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Tienen recursos para adictos y no los usan
Miguel Vargas | NorteDigital
Desde hace ocho años está sin utilizarse una partida de 800 mil pesos para tratamiento de farmacodependientes, con lo que 533 adictos pudieran rehabilitarse, en atención a las nuevas reformas a la Ley Federal de Salud.
Josefina Gaytán, regidora de la cartera de Salud en el Cabildo, dijo que lo único que impide hacer uso de ese dinero, es que no se han reunido los integrantes del Comité Municipal de Salud para hacer los trámites necesarios.
El fondo forma parte del Fideicomiso Especial para las Adiciones y VIH, que se logró durante la administración del alcalde Jesús Alfredo Delgado (2002-2004) pero está intacto, dijo la edil.
Gaytán aseguró que desconoce hasta ahora con precisión las reformas que se hicieron a la Ley Federal de Salud, para que los gobiernos locales se obliguen a rehabilitar a los adictos que son detenidos en delitos de narcomenudeo.
Encargados de Oficialía Jurídica y Barandilla, citaron que mensualmente unas 130 personas son detenidas por preventivos por su relación en el narcomenudeo, los cuales en más del 80 por ciento tendrán que ser puestos a disposición de la Fiscalía estatal, según las nuevas reglas.
Los procesos de rehabilitación para cada adicto cuestan alrededor de 15 mil pesos, de acuerdo a datos proporcionados por encargados del sector salud.
El secretario del Ayuntamiento, Héctor Arcelús, sobre el tema ha insistido en que el Municipio no tiene recursos para hacer frente a esas reformas, porque la Federación no contempló partidas económicas extraordinarias y sólo se limitó a transferir a los Ayuntamientos esa obligación para tratar a los farmacodependientes involucrados en el narcomenudeo.
La Secretaría de Salud informó que echará mano de los 40 centros de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos que existen en la ciudad, para tratar a los farmacodependientes que sean sentenciados por el estado en delitos de narcomenudeo.
Édgar Lozano Becerra, jefe del área de Vinculación del sector salud, aseguró que sólo en aquellas personas sentenciadas por jueces orales del fuero común, el Estado tiene la obligatoriedad de asistirlos en su rehabilitación, según sea el caso que decida el magistrado, asesorado por funcionarios del sector salud.
Indicó que la medida no cayó de sorpresa a nivel local, pues desde el 2007 se ha trabajado en juicios orales en todo el estado, donde mil 047 imputados han recibido ya terapias o internamientos para tratar sus adicciones a las drogas.
“Pero a ciencia cierta no sabemos lo que va a pasar si las cifras de detenidos rebasan lo programado en cuanto a la capacidad de asistencia, lo cual se resolverá sobre la marcha”, expresó el funcionario.
Además mencionó que se cuenta con tres Centros Nueva Vida para las sesiones de terapia que lleguen a ordenar los jueces sobre aquellas personas sentenciadas por su participación, pero en caso necesario se canalizarán a estas personas a los grupos de AA, indicó.
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