Notimex
Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se enfocaron en 2011 en asuntos de seguridad ciudadana ante el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado que amenazan a las instituciones democráticas de varios países de la región.
El Congreso de Estados Unidos aprobó a mediados de diciembre la suma de 248.5 millones de dólares para México dentro de la Iniciativa Mérida contra el crimen organizado y el narcotráfico para el año fiscal 2012, además de 33.5 millones de dólares bajo el rubro de ayuda al desarrollo.
El Departamento de Estado indicó en esa oportunidad que la asignación de fondos es parte de la evolución de la Iniciativa Mérida para fortalecer las instituciones democráticas, reducir la impunidad y mejorar el respeto a los derechos humanos.
Altos funcionarios del gobierno de Barack Obama así como legisladores han enfatizado en la importancia de continuar el fortalecimiento de otros esfuerzos regionales similares, como la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) y la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI).
El secretario adjunto de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, dijo en diciembre en una audiencia en el Senado que ante presiones de Estados Unidos contra el narcotráfico primero en Colombia, y luego en México y Centroamérica, los grupos buscan reubicarse en el Caribe.
Por esa razón señaló que es importante una estrategia más amplia utilizando los mecanismos regionales para adaptarse a las cambiantes tácticas de los cárteles de las drogas.
La administradora adjunta para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Liliana Ayalde, citó durante la audiencia programas del gobierno para mejorar las oportunidades para los jóvenes caribeños afectados por el desempleo y el narcotráfico.
En una reunión con cancilleres del CARSI en septiembre pasado en Nueva York en el marco de la asamblea general de Naciones Unidas, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reafirmó los pilares de la seguridad ciudadana.
Estos incluyen la lucha contra el crimen, la rehabilitación y las penitenciarias, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la prevención de la violencia.
Por medio de CARSI, Estados Unidos ha proporcionado 361.5 millones de dólares en asistencia de seguridad en cuatro años.
En septiembre, la senadora demócrata Dianne Feinstein y su colega republicano Charles Grassley urgieron en un reporte al gobierno de Obama un mayor apoyo a Centroamérica en la lucha antinarcóticos con un énfasis en programas con efectividad demostrada.
El informe instó al Departamento de Estado y otras entidades del gobierno a que se enfoquen en programas efectivos que ya se aplican en la región y en otras partes del mundo, así como en reformas institucionales y mejoramiento del marco legal en esos países.
El índice de asesinatos en Centroamérica el año pasado fue mucho mayor que el de México, donde en 2010 hubo 18 homicidios por 100 mil personas, pero la cifra llega a 50 asesinatos por cada 100 mil personas en Guatemala, 66 en El Salvador y 77 en Honduras, de acuerdo con el informe.
“La violencia en Centroamérica ha alcanzado niveles de crisis en momentos en que organizaciones narcotraficantes, pandillas juveniles y otros grupos ilegales criminales aprovechan el débil gobierno y los sistemas judiciales defectuosos”, dijo Feinstein en esa oportunidad.
Puntualizó que la ubicación de Centroamérica entre los mayores productores de drogas ilícitas en Sudamérica y el mayor consumidor que es Estados Unidos, la hace “particularmente vulnerable” a los narcotraficantes y que la situación puede empeorar.
Los senadores sugirieron, entre otras medidas, aumentar la extradición de narcotraficantes, apoyar la protección de testigos y jueces, definir las fuentes de la violencia y reducir la demanda de drogas en Estados Unidos.
“Hay una preocupación creciente” en Estados Unidos en lo referente a los temas de seguridad y el crimen organizado “y el riesgo que presentan a los gobiernos democráticos y al estado de derecho”, dijo en una entrevista con Notimex el director de la organización Diálogo Interamericano, Michael Shifter.
Señaló que además de la falta de recursos, el gobierno de Estados Unidos está limitado en su esfuerzo se impulsar una estrategia integral debido a la parálisis política en el país, “que afecta mucho la agenda hacia América Latina porque no se avanza en temas que son importantes para la región”.
El analista sostuvo que en la actualidad “no hay mucho espacio para un debate amplio” sobre las políticas a la región, como lo demuestra el “congelado” debate sobre inmigración o la agenda comercial porque se mantienen los subsidios a los productos agrícolas estadunidenses.
El director del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), Larry Birns, señaló que es necesaria una revisión total en la política de Estados Unidos en la región, en el que la seguridad debe ser uno de los asuntos que se aborde, pero no el predominante porque también es necesario afianzar los lazos económicos.
Las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica “siguen dormidas, no han despertado a una nueva realidad” porque los países de la región, en particular de Sudamérica, buscan impulsar su desarrollo de una manera más independiente de Estados Unidos, indicó.
Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se enfocaron en 2011 en asuntos de seguridad ciudadana ante el flagelo del narcotráfico y el crimen organizado que amenazan a las instituciones democráticas de varios países de la región.
El Congreso de Estados Unidos aprobó a mediados de diciembre la suma de 248.5 millones de dólares para México dentro de la Iniciativa Mérida contra el crimen organizado y el narcotráfico para el año fiscal 2012, además de 33.5 millones de dólares bajo el rubro de ayuda al desarrollo.
El Departamento de Estado indicó en esa oportunidad que la asignación de fondos es parte de la evolución de la Iniciativa Mérida para fortalecer las instituciones democráticas, reducir la impunidad y mejorar el respeto a los derechos humanos.
Altos funcionarios del gobierno de Barack Obama así como legisladores han enfatizado en la importancia de continuar el fortalecimiento de otros esfuerzos regionales similares, como la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) y la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI).
El secretario adjunto de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, dijo en diciembre en una audiencia en el Senado que ante presiones de Estados Unidos contra el narcotráfico primero en Colombia, y luego en México y Centroamérica, los grupos buscan reubicarse en el Caribe.
Por esa razón señaló que es importante una estrategia más amplia utilizando los mecanismos regionales para adaptarse a las cambiantes tácticas de los cárteles de las drogas.
La administradora adjunta para América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Liliana Ayalde, citó durante la audiencia programas del gobierno para mejorar las oportunidades para los jóvenes caribeños afectados por el desempleo y el narcotráfico.
En una reunión con cancilleres del CARSI en septiembre pasado en Nueva York en el marco de la asamblea general de Naciones Unidas, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reafirmó los pilares de la seguridad ciudadana.
Estos incluyen la lucha contra el crimen, la rehabilitación y las penitenciarias, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la prevención de la violencia.
Por medio de CARSI, Estados Unidos ha proporcionado 361.5 millones de dólares en asistencia de seguridad en cuatro años.
En septiembre, la senadora demócrata Dianne Feinstein y su colega republicano Charles Grassley urgieron en un reporte al gobierno de Obama un mayor apoyo a Centroamérica en la lucha antinarcóticos con un énfasis en programas con efectividad demostrada.
El informe instó al Departamento de Estado y otras entidades del gobierno a que se enfoquen en programas efectivos que ya se aplican en la región y en otras partes del mundo, así como en reformas institucionales y mejoramiento del marco legal en esos países.
El índice de asesinatos en Centroamérica el año pasado fue mucho mayor que el de México, donde en 2010 hubo 18 homicidios por 100 mil personas, pero la cifra llega a 50 asesinatos por cada 100 mil personas en Guatemala, 66 en El Salvador y 77 en Honduras, de acuerdo con el informe.
“La violencia en Centroamérica ha alcanzado niveles de crisis en momentos en que organizaciones narcotraficantes, pandillas juveniles y otros grupos ilegales criminales aprovechan el débil gobierno y los sistemas judiciales defectuosos”, dijo Feinstein en esa oportunidad.
Puntualizó que la ubicación de Centroamérica entre los mayores productores de drogas ilícitas en Sudamérica y el mayor consumidor que es Estados Unidos, la hace “particularmente vulnerable” a los narcotraficantes y que la situación puede empeorar.
Los senadores sugirieron, entre otras medidas, aumentar la extradición de narcotraficantes, apoyar la protección de testigos y jueces, definir las fuentes de la violencia y reducir la demanda de drogas en Estados Unidos.
“Hay una preocupación creciente” en Estados Unidos en lo referente a los temas de seguridad y el crimen organizado “y el riesgo que presentan a los gobiernos democráticos y al estado de derecho”, dijo en una entrevista con Notimex el director de la organización Diálogo Interamericano, Michael Shifter.
Señaló que además de la falta de recursos, el gobierno de Estados Unidos está limitado en su esfuerzo se impulsar una estrategia integral debido a la parálisis política en el país, “que afecta mucho la agenda hacia América Latina porque no se avanza en temas que son importantes para la región”.
El analista sostuvo que en la actualidad “no hay mucho espacio para un debate amplio” sobre las políticas a la región, como lo demuestra el “congelado” debate sobre inmigración o la agenda comercial porque se mantienen los subsidios a los productos agrícolas estadunidenses.
El director del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), Larry Birns, señaló que es necesaria una revisión total en la política de Estados Unidos en la región, en el que la seguridad debe ser uno de los asuntos que se aborde, pero no el predominante porque también es necesario afianzar los lazos económicos.
Las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica “siguen dormidas, no han despertado a una nueva realidad” porque los países de la región, en particular de Sudamérica, buscan impulsar su desarrollo de una manera más independiente de Estados Unidos, indicó.
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