Bancos ‘congelan ilegalmente’ cuentas inactivas de juarenses
Rocío Gallegos
El Diario | 23-10-2011 | 23:56
Usuarios bancarios en la ciudad comenzaron a ser amagados por algunas instituciones financieras que valiéndose de una manipulación a las disposiciones que ordenan confiscar las cuentas de ahorro inactivas, los obligan a adquirir otros de sus servicios para “asegurarles” su dinero.
“Cuando me dijeron que mi cuenta estaba en proceso de ser adjudicada por el banco, me asusté”, dijo Adrián, un cuentahabiente bancario que pidió mantener bajo resguardo su identidad.
Este hombre depositó hace tiempo sus ahorros en Bancomer para afrontar algún imprevisto y a la fecha su saldo se eleva a más de cien mil pesos, aunque desde hace año y medio no había realizado ningún depósito ni retiro de la cuenta.
Por esa inactividad, le informaron que su dinero estaba “congelado”, que su cuenta prescribió y todos sus recursos se enviaron a otra cuenta concentradora que maneja el Gobierno.
Este medio pidió entrevista con funcionarios del banco para conocer su versión, pero respondieron que no están autorizados para dar declaraciones a la prensa.
En este caso, como en otros que plantean clientes de otras instituciones bancarias, se detectó que está alterándose lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece que desde febrero pasado los bancos deberán depositar las reservas menores de 18 mil pesos -300 salarios mínimos- que sus clientes mantengan inactivas desde hace tres años, a una “cuenta global”, donde luego de otros tres años sin enfrentar reclamos serán destinadas a la “beneficencia pública”.
Sin embargo, instituciones bancarias están procediendo con cuentas cuyos saldos registran montos mayores, que tienen menos tiempo sin registros de movimientos y sin que se cumpla con el requisito de la notificación previa por escrito que deben realizar los bancos a sus usuarios.
Entre estas cuentas inactivas, según estimaciones de las instituciones bancarias, se ubican las de personas fallecidas, pensionados, enfermos y padres de familia que abrieron una inversión para el futuro de sus hijos.
Cuestionada sobre esta situación que ha desatado la inconformidad de los ahorradores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) respondió que se está cometiendo una arbitrariedad.
Marco Carrera, vocero de la institución en el país, señaló que lo ocurrido con algunos usuarios financieros juarenses no tiene fundamento legal.
“Eso suena a una estrategia de comercialización implementada por los bancos que no necesariamente da seguimiento a las sanas prácticas. Te pueden sugerir que inviertas en plazos o fondos de inversión, pero no generarte una preocupación de que tu dinero se te va a decomisar para lograr eso”, indicó el funcionario.
Tal parece que se está realizando una mala interpretación de lo establecido en la ley, indicó a su vez el abogado fiscalista Miguel Ángel Díaz Marín, quien recomendó a los ciudadanos defender su patrimonio vía la Condusef.
Debido a circunstancias como las planteadas, desde el año pasado diputados federales de la actual legislatura han tratado de reformar la ley o derogarla pues consideran que esta normatividad representa una afectación a los derechos de los clientes, ya que vulnera su patrimonio y limita su capacidad de decidir sobre el tiempo que deseen mantener sus recursos sin realizar movimientos.
Pero también, porque se presta a que con base en esos preceptos los bancos cometan abusos contra sus cuentahabientes.
Despojo en despoblado
Para Adrián, lo que empezaron a realizar los bancos es un robo.
Contó que la semana pasada, cuando acudió a solicitar un estado de su cuenta se llevó una sorpresa cuando una funcionaria de su sucursal, le dio la noticia de que su dinero estaba “congelado”.
“No podía creerlo, porqué me quitan mi dinero, sólo porque la cuenta estaba inactiva”, comentó indignado.
Para su fortuna, luego de una hora de alegatos y de esperar que la asesora bancaria hablara con su gerente, en la sucursal le indicaron que se había logrado recuperar el monto de su dinero, mencionó.
Durante esa espera, el personal del banco le dijo que si lograba recuperar sus ahorros debería abrir una cuenta de inversión o abrir una inversión a plazo, por tres meses.
Finalmente, le garantizaron su dinero con la contratación de una tarjeta de crédito, la cual se pagaría en automático cada mes con sus ahorros y así se garantizaban los movimientos con los cuales el servicio se mantendría activo y sin riesgo de confiscación.
Ahora, mejor piensa cambiar de banco, se siente defraudado.
Algo similar enfrentó Sofía, otra derechohabiente bancaria, quien pese a contar con un saldo de casi 100 mil pesos se topó con la sorpresa de que en su cuenta sólo había 86 pesos.
Comentó que la noticia la recibió al tratar de hacer un traspaso a otra institución diferente a su banco ScotiaBank y al no localizar su dinero le comentaron la posibilidad de que estuviera confiscado por el Gobierno.
Ella llevaba ocho meses sin registrar un solo movimiento por lo que existía ese riesgo, le indicaron.
Pero al día siguiente le comentaron que todo se debió a un error.
En ambos casos, ninguno de los ciudadanos recibió notificación previa de que sus ahorros estaban en riesgo de ser “congelados”.
Esto pese a que la ley establece que el traspaso de los recursos a la cuenta global, que concentra la Comisión Nacional Bancaria, sólo debe efectuarse después de dar aviso al cliente por escrito, en el domicilio que tuviera registrado, con 90 días de anticipación.
