El único futuro para los estadounidenses es una pesadilla, afirma ex asesor del gobierno de Reagan
En el libro The Tyranny of Good Intentions [La tiranía de las buenas intenciones] Lawrence Stratton y P.C Roberts muestran que mucho antes del 11-S el derecho en EE.UU. se convirtió en un arma en manos del gobierno
Internacional | Paul Craig Roberts/Rebelión/Contrainjerencia | 11-10-2011 |
Algunos hemos contado con la llegada de este día y hemos advertido contra su arribo, solo para ser recibidos con abucheos y silbidos de “patriotas” que han llegado a ver la Constitución de EE.UU. como un artefacto que mima a criminales y terroristas y entorpece al presidente que tiene que actuar para protegernos.
El evento conocido como 11-S fue utilizado para colocar al poder ejecutivo por sobre la ley. A condición de que el presidente apruebe un acto ilegal, los empleados del poder ejecutivo ya no tienen que rendir cuentas ante la ley que lo prohíbe. Por autoridad del presidente, el poder ejecutivo puede violar, sin sufrir las consecuencias, leyes de EE.UU. contra el espionaje de estadounidenses sin mandato judicial, detención indefinida y tortura.
Muchos esperaban que el presidente Obama restableciera la responsabilidad del gobierno ante la ley. En su lugar, fue más lejos que Bush/Cheney e impuso el poder inconstitucional no solo para mantener a ciudadanos estadounidenses en prisión sin presentar cargos, sino también para matarlos sin que sean condenados por un tribunal. Obama afirma que a pesar de la Constitución de EE.UU., tiene autoridad para asesinar ciudadanos estadounidenses de quienes piensa que constituyen una “amenaza”, sin el proceso debido.
En otras palabras, cualquier ciudadano estadounidense que es catalogado como amenaza carece de derechos y puede ser ejecutado sin juicio o evidencia.
El 30 de septiembre Obama utilizó ese nuevo poder hecho valer por el presidente e hizo asesinar a dos ciudadanos estadounidenses, Anwar Awlaki y Samir Khan. Khan era un personaje excéntrico asociado a Inspire Magazine y no venía fácilmente a la mente como una amenaza seria.
Awlaki era un clérigo musulmán estadounidense moderado quien sirvió de asesor al gobierno de EE.UU. después del 11-S sobre maneras de contrarrestar el extremismo musulmán. Awlaki fue gradualmente radicalizado por el uso de mentiras por Washington para justificar ataques militares contra países musulmanes. Se convirtió en crítico del gobierno de EE.UU. y dijo a los musulmanes que no tenían que aceptar pasivamente la agresión estadounidense y que tenían derecho a resistir y defenderse. Como resultado Awlaki fue satanizado y se convirtió en una amenaza.
Solo sabemos que Awlaki pronunció sermones críticos de los ataques indiscriminados de Washington contra pueblos musulmanes. El argumento de Washington es que sus sermones pueden haber influenciado a algunos que son acusados de intentar actos terroristas, responsabilizando por lo tanto a Awlaki por los intentos.
La aseveración de Obama de que Awlaki era algún tipo de agente de al Qaida de alto nivel es solo una aseveración. Jason Ditz concluyó que el motivo para asesinar Awlaki en lugar de procesarlo es que el gobierno de EE.UU. no poseía evidencia real de que Awlaki fuera agente de al Qaida.
Pero lo que hizo o podría haber hecho Awlaki es irrelevante. La Constitución de EE.UU. requiere que incluso el peor asesino no puede ser castigado hasta que sea condenado por un tribunal. Cuando la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) cuestionó ante un tribunal federal la aseveración de Obama de que tenía el poder de ordenar asesinatos de ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Justicia [sic] de Obama argumentó que la decisión de Obama de hacer asesinar estadounidenses era un poder ejecutivo fuera del alcance del aparato judicial.
En una decisión que selló la suerte de EE.UU., el juez del tribunal federal de distrito, John Bates, ignoró el requerimiento de la Constitución de que ninguna persona será privada de la vida sin debido proceso y descartó el caso, diciendo que el Congreso debía decidir. Obama actuó sin esperar una apelación, utilizando por lo tanto la aquiescencia del juez Bates para establecer el poder y fomentar la transformación del presidente en un César que comenzó bajo George W. Bush.
Los abogados Glenn Greenwald y Jonathan Turley señalan que el asesinato de Awlaki terminó con la restricción de la Constitución del poder del gobierno. Ahora el gobierno de EE.UU. no solo puede tomar a un ciudadano de EE.UU. y confinarlo en una prisión por el resto de su vida sin jamás presentar evidencia y obtener una condena, sino también lo puede matar a tiros en la calle o hacerlo volar por un drone.
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