Tras 2 años de bloqueos en el Congreso, México ya tiene una ley para combatir el lavado de dinero. Pero la falta de un reglamento claro, el alto costo que deberán pagar las empresas para cumplir y la inviabilidad para que las autoridades las vigilen podrían dejar esta arma jurídica sin balas.
Francisco Muciño
La buena noticia: México ya tiene una ley federal para combatir el lavado de dinero y deja atrás las 13 diferentes leyes dispersas que tocan hoy la prevención o persecución del blanqueo de recursos. La mala: la falta de reglas claras, los altos costos para que las entidades cumplan la norma y la incapacidad de las autoridades supervisoras podrían dejar esta legislación en puras buenas intenciones.
Después de dos años de estar atorada en el Congreso, el pasado 11 de octubre el Senado aprobó la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y el día 17 del mismo mes fue decretada por el presidente Felipe Calderón.
Con esta ley se fortalecerán los procedimientos para prevenir la entrada de recursos de procedencia ilícita, sobre todo del crimen organizado, a la economía formal del país, ya que más instituciones, además de las financieras, estarán obligadas a reportar movimientos irregulares en aquellas actividades que se consideran vulnerables.
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