Vender las costas - NAVEGACIONES

Vender las costas:
 El robo de Texas por Estados Unidos

empezó con una colonización de ese territorio que luego, tras un
alzamiento, fue declarado independiente por los propios colonos, como
paso previo a su conversión en estado 28. La historia se repitió en
California y el filibustero William Walker trató de replicarla, años
después, en Baja California y Sonora, territorios en los que llegó
a proclamar una “República de Baja California”. Otro intento
secesionista apoyado por Estados Unidos tuvo lugar en los actuales
estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde los
opositores a Santa Anna intentaron fundaron una “República del Rïo
Grande”. Por lo demás, a lo largo del siglo XIX y principios del
XX el territorio nacional sufrió varias invasiones por vía
marítima.

Con esos antecedentes no es de extrañar
que el constituyente de 1917 plasmara la prohibición expresa de que
extranjeros adquirieran tierras en propiedad en una franja de 100
kilómetros contada a partir de las fronteras terrestres, o de 50, a
partir de las playas. Podría pensarse que la prohibición ya no
tiene sentido, sobre todo si se considera que al menos desde 1988
Washington tiene en Los Pinos a aliados sumisos, lo que hace obsoleto
un desembarco o un nuevo robo de territorio: los gobernantes del
ciclo neoliberal viven ansiosos por entregar a las transnacionales
tierras, atribuciones y propiedades nacionales bajo la forma de
concesiones mineras, industriales, maquiladoras y energéticas; si el
régimen de Peña lograra su propósito de poner la industria
petrolera en manos del capital privado, veríamos el retorno del
control de enormes extensiones del país a manos de empresas
concesionadas, foráneas o nacionales, tal y como ocurría hasta
antes del 18 de marzo de 1938.

En la actualidad, sin embargo, hay una
razón distinta a la de antaño, pero no menos sólida, para
mantener esa prohibición que la mayoría de los partidos del régimen
pretende anular mediante la reforma recientemente aprobada: la
necesidad de preservar los entornos humanos, sociales y económicos
de las regiones costeras.

No todo el mar mexicano es Vallarta o
Cancún ni todas las costas están moduladas por la industria
turística de gran escala. Los 169 municipios que colindan con la
zona federal marítimo terrestre (zofemat, definida en el Art. 119 de
la Ley General de Bienes Nacionales, y que se considera propiedad
inalienable de la nación) suman el 21 por ciento del territorio
nacional y en ellos se asienta el 16 por ciento de la población
(datos de 2005). Salvo en los grandes polos turísticos o portuarios,
esa población padece una integración económica precaria y una gran
porción de ella se encuentra, como en el resto del país, en
condición de pobreza, independientemente de que ostente, o no,
alguna forma de posesión de tierras.

Hasta ahora, la prohibición en el
artículo 27 ha funcionado como dique para frenar, en alguna medida,
la especulación mobiliaria internacional en las costas mexicanas.
Los ricos nacionales que quieren casa en la playa ya la tienen y los
ciudadanos extranjeros (como los estadunidenses que han comprado
media Baja California) han debido recurrir a argucias legales –o
ilegales– de diverso tipo. Pero la pretendida supresión del veto
puede detonar una espiral de voracidad sobre zonas costeras,
particularmente las económica, social y demográficamente
deprimidas, mayormente situadas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca,
Chiapas y Veracruz.

Ahora imaginen que el Senado ratifica
la reforma constitucional mencionada y que, al día siguiente, los
grandes consorcios turístico-inmobiliarios de Estados Unidos, Europa
Occidental o Japón, por ejemplo, desembarcan (literalmente) en las
costas de México, provistos de capital y buenas conexiones
político-administrativas, y se enfrentan a millones de pescadores,
rentadores de palapas, fonderos o cooperativistas de granjas
acuícolas, y les ofrecen unos cuantos miles de dólares a cambio de
sus tierras: la capacidad de resistencia de los segundos sería,
previsiblemente, muy pequeña. Tendríamos, entonces, una reedición
de la tragedia social que provocó el régimen de Salinas cuando,
mediante otra modificación al 27, hizo posible la venta de tierras
ejidales. Millones de vendedores, imposibilitados para transformar en
capital el dinero que recibieron, se quedaron sin vivienda y sin
medio de subsistencia y se fueron a engrosar las corrientes
migratorias, los estamentos de la informalidad urbana o las filas de
la delincuencia.

De otros asuntos: aguas con las
provocaciones, especialmente en las movilizaciones previstas para
mañana, 1 de mayo. Al régimen le urge encontrar pretextos para
reprimir y criminalizar las luchas sociales.

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