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Casi el paraíso.
La fórmula mágica, cuyo punto central sería generalizar la tasa del Impuesto al Valor Agregado, cancelaría las aportaciones obrero-patronales para seguridad social; rompería el círculo vicioso que permite subsidiar a la informalidad, y le abriría la puerta, ahora sí, a la posibilidad de seguro universal.
El autor de la alternativa con perfil de panacea es el ex subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Santiago Levy, a quien se ubica como el principal estratega del país en materia de programas de combate a la pobreza.
El ex funcionario trabaja actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo.
El punto de arranque de la propuesta se centra en una paradoja: Aunque México aumentó entre 1960 y 2008 en 24% su fuerza de trabajo, el ingreso per cápita respecto a Estados Unidos cayó 14%.
La razón es simple: Nuestra productividad bajó en 31% respecto a la del país de allende el Bravo, por más que en México se trabaja más horas en promedio que en las naciones afiliadas al Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económico.
El diagnóstico habla de inversión en empresas de baja productividad con empleos también de baja productividad, la mayor parte de ellos bajo el cobijo de la informalidad, cuya explosión se explica por distorsiones del régimen fiscal y de seguridad social.
El gobierno subsidia a la precariedad laboral en tanto castiga a los empleos de alta productividad.
De hecho, mientras el Seguro Social afilia sólo a 795 mil 466 empresas, el Censo de 2008 registraba a tres millones 736 mil 347, la inmensa mayoría de las cuales tenía menos de cinco empleados.
Bajo el marco actual los trabajadores formales pagan una contribución para seguridad social de 4 mil 587 millones de pesos, a la que se agregan la patronal de 2 mil 579 y la gubernamental de 2 mil 952.
Del otro lado de la moneda, la posibilidad para los informales la lleva sólo sobre sus hombros el gobierno.
De crearse el Sistema de Salud Universal que plantea Levy, en el que cabrían 39 millones de trabajadores, frente a los 13 que afilia actualmente el IMSS, el peso total del financiamiento correría a cargo del gobierno, con una factura de 10 mil 118 millones… cuya parte medular llegaría con la homologación de la tasa del IVA.
De acuerdo con el cálculo del ex funcionario, con la medida se incrementaría la recaudación del tributo de 3.8% a 7.1% del Producto Interno Bruto.
El remanente sería canalizado hacia un Fondo de Seguridad Social con candados para evitar que el gobierno lo toque.
Y aunque se reconoce que la medida provocaría una reducción del salario real de 4%, la recuperación llegaría al reducirse la tasa de seguridad social contributiva en 22%.
En el caso de los segmentos más desprotegidos habría una compensación para intentar el equilibrio, por más que tendrían la posibilidad de acceso a mayores beneficios de seguridad social.
Ahora que el gancho para jalar a la formalidad a las empresas clandestinas sería una oferta de seguro de riesgos de trabajo igual al que reciben los trabajadores afiliados al IMSS; contribuciones complementarias para pensiones de retiro, invalidez y vida, y garantía de pensión mínima de retiro después de 25 años de trabajo.
Los servicios de salud serían proporcionados por el IMSS y los gobiernos estatales.
En la cauda, el gobierno absorbería el pesado pasivo laboral del IMSS, y se eliminaría el Impuesto Especial a la Nómina, compensando a las entidades federativas por la merma en sus ingresos.
En la carambola, los recursos públicos para la salud crecerían de 200 mil 100 millones de pesos a 394 mil 900, es decir, 52%, y los trabajadores formales incrementarían su ingreso per cápita en 106%.
La polémica está abierta.
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