Rumbo a la calificación, en el IFE y el TEPJF ni ven ni oyen -APESTA A IMPOSICIÓN

Andrés Manuel López Obrador (Photo credit: Wikipedia)

Rumbo a la calificación, en el IFE y el TEPJF ni ven ni oyen ROSALÍA VERGARA: Sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Foto: Benjamin Flores
El representante del PRD ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez, repasa en entrevista la ruta de los 359 recursos de impugnación del Movimiento Progresista ante las autoridades electorales. Dice que éstas han adoptado una actitud “encubridora del PRI” y que, si el IFE sigue negándose a investigar a los priistas, el Tribunal Electoral validará la elección sin ofrecer certeza sobre los presuntos gastos desmedidos en la campaña del PRI, la temprana promoción ilegal de la candidatura de Enrique Peña Nieto en Televisa, la triangulación de fondos de procedencia dudosa y la compra masiva del voto.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Para la coalición Movimiento Progresista, a nadie le quedó duda de la sobrexposición del priista Enrique Peña Nieto en el “Canal de las Estrellas” desde 2005, cuando fue electo gobernador del Estado de México, hasta el 27 de junio pasado, cuando terminó la campaña por la Presidencia de la República.



Su rostro, inclinado como si escuchara a un ciudadano, se veía no sólo en la televisión, sino en espectaculares, toldos de taxis, el vidrio trasero de los camiones, los andenes del metro, bardas, tarjetas telefónicas… y otras tarjetas, como las de Soriana, Monex y Monex Internacional.

El manejo de la imagen del mexiquense se mantuvo en el sigilo, pero los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia sostienen que desde antes de la elección los líderes priistas manejaron miles de millones de pesos para comprar el sufragio de ciudadanos con necesidades económicas, pero también transaron a sus propios operadores desviando el dinero que debía pagárseles a ellos o a quienes vendieron su voto.

El 9 de junio pasado el Partido de la Revolución Democrática denunció ante el Instituto Federal Electoral (IFE) al PRI, a su candidato presidencial Enrique Peña Nieto y a Televisa, S.A. de C.V., porque contrataron “de manera encubierta espacios promocionales en diversos medios de comunicación”.

Más de dos meses después, el 16 de agosto, el consejo general del IFE declaró “infundada” la queja, y cuatro días después el PRD presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una apelación en la que destaca “que el IFE obvió la naturaleza de los hechos denunciados, que es el ocultamiento; es decir, no investigó a fondo, tanto de la propaganda que se hace parecer noticias como el posicionamiento electoral de Enrique Peña Nieto sin contrato directo de prestación de servicios entre los involucrados”.

En entrevista con Proceso, Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del PRD ante el IFE, desmenuza cómo el PRI pretende consumar la compra de la Presidencia de la República. “Nos reservamos el derecho a reconocer o desconocer el dictamen de la calificación de la elección presidencial, que solicitamos se invalide; por eso estamos agotando todos los tiempos legales para ello”, anticipa.

Entre las publicaciones que se muestran como ejemplo de la promoción anticipada e indebida de la candidatura de Peña Nieto se citan los publirreportajes publicados por la revista Quién, que en uno de ellos –el cual puede verse en su página electrónica (www.quien.com/perfiles)– resume la vida del político desde su nacimiento, en 1966, hasta 2012.

En el apartado correspondiente a 2009 dice: “El presidenciable. En una adelantada carrera presidencial, las encuestas sobre posibles candidatos continúan y Enrique Peña Nieto es quien va a la cabeza. Según una encuesta realizada por El Universal, si las elecciones se dieran el día de hoy y los candidatos fueran el gobernador del estado de México y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Peña Nieto ganaría con 36%”.

En su número 175, del 3 de octubre de 2008, la misma revista confirmó el noviazgo de Peña Nieto con la actriz Angélica Rivera, apodada La Gaviota, por el personaje de una telenovela que grabó para Televisa. A él lo llamaba “el viudo de oro” y a la señora “una de las actrices de mayor éxito en 2007 gracias a su papel en Destilando amor”.

El 8 de junio pasado, el periódico inglés The Guardian publicó cinco documentos que expuso en un reportaje publicado el día anterior sobre el respaldo de Televisa a la campaña presidencial de Peña Nieto. Son cinco hojas sin membretes ni firmas que precisan los presuntos pagos del gobernador mexiquense a la televisora por servicios de publicidad, como spots, notas “informativas”, tiempo al aire y publirreportajes.

Según los registros, esa campaña incluyó menciones favorables a Peña Nieto en las revistas de la división editorial del Grupo Televisa: Eres, Furia Musical, Cosmopolitan, Vanidades, Caras, Muy Interesante, Conozca Más, Teleguía y Tv y Novelas.

