México: Laboratorio de EU
El Diario | 10-12-2011 | 20:52
Todavía no termina de supurar la infectada operación Rápido y Furioso que dejó “caminar” armas hacia México para abastecer a los cárteles de la droga y un nuevo episodio de la forma en que Estados Unidos usa de laboratorio nuestro territorio se conoció durante la semana: agentes encubiertos de la DEA (Drug Enforcement Administration) ‘lavaron’ y traficaron millones de dólares a favor de los narcotraficantes.
Integrantes de la agencia antidrogas estadounidense manejaron cargamentos de dólares ilegales para cruzarlos por la frontera y supuestamente identificar cómo las organizaciones criminales mueven su dinero, dónde guardan sus bienes y quiénes son sus líderes.
La operación que muestra la creciente participación de Washington en la lucha contra los cárteles en México fue revelada por The New York Times en base a testimonios de oficiales en activo y ex oficiales federales.
El reporte señala que los agentes encubiertos que trabajan en México desde hace algunos años hacen depósitos procedentes de la droga en cuentas designadas por los traficantes, o en cuentas ficticias que ellos mismos abren.
De nuevo la polémica acompaña a la revelación ya que para dar paso al plan, la DEA permitió a los cárteles continuar sus operaciones durante meses, e inclusive años, antes de llevar a cabo algunos arrestos.
Territorios mexicanos como Ciudad Juárez pagaron un muy alto costo de sangre principalmente los últimos cuatro años por la poca efectividad de ese tipo de estrategias que no hacen sino fortalecer la capacidad de fuego, de reclutamiento y de operación de las mafias.
En los hechos, los operativos de las agencias de Estados Unidos han facilitado el crimen en lugar de combatirlo y al final del camino fracasan en su supuesto objetivo de identificar las cabezas y debilitar la estructura financiera de los cárteles.
El informe detalla que los agentes norteamericanos suelen transportar el efectivo en vuelos gubernamentales hacia Estados Unidos, donde es depositado en las cuentas de los traficantes, y luego enviado a compañías que proporcionan bienes y servicios al crimen organizado.
En otros casos, agentes de la DEA que se hacen pasar por lavadores, recogen las ganancias en Estados Unidos, las depositan en bancos de ese país y más tarde las envían a los grupos delictivos en México.
De acuerdo con el reportaje del NYT también agentes mexicanos se han hecho pasar por traficantes y, acompañados por autoridades estadounidenses, recogen el dinero proveniente de las operaciones ilegales de este lado de la frontera.
Un funcionario de la DEA comentó a The New York Times que no es poco común que agentes norteamericanos recojan a la semana dos o tres cargas de dinero del narco procedente de México.
Sin embargo, a la fecha hay pocos indicios de que el seguimiento del dinero haya interferido en las operaciones de los cárteles, y poca evidencia de que los narcotraficantes mexicanos enfrenten problemas económicos de peso.
“Mi consigna era de que si íbamos a lavar dinero, sería mejor que tuviéramos resultados. De otra manera la DEA podría terminar como el negocio más grande en lavado de dinero, y ese dinero da como resultado la violencia y la muerte”, señaló uno de los ex oficiales citados por el periódico.
Infortunadamente, violencia y muerte han sido la constante en México con una cifra que ronda ya los 45 mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio. A Juárez le tocó sufrir como ninguna otra ciudad del país. De esa cifra atroz casi la quinta parte se ha registrado en esta frontera.
En medio de la barbarie criminal se convirtió en escándalo apenas al inicio de este año, la revelación del alcance del operativo Rápido y Furioso implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).
Se suponía que el ingreso clandestino a nuestro país de 2 mil fusiles de asalto, medio centenar de rifles de francotirador y una cantidad indeterminada de municiones permitiría a las agencias estadounidenses seguir la red de distribución y llegar (sin detenerse en los compradores menores) hasta los jefes de los cárteles, pero perdieron el rastro de la mayoría de las armas y nunca se dio el golpe a las estructuras criminales pese a que operaron con el esquema varios meses entre 2009 y 2010.
Obligadamente el caso tocó, como todo aquello que tiene que ver con criminalidad y guerra contra las drogas, a Ciudad Juárez en su condición de frontera con El Paso, Texas.
Aunque la operación se concentró en Phoenix, donde se localizan la mayoría de las armerías que fueron investigadas, también se trabajó en El Paso de acuerdo a una declaración de la directora de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en la cual reconoció el papel de apoyo que tuvo esa agencia en Rápido y Furioso.
