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| Felipe-Calderón-02 (Photo credit: trianero2) |
Elisa Alanís.
Resulta que el ex presidente Felipe Calderón es el más rápido en reaccionar e informar cuando de atentados en otro país se trata.
Y es que ahora que se fue a vivir al extranjero, por cierto como muchos de los funcionarios que trabajaron en su administración, no sólo está de turista-académico, sino también de reportero-tuitero.
Luego de las explosiones en el maratón de Estados Unidos, Calderón Hinojosa escribió en su cuenta de Twitter: “La policía de Boston reporta una tercera explosión en la John F. Kennedy Library otro simbólico lugar en Boston. Claramente son atentados”.
Ojalá hubiera informado con esa velocidad y seguridad sobre los hechos violentos que se vivieron en México durante su gobierno. Desde las tragedias aéreas en las cuales murieron sus Secretarios de Gobernación hasta los acontecimientos de desapariciones (más de 20 mil) y asesinatos (65 mil).
Y aunque el ex presidente tuitea tranquilo sobre actos terroristas y la hace de reportero (no muy bueno, pues después la policía norteamericana informó que no hay pruebas que relacionen lo ocurrido en el maratón y la John F. Kennedy), aún tiene asuntos pendientes en México que debe explicar.
El día de ayer la Procuraduría General de la República ratificó las conclusiones no acusatorias en contra del general Tomás Ángeles Dauahare, detenido y encarcelado por nexos con el narcotráfico. Como consecuencia, el juez tercero de Distrito, Valerio Ramírez, sobreseyó el juicio y puso en libertad inmediata al general. Y este martes también quedó en libertad Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la SIEDO.
Son dos de varios casos integrados bajo una lógica de Estado que el gobierno anterior echó a andar.
Esta estrategia se sostenía con las herramientas excepcionales, creadas por el propio gobierno calderonista en su lucha contra el crimen organizado, del arraigo y los testigos protegidos.
Y aun cuando sabemos que ambas figuras fueron consignadas en leyes, todo apunta al uso político de las mismas.
Del arraigo se conoce, por declaraciones del actual procurador, Jesús Murillo Karam, que en dos años sólo se pudieron sostener 200 casos de cerca de 4 mil.
De los testigos protegidos, de acuerdo con información publicada ayer en La Razón, con el testimonio del delincuente Roberto López Nájera, Jennifer, 30 personas fueron llevadas a prisión. La administración anterior pagó 50 mil pesos mensuales a Jennifer por sus declaraciones contra diversos funcionarios (incluyendo a Dauahare y Ramírez Mandujano). La mayoría de ellos ya fue liberada y absuelta.
De acuerdo con las resoluciones judiciales de esta semana, las figuras impulsadas por Felipe Calderón ayudaron a fabricar acusaciones, no a investigar hechos ilegales.
Una impunidad diseñada desde el Estado.
Sobre estos hechos, hasta el momento, el ex mandatario no ha tuiteado. Sobre Dauahare, el profesor invitado en la escuela John F. Kennedy de Harvard, guarda silencio.
elisa.alanis@razon.com.mx
Twitter: @elisaalanis
Y es que ahora que se fue a vivir al extranjero, por cierto como muchos de los funcionarios que trabajaron en su administración, no sólo está de turista-académico, sino también de reportero-tuitero.
Luego de las explosiones en el maratón de Estados Unidos, Calderón Hinojosa escribió en su cuenta de Twitter: “La policía de Boston reporta una tercera explosión en la John F. Kennedy Library otro simbólico lugar en Boston. Claramente son atentados”.
Ojalá hubiera informado con esa velocidad y seguridad sobre los hechos violentos que se vivieron en México durante su gobierno. Desde las tragedias aéreas en las cuales murieron sus Secretarios de Gobernación hasta los acontecimientos de desapariciones (más de 20 mil) y asesinatos (65 mil).
Y aunque el ex presidente tuitea tranquilo sobre actos terroristas y la hace de reportero (no muy bueno, pues después la policía norteamericana informó que no hay pruebas que relacionen lo ocurrido en el maratón y la John F. Kennedy), aún tiene asuntos pendientes en México que debe explicar.
El día de ayer la Procuraduría General de la República ratificó las conclusiones no acusatorias en contra del general Tomás Ángeles Dauahare, detenido y encarcelado por nexos con el narcotráfico. Como consecuencia, el juez tercero de Distrito, Valerio Ramírez, sobreseyó el juicio y puso en libertad inmediata al general. Y este martes también quedó en libertad Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la SIEDO.
Son dos de varios casos integrados bajo una lógica de Estado que el gobierno anterior echó a andar.
Esta estrategia se sostenía con las herramientas excepcionales, creadas por el propio gobierno calderonista en su lucha contra el crimen organizado, del arraigo y los testigos protegidos.
Y aun cuando sabemos que ambas figuras fueron consignadas en leyes, todo apunta al uso político de las mismas.
Del arraigo se conoce, por declaraciones del actual procurador, Jesús Murillo Karam, que en dos años sólo se pudieron sostener 200 casos de cerca de 4 mil.
De los testigos protegidos, de acuerdo con información publicada ayer en La Razón, con el testimonio del delincuente Roberto López Nájera, Jennifer, 30 personas fueron llevadas a prisión. La administración anterior pagó 50 mil pesos mensuales a Jennifer por sus declaraciones contra diversos funcionarios (incluyendo a Dauahare y Ramírez Mandujano). La mayoría de ellos ya fue liberada y absuelta.
De acuerdo con las resoluciones judiciales de esta semana, las figuras impulsadas por Felipe Calderón ayudaron a fabricar acusaciones, no a investigar hechos ilegales.
Una impunidad diseñada desde el Estado.
Sobre estos hechos, hasta el momento, el ex mandatario no ha tuiteado. Sobre Dauahare, el profesor invitado en la escuela John F. Kennedy de Harvard, guarda silencio.
elisa.alanis@razon.com.mx
Twitter: @elisaalanis
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