PROCESO: En Baja California, un pobre historial RICARDO RAVELO

En Baja California, un pobre historial
RICARDO RAVELO
2011-11-12 16:54:57 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
REPORTAJE ESPECIAL
En su efímero paso por la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora quedó a deber como operador contra el crimen organizado, coordinador de los operativos de las fuerzas federales en todo el país e interlocutor político del presidente Felipe Calderón. No sólo fue la falta de tiempo: asumió el cargo en una circunstancia ya delicada y arrastraba la desconfianza de sus compañeros panistas por su gestión en el gobierno de Baja California.
El 14 de agosto de 2010, al sustituir a Fernando Gómez Mont como secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora –fallecido el viernes 11 con siete de sus colaboradores al desplomarse el helicóptero que los transportaba– recibió la encomienda más complicada del sexenio: combatir al narcotráfico y todas las modalidades del crimen organizado.


Aquel día, las palabras del presidente Felipe Calderón –que ya había perdido, en otro trágico accidente plagado de sospechas, a su secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño– fueron enfáticas y precisas:

“Le instruyo a encarar con responsabilidad y compromiso la lucha en contra del crimen organizado y por la seguridad pública, las instituciones, así como tomar parte activa en el diálogo que he propuesto con todas las fuerzas políticas del país y la sociedad en su conjunto, con el fin de fortalecer la estrategia nacional de seguridad como una política del Estado mexicano.”

Blake asumió el cargo a pesar de que arrastraba fuertes señalamientos por presunta protección a bandas del narcotráfico en Baja California, su estado natal, y no obstante que se había rodeado de colaboradores sobre quienes pesaba la sospecha de servir a los intereses del crimen organizado.

Como secretario de Gobierno de la entidad, Blake contrató los servicios de un personaje conocido como El comandante Simón, cuyo verdadero nombre es Iván Ortega Colmenares, y quien arrastraba buena fama desde su paso por Sinaloa, donde en 2000 supuestamente había hecho bajar los elevados índices de secuestros.

Lo cierto es que como funcionario del gobierno sinaloense solía extorsionar –y en otros casos cobraba fuertes sumas de dinero– a los familiares de las víctimas de secuestro. Todo ello presuntamente con el objetivo de que los plagiados fueran liberados.

Y como secretario de Gobernación, Blake Mora se enfocó, sin mucho éxito, a consolidar la “política de Estado contra el crimen organizado”, como le solicitó el presidente. Pese a que se desarrollaron operativos con más refuerzos militares y policiacos en diversas entidades del norte y sur del país, la violencia no descendió. Tampoco el narcotráfico, cuyas redes continuaron operando en México y extendiéndose hacia otros países de Centro y Sudamérica.

En la recta final del sexenio, la lucha del presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico ya es considerada como un fracaso, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW), dado a conocer el jueves 10.

En el reporte Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico HRW establece que durante la lucha contra el narcotráfico, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la guerra de Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país.

El informe destaca que en muchos estados los miembros de las Fuerzas Armadas aplican torturas sistemáticamente para obtener a la fuerza confesiones e información sobre organizaciones delictivas.

Y no sólo eso. Según el reporte, “la evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país”. Todos estos hechos, se apunta en el informe, “ocurren en un marco de total impunidad”.

Aun con los operativos que Blake Mora reforzó en diversas regiones, el crimen organizado creció más allá de las fronteras nacionales. En México se fortalecieron los cárteles de Tijuana, del Golfo, Juárez y Sinaloa, así como Los Zetas, y surgieron nuevos grupos: La Resistencia, Cártel de Jalisco Nueva Generación, el del Pacífico Sur, La Mano con Ojos y Los Matazetas, entre otros.

Entidades del sur, como Veracruz, sufrieron los golpes del llamado efecto cucaracha, pues con el cambio de gobierno el control que tenían Los Zetas pasó a poder del cártel de Sinaloa mediante uno de sus brazos: el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Otro problema que enfrentó Blake y que no pudo resolver fue la construcción de un acuerdo con todos los gobernadores para sacar adelante las reformas en materia de seguridad y concluir el programa de depuración y profesionalización de las policías.



Su papel frente al narco



De acuerdo con informes de la agencia estadunidense Drug Enforcement Administration (DEA), el narco mexicano ya domina en buena parte de América Latina y Europa. El cártel de Sinaloa y Los Zetas son los más conocidos. El primero controla el transporte de la droga desde Colombia a Estados Unidos; también está presente en Reino Unido y otros países de Europa, en tanto que el segundo opera en Italia.