Asimismo, relató The Guardian, la empresa proveyó de entrenamiento a voceros, al propio gobernador Peña Nieto y a sus secretarios de gabinete, lo mismo que de “asesoría permanente” a su cliente entre 2005 y 2006. El diario británico mencionó que, a juzgar por los documentos que obtuvo, Peña Nieto pagó a Televisa 346 mil 750 pesos.



Candidato de pantalla



Desde hace seis años el reportero Jenaro Villamil ha documentado en este semanario los acuerdos sostenidos entre Peña Nieto y Televisa para promover la imagen del priista como el próximo presidente de México (Proceso 1612, 1703, 1706, 1708, 1731, 1742, 1743, 1766, 1770, 1777, 1844, 1854, 1858, 1861, 1862, 1863 y 1864).

Un monitoreo realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a solicitud del IFE confirma la falta de equidad que prevaleció en la campaña presidencial. De un total de 3 mil 583 valoraciones emitidas en diversos medios de comunicación, Peña Nieto obtuvo 668 menciones positivas y 488 negativas, mientras que López Obrador 477 positivas y 947 negativas.

A esto hay que sumar el manejo de encuestas en los medios de comunicación para favorecer la imagen de Peña Nieto. Las empresas GEA-ISA/Milenio, El Universal/Buendía y Laredo, BGC/Excélsior y Consulta Mitofsky/Radio Fórmula/Televisa, entre otras, difundieron resultados que no correspondieron a la realidad a fin de proyectar la imagen de Peña Nieto como el candidato inalcanzable en las preferencias electorales.

Por ejemplo, la encuesta GEA-ISA/Milenio publicada el 27 de junio (último día de la campaña) en el periódico Milenio acota que “tras 101 días de seguimiento diario electoral” el candidato del PRI mantiene una ventaja de 18.4%, es decir, más de tres veces superior a la que obtuvo Peña en el conteo oficial. Después de la elección, el directivo del diario Ciro Gómez Leyva, encargado de difundir esta encuesta en Milenio Televisión, declaró que renunciaría a realizar este ejercicio en lo que resta de su carrera como conductor de noticiarios.

A esto se sumó el gasto excesivo que, según el Movimiento Progresista, realizó el PRI en propaganda y en movilización de operadores para los actos de campaña de Peña Nieto. El 26 de abril, la coalición de izquierda presentó ante el IFE una queja por violación al tope de gastos; hasta ese momento habían documentado erogaciones de 374 millones 920 mil 338 pesos por parte del PRI tan sólo en la precampaña.

El IFE determinó que el PRI no incurrió en faltas de esa magnitud. El 5 de junio pasado, la coalición de izquierda amplió la queja y presentó más elementos para sustentar que Peña Nieto y su equipo habían gastado 719 millones 500 mil 989 pesos, con lo que casi había duplicado el tope de gastos (383 millones 388 mil 905 pesos).

El 10 de julio se amplió la queja, pues el Movimiento Progresista argumentó que para el 27 de junio el gasto cuantificado de la campaña priista era de mil 173 millones 486 mil 884 pesos, tan sólo en actos de campaña y propaganda. El 12 de julio, en el juicio de impugnación se pidió la invalidez de la elección presidencial porque, a decir de la coalición encabezada por López Obrador, entre el PRI y el PVEM gastaron 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos en la campaña presidencial de Peña Nieto.

“Corresponderá a ustedes, señora y señores magistrados, indagar los hechos para determinar cuántos miles de millones se utilizaron para literalmente tratar de comprar la elección presidencial de 2012”, retó López Obrador. Sin embargo, el representante de la coalición ante el IFE, Márquez Madrid, afirma que los magistrados del tribunal no han movido un solo dedo respecto del asunto.

Después se conoció la entrega de dinero en efectivo a operadores priistas que buscaban a ciudadanos para comprar sus votos, como atestiguó un ciudadano capitalino ante esta reportera, a cambio de omitir su nombre. La coalición tiene testimonios notariados de esta naturaleza que el IFE y el TEPJF ni siquiera han valorado.

A esto se añade la creación de empresas “fantasma” para triangular recursos a la campaña de Peña Nieto, como Inizzio, Efra, Monex, Alkino y otras documentadas por Proceso.

El 26 de julio el Movimiento Progresista recibió desde Tabasco una relación de 4 mil 891 activistas y operadores de las movilizaciones del PRI, conocidos como RAV, que recibieron pagos mediante monederos Monex. Esas personas no necesariamente actuaron como representantes de casilla, sino como promotores del voto a favor de Peña Nieto.

