Proceso Estrategia de oropel JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Estrategia de oropel
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
2013-08-31 18:40:00 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
PRIMER INFORME
Enrique Peña Nieto presenta su primer informe presidencial a un país parcialmente convulsionado. El encantamiento de sus primeros días de gobierno desapareció ante la premura por hacer cierta aquella fantasía del “Momento de México” a través de impulsivas reformas con apoyo en el gigante de pies de barro que resultó el Pacto por México. Las calles plenas de tensión de la Ciudad de México, los choques cotidianos en zonas de Guerrero y Michoacán, la estrategia de seguridad que naufraga en la incertidumbre, las ejecuciones que se multiplican, la economía que no crece, confrontan al mandatario con su realidad: para gobernar se requiere algo más que la costosa inversión que la Presidencia de la República ha hecho en relaciones públicas.



Impreciso como el de su antecesor, el gobierno de Enrique Peña Nieto no acaba de definir una estrategia contra la inseguridad. Rebasado por la delincuencia y presionado para dar resultados, se acerca cada vez más a las acciones de Felipe Calderón, del que hasta ahora sólo lo separan la espectacularidad y la intensa propaganda de fuerza.

Su propuesta para retirar a los militares del combate a la delincuencia organizada –la creación de un nuevo cuerpo armado bautizado desde su campaña presidencial como Gendarmería Nacional– se redujo a una mera división de la Policía Federal (PF), y su propósito de no publicitar en los medios la detención de los narcotraficantes va quedando en mera intención.

Presionado por Washington y por la prensa estadunidense por su “falta de claridad” para combatir el narcotráfico, acabó por adoptar la misma acción que su antecesor: informar sobre el número de detenidos de una lista de “los delincuentes más buscados”, elaborada por el gobierno anterior y el de Estados Unidos.

El discurso también empieza a parecerse al del calderonato: El incremento de la violencia en estados como Michoacán es resultado de las acciones del gobierno, ha dicho el nuevo supersecretario y titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El acercamiento a lo que dijo que no quería hacer obedece a que la violencia no cede en el país, sobre todo en lo que hace a homicidio, secuestro y extorsión, los mismos delitos que se comprometió a abatir. De acuerdo con José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la reducción de 20% –anunciada por el presidente la semana pasada– en el caso de los asesinatos vinculados con la delincuencia organizada es una tendencia que viene desde 2011.

“Está bien que se haya mantenido esa tendencia, pero lo preocupante es lo que está ocurriendo en los otros dos delitos. La extorsión está creciendo de manera explosiva y para este año se espera un incremento de 20% en los secuestros oficialmente denunciados”, dice el también litigante.

Precisa que las denuncias oficiales por extorsión se refieren principalmente a las telefónicas y no reflejan las que ocurren en los negocios formales e informales e incluso a particulares. No sólo es el caso de Michoacán, Guerrero o el Estado de México. Desde hace mucho la delincuencia organizada y muchos que hablan en nombre de ella están cobrando “derecho de piso” en otras partes del país.

En el caso de los secuestros también hay un incremento de 20% en el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con sus cifras en el sexenio pasado hubo 6 mil 404 secuestros en el país, pero la cifra podría ser tres veces superior, pues la mayoría de los casos no se denuncian.



El decálogo



Desde su Plan Nacional de Desarrollo, pasando por el Pacto por México, hasta su decálogo de seguridad y justicia presentado la semana pasada, Peña Nieto ha insistido en que su propósito es abatir los homicidios, el secuestro y la extorsión; recambiar las policías y aplicar el nuevo sistema de justicia penal.

En lo que ha sido su propuesta “más acabada” luego de nueve meses de gobierno, el pasado 27 de agosto anunció “10 estrategias” de lo que llamó “nueva política pública de seguridad y justicia”. Todas y cada una, con distinta prioridad, también fueron mencionadas en su momento por Calderón.

Ese día Peña Nieto hizo de la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el foro para presentar el decálogo con el que pretende reducir los índices que han colocado a México entre los países más violentos del mundo en años recientes. La estimación más conservadora ubica entre 60 y 70 mil los muertos registrados el sexenio pasado relacionados con la delincuencia organizada, una cifra que supera con creces el estándar internacional de una guerra civil.

