Demandan dar cárcel de por vida a federales
M. Coronado/A. Salmón/R. Chaparro
El Diario | 22-09-2011 | 00:12
Representantes de los sectores políticos y empresariales demandaron ayer que los agentes federales detenidos el martes por extorsionar a un yonkero sean castigados “con todo el rigor de la ley”, y que la sanción no quede en un despido o simple reubicación.
Las cámaras de la iniciativa privada local exigieron que a los 10 elementos de la PF inmiscuidos se les dé cárcel vitalicia y que su juicio se realice bajo vigilancia pública.
Sin embargo, el fiscal estatal en la zona Norte, Jorge González Nicolás, advirtió que mientras las autoridades federales que investigan no declinen su competencia al fuero común, los servidores públicos imputados podrían librar esa prisión vitalicia que el Estado sí puede imponer.
Sobre el caso, voceros del empresariado juarense señalaron que existió una evidente falla de los mandos superiores, que no están vigilando a su personal, y también pidieron que se les investigue y castigue si están coludidos. Federico Ziga Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, indicó que los federales deben ser juzgados en el estado para que no puedan escapar de la cárcel de por vida.
Ziga, vínculo entre la mesa de seguridad del programa Todos Somos Juárez y los empresarios, dijo que ese organismo acordó que los policías detenidos en Juárez deberán ser juzgados aquí, en lugar de que se los lleven al DF o los reasignen a otras ciudades.
Señaló que este tipo de policías debe recibir las penas más duras posibles por parte de los jueces, porque su delito lleva el elemento agravante de que son policías y llevan un arma y una responsabilidad que les ha otorgado la sociedad.
Ziga Martínez indicó que hay más de 30 policías consignados por delitos contra los juarenses, y que se les debe aplicar todo el rigor de la ley, para que sirvan de ejemplo para otros elementos.
Guillermo Soria Magaña, director de la Cámara Nacional de Comercio, coincidió en que el delito cometido por los federales debe ser castigado en esta entidad, para ofrecer a los comerciantes que están siendo extorsionados pruebas de que las denuncias sí sirven para quitarse ese problema.
El directivo agregó que si la autoridad quiere terminar con el problema y ganarse la suficiente confianza de los empresarios para denunciar una extorsión, el castigo debe ser lo más fuerte y claro posible.
Canacintra pide retiro de federales
Por su parte la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se pronunció por que se lleve a cabo una investigación exhaustiva al interior de la Policía Federal, que resulte en una depuración de sus elementos y en el castigo penal para quienes resulten responsables de haber cometido algún ilícito.
Adolfo Hernández Ruiz, presidente del organismo privado, afirmó que la sociedad juarense "ya está harta" de tanta inseguridad y como viene funcionando la Policía Federal "sólo es un perjuicio y no un beneficio para la comunidad".
"No vemos ninguna ventaja en ese grupo de policías, es mucha la desconfianza que se les tiene", recalcó, para apuntar que "son varios los pequeños industriales que nos han manifestado que creen que hay cierto grado de protección de la Policía Federal para quienes cometen las extorsiones, lo cual no se atreven a denunciar por miedo".
"Lo que estamos viendo, es el colmo, la Policía Federal debe ser controlada y bien supervisada, porque de lo contrario de nada sirve su presencia y funcionamiento en la ciudad, ya que ahora resulta que nos tenemos que cuidar de quienes debían protegernos", afirmó Ruiz Hernández.
Jorge Contreras Fornelli, presidente de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, dijo que la economía de la ciudad sigue subyugada por la extorsión.
Dijo que la autoridad debe actuar con decisión ante este tipo de actos y que la sociedad debe seguir denunciando porque es la única forma de terminar con este ilícito.
La detención de los 10 agentes federales es una señal de que han fallado los exámenes de confianza aplicados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, coincidieron diputados del PRI, PAN y PRD en el Congreso estatal.
El diputado Alejandro Domínguez Domínguez (PRI), presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, recordó que el secretario de la SSPF, Genaro García Luna, insistía en señalar a las policías municipales y estatales como focos de infiltración del delito, pero la captura de los federales demuestra "que la corrupción está en todos los órdenes de Gobierno".
"El secretario de Seguridad Pública debe ser un buen juez que inicie por su casa, perfeccionar sus mecanismos de control y revisar la efectividad de los exámenes de confianza, porque son tortuosas y tardadas", añadió.
Héctor Ortiz Orpinel, coordinador parlamentario del PAN, calificó de "muy lamentable" el caso, pero también señaló hay muchos más agentes federales que sí han cumplido con los juarenses y que actúan con apego a la ley.
"Que a estos individuos los encarcelen y que no sólo los den de baja y los manden a la calle, como le hacen aquí en Chihuahua", señaló.
Consideró que hubo fallas en los exámenes de confianza que aplicó la PF. Dijo que más que aumentar las pruebas de confiabilidad, se les debe mejorar los sueldos a los policías "para que no caigan en la tentación".
El diputado perredista José Alfredo Ramírez Rentería advirtió que no "les harán nada" a los agentes extorsionadores, porque -recordó- tampoco sancionaron a aquellos mandos de la PF que fueron denunciados por sus propios efectivos.
Ramírez Rentería coincidió con sus homólogos en que hubo poco cuidado en la contratación o en la aplicación de exámenes de confianza a los policías enviados a Juárez.
Extorsión alcanzaría penas bajas si la juzga la Federación
Mientras las autoridades federales que investigan la extorsión cometida por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal al propietario de un yonke no declinen su competencia al fuero común los servidores públicos imputados podrían librar la prisión vitalicia por el delito de extorsión.
Jorge González Nicolás, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que los 10 agentes federales inicialmente por el delito de extorsión fueron puestos a disposición de la SIEDