los consumidores son un eslabón importante de la cadena que daña a miles de mujeres secuestradas y vendidas. Pero lo son más, los consumidores poderosos y aliados de los traficantes.
En la última redada del table dance Cadillac fueron rescatadas 46 mujeres víctimas de la trata, entre ellas bailarinas y nudistas, algunas extranjeras que eran obligadas a ofrecer servicios sexuales en “privados” de ese lugar, a cambio de un pago. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo a 40 personas en ese antro de la colonia Anzures, propiedad de Alejandro Iglesias Rebollo, quien fue dueño de la discoteca Lobohombo, donde fallecieron 21 personas durante un incendio en el año 2000.
Entre los testimonios de las víctimas de trata rescatadas, es fácil encontrar las características del tipo de clientela que había en el “Cadillac”, muchos de ellos hombres vinculados al poder económico y al poder político, como diputados y senadores y otros cargos en los distintos gobiernos.
Sin satanizar a los consumidores de sexo comercial, ni hacer pública la larga lista de sus nombres, me interesa mencionar a uno en particular, debido a su investidura y a circunstancias, que tienen que ver con la intención de algunas senadoras de modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Los testimonios de las chicas fueron grabados y distorsionadas sus voces para protegerlas. Una de las víctimas va señalado el tipo de consumidores que la frecuentaban. Ella cuenta que le llamaba la atención uno en particular, por su asistencia recurrente y sus generosos pagos hacia una compañera “predilecta” en particular.
“Un cliente que recuerdo muy bien su rostro y yo no sabía quien era, pero después investigué porque me llamaba mucho la atención, porque una compañera me decía: “Me lleva, me paga 10, 15 mil pesos” y yo no sabía quien era, hasta que me dijo: “Es el presidente del PRD (Partido de la Revolución Democrática)”. Entonces yo tuve esa inquietud de verlo, para ver quien era el presidente del PRD y como iba una o dos veces por mes y si me di cuenta que efectivamente era el presidente del PRD, Jesús Ortega o Arteaga. Siempre estaba allí. Él ya tenía a su chica, la esperaba, se tomaba uno o dos tragos y ya. La chica se vestía y salía, y se iba con él”.
La víctima señala que había cuentas hasta de 300 mil pesos: “Iban políticos y narcotraficantes. ¿Cómo nos dábamos cuenta? Se cerraba el Salón VIP. Ellos pagaban por el salón… Y llegaban 10 hombres y elegían a las chicas. Personas normales, pero se veían con ese poder, prepotencia, todo; gente con dinero. Y pagan inmediatamente a las chicas: “¿A ver, cuánto me cobras?”… La relación sexual nosotras las cobrábamos a 3 mil o a cómo se dejara el cliente y luego pedíamos champán porque era la comisión más alta. Y ellos decían: “¡Champán para todas!” y hasta mandaban traer rosas… Todo lo que ellos quisieran, mandaban traer… En cuestiones de personas públicas con las que estuve, no me aprendí todos sus nombres, pero si llegue a estar con diputados, senadores, funcionarios, artistas, jugadores de fútbol. En una ocasión cuando se cerró Cadillac y nos fuimos al Nick, que está en Eje 10 e Insurgentes, llegó la Selección Mexicana… Había todo de clientes, también allí la gente importante prefería los privados donde se hacia de todo. ¿Por qué era obvio? Un artista o un funcionario no era cualquiera, para ellos mejor en el lugar que salir con una chica”.
Luego cuenta que eran obligadas a dar servicio gratuito a los funcionarios de la Delegación correspondiente al la ubicación del lugar donde trabajaban; en el caso del Cadillac, la Miguel Hidalgo: “Nos obligaban a hacerlo en diciembre. Era como darles su aguinaldo”, dice.
Los testimonios de las víctimas de trata rescatadas son reveladores, porque incluyen muchas aristas de este flagelo que afecta a millones de mujeres en el mundo. Son testimonios que ofrecen una radiografía de las entrañas de las redes de trata que operan en México.
Entre todos las decenas de nombres de “hombres importantes” identificados por las víctimas no solo del Cadillac, sino del Solid Gold — testimonios que estoy analizando para un extenso reportaje de investigación que preparo— me llamó la atención el nombre de Jesus Ortega Martínez, ex dirigente nacional del PRD, diputado federal en tres ocasiones, senador de la República y actual líder de la corriente Nueva Izquierda.
No es la primera vez que “Chucho” como se le conoce, es involucrado como “aliado” de los dueños de estos lugares de giro negro. Recordé el caso denunciado en su momento por mi querida colega Lydia Cacho, quien ha realizado un gran trabajo de investigación sobre las redes internacionales de trata y lo ha denunciado en numerosos textos, y especialmente en su extraordinario libro “Esclavas del poder” (Grijalbo).