La variación está en el énfasis que desde su campaña Peña Nieto le ha dado a la reconstrucción del tejido social, que es el primer punto de su decálogo y que dio lugar a la creación de una subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, a cargo de Roberto Campa Cifrián, exfuncionario de Calderón quien en su momento padeció las intrigas del equipo encabezado por Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública del sexenio anterior.

Según informó Osorio Chong en la sesión, en esa estrategia participan nueve secretarías de Estado con un presupuesto de 118 mil millones de pesos y se concentra en 57 demarcaciones con los más altos grados de violencia.

El segundo punto de su propuesta es la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR), que en palabras de su titular, Jesús Murillo Karam, durante la sesión del CNSP, se adecuará al sistema de justicia adversarial y oral. El nuevo modelo deberá estar vigente en todo el país en 2016, de acuerdo con la reforma constitucional promovida en 2008 por el gobierno de Calderón junto con Estados Unidos y en cuya confección participó el ahora procurador cuando era senador.

De acuerdo con Murillo Karam, con ese nuevo sistema de justicia la PGR deberá realizar una adecuada investigación de los delitos e integración de las averiguaciones. En el primer caso, anunció en el encuentro la creación de una Unidad de Investigación de la procuraduría.

Comenzará en las cinco regiones del país (noroeste, noreste, occidente, centro y sureste) anunciadas por Peña Nieto en enero pasado como una acción para combatir el crimen. Luego habrá una oficina de inteligencia en cada uno de los estados del país para intercambiar información con éstos. En el caso de la integración, dijo que bajo el nuevo sistema de justicia la PGR tendrá que dar pruebas no sólo a los fiscales, sino también a los defensores públicos.

En el caso de la profesionalización policial, el tercer punto del decálogo, el anuncio de Peña sobre la Gendarmería Nacional es hasta ahora la mayor muestra de la improvisación. Durante su campaña habló de una fuerza de entre 40 mil y 50 mil hombres para reemplazar a los militares en el combate al narcotráfico, con el propósito de que el Ejército y la Marina regresaran a sus cuarteles para sus funciones exclusivas de defensa nacional.

Luego, ya en el cargo, redujo la cifra a 10 mil hombres y previó que la nueva fuerza participaría en el desfile del 16 de septiembre. Pero los desacuerdos prevalecieron en el gabinete de seguridad. El Ejército, como principal abastecedor de tropa, entrenamiento y recursos pretendía el control de la nueva corporación.

En la indefinición sobre el nuevo cuerpo armado se informó extraoficialmente también que estaría integrado sólo por 5 mil elementos; 3 mil 500 del Ejército y mil 500 de la Marina. Incluso el Ejército había comenzado a entrenar varias unidades para convertir a sus efectivos en gendarmes.

La Sedena insistió en tener el control de la nueva fuerza, pero ni logró apoyo financiero suficiente por parte del gobierno federal ni la Secretaría de Gobernación estaba dispuesta a dejar el dominio del nuevo cuerpo. Finalmente el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, anunció en la reunión del CNSP que el gran proyecto de la Gendarmería Nacional será una división más de la PF, al mando de Enrique Galindo Cevallos.

Aunque no precisó si su componente será civil o militar aseguró que los mandos saldrán de las propias divisiones de la PF, que tiene ahora 36 mil efectivos.

Mondragón, cuya principal aportación ha sido replicar su experiencia como secretario de Seguridad Pública en el DF de regionalizar la acción policial, sólo dijo que la Gendarmería ya reclutó a mil 700 cadetes que desde mayo pasado han sido capacitados por los militares mexicanos, aunque aseguró que todos serán entrenados por el Ejército, la Marina y corporaciones extranjeras.

Gendarmes



El plan de Mondragón es que la Gendarmería Nacional esté lista en junio del próximo año, pero su operación plena, con un presupuesto definido, no se dará sino hasta 2015, segundo año de la gestión peñista. Para la capacitación echará mano de lo que ya existe: la Academia Superior de Seguridad Pública de la PF –creada desde el gobierno de Ernesto Zedillo en San Luis Potosí– y la Academia Estatal de Seguridad Pública de esa misma entidad.

