Injusticia en Campo Algodonero
25 Noviembre, 2011 - 01:23
Credito:
Gabriela Rojas
Este mes se cumplieron 10 años de que se encontraran los cuerpos de ocho jóvenes desaparecidas y asesinadas en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez (Esmeralda, Laura, María de los Ángeles, Mayra, Elizabeth, María, Claudia y una persona más). Estos casos se suman a una interminable serie de feminicidios en nuestro país. Como en la mayoría de los casos, las instituciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos, así como aquellas responsables de procurar y administrar justicia en el Estado fallaron. Las autoridades cometieron irregularidades y los asesinos quedaron impunes. ¿Suena conocido?
Ante la falta de justicia en nuestro país, los familiares de las víctimas recurrieron a instancias internacionales. Primero intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la emisión de una serie de recomendaciones para el Estado mexicano, ninguna de las cuales fue adoptada por nuestro país.
Sí, ninguna. El Estado mexicano incumplió. ¿Nos sorprende? Así, llegó el “Caso Algodonero” a la CIDH. La sentencia fue condenatoria por violación a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. De acuerdo con la sentencia de la Corte, el Estado violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, el deber de no discriminación, los derechos de los niños e incumplió con su deber de investigar, los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Si el Estado no puede garantizar estos derechos, ¿pierde su razón de ser?
El Estado mexicano fue sentenciado, entre otros, a conducir los procesos penales en curso y sancionar a los responsables; procesar y sancionar a los servidores públicos acusados de irregularidades; publicar los resolutivos de las sentencias en diarios de circulación nacional; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio; continuar con la estandarización de todos sus procesos para investigar los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres; mantener una base de datos actualizada de las desapariciones de mujeres; brindar atención médica, psicológica o psiquiátrica a familiares de las víctimas; pagar las indemnizaciones correspondientes.
¿Ha cumplido? Muy poco. ¿Se volverá algo común recurrir a instancias internacionales para pedir la justicia que nuestro Estado no puede garantizar?
grojas@eleconomista.com.mx
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