La bancada perredista del congreso local ha puesto sobre la mesa de debate en Yucatán la posibilidad de legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. El principal impulsor de esta propuesta es Bayardo Ojeda, diputado por el Partido de la Revolución Democrática en el Congreso del Estado de Yucatán.
En 2009 este tema se discutió en el Congreso del Estado, debido a las reformas que se llevaron a cabo las cuales elevan a rango constitucional los matrimonios heterosexuales, excluyendo de esta manera a las parejas del mismo sexo que deseen darle sustento legal a su unión. Las reformas del 2009 representaron un golpe a los derechos humanos de la ciudadanía yucateca.
En el artículo Primero, párrafo Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se expresa claramente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. “ En base a esto, argumentan los diputados la necesidad de legislar a favor de las uniones de personas del mismo sexo.
El proceso para presentar esta iniciativa se inició el sábado 10 de noviembre con el Primer Foro de Análisis sobre la iniciativa de Ley de Sociedad Convivencia. Este foro se llevó a cabo en el Centro Cultural Olimpo y contó con la participación de Rosa María Canul de la organización “Tin Mejay A.C.”, el sicólogo Herbert España de CESSEX, el abogado Miguel Soria quien fue uno de los principales impulsores del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal y Roger Romero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), quien fue en representación de su titular, Jorge Victoria.
Momentos antes de que iniciara el foro, algunos asistentes desplegaron una manta que decía: “PRD deja de ser la mascota de la hipocresía. Todos los derechos para tod@s”. Después de un par de minutos retiraron la manta y ocuparon sus lugares entre el público.
La primera participación correspondió a Rosa María Canul, ella como representante de la asociación Tin Meyaj A.C., planteó los beneficios, que de aprobarse, otorgarían a personas de la tercera edad las Sociedades de Convivencia.
Entre sus principales argumentos explicó que ante el abandono en que se encuentran estas personas, con las sociedades de convivencia, tendrían la oportunidad de buscar compañeros o compañeras y podrían contar con la protección del Estado. Canul también expresó que debe ser la ciudadanía quien impulse esta propuesta, ya que actualmente no se puede contar con el apoyo de los partidos políticos de ultraderecha.
Después de la participación de la señora Canul, le cedieron la palabra al sicólogo Herbert España quien se dijo sorprendido, ya que cuando recibió la invitación para el Foro le habían propuesto discutir las opciones de Sociedad de Convivencia o Matrimonio Universal y ahora encontraba que la propuesta de Matrimonio Universal había desaparecido del programa. Además pidió ser el último en participar.
Ante esto, se le dio la palabra a Roger Romero, quien expresó que estaba ahí para llevar la voz de Jorge Victoria Maldonado, titular de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY). Sin embargo, simplemente se limitó a agradecer la invitación y que la CODHEY respaldaría la iniciativa que se presente, ya sea de Sociedad de Convivencia o Matrimonio Universal, es decir, el representante de la CODHEY no entró al debate.
Quien sí abrió realmente el debate fue el abogado Miguel Soria. Primero porque afirmó que si se pretende la inclusión de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) es importante no poner adjetivos como “universal” o “igualitario” al matrimonio entre personas del mismo sexo, que simplemente se debe denominar matrimonio a esas uniones al igual que a las de las personas heterosexuales.
También hizo una comparación entre las Sociedades de Convivencia del Distrito Federal, el Pacto Civil de Coahuila y el Matrimonio. Las primeras dos figuras legales resultan discriminatorias y limitantes para las parejas homosexuales ya que no otorgan los mismos derechos y obligaciones que el concubinato y el matrimonio. Por lo tanto, explicó Soria que la única entidad jurídica que otorga los mismos derechos sin importar la orientación sexual de las parejas es el matrimonio, por esta razón, lo que se debe legislar es la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y no presentar iniciativas para la creación de nuevas figuras jurídicas.
También explicó que solamente en 14 estados de la república existe el delito de discriminación por orientación sexual o identidad de género, y en dos estados la homosexualidad es agravante en el delito de corrupción de menores; por ello recomendó a los congresos legislar para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas y todos sin importar la orientación sexual.
Herbert España, de Cessex, cerró las participaciones de la mesa con una postura muy similar a la del abogado Soria. Primero aceptó la propuesta de no utilizar el adjetivo “universal” y simplemente hablar de matrimonio sin importar la orientación sexual de la pareja.
España explicó que la Sociedad de Convivencia no cambia el estatus legal de quienes se asocian y por lo tanto no pueden otorgar seguridad social y la adopción solamente puede darse de manera individual.
Además habló sobre la importancia de lo simbólico para la salud mental, es decir, que el Estado reconozca y respete la validez jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo contribuye al desarrollo sicosocial pleno de las personas involucradas en la relación.
Por otra parte, también tocó el punto de la adopción para las parejas del mismo sexo. De acuerdo con España, la preferencia u orientación sexual de los padres no determina la identidad de género de los hijos y las hijas, ya que esta se forma con diversos factores tanto internos como externos.
Para cerrar su participación recalcó la importancia de que las iniciativas de ley que se presenten en los congresos deben sustentarse en las necesidades de los grupos directamente afectados, pero sobre todo en investigaciones científicas, ya que cuando se legisla en base a lo que “se cree que es mejor” se termina atentando contra los derechos humanos.
Cuando se abrió el espacio para la participación del público, se cuestionó que los organizadores no tomaran en cuenta los puntos de vista de las organizaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en Yucatán.
Se cuestionó que más que un foro de análisis parecía una imposición de la figura jurídica de la Sociedad de Convivencia. Ante esto, el diputado Bayardo Ojeda se comprometió a que si lo que las organizaciones proponían era legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, esa sería la propuesta que llevaría al Congreso del Estado, pero pidió que esta iniciativa la respalden las diversas organizaciones de la sociedad civil.
Hasta el momento parece ser que próximamente el debate llegará al Congreso de Yucatán donde seguramente habrá oposición de los grupos cercanos al poder fáctico de la Iglesia Católica, sin embargo, es importante que los diputados que presenten la propuesta de ley se abran a las observaciones de los organismos civiles de derechos humanos de Yucatán.
La promesa de los diputados debe traducirse en hechos. Si ceden a las presiones de grupos conservadores quedará demostrado que los intereses políticos están sobre los derechos humanos. Por otra parte, la CODHEY y su titular deben dejar a un lado las posturas ambiguas y ejercer el papel que corresponde a un ombudsman.
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