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Estela Garrido / @StelaGarrido3_0
(31 de mayo, 2013).- Difamar o deshonrar de cualquier manera a una por persona por medio de una red social, como Twitter, podría derivar en uno o dos años de cárcel o multa económica en Nuevo León.
Lo anterior de acuerdo a la modificación realizada al artículo 345 bis del Código penal del estado norteño, la cual indica que “También se considera difamación quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas la deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de alguien”.
Esta modificación fue impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), los cuales objetaron velar los intereses de todos los usuarios e incluso combatir el denominado “cyberbullying”. Aunque este concepto no esté contemplado en la ley penal del estado. Por lo que la modificación, que multará y podría llevar a la cárcel a un usuario” resulta incompleta sin un sustento legal bien determinado por la ley.
Además de que no determina verazmente el “delito” o “falta”, las inconsistencias de la modificación podrían ocasionar huecos en un proceso legal debido a la falta de detalles y especificaciones en la misma.
Un ejemplo de ello, es que no se ha determinado con claridad la instancia legal que se ocupará de este tipo de casos, o incluso cual sería la jurisdicción cibernética de la ley.
Sin embargo, para la diputada panista Carolina Garza Guerra, quien promovió la propuesta, con la aprobación de ésta se estarán protegiendo los derechos y garantías de los individuos.
“Se tenía que llegar a tipificar como delito y evidentemente hemos hecho un trabajo en conjunto con especialistas, con personas, para que esto se pueda aplicar realmente y sea lo más justo posible”, expresó la legisladora.
Aunque para el diputado del PRD, Eduardo Arguijo Baldenegro, la iniciativa panista es un intento de controlar la información difundida en Internet para no afectar los intereses de los políticos, no para proteger a los niños del “cyberbullying”.
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