Frente a este escenario, el primer paso que dio Blake Mora para consolidar una política de Estado frente a la criminalidad fue concentrar los reflectores en la Secretaría de Gobernación, pues en su oficina y en la Secretaría de la Defensa Nacional se diseñaban las estrategias contra el narcotráfico en las diferentes regiones.

En Baja California, por ejemplo, había una rivalidad entre el cártel de Tijuana y el de Sinaloa. Tras el arribo de Blake Mora a Gobernación, el cártel de los Arellano Félix asumió el control de la plaza y el cártel de Sinaloa –la organización más boyante en 10 años de panismo –dejó de ser competencia para el llamado cártel de “los aretes”.

Este reacomodo del cártel de Tijuana derivó en un logro aparente: poco a poco comenzó a disminuir la violencia y, de ser una ciudad sin ley, Tijuana –así como una buena parte de Baja California– pasó a ser un lugar tranquilo.

Pero otra era la realidad. Lo que ocurrió es que la familia Arellano Félix y el cártel de Sinaloa se repartieron el territorio sin violencia. Los Arellano se quedaron con la plaza de Tijuana y Joaquín El Chapo Guzmán con la de Mexicali, uno de los territorios más codiciados por Guzmán desde que su mentor, Miguel Ángel Félix Gallardo, repartió el territorio a finales de los años ochenta.

En otras entidades la violencia creció a niveles insospechados y los protagonistas de las matanzas, balaceras y decapitaciones siguieron siendo los operadores de cinco cárteles confrontados: los de Sinaloa, del Golfo, Los Zetas, La Familia Michoacana y la organización de los Beltrán Leyva.

Conforme el sexenio entró en su último año, el país entró en una espiral de mayor violencia e inestabilidad: en Veracruz surgieron grupos paramilitares que dieron muestras de su poder al arrojar 35 cuerpos en plena zona turística del puerto jarocho.

En Nuevo León y la Comarca Lagunera se multiplicaron las balaceras tanto en la vía pública como en bares, restaurantes y centros nocturnos. No sólo eso: casi toda la estructura policiaca del país, conformada por más de 2 mil 500 corporaciones, se convirtió en un importante cerco protector de las redes criminales.

Esto obligó al presidente Felipe Calderón a desplegar, a través de Blake Mora, nuevos y más reforzados operativos antinarco en Veracruz, Guerrero y la región de La Laguna, conformada por los estados de Coahuila y Durango.

Ante el pronóstico oficial de que en México se recrudecería aún más la violencia, el presidente Calderón también exigió a los gobernadores terminar el proyecto de depuración policiaca, pues dijo que los reportes indicaban que las policías operan al servicio de la criminalidad, signo de una mayor descomposición en la parte final del sexenio.

A diferencia de la posición política que mostró como secretario de Gobierno en Baja California, donde se le caracterizó como un funcionario discreto y ajeno a los reflectores, como titular de Gobernación recorría el país y reforzaba la política anticrimen, aunque sin mayores resultados, pues el crimen organizado ensanchó sus redes y copó todos los territorios.

Precisamente el viernes 11, Francisco Blake Mora y siete funcionarios de la Secretaría de Gobernación se trasladaban a un evento con funcionarios del Poder Judicial en Cuernavaca, Morelos. Iban a bordo de un helicóptero del Estado Mayor Presidencial.

Cerca de las 11 de la mañana, la aeronave fue reportada como desaparecida y posteriormente se confirmó que se desplomó al adentrarse a una zona nubosa. De acuerdo con los primeros indicios, dijo el presidente Calderón, podría tratarse de un accidente.

Sin embargo, para el alcalde priista de Mexicali, Baja California, Francisco Pérez Tejada Padilla, la manera en que murió el secretario de Gobernación “es un hecho completamente raro”. No descartó que el accidente aéreo pueda tener un trasfondo de revancha por la lucha contra el crimen organizado, en particular el narcotráfico.

A su vez, el diputado priista Juan Montejano de la Torre consideró preocupante que se reporte la muerte del segundo secretario de Gobernación a causa de accidentes aéreos, y desconfió de la versión de que la causa del siniestro fue la neblina, dada la experiencia del piloto.