Recordé cuando arrestaron a Gregorio Sánchez, candidato a gobernador del PRD de Quintana Roo. En aquella ocasión Lydia Cacho escribió: “Puede significar la hecatombe para el PRD y para su líder Jesús Ortega, amigo personal del detenido. Desde el 2007 Ortega y el CEN del PRD tuvieron en sus manos la documentación sobre las relaciones del entonces alcalde de Cancún y su familia con la delincuencia organizada de Guatemala y Chiapas. En enero de 2010 la PGR advirtió a Ortega que Sánchez estaba bajo investigación, sin embargo lo denominaron candidato. El PAN se negó a ir en alianza en Quintana Roo porque Nava sabía de las pesquisas de SIEDO”… Si alguien sabe en este país sobre trata de mujeres, es la periodista Lydia Cacho, quien ha arriesgado su vida denunciando los vínculos del poder político y el crimen organizado, que componen las redes internacionales de tráfico humano.
Lo que me interesó en aquel entonces y ahora, es precisamente el vínculo de amistad de Chucho Ortega, con un hombre como Greg Sánchez, ex alcalde de Cancún, que durante su gestión incrementó los permisos de los llamados “giros negros”, particularmente table dance y prostíbulos donde se comprobó había víctimas de trata mexicanas e internacionales con fines de explotación sexual.
De acuerdo a documentos del Cesid a los que he tenido acceso, la “recomposición” de los Zetas en Quintana Roo y el sureste mexicano, fue posible gracias a hombres como Greg Sánchez, su familia y sus amigos. En este tema, los Zetas en concreto, es uno de los cuatro cárteles de la droga que han incursionado en la trata de mujeres y niñas. Controlan una gran cantidad de negocios de “giros negros” explotando sexualmente a miles de víctimas.
En la exclusiva clientela que frecuentaba el Cadillac y el Solid Gold, hay hombres de poder del gobierno federal, hombres cercanos a Enrique Peña Nieto, importantes senadores, diputados y funcionarios. Por eso, es importante mencionar que la cadena Solid Gold trae mujeres de diferentes países a México; una red de trata vinculada con Raúl Martins que ha extendido sus redes a San Ángel, Santa Fe y la Zona Rosa, entre otros luegares. Y que tiene ilustres defensores de estos negocios como el litigante y ex senador panista, Diego Fernández de Ceballos.
La fama de los Solid Gold es internacionalmente conocida: dos Solid Gold fueron clausurados en Florida por violar las leyes migratorias y por promover la prostitución. Hace 3 años el FBI en operación conjunta con la policía antinarcóticos cerró el Solid Gold de Nueva York por tráfico de heroína y drogas de diseño. En la redada encontraron jóvenes obligadas no solo a prostituirse, sino también a consumir drogas duras como la heroína para “mantener el ritmo de los clientes”.
En fin, el nombre de Jesús Ortega es importante, porque es precisamente su esposa la Senadora Angelica de la Peña del PRD quien está impulsando una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
En esta cuestionable iniciativa, la esposa de Jesús Ortega está acompañada por la senadora panista Adriana Dávila, quien tiene aspiraciones de gobernar Tlaxcala, precisamente, centro neurálgico de la trata de mujeres y niñas; y por consiguiente, lugar donde operan un buen número de tratantes.
Ambas, junto a Lucero Saldaña (PRI), Luisa María Calderón (PAN) y Margarita Flores (PRI), entre otros senadores, pretenden modificar esta ley, perjudicando seriamente a las víctimas de trata y beneficiando a los padrotes.
La ley de trata que tenemos en México es un ejemplo a nivel internacional, lo han dicho especialistas penalistas, funcionarios de organismos internacionales como la ONU. Los resultados son palpables: 278 personas consignadas, 118 procesos penales, 217 autos de formal prisión, 33 sentencias condenatorias y 42 sentenciados que purgan penas que van de los 9 a los 39 años de prisión.
Esos tratantes presos podrían salir libres si la reforma impulsadas por estas senadoras es aprobada. La iniciativa afecta a la forma de reparación a la víctima de trata, porque la manda a la Ley General de Víctimas, algo que es reprobable, ya que las víctimas de trata, tienen características diferentes que deben ser manejadas de manera concreta. La reforma quita las palabras combate, prevención, erradicación del delito y lo peor le quitan la asistencia y protección a las víctimas. Las senadoras defienden su ley diciendo que es porque eso ya esta previsto en otras leyes, sin embargo, esas leyes no son operables o condicionan la protección a la víctima.
Los especialistas que han analizado la reforma en estudio y aún no aprobada, coinciden en señalar que a las Senadoras les preocupa más el delincuente que la víctima. Repiten que hay que prever instancias porque es un derecho humano del procesado. Quitan los agravantes del delito de trata. Y finalmente parece que tratan de quitarle los derechos humanos a la víctima y dárselos al tratante.
Cuando observas la ilustre lista de clientes de estos negocios, no queda más que pensar que esos hombres de poder — algunas veces ayudados por mujeres de poder— que además hacen y cambian las leyes, son los más interesados en preservar la explotación sexual de miles de mujeres y niñas en México, un tráfico humano que genera más de 10 mil millones de dólares anuales.
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