“El obispado era puente con los represores”
Las pruebas documentales de la complicidad de la justicia y la iglesia en Mar del Plata.
Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly, que impulsan la acusación en el llamado juicio Base Naval II de Mar del Plata, describieron las pruebas que dan cuenta de la participación civil que cubrió las detenciones ilegales.
Por Alejandra Dandan
Jueces federales en los centros clandestinos. Las indagatorias a los detenidos-desaparecidos adentro de la Base Naval de Mar del Plata. Los hábeas corpus. Las negativas a los familiares de esos mismos magistrados. El papel de la Iglesia. El Obispado de Mar del Plata como portero y habilitador de entrevistas entre represores y familiares. El Hospital Interzonal. Los médicos que curaban a secuestrados que luego volvían a los centros clandestinos. La “Ciudad Feliz” y las postales que muestran cómo sus instituciones civiles trabajaron mancomunadamente para sostener la dictadura son algunos de los elementos que está revelando el nuevo juicio oral, llamado Base Naval II, que se lleva adelante en Mar del Plata. Los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Soiza Reilly, que estuvieron a cargo del juicio por Automotores Orletti en Buenos Aires y ahora siguen el de Mar del Plata, están sorprendidos: dicen que así como en Orletti todo era secreto, todo era “SIDE” y todo se borraba, en Mar del Plata todo fue desmesuradamente abierto. La represión contó con el apoyo de las estructuras civiles como los jueces federales y la Iglesia, y dejaron innumerable cantidad de pruebas escritas en una sociedad donde la existencia de esas condiciones parece explicar por qué los juicios todavía no tienen la visibilidad necesaria.
“A comienzos de año, me preguntaron si veíamos en Orletti la pata de la participación civil, en ese momento la verdad es que no lo veíamos –dice Guillermo Friele–, pero ahora tengo que decir que sí: en Mar del Plata colaboró el Poder Judicial y colaboraron las estructuras civiles mancomunadamente para sostener lo que pasó. Yo soy penalista y estructurado, puedo decir qué pasó, pero necesitaría un sociólogo para que me explique por qué pasó lo que pasó.”
Los datos sobre la relación están surgiendo en el segundo tramo del juicio oral llamado Base Naval II, un circuito de tres centros clandestinos integrados por la Base Naval Mar del Plata, en el edificio de la Agrupación Buzos Tácticos; otro en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y los anexos en el Faro y Prefectura Naval Argentina. En esos ámbitos la Armada trabajó en coordinación con el Ejército. Los fiscales que viajan todas las semanas desde Buenos Aires están sorprendidos no sólo por la dimensión de la participación civil que está mostrando el juicio, sino también por la cantidad de pruebas que la constatan. Como si nadie hubiese buscado el modo de ocultarlo o como si de alguna forma aún hoy esa historia estuviese “normalizada”, instituciones como el Hospital Interzonal, el cementerio municipal, pero también el propio Obispado o las autoridades de los centros clandestinos dejaron sus firmas en documentos en donde reconocieron el paso de algún prisionero, que hoy sirven de prueba.
El presbítero Pérez
Mercedes Soiza Reilly tiene sobre su escritorio copias de los documentos que para la fiscalía acreditan, por ejemplo, que el Obispado de Mar del Plata tuvo relación directa con los detenidos de la base naval. “Varios testigos aseguran haber sido visitados por un capellán”, dice Soiza Reilly, como sucedió con Christian von Wernich en el circuito Camps de la provincia de Buenos Aires. “Pero lo que están demostrando los documentos, fundamentalmente, es que el Obispado funcionó como habilitador de posibles encuentros con los represores: los familiares iban al Obispado a pedir reuniones para tener en la base naval, en el centro clandestino. Y el Obispado autorizaba las reuniones. Siempre firma la misma persona, un presbítero llamado José Pérez. Tiene un sello, pero es del Obispado de Mar del Plata.”
Uno de los documentos a los que se refiere la fiscal es una carta firmada por el “presbítero José Pérez”, entonces canciller y secretario general del Obispado de Mar del Plata, fallecido aparentemente el año pasado. En una hoja fechada el 4 de agosto de 1976, dirigida al “capitán de Navío Juan Carlos Malaguti”, le pide que atienda al padre de un secuestrado que irá a verlo de parte suya: “Saludo con toda la estima al Sr Jefe de la Base Naval de Mar del Plata, capitán de Navío, Dr. Juan Carlos Malaguti –dice–, y molesto su atención para pedirle si puede atender unos minutos al portador, Sr. Valente, padre del muchacho detenido, de quien hablamos el lunes 3. Desea saber dónde se encuentra y si es posible verlo o no. Mucho agradezco lo que pueda hacer en favor de este pedido y con tal motivo le renuevo mi estima y respeto, Mar del Plata 4 de agosto de 1976”.
El hijo del “Sr. Valente” es Ricardo Valente, para entonces secuestrado en la base naval hasta el 15 de agosto de 1976, luego trasladado a distintas comisarías y penales y hoy testigo de la causa. Dos años después, el 15 de septiembre de 1978, otro documento señala la intervención del mismo presbítero Pérez, esta vez en una carta “al coronel Aldo Carlos Máspero, jefe del Ejército”.
En esa ocasión, su firma acompaña el mensaje de los Chueque, padres de otro secuestrado: “De mi mayor consideración y respeto”, dice en la primera línea el padre de Marcos Daniel Chueque. “Solicito al señor coronel tenga a bien concederme una entrevista personal para tratar sobre la desaparición de mi hijo, Marcos Daniel Chueque, caso que ha sido presentado ante usted por el Obispado de Mar del Plata.” La carta firmada por Marcos Chueque e Irene de Chueque termina con las líneas del presbítero: “Certifico que el matrimonio Chueque reside en la dirección anotada. Este caso ha sido traído a este obispado hacia fines de junio del corriente año” (ver foto).
Las denuncias terminaron de presentarse la semana pasada, fecha en la que finalizaron las audiencias de este año. Los fiscales evalúan ahora convocar a representantes del obispado para tomar testimonio.
La ciudad judicial
“La base naval tiene la dimensión de una ciudad, todavía tiene un rol muy activo en la comunidad y, para aquel entonces, era lo mismo”, dice Soiza Reilly. “Los familiares sabían que sus hijos estaban en la base. Iban a ver a las autoridades. O iban a ver a Juan Carlos Guyot, un abogado, civil, que permanecía adentro del centro clandestino y decía: ‘Bueno, su hijo está acá, lo tenemos nosotros’.”
En ese esquema, dice Friele, “hay un detalle que es la colaboración de la Justicia Federal de Mar del Plata: nosotros hemos tenido casos de personas que declararon y contaron cómo les tomaron indagatoria adentro del centro clandestino”. Uno de los jueces que acudía a ver a los secuestrados para tomarles indagatoria encapuchados y engrillados adentro de la base como si los hubiese trasladado el juzgado era González Etcheverría y su secretario, ahora fallecidos. Otra jueza es Ana María Teodori, que primero intervino en algunos casos como defensora de los detenidos y luego ordenó tomarles declaración a dos de ellos –Hector Ferreccio y Graciela Dato– dentro del ESIN. En esas circunstancias, dice Friele, los jueces o sus delegados les levantaban la capucha, los hacían declarar, les sacaban las esposas y los obligaban a firmar.
–¿Dónde están esos jueces en este momento?
–Teodori vive –dice Friele–. Va a entrar como acusada en un proceso que puede llamarse Base Naval III. Después, hay jueces y secretarios que murieron. Las organizaciones están haciendo las denuncias pertinentes y la fiscalía también. Hay otro, llamado (Gustavo) Demarchi, que era el fiscal federal en esa época y está detenido ahora y va a ser juzgado.
–Pero no en esta causa. Sucede lo mismo con Pedro Hooft.
–No en esta causa, pero lo significativo es que el Ejército, siempre colgado al 601, funcionó coordinando las fuerzas represivas de ahí: la base naval, la Prefectura y el ESIN y también la Justicia federal que además eran las personas que contestaban negativamente los recursos de hábeas corpus que presentaban los familiares, y esto se está probando.
–¿Por un lado indagaban a los secuestrados y por otro decían que esas mismas personas no estaban detenidas?
–Uno de los coordinadores de esa acción, que está acusado como de participación secundaria, es Guyot, el abogado de la base, que era el que se ocupaba de ir a ver los hábeas corpus al juzgado federal para saber y dar información a la base.
Registro médico de una violación
Otro eje de trabajo en el juicio es la acusación por violencia sexual porque muchos elementos dan cuenta de cómo la violación fue una de las prácticas sistemáticas en la base naval. Además de testimonios históricos como los de Sara Osatinsky, que contó desde la dictadura cómo eran tratadas en la base naval las embarazadas que luego eran trasladadas a parir a la ESMA, y de los testimonios de los sobrevivientes, en el contexto de la enorme producción de pruebas documentales que están apareciendo en la ciudad, los fiscales encontraron un certificado del Hospital Interzonal de Mar del Plata que revisó a una de las secuestradas, trasladada de urgencia desde el centro clandestino, después de lo que la fiscalía describe como una “brutal violación”. Los médicos escribieron en el informe –que se incorporó como prueba– que la paciente llegó con “un cuadro de hemorragia vaginal” y una “hemorragia a la altura del cuello uterino con coágulo y fractura y fisura del cuello uterino”. Esa persona además declaró por primera vez en el contexto de este juicio, luego de un trabajo largo de acompañamiento del Centro Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. “Nunca vamos a ver esto en otro juicio –dice la fiscal–. ¿Una constancia del año ’76 de una detenida, atendida con un abuso sexual comprobado? Jamás aparecieron cosas así.”
#AMLO2012
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