25 de febrero de 2012

La llamada “ley de Geolocalización” podría ser anticonstitucional | Pulso Ciudadano


La llamada “ley de Geolocalización” podría ser anticonstitucional | Pulso Ciudadano:
El próximo 28 de febrero se votará en el Congreso una peculiar iniciativa que consistente en reformar el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal y la Ley Federal de Telecomunicaciones que daría facultades al estado para conocer en tiempo real los datos geográficos de los usuarios de telefonía y servicios de GPS y bajo el criterio arbitrario de la PGR. Esta ley que debía ser votada este 23 de febrero fue aplazada en su dictamente hasta el próximo 28 por falta de quórum en la sesión.

Estas reformas han generado mucha discusión en las redes sociales, principalmente en Twitter que bajo el hashtag o etiqueta “#leyGeolocalizacion” se pretende abrir un debate respecto a la pertinencia y constitucionalidad de la medida. En Pulso Ciudadano les traemos este post a manera de análisis para conocer los detalles de la iniciativa y sus posibles implicaciones legales


Publicado originalmente en Human Rights Geek

Este 28 de febrero se votará en el pleno de la Cámara de Diputados la #LeyGeolocalización. En realidad no es una ley, es una reforma a diversas leyes como el Código de Procedimientos Penales, el Código Penal y la Ley Federal de Telecomunicaciones. El objetivo de las modificaciones, según las consideraciones del dictamen es la de:


“Establecer nuevas herramientas que obsequien al Estado mexicano la posibilidad de investigar con mayor eficiencia delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, extorsión o amenazas. (…) busca inhibir, además el robo de celulares y su uso para fines delictivos”.


La principal herramienta que el dictamen pretende “obsequiar” consiste en establecer la facultad de la Procuraduría General de República (PGR) de solicitar a los concesionarios del servicio de telecomunicaciones (ie. TELCEL) a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) la localización geográfica en tiempo real, de las comunicaciones atribuidas, a total discreción de la PGR, a sospechosos de la comisión de los delitos anteriormente mencionados.

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