Y para el caso Monex... una comisión - JESUSA CERVANTES

apoyos de peña nieto (Photo credit: trianero2)

Y para el caso Monex... una comisión
JESUSA CERVANTES
2012-11-24 11:05:28 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
LA PESADILLA
Las dos últimas semanas en la Cámara de Diputados empezó a formarse una bomba de tiempo lista para estallar el 1 de diciembre: Panistas, perredistas e integrantes del Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido del Trabajo (PT) pusieron sobre la mesa sus exigencias. Para bajar la presión, el equipo de Manlio Fabio Beltrones –coordinador de la bancada priista– operó políticamente “pavimentándole ” a Enrique Peña Nieto el camino a San Lázaro.

Las válvulas de escape del equipo beltronista se tradujeron en la creación de la “comisión Monex”, que investigará el presunto uso ilegal de recursos en la campaña electoral de Peña Nieto y su triangulación a través del Grupo Financiero Monex y otros bancos; además hará “correcciones de estilo” a las tareas de la nueva estructura de la administración pública “para ahuyentar algunos fantasmas” de represión y autoritarismo que la oposición, incluyendo al PAN, vislumbró.



De la comisión Monex, diputados perredistas y del MC negaron en entrevista con Proceso cualquier negociación a cambio de mantener un comportamiento condescendiente en la toma de protesta de Peña Nieto; alegaron en cambio su derecho constitucional, como minoría, de exigir la creación de esa instancia investigadora.

En tanto en la medida en que Beltrones ofreció “cambios de estilo” a la redacción de la propuesta para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, panistas y perredistas fueron modificando su discurso en relación con la toma de protesta. Finalmente la ley pasó con cuatro cambios propuestos por el PAN y cuatro más del PRD. Aunque la ley no fue avalada por estos, tampoco fue bloqueada.



“Es del PRI, no le muevan”



Luego de varios intentos por crear la comisión Monex y ante el rechazo del PRI y del PVEM, así como ante la opinión desfavorable del área jurídica de la Cámara de Diputados, el Frente Legislativo de Izquierda (FLI, formado por PRD, PT y MC) encontró una rendija para impulsar la creación de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que en los hechos ya se llama “comisión Monex”.

La instancia se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados el martes 20 luego de que el FLI amenazó con iniciar un litigio contra el rechazo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por negarse a conformarla, comenta en entrevista Roberto López Suárez, presidente de la comisión.

“El PRI, en una reunión de la Jucopo, llegó al exceso de rechazar la comisión. Pero como nuestra respuesta iba a ser un litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación –porque no tienen facultades para rechazar o no la creación de esta comisión; es un derecho que otorga la Constitución a las minorías: crear comisiones investigadoras–, cedieron. Lo que sí determinaron ellos fue la composición y es donde estamos en desventaja numérica. Siete del bloque priista y seis de nuestro lado, si el PAN va con nosotros”, comenta el perredista.

A su vez el diputado de MC e integrante de la comisión Monex, Ricardo Mejía Berdeja, recuerda que el PRI sostuvo que la Condusef no está para investigar bancos. “Alegamos que no están para operar y hacer fraudes electorales; además que el artículo primero de la Constitución dice que las normas se deben interpretar en el sentido más favorable a los derechos humanos y que el derecho al voto es un derecho humano”.

A fin de evitar un litigio que estuviera en la prensa varios días y darle nuevos elementos al MC y al PT para que acrecentaran su malestar hacia Peña Nieto y su toma de protesta, la bancada del PRI aceptó dar el aval. Pero pidió que no se incluyera la palabra Monex en su nombre, comenta uno de los operadores del PRI que pide el anonimato.

“No fue una concesión del PRI para allanar el camino de Peña Nieto rumbo al 1 de diciembre. Nunca se nos planteó alguna condicionante. Pero si me dicen qué tipo de posición debo asumir respecto al nuevo gobierno, yo renunciaría en ese momento y lo haría público. Si alguien pretende influir en la investigación o pretende que no se toque a un funcionario o persona, lo denunciaría”, adelanta López Suárez.

El presidente de la comisión explica que se pedirá información a todas las instancias involucradas en el proceso electoral, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Sistema de Administración Tributaria, el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral.

Además se pedirá la comparecencia de funcionarios de Grupo Financiero Monex –principal implicada en el llamado monexgate–, de Scotiabank, Bancomer, Banamex y Soriana.

El primer paso será pedir al IFE toda la información, “incluyendo la que hayan desestimado”, dice el presidente de la comisión.