Esta hipótesis aún tiene que ser confirmada por los magistrados en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con el propósito de exhibir las presuntas pruebas, el miércoles 22 el Movimiento Progresista realizó en el Zócalo capitalino un festival con fotografías, artículos promocionales y anuncios propagandísticos de Peña Nieto, así como comentarios sobre lo que consideraron el fraude electoral de este año. Ahí, López Obrador pidió a Felipe Calderón que las instancias correspondientes de su gobierno investiguen y muestren públicamente las pruebas del manejo de recursos ilícitos por el PRI.

En particular, el excandidato de la izquierda se refirió a la relación de 4 mil facturas emitidas durante los tres meses de la campaña presidencial, 5 millones de tarjetas telefónicas y de prepago, los registros de empresas fantasma para triangular recursos e incluso la entrega de animales domésticos a indígenas y campesinos.

“Pido a ustedes que se abra la investigación correspondiente y que soliciten a la empresa MarkCom Tech Solutions y a Telmex el contrato que legalmente hubo de ser suscrito en esta compraventa. Les doy a conocer que en el juicio de inconformidad entregamos al IFE 378 tarjetas con estas características. Asimismo, anexo un documento promocional de la empresa MarkCom, denominado ‘La mejor herramienta de marketing político, PRI Comprometidos con México, tarjeta telefónica promocional’, que aparecía en la página de dicha empresa hasta antes de que la cerraran”, destacó el excandidato ese día, y emplazó a los magistrados a elegir “entre el dinero o el sufragio efectivo”. Añadió: “La verdad, quieren comprar la Presidencia. Y en una democracia efectiva todos debemos valer igual”.

Al día siguiente, jueves 23, los consejeros del IFE salieron a aclarar en los medios que el presidente Calderón no está obligado a pedir información sobre los gastos del PRI.



Casos sin resolver



Según notas periodísticas que recogen las declaraciones de los consejeros del IFE y el TEPJF, en los próximos días –máximo el 31 de agosto– este último validará la elección presidencial del pasado 1 de julio, pese a los elementos de prueba que el Movimiento Progresista aportó en sus 359 juicios de inconformidad, a partir de sus propias investigaciones, pero también con indicios que en su momento presentaron el PAN e, independientemente, varios medios de comunicación.

Camerino Márquez, Ricardo Monreal, Jesús Zambrano y el propio López Obrador han sostenido que el IFE y el TEPJF tienen facultades para realizar investigaciones a fondo y solicitar datos a entidades bancarias, pero no han querido ejercerlas para documentar oficialmente los ilícitos que se le atribuyen al PRI.

En un resumen concentrado sobre la ruta de la impugnación, Márquez resalta que los recursos de impugnación del Movimiento Progresista a nivel nacional pretenden invalidar la elección presidencial y retirarle el registro a Peña Nieto, porque la compra del voto es una causal para ambas sanciones.

Señala que el 30 de agosto presentó ante el IFE tres quejas de fiscalización por el caso de Zacatecas, rebase del tope de campaña y compra de votos a través de Soriana y tarjetas Monex, pero el caso sigue sin resolverse, por lo que no se han podido amparar ante el TEPJF.

Otras ocasiones sí pudieron hacerlo. El 26 de julio el IFE aprobó el reporte del PRI, según el cual gastó 59 millones 794 mil 85 pesos durante el mes de campaña y sólo notificó de 11 millones 76 mil 659 pesos en una cuenta concentradora. Dos días después el Movimiento Progresista lo presentó al TEPJF “como prueba de ocultamiento de información por parte de la Unidad de Fiscalización”.

El 9 de agosto, el Consejo General del IFE rechazó la petición de la izquierda para que resolviera las quejas de manera expedita, y la coalición apeló ante el tribunal el día 13, como consta en el expediente SUP-RAP/418/2012.

Para Márquez Madrid, todo esto demuestra que los consejeros del IFE y del TEPJF asumieron “una actitud encubridora” hacia el PRI, ya que no sancionaron la cobertura tendenciosa de Televisa, el manejo de encuestas que mintieron sobre las preferencias electorales ni el gasto excesivo en propaganda.

“Hemos estado exigiendo al IFE que, en el ámbito de su competencia, su Unidad de Fiscalización debió concluir con los dictámenes de las 13 quejas vinculadas con el juicio de impugnación 359, en el cual estamos exigiendo que se declare la invalidez de la elección presidencial por todas las evidencias e irregularidades del proceso, antes y durante la campaña electoral, y el día de la jornada electoral misma”, explica.