El Gobierno de México debe establecer ya un mecanismo eficaz que garantice la investigación completa e imparciPublicado: Viernes, 9 de Marzo del 2012, a las 09:56 hrs.
Por: Redacción
Ciudad de México Comentar con Facebook ¡Comentar!Imprimir nota Enviar a un amigo Reducir/Ampliar
El Gobierno de México debe establecer ya un mecanismo eficaz que garantice la investigación completa e imparcial de los casos de desapariciones forzadas que se registran en el país, señaló ayer Amnistía Internacional (AI).
La reciente aprobación en el Senado de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, consideró, debe acompañarse de un reconocimiento de la gravedad del problema y de medidas concretas para enfrentarlo.
"La negativa de las autoridades a reconocer las verdaderas dimensiones del fenómeno y la participación de funcionarios públicos en estos delitos, sea por comisión u omisión así como colusión con el crimen organizado, han permitido que se extienda a muchas partes del país", indica el pronunciamiento.
"El hecho de que ni a nivel federal o estatal se haya establecido un marco legal conforme con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada es un fuerte indicador de la inacción oficial ante estas graves violaciones de derechos humanos y la falta de una política integral".
AI urgió a las autoridades federales a definir las medidas que adoptará para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas que fueron presentadas el martes pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe advierte sobre el incremento de las desapariciones forzadas en México y sobre la carencia de una política por parte de las autoridades para prevenirlas y sancionarlas, recordó.
"También destaca la ausencia de investigaciones sobre la desaparición de miles de personas durante la violencia padecida en últimos años cuyo paradero sigue sin esclarecerse. A su vez, el informe aborda el trato negligente y discriminatorio que han recibido algunos familiares que acuden a las autoridades", apunta.
En muchos casos, indicó, las autoridades tratan las desapariciones como secuestros cometidos por grupos del crimen organizado sin ninguna investigación de por medio.
Remarcó que el Estado mexicano tiene que garantizar un trato digno de los familiares de los desaparecidos, así como acceso a la justicia y a la verdad.
Reprochó, por otra parte, que el Gobierno federal asegure haber cumplido la obligación de excluir de la jurisdicción militar los casos de violaciones de derechos humanos, una recomendación reiterada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
"A Amnistía Internacional le preocupa que el Gobierno anuncie un cambio que todavía no se ha concretado en la realidad", indica. "En la práctica, la justicia militar sigue reclamando la jurisdicción en casos concretos y muchos agentes del Ministerio Público federal niegan su obligación de investigar denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas como la desaparición forzada con el argumento de que no se ha publicado ninguna reforma en el Diario Oficial. Ante esta situación, es prematuro argumentar que el gobierno haya cumplido".
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