Uno de los reportes de la Cámara Baja de Estados Unidos, señala que al menos 122 de las armas traficadas durante el operativo fueron halladas en 48 escenas del crimen en México, entre el 15 de noviembre de 2009 y el 19 de febrero de 2011.
En ese grupo se encuentran 12 armas recuperadas en el estado de Chihuahua. La mayoría, ocho de ellas, ubicadas en Ciudad Juárez donde el Cártel de Sinaloa liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán intenta desplazar al Cártel de Vicente Carrillo Fuentes.
El documento “Operativo Rápido y Furioso del Departamento de Justicia: Alimentando la Violencia de los Cárteles”, elaborado por los congresistas Darrel Issa y Charles Grassley estableció que al menos dos de las armas utilizadas en el secuestro y asesinato de Mario González Rodríguez, hermano de la ex procuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González, en octubre del 2010, forman parte del lote que se dejó “caminar” hacia México.
En julio de este año el jefe en funciones de la ATF Carlos Canino, reconoció que el Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, así como la célula comandada por Teodoro García Simental, “El Teo”, y La Familia Michoacana, se beneficiaron del tráfico de armas alentado por el operativo Rápido y Furioso, al cual calificó de “perfecta tormenta de idiotez”.
“Armamos al cártel. Es repugnante” expresó el funcionario en una comparecencia ante el Comité de Supervisión del Congreso.
Lo más lamentable es que pese a la evidencia de que al Gobierno de aquel país le importa poco alimentar la violencia mientras ésta no cruce su frontera sur, la administración calderonista nada ha hecho para salirse de ese círculo macabro en el que Estados Unidos pone los consumidores de droga, las armas y ahora nos enteramos que hasta apoya en el lavado de dinero, mientras que México pone los muertos.
Además son varios los capítulos en que se ha mostrado la infame sumisión de los funcionarios mexicanos al deseo de Washington.
Así quedó evidenciado luego del asesinato del agente de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, ocurrido el 15 de febrero en carreteras de San Luis Potosí. Casi inmediatamente el Ejército Mexicano detuvo a Julián Zapata Espinoza alias “El Piolín” y a un grupo de sicarios a su servicio, como responsables del crimen, ante la amenaza de que Estados Unidos vendría por los responsables.
Sólo así se movilizaron los equipos de inteligencia, cercaron el territorio y se ubicaron las casas de seguridad donde se refugiaban los delincuentes, a partir de una labor de inteligencia y en un plazo muy breve, de apenas ocho días.
Lo que no ocurre en todo el país, donde permanecen impunes miles de expedientes de homicidios de agentes y jefes policiacos, de maestros y estudiantes, mujeres, niños, periodistas, familias completas, activistas sociales, derechohumanistas, empresarios y trabajadores, sí se presentó diligentemente en el caso del agente Zapata.
Antes, las autoridades judiciales mexicanas se habían dejado pisotear porque el sobreviviente del ataque atribuido a “Los Zetas”, Víctor Ávila, nunca declaró ante el Ministerio Público –como debería ser conforme a la ley–, sino ante enviados del gobierno de Estados Unidos.
En el ínter los juarenses debieron sufrir además las represalias de los funcionarios de Inmigración y Aduanas que luego del crimen de su agente en territorio mexicano, aplicaron tortuguismo a los ciudadanos de buena fe, que por cuestión familiar, de estudios o negocios tienen que cruzar al otro lado y pasar por las garitas de revisión.
De nuevo le tocó a Juárez llevar la peor parte.
Por eso indigna que las cosas sigan igual aunque fracase la apuesta ciega en la relación bilateral y las estrategias conjuntas se reduzcan a final de cuentas a que tanto el Gobierno mexicano como los narcotraficantes estén mejor armados para la guerra.
El despliegue territorial de la fuerza policial para intentar contener la operación de los narcotraficantes con todas sus actividades delincuenciales alternas permanece como eje central de la acción gubernamental.
Pese a que desde el inicio de la batida de la administración federal contra las mafias se anunció que se les pegaría en su soporte financiero, ninguna operación de alto impacto se ha articulado a nivel nacional.
En Juárez ni un solo golpe se ha dado a los grandes lavadólares y sí en cambio se ha asfixiado a una ya de por sí agónica economía con restricciones a las operaciones con esa divisa, en menoscabo de los ciudadanos en general y de miles de hombres de la pequeña y mediana empresa.
Qué deplorable que en ambos gobiernos el combate al lavado sea mera simulación. Lo más trágico es que Juárez queda justo en medio de las operaciones fallidas y nada en el horizonte cercano atisba un ajuste a las voluntades de los hombres en el poder.
¿Acaso los juarenses deberán atenerse al relevo sexenal del 2012 para vislumbrar un cambio?
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