Otros clientes consultados contaron situaciones similares.
Por situaciones como ésta ahora se pretende derogar o reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues sus disposiciones son consideradas desventajosas para los ciudadanos, en especial para los de menores ingresos.
“Estas reglas representan una clara afectación a los derechos de los clientes, ya que vulneran su patrimonio y limitan su capacidad de decidir sobre el tiempo que deseen mantener sus recursos en una institución sin realizar movimientos, especialmente cuando los recursos son para alcanzar objetivos de largo plazo”, señaló el diputado Julio Castellanos Ramírez, quien en julio de este año presentó una iniciativa para modificar tal normatividad.
Pero también sugiere que el dinero confiscado no vaya a la beneficencia, sino a las Fuerzas Armadas, ya que -asegura su propuesta- es necesario “reconocer a los militares por su invaluable labor a favor de los mexicanos ante situaciones de inseguridad y desastres”.
En tanto, el legislador federal Marco Pérez Esquer considera que como se establecen actualmente tales condiciones, deben modificarse algunos puntos de la ley, específicamente en el rubro de notificación a los usuarios.
Aunque los bancos tienen obligación de notificar a sus clientes cuando una cuenta no ha tenido movimiento y alertar de la concentración a una concentradora, señala que “dar aviso por escrito en el domicilio” no es garantía de que efectivamente los ciudadanos adquieran conocimiento de que su dinero está en riesgo de prescribir.
Por eso propuso, en una iniciativa presentada en septiembre pasado, que las personas sean notificadas hasta por edictos en medios de comunicación, como todo acto de privación de derechos, para que los usuarios bancarios cumplan con formalidades de garantía de audiencia.
De no ser así, se estarían tolerando prácticas indebidas en la prestación de los servicios de la banca y créditos, además de fomentar actividades que perjudican gravemente los intereses del público, señala en el documento que promueve y que se encuentra en revisión.
Para el diputado Ricardo Monreal Ávila, las disposiciones enmarcadas en el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito deben derogarse por el riesgo, inseguridad y desigualdad en que ponen a los cuentahabientes.
Su iniciativa, al igual que las otras dos mencionadas, está en espera de ser dictaminadas por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, así como la de Estudios Legislativos.
2014, la fecha fatídica
De acuerdo con lo establecido en la ley, una vez efectuado el traspaso de los ahorros a la cuenta global, si trascurren otros tres años sin tener movimientos por depósitos o retiros y si su importe no excede a la suma referida, dichos recursos pasarán a formar parte del patrimonio de la beneficencia pública a partir del 2 de febrero de 2014.
De acuerdo con la Condusef, las personas pueden recuperar sus depósitos, una vez pasada a esa bolsa concentradora.
Carrera señaló que una vez que transcurren tres años y una cuenta no se mueve, ésta se suma a la llamada cuenta concentradora que cada banco tiene.
Los efectos de esta concentración son que el ahorrador recibirá un interés equivalente a la inflación y que el banco deja de cobrar comisiones, de enviar estados de cuenta y de dar otro tipo de servicios vinculados con la misma, explicó.
Una vez que los recursos pasan a estas cuentas globales aún pueden ser requeridos por sus titulares, pues según la Ley de Instituciones de Crédito, el dinero permanecerá por tres años más, hasta febrero de 2014, periodo en el que el dueño puede hacer un reclamo.
Sin embargo, una vez transcurridos estos últimos tres años el dinero prescribe a favor de la beneficencia pública y el dueño original de los recursos ya no podrá recuperarlos por ninguna vía, explicó.
Hasta ahora, agregó, no ha procedido ninguna confiscación.
Así que al transcurrir los primeros tres años de la entrada en vigor de tal disposición los bancos empezarán a canalizar esos recursos inactivos, pero nada se sabe ahora de eso con certeza, así lo apuntan los legisladores.
La Asociación de Bancos de México dio a conocer que no posee las cifras relativas a las cuentas concentradoras ni de las que se transfieren a la beneficencia pública, debido a que el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito sólo permite a los bancos notificar de las mismas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Sin embargo, de acuerdo con datos de la Cámara de Diputados, se tiene noticia de que Banamex, por ejemplo, envió cartas a sus clientes detallando este procedimiento, teniendo registrados alrededor de 220 mil cuentas inactivas en los últimos tres años que suman más de 300 millones de pesos.
En Banorte, indica el reporte legislativo, se diseñó una estrategia de avisar a sus clientes en el estado de cuenta.
A su vez, HSBC envió notificaciones a los domicilios de los afectados, pero utilizan un lenguaje poco claro que confunde a sus usuarios, revela en su documento el diputado Pérez Esquer.
Hay opacidad sobre este asunto coinciden usuarios y legisladores.
En este contexto, en abril del año pasado se pidió exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como ala Condusef, a realizar una campaña de información en los medios de comunicación en relación al destino que se le dará al dinero de las cuentas que no hayan reportado movimiento por depósito o retiro por más de tres años.
En el punto de acuerdo, presentado por la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, también se establece que la CNBV deberá verificar si las instituciones de crédito están cumpliendo con lo establecido en el artículo decimoquinto transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, referente a la divulgación en sus oficinas de lo previsto en el artículo 61 de la misma ley.
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