Evasores de lujo | Luis Javier Valero

Español: Ubicación del estado de Chihuahua en la República Mexicana (Photo credit: Wikipedia)

Evasores de lujo | Opinión | Diario.com.mx:

Luis Javier Valero
Analista político | 2013-01-14 | 22:15
Cada que se aborda el tema, los funcionarios consultados por la prensa adoptan el clásico tono de “Padres de la Patria” y elaboran una y mil teorías fiscales, hablan del compromiso de los gobernantes con la ciudadanía y de su inagotable veta de amor por el servicio público, de su inocultable “vocación de servicio”.

Sin embargo, ninguno ha sido capaz de elaborar una iniciativa de ley en la que se precise que los ingresos de los funcionarios públicos, por el desempeño de sus funciones, se otorgarán del mismo modo que el resto de los asalariados, es decir, nada de que por la dieta o salario, tanto, y que por las compensaciones, otro tanto (que es un tanto más tanto que el primero) y que deberán pagar impuestos del mismo modo que todos los demás ciudadanos sujetos a la percepción salarial, con las reglas establecidas por la legislación fiscal.



Y es que los funcionarios públicos de los niveles más altos cometen un doble fraude a la ciudadanía que buscaron representar o gobernar. Por un lado, obtienen –quizá– las más altas remuneraciones del orbe, divididas, de manera tramposa, en salario o dieta y compensaciones.

La primera, generalmente la menor, es la única reportada como obligada a pagar impuestos, y la segunda, infinitamente superior, es libre. De ese modo, evaden el pago de sumas millonarias en impuestos. No se crea que son pocos, sí que nos servirían para construir algo más que plazas.

De este modo, “Los alcaldes del estado de Chihuahua evaden el pago de impuestos por más de 14 millones de pesos anuales, al recibir un sobresueldo a manera de ‘compensaciones’ por las que no retribuyen un peso al fisco y que llegan a duplicar o triplicar el monto de sus salarios”, declaró el economista Miguel Ángel Calderón. (Nota de Luz del Carmen Sosa, El Diario, 14/I/13).

Esa cifra es aportada, según el cálculo de la reportera, por las compensaciones de sólo “55 de los 67 ediles que hicieron públicas sus percepciones salariales, por lo que la cantidad es todavía mayor”.

Si esto indigna, el monto de los salarios de los presidentes municipales, sobre todo de los municipios con menor población, algunos de ellos, paradójicamente, con elevados grados de marginación. Así, “los 13 presidentes municipales mejor pagados son: el de Chihuahua (115 mil 149 pesos); Gran Morelos (75 mil 907); Santa Isabel (73 mil 828); Santa Bárbara (68 mil 858); Cuauhtémoc (68 mil 186); Buenaventura (66 mil 840); Coronado (66 mil 316); Urique (64 mil 178); Guadalupe y Calvo (63 mil 592); Nuevo Casas Grandes (63 mil 545); Rosario (63 mil 224); Ignacio Zaragoza (62 mil 926) y Morelos (60 mil)”.

¿Cuál es la relación entre los salarios de los alcaldes de Morelos, Ignacio Zaragoza, Rosario, Urique, Coronado, Buenaventura, Santa Bárbara, Santa Isabel y Gran Morelos y la población gobernada, o el presupuesto a ejercer? Ninguna, ganan un poco más (claro, es un mucho más) que el alcalde de Juárez, pero gobiernan a una población ¡130 veces menor, si les ponemos una población de 10 mil habitantes!

El caso extremo es el del alcalde de Gran Morelos. Tiene 3 mil 209 ciudadanos y gana 75 mil 907 pesos al mes: 24 mil por salario y 51 mil 907 por compensación. (Ibídem).

Se dice que algunas legislaturas han intentado legislar sobre los salarios de los funcionarios municipales; los legisladores arguyen que la autonomía municipal se los ha impedido, pero ¿acaso no pueden aprobar un exhorto al Congreso de la Unión, apoyado por el total de los legisladores federales de Chihuahua, de todos los partidos (¿cuál se opondría?) a fin de modificar el apartado correspondiente y establecer que debe haber, por ejemplo, una concordancia entre las remuneraciones de los funcionarios y el número de habitantes y el presupuesto público ejercido?

Del mismo modo ¿a poco no podrían proponer que en adelante las remuneraciones de los funcionarios públicos, de todos los niveles, estarían sujetas a los gravámenes marcados por la ley?

Porque le podemos hacer caso a la diputada local del PRI, Liz Aguilera, además, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado, cuando dice que “… Se debe dar la cara a la sociedad, tenemos que revisar salarios y las prestaciones actuales; estos beneficios (fiscales) no tienen que ser sólo para beneficio de unos cuantos, debe implicar más responsabilidad para quienes obtuvimos un puesto de elección popular ya que el trabajo lo hacemos por convicción y vocación de servicio y es necesaria una retribución, pero ésta debe ser justa y equilibrada”. (Ibídem).

¿Y luego? ¿Cuándo la iniciativa de ley?

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