La piratería, falsificación y contrabando representan un importante impacto negativo sobre la industria nacional; sin embargo, su combate no puede darse a partir de afectaciones a la libertad de expresión y privacidad de los usuarios, como plantea el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA), advirtió la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Especial preocupación provoca la "amplia redacción" del ACTA, ya que "deja abierta la puerta" a riesgos que pudieran afectar los derechos fundamentales de expresión, comunicación y privacidad, así como algunas normas internacionales contenidas en tratados que México ha ratificado y que, por consiguiente, son parte integral de nuestro ordenamiento jurídico nacional.
Francisco Funtanet, presidente de la Concamin, dijo que cuando se plantean acuerdos del tipo del ACTA se debe considerar la necesidad de contar con estrategias efectivas que no afecten el crecimiento y desarrollo de otras industrias y sectores de la economía.
"Sin bien el ACTA es un instrumento que fue ideado con el objetivo de enfrentar los retos de la piratería y falsificación en un entorno digital, también ha sido señalado por aspectos que pueden llegar a afectar el desarrollo del país, ya que no se está cierto de que vaya acorde a diversas disposiciones constitucionales y legales en el ordenamiento jurídico nacional."
Para el caso del usuario final, este acuerdo puede impactar el crecimiento y la penetración de Internet, y, por ende, la transición hacia una sociedad de la información, señaló Funtanet.
No obstante aseguró que los industriales están en la mejor disposición para evaluar las distintas opciones relacionadas con el combate a la piratería, falsificación y contrabando, pero privilegiando un escenario balanceado que no afecte el sano crecimiento y desarrollo de la economía, así como la penetración de Internet, donde se promueva el respeto a los derechos de libertad, de comunicación, de expresión y la privacidad de los usuarios.
Además, observó, México tendrá que desarrollar una legislación secundaria que encuentre la solución de cómo proteger la propiedad intelectual en el entorno digital, respetando los derechos constitucionales de los mexicanos.
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