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JENARO VILLAMIL
2013-08-17 19:57:16 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
REFORMA ENERGÉTICA
Incorporar la figura de las “concesiones” en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, así como “permitir el reporte de reservas petroleras en los contratos de riesgo” y tener un “esquema de pago gubernamental” (impuestos más derechos y regalías) de entre 40 y 60%, constituyen las demandas más claras de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) frente a la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En un documento clasificado como “confidencial” y titulado Condiciones óptimas y beneficios de una reforma energética integral, la cúpula empresarial expone sus 10 “requisitos fundamentales” para impulsar dichos cambios constitucionales. En el texto, del cual Proceso tiene copia, se afirma que el principal objetivo es tener “certeza jurídica” para el sector privado y por lo tanto “es necesario un cambio constitucional que permita los contratos y/o concesiones para los operadores, el estatal y los privados, nacionales o internacionales”.
“El objetivo es generar condiciones de confianza y transparencia en las reglas de juego que permitan atraer y desarrollar inversión, tecnología y eficiencia que fortalezcan la rectoría del Estado mexicano”, advierten en el punto número 1 del decálogo, elaborado el martes 6, una semana antes de que el Ejecutivo federal presentara su iniciativa de reforma.
La Coparmex argumenta que “la concesión otorga mayor transparencia y rendición de cuentas, mayor sencillez de administración y es el vehículo preferido de los países de la OCDE y del continente americano”.
Agrega que “el contrato de producción compartida –figura que se analizó antes de los “contratos de utilidad compartida” que finalmente quedaron en la iniciativa peñista– otorga al Estado un control sobre el hidrocarburo por un periodo más largo en la cadena de producción y distribución, sin embargo su administración es más compleja y su clausulado más difícil de entender por una sociedad ya de por sí preocupada por el destino de sus recursos”.
Para la organización empresarial, una reforma energética integral debe incluir tanto las concesiones como los contratos de producción compartida, “dependiendo del proyecto específico”. Por eso propone incorporar “oportunidades globalmente competitivas”, entre las que se encuentran “permitir el reporte de reservas en los contratos de riesgo” porque esto “servirá como garantía de transparencia y mecanismo de evaluación de eficiencia”.
Asimismo, plantea ofrecer “bloques más extensos o mejores condiciones fiscales o de recuperación de costos” y “evaluar el pago gubernamental total”. Sobre este punto, la Coparmex argumenta que en algunos países el pago gubernamental total fluctúa entre el 70 y 90%, como Noruega y ciertas naciones africanas; “sin embargo, se trata de lugares con poco competidores directos o que ofrecen oportunidades más grandes”.
En contraste, los competidores directos de México, localizados en América del Norte y América Latina, fluctúan en su mayoría entre el 40 y 60% por ciento del pago gubernamental total. En suma, dice el documento, “debemos encontrar un esquema de pago que facilite y atraiga la inversión, sin mermar la capacidad del Estado mexicano para impulsar el desarrollo desde su industria energética”.
La Coparmex, dirigida desde noviembre de 2012 por Juan Pablo Castañón, propone crear el esquema de “consorcios petroleros” en cada localidad donde haya actividad del ramo, con el objetivo de incorporar a las microempresas y pequeñas empresas “en los contratos petroleros que se ejecutan en cada región, con el apoyo del Instituto del Emprendedor y de los diferentes fondos Pyme”.
Con optimismo, la cúpula patronal calcula que si la reforma energética de Peña Nieto incorpora las demandas del sector privado, en 2030 “podemos estar produciendo el triple de lo que hoy producimos”.
Puntualiza: “En contraste con los 2.5 millones de barriles que hoy se producen diariamente, el potencial de una reforma energética integral es de 7.5 millones de barriles diarios. Casi 2% de crecimiento anual adicional para nuestra economía. 35 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa sólo el primer año”.
En el punto 9 del decálogo se propone la formación de “clústers competitivos que se encadenen al gran proceso de producción energética, hasta ahora exclusivo del gran monopolio estatal”, es decir Pemex.
“México es el sexto país con más reservas de gas a nivel mundial: si generamos la apertura a las pequeñas y medianas empresas, estaremos creando más empleos, menor costo del gas, productos más competitivos, más utilidades para las empresas, más bonos de productividad y PTU para los trabajadores”, sintetiza el documento de la Coparmex.
Al día siguiente de la presentación de la iniciativa presidencial de reforma constitucional, Juan Pablo Castañón afirmó que la organización patronal esperaba que “el debate parlamentario enriquezca las diferentes propuestas para que se integren estas figuras (los contratos) en la exploración de hidrocarburos”.
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