El expediente Leyzaola
Autor: Opinión
Sección: Opinión
20 MARZO 2011
El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) municipal de Tijuana y hoy titular de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, representa fielmente una política de Estado y una visión oficial sobre la seguridad pública que ignora olímpicamente los derechos humanos y la responsabilidad del Estado como garante.
Raúl Ramírez Baena*
Las loas que hablan y escriben de él periodistas de la talla de José Cárdenas y el periódico El Universal (“Leyzaola va a Juárez tras limpiar Tijuana”, Yahoo, 10 de marzo de 2011), en el sentido de que bajo su gestión como jefe policiaco se logró convertir a esa ciudad fronteriza en “modelo de seguridad”, son harto preocupantes porque eso quiere decir que, finalmente, dio resultado la campaña mediática del XIX ayuntamiento de Tijuana y del gobierno de Baja California en medios locales y nacionales: difundieron las andanzas del militar metido a jefe policiaco como si fuera el salvador de la patria.
Podemos asegurar que Leyzaola no es precisamente un jefe policiaco, sino un concepto de Estado basado en la fuerza y la brutalidad para cumplir, a como dé lugar –sin éxito, por cierto–, el objetivo de acabar con las mafias del narcotráfico.
Es increíble que el presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Munguía Lardizábal, haya menospreciado los principios constitucionales y los tratados internacionales, así como las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra Leyzaola por el delito de tortura, y las denuncias llevadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos.
Dice Teto Munguía que, para contratar a Leyzaola, “consultó” a Felipe Calderón y al gobernador César Duarte. Peor todavía: conociendo los antecedentes de Leyzaola, que son del dominio público, no se le ocurrió consultar a la CNDH y a las organizaciones no gubernamentales (ONG), que tienen a punto el expediente Leyzaola (ignoramos por qué la CNDH no ha girado la recomendación correspondiente, si cuenta desde el año pasado con las pruebas de tortura obtenidas mediante la aplicación del Protocolo de Estambul).
Asimismo, han sido ignorados por el alcalde juarense los llamamientos al gobierno de Calderón hechos por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos y la Oficina de Washington para América Latina, y las recomendaciones de la PDH, la CNDH y la CIDH para la aplicación de medidas cautelares con el fin de salvaguardar la integridad y la vida de Blanca Mesina y Silvia Vázquez, defensoras investigadoras en Tijuana de los casos de tortura perpetrada por Julián Leyzaola, por militares en el 28 Batallón de Infantería en Tijuana y por el capitán Gustavo Huerta, discípulo de Leyzaola y hoy flamante jefe policiaco en la administración priista de Carlos Bustamante.
Blanca y Silvia tuvieron que salir urgentemente de Tijuana por las graves agresiones y amenazas de muerte recibidas en 2010, cuya principal sospecha recae precisamente en Leyzaola y en sus escoltas. La Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno de Baja California tuvieron que cumplir un urgente emplazamiento de la CIDH, vía recomendación, para el establecimiento de las medidas cautelares.
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