En 10 años de panismo, de 2000 a 2011, han muerto en condiciones similares cuatro altos funcionarios del gobierno federal estrechamente ligados a la lucha contra el narcotráfico.

El 21 de septiembre de 2005 falleció en un accidente aéreo Ramón Martín Huerta, entonces secretario de Seguridad Pública. Ese día, el funcionario viajaba con otros colaboradores hacia Toluca, Estado de México, en un helicóptero XC-PFI. Debido a que supuestamente la aeronave entró en un banco de neblina, el piloto perdió la visibilidad y se estrelló en el paraje montañoso conocido como Llano Largo.

Hace tres años murieron en otro accidente aéreo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y José Luis Santiago Vasconcelos, extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR y quien fungió como coordinador de la estrategia de la lucha contra el crimen organizado en la Secretaría de Gobernación. De las causas de estas tragedias aún nada se sabe.



Blake y Hank Rhon



Además de sus presuntos nexos con personajes relacionados con el crimen organizado, Francisco Blake Mora también fue acusado por sus propios compañeros de partido de imponer candidatos a presidentes municipales en Baja California durante el proceso electoral de 2010.

Como operador político del PAN, primero, y como secretario de Gobierno después, Blake Mora se caracterizó durante 18 años por negociar con todo tipo de personajes con el fin de alcanzar sus objetivos. Y así fue como desde la Secretaría de Gobernación se colocó como un fuerte aspirante a la gubernatura de Baja California, proyecto para el que ya estaba trabajando.

Ya designado secretario de Gobernación, no dejó de ser considerado como el artífice de una negociación que armaron en 2010 el PAN y el empresario del juego Jorge Hank Rhon, quien perdió la elección de gobernador de Baja California precisamente en ese año.

Como primer signo de aquella negociación, Carlos Jiménez Ruiz y Andrés Garza Chávez, hombres de Hank Rhon, fueron nombrados integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California en 2010.

En una votación, la priista y hankista Edna Pérez se convirtió en la “fiel de la balanza” y así el PAN logró nombrar a los consejeros de ese órgano judicial, entre ellos a Gilberto González Solís y a los mencionados priistas.

Blake y Mario Madrigal –éste líder del sindicato de empleados del Grupo Caliente y líder estatal del PRI en el estado– trabaron una estrecha amistad, que se fortaleció cuando fueron diputados locales y coordinadores de sus respectivas fracciones parlamentarias.

Diputados del PRI, específicamente del grupo político del senador Fernando Castro Trenti, calificaron como un acto de traición el voto a favor de Edna Pérez y acusaron a Jorge Hank de haber negociado con Francisco Blake dicho sufragio a cambio de más concesiones para abrir casas de apuestas en el país.

Hank, por su parte, nunca negó que la diputada Edna Pérez hubiera votado a favor de la nueva integración del Consejo de la Judicatura a cambio de favores políticos.

Coincidentemente, los consejeros y empleados de Hank, Carlos Jiménez Macías y Andrés Garza, presuntamente maniobraron a principios de junio de este año para que un juez penal con sede en Tijuana decretara la libertad de Jorge Hank luego de que fue detenido bajo cargos de acopio de armas y el homicidio de una de sus nueras.

No obstante las negociaciones realizadas entre Blake y Hank, el PAN perdió cinco alcaldías en Baja California en julio de 2010 y fue responsabilizado por los panistas de esos fracasos.

La derrota tuvo una causa: Blake operó en coordinación con el gobernador de Baja California, José Osuna Millán, y el presidente Felipe Calderón la imposición de candidatos a presidentes municipales. En Tijuana fue colocado Carlos Torres Torres, lo cual generó división en el panismo local, y luego perdió la elección frente a Carlos Bustamante.

En Mexicali, Blake impuso a su amigo Raúl López Moreno, quien se identificaba como representante político de Blake en el estado. Pese a tener el aparato oficial a su favor, López Moreno fue derrotado por el entonces empresario priista Francisco Pérez Tejada. El PAN también perdió en Tecate y Ensenada.

En Playas de Rosarito, tanto el gobernador Osuna como Blake mandaron de candidato al economista Raúl Leggs, quien ni siquiera tenía residencia en esa demarcación. A juicio de los panistas “dolidos”, Leggs perdió vergonzosamente y fue rescatado tras su derrota por Blake Mora, quien para cobijarlo lo nombró su coordinador de asesores.
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