"Clausuran" Indignados en Coahuila edificio de Congreso
Ante la inminencia del peligro que representan los nuevos integrantes de la 59 Legislatura de Coahuila, el grupo de Ciudadanos por Coahuila, Indignados Coahuila y varios particulares, decidieron acordonar el área considerada como “peligrosa” pues desde ahí desfalcan a la población coahuilense, considerada solo un número per cápita en las estadísticas, pero acosada en los hechos a través del cobro excesivo de impuestos estipulados en la Ley de Ingresos 2012, y que fuera la herencia de la Legislatura anterior.
La administración de Humberto Moreira Valdés de 2006 a 2011 contrató de manera ilícita 38 mil millones de pesos y ahora, la nueva administración estatal encabezada por su hermano Rubén Moreira Valdés le pasa la factura a la ciudadanía de Coahuila. No solamente no se sabe dónde está el dinero, sino que el nuevo gobernador no ha dicho media palabra con relación a si aplicarán todo el peso de la ley en contra de quienes resulten responsables de este fraude que embarga la vida del Estado.
Tomando en cuenta que la misma legislatura anterior está siendo cómplice de un robo institucionalizado, los coahuilenses deberían preguntarse muy seriamente sobre la pertinencia de permitir que el titular del Ejecutivo siendo hermano del anterior continúe en el cargo o exigirle su renuncia, pues queda claro que poco le importan las tropelías de su consanguíneo. También se debería exigir el cese de las funciones de anteriores diputados que ahora se han integrado al gabinete estatal, como Enrique Martínez Morales o Jesús Ochoa Galindo, además del juicio al que tendrían que ser sometidos por engañar a la población y no conformes con ello, legalizar el parapeto de la ignominia por medio de la abrogación de una ley que impedía la contratación de deuda a largo plazo sin el consentimiento previo del H. Congreso. Pues se conoce que la 58 Legislatura de un día para otro cambió la ley, para que el Gobernador Interino Jorge Torres López pudiera renegociar con los bancos acreedores el endedudamiento ilícito del Estado.
La afectación que producirán los cobros excesivos a la economía de miles de coahuilenses, es algo que al parecer poco importa y el cinismo oficial es muy grande.
Por eso, la operación Ojo Ciudadano emprendida por los Indignados en Coahuila debe producir los efectos necesarios para que la sociedad exija a sus gobernantes rendición de cuentas y que aclaren el origen y destino del monto de una deuda que sólo ellos saben a quienes fue a beneficiar.
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