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Corrupción y devolución de impuestos
· ASF solicita al SAT más información
· Hubo condonación de créditos fiscales
Cada año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devuelve miles de millones de pesos a grandes contribuyentes. Se trata de unos cuantos grupos empresariales que se aprovechan de los beneficios que otorga el Código Fiscal de la Federación y que, sin merecerlo, solicitan devoluciones por concepto de impuestos al valor agregado (IVA), sobre la renta (ISR), depósitos en efectivo (IDE), empresarial a tasa única (IETU) y derecho de trámite aduanal (DTA).
Hace unos días, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó su informe sobre la cuenta pública 2011, en donde reporta que el gobierno de Felipe Calderón devolvió sólo en ese año 63 mil millones de pesos a 20 grandes contribuyentes. Sin identificar a las empresas para protegerlas de la crítica social, la ASF sólo refiere los sectores productivos que más beneficios obtienen por la devolución de impuestos: fabricación de camiones y tractocamiones; tiendas departamentales y supermercados; partes y refacciones nuevas para automóviles; alimentos; dirección de corporativos y empresas no financieras; producción de aves de corral; telefonía celular; almacenamiento con refrigeración; electrónica, y explotación, refinación y fundición de materiales no ferrosos.
Aunque el verdadero problema no es conocer sólo los nombres de los corporativos que se aprovechan torciendo la Ley a su favor, sino lo importante es saber si esas 20 empresas tenían derecho a la devolución de impuestos. Algunas fuentes hacendarias explican que el fisco devuelve tal cantidad de recursos a grandes contribuyentes sólo cuando tiene la aprobación del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, por que el gobierno de Enrique Peña Nieto por conducto del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, debe abrir una investigación, pues funcionarios de esa dependencia aseguran que en el sexenio pasado el gobierno de Calderón armó una red de corrupción que autorizaba la devolución de impuestos a grandes contribuyentes a cambio de comisiones del 10 por ciento, lo que significaría sólo en el año 2011 sobornos por más de 6 mil millones de pesos a funcionarios federales
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