BUENOS PARA NADA de la PGR listos a deslindar a PEÑA y al PRI de todo delito

La Jornada: Definitiva, la indagatoria del IFE para acreditar el delito por el caso Monex:

Definitiva, la indagatoria del IFE para acreditar el delito por el caso Monex
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 29 de julio de 2012, p. 8
Los resultados de las investigaciones que realiza el órgano de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) serán determinantes para el desarrollo de las averiguaciones previas que integra la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) respecto de las denuncias relacionadas con el caso Monex, señalaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).



Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que no se puede considerar que hubo lavado de dinero a través de Monex en los comicios presidenciales, hasta que no se acredite que los recursos canalizados mediante empresas privadas tuvieron un origen ilícito; es decir, que fueron obtenidos de la comisión de un delito, si no es así, la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita no encuadraría jurídicamente.

De acuerdo con la información obtenida, la Fepade ya recibió información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores relacionada con algunas operaciones de Monex, pero para acreditar el delito requerirá no sólo de pruebas indiciarias para consignar el caso ante un juez, también de testimonios de ciudadanos que acepten haber sufragado por determinado candidato o partido a cambio de dinero o dádivas.

Explicaron que el agente del Ministerio Público no puede ir más allá de los alcances jurídicos que le permite la legislación electoral en su artículo 458 y el Código Penal Federal, en el artículo 403, fracción VI, que en ambos casos señalan que se debe sancionar a quien solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral.

Para acreditar el delito, la Fepade debe tener pruebas y testimonios, pero en estos casos las autoridades no pueden obligar a los ciudadanos a que digan por qué persona votaron.

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