También utilizará el Instituto Superior de Seguridad Pública de Hermosillo e instalaciones de la Sedena y de la PF.

La gendarmería operará en poblaciones rurales y periurbanas para garantizar el libre tránsito de bienes y personas, incluidos migrantes. Según Mondragón, será la forma en que el Estado mexicano recupere los territorios perdidos en varios estados del país frente al crimen organizado.

En una reiteración de lo que ya existe, el comisionado dijo que también ayudará a las autoridades locales en la prevención del delito, lo que está previsto desde la creación de la Policía Federal Preventiva y que luego García Luna cambió simplemente a Policía Federal.

Como parte de la profesionalización, retoma también la idea de Calderón y García Luna de crear un “mando único” policial en los estados, que en la práctica ha significado la desaparición de las corporaciones municipales.

Al igual que su antecesor, Peña ofrece “una transformación” del sistema penal para evitar la sobrepoblación y el autogobierno en los penales. Sobre la participación ciudadana, el decálogo se refiere a una “promoción y articulación” para promover la denuncia anónima y la revisión de la estrategia gubernamental.

En este tema, hasta comparte representantes de la sociedad civil de Calderón, como el empresario deportivo Alejandro Martí, presidente de México SOS, y María Elena Morera, presidenta y fundadora de Causa en Común, ambos surgidos en el calderonato y cercanos a García Luna.

Martí dejó clara su filia cuando intervino en la sesión de la semana pasada. Ante Peña, Osorio y Mondragón calificó de “ejemplar” a la PF de García Luna.

Igual que Calderón, Peña designó un vocero del gabinete de seguridad, Eduardo Sánchez Hernández, nombrado por Osorio Chong. La diferencia, según el funcionario de Gobernación, es que dará información “puntual”, “transparente” y “oportuna” de los índices delictivos. Como su antecesor, también se refiere a una coordinación entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), que se realizarán por zonas en las cinco regiones propuestas por Mondragón.

Otra de las apuestas anunciadas por Peña en su decálogo es el “fortalecimiento de la inteligencia” para ponerla por encima de la fuerza, que fue lo que caracterizó al gobierno pasado. Incluso, en su Plan Nacional de Desarrollo, Peña dice que en la estrategia contra la delincuencia organizada “tuvo como pilares el combate frontal, así como la aprehensión y eventual extradición de líderes de las principales organizaciones delictivas”.

En su crítica, dice que eso “generó vacíos de poder en la delincuencia organizada que detonaron luchas violentas por el control territorial en importantes ciudades del país. Esa lucha incrementó los niveles de violencia y deterioró la percepción ciudadana sobre su seguridad y la estrategia misma. También se tradujo en un incremento de los requerimientos financieros y de reclutamiento de los grupos delictivos”.

En un afán de diferenciarse por lo menos en el discurso belicoso de su antecesor, su gobierno se ha referido a las detenciones que presenta casi como pacíficas de importantes jefes del narcotráfico; pero ha sucumbido a la necesidad de anunciar éxitos, y al igual que lo hacía el gobierno de Calderón dice que ha detenido a “62 de los 122 presuntos delincuentes más buscados”, pero asegura que ha sido “sin disparar un solo tiro”.

Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dice que la diferencia más importante respecto al sexenio pasado ha sido la presentación mediática de los llamados éxitos contra el narcotráfico, pero hasta ahora no se puede hablar de una verdadera estrategia por parte del gobierno de Peña Nieto hasta que se conozcan los planes y programas de cada dependencia del gabinete de seguridad.

Pero no hay ninguna certeza de que se conozcan, pues se mantienen en reserva, clasificados como de seguridad nacional. Lo que quedará es ver los resultados finales, que en el caso de Calderón fueron de escándalo.

De acuerdo con Barrón, Calderón detuvo a casi 90 personas por día durante su sexenio; es decir, 190 mil 543 personas. De ese total, unos 75 mil fueron aprehendidos por la PF, que hizo una intensa difusión de sus operativos; pero de todas las personas que detuvo, sólo 2 mil 500 resultaron vinculadas con la delincuencia organizada. Sólo veremos si la estrategia de Peña Nieto es diferente a la de Calderón si cambia esa realidad, dice. lTa


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