Pero la carta fuerte será llamar a comparecer a los despedidos de Monex, revela López Suárez. “Cuando se supo de la comisión me contactaron dos personas que trabajaron en esa empresa; me comentaron que en cuanto detectaron algunos movimientos irregulares lo reportaron a sus superiores, pero estos les pidieron que callaran porque era un tema relacionado con el PRI. ‘No le muevan’, les dijeron. Después hubo una segunda notificación pues seguían apareciendo movimientos irregulares. La respuesta fue que los corrieron”.

Mejía Berdeja adelantó que generarán “un blindaje” para que los exempleados de Monex cuenten con todas las garantías para dar la información, tengan seguridad y que sus testimonios sirvan a la comisión sin poner en riesgo su integridad física, pues se sienten amenazados “y tienen miedo”.



Vínculos tricolores



Con las indagatorias del equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, del que formó parte el actual diputado por el MC Ricardo Monreal, y el trabajo de diversos medios salieron a la luz y se presentaron documentos que prueban que la empresa Inizzio tiene como propietario al inexistente Juan Pérez Lizárraga, y que Efra está vinculada con la familia de Gabino Fraga, vinculada con el PRI.

Después se dio cuenta de otras empresas, como Atama, Alkino, Koleos, Tiguan y una veintena más (Proceso 1866), que por diversas vías estaban relacionadas.

Inizzio y Efra facturaron por lo menos 160 millones de pesos que se usaron para adquirir tarjetas emitidas por Grupo Financiero Monex, que a su vez fueron distribuidas entre gente que laboraba para el PRI.

Quien debió contar con toda la información de cómo pudo darse el entramado financiero y cuáles empresas habrían participado es el aún director del Sistema de Administración Tributaria, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien el jueves 20 fue avalado por el Senado como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Gutiérrez Ortiz Mena tendría que explicar por qué se permitió la evasión fiscal y por qué no se notificó sobre la triangulación de recursos. El SAT tenía toda la información y ahora “pues será muy ministro pero tiene que comparecer también”, dice Mejía Berdeja.

López Suárez confió en que dicha información no haya sido desaparecida del SAT, y evitó hacer algún señalamiento hacia Gutiérrez Ortiz Mena.

El aún director del SAT –reconocido fiscalista– forma parte del círculo de empleados de la Secretaría de Hacienda, igual que Alfredo Cristalina Kaulitz, titular de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE, quien dijo que podrían tardar hasta “cinco años en concluir las indagaciones” del monexgate.

Aunque Gutiérrez Ortiz Mena llegó al SAT en 2008 a propuesta de Felipe Calderón, sus vínculos con el PRI vienen desde su abuelo, Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda en los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz. El próximo ministro ingresó a Hacienda en 1995. Entre 1997 y 2001 trabajó en despachos privados, como White & Case, el que defendió a Banamex en el litigio abierto tras la compra de sus acciones por Citigroup, transacción en la que se evitó un multimillonario pago de impuestos.

En 2003, cuando José María Zubiría Maqueo fue nombrado director del SAT, éste designó a Gutiérrez Ortiz Mena administrador jurídico, quien en 2006 pasó a la dirección de Grandes Contribuyentes. Por el mal desempeño de las áreas jurídicas y de Grandes Contribuyentes, el gobierno federal perdió cientos de juicios ante empresarios, como lo estableció la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública de 2005, con un costo de 690 mil millones de pesos.

Junto a Gutiérrez Ortiz Mena trabajó Alfredo Cristalinas Kaulitz, hoy encargado de investigar el supuesto financiamiento ilegal de Peña Nieto. Cristalinas trabajó en el SAT de 1999 a 2009.

Éste ya no tendrá a Gutiérrez Ortiz Mena en el SAT para intercambiar información, ahora tendrá a la comisión Monex, a la que el miércoles 21 envió el oficio UF/DRN13559/2012 para pedirle a López Suárez que “remita a esta unidad toda la información que recopile como resultado del ejercicio de las investigaciones”.



Ajustes



Para disminuir las sorpresas el 1 de diciembre, el PRI decidió el pasado martes 21 aceptar la inclusión del PT en la comisión; un día después siguieron con los panistas. En la comisión dictaminadora de la Ley Para Reformar la Administración Pública el PRI aceptó incluir dos modificaciones del PAN.

Desde que se dio a conocer la propuesta del equipo de Peña Nieto, los panistas advirtieron tintes represivos; por ello pidieron acotar el uso de la fuerza pública por parte de la Secretaría de Gobernación. Además presionaron para mantener la atención a las mujeres y a los indígenas en organismos autónomos.

En el mismo sentido, desde la mañana del jueves 22 los perredistas condicionaron su actuar el 1 de diciembre a otras modificaciones a la ley que ese día se aprobó. Beltrones y su equipo operaron dándole finalmente cuatro cambios al PRD para “ahuyentarles algunos fantasmas”: Se suprimió el término “disturbios” y se estableció que Gobernación participe en la atención integral a las víctimas.


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