La mujer que fue al ginecólogo y acabó embargada - DERECHA E IZQUIERDA SE UNEN CONTRA SU PAÍS...en España aclaro

La mujer que fue al ginecólogo y acabó embargada:
Carolina es el nombre ficticio de una mujer de 31 años que vive en Madrid y que está en el paro. En diciembre de 2011 Carolina estaba pasando una temporada en Galicia cuidando de su padre y cayó enferma sin tener tarjeta sanitaria. Un año después el Estado quiere embargar sus bienes porque debe 468 euros por el tratamiento recibido en el hospital al que le enviaron en urgencias.

Carolina se quedó sin trabajo en septiembre de 2011 sin derecho a prestación por desempleo. El 18 de diciembre de ese año, Carolina sufrió un fuerte dolor abdominal que le llevó al centro de salud de una pequeña población de Lugo. Tras la exploración inicial el médico de urgencias del centro decidió que tenía que ser trasladada al hospital “Lucus Augusti” de Lugo, donde le realizaron varias y le dieron un volante para ir al ginecólogo.



Al día siguiente llamó al centro de salud para pedir cita y le dicen que está dada de baja. Carolina llama al INSS y le confirman que la tarjeta se pierde tres meses después de agotar la prestación por desempleo.

Un mes después, Carolina recibe una factura de 390,10 € del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) por la atención sanitaria que recibió en el hospital.

Carolina continúa en el paro y no puede pagar la factura. En Octubre de 2012 le llega un requerimiento de la Consellería de Hacienda en el que le dicen que el plazo para pagar ha terminado y que la deuda asciende a 468 euros por los intereses de demora.

Un mes después le llegan la notificación de embargo y el requerimiento de bienes para que pueda satisfacer la deuda con la hacienda gallega.

Ha pasado un año desde su ingreso en el hospital de Lugo y el Estado le va a embargar sus bienes por una 'deuda' de 468 euros. Carolina no tiene nada que le puedan embargar, por lo que la deuda seguirá acumulando intereses de demora.

La situación de Carolina no es solo culpa del PP. En diciembre de 2011 regía la ley aprobada por el Gobierno socialista. El 1 de enero de 2012, el PSOE aprobó un real decreto que eliminaba esa injusticia, aunque a Carolina no le sirvió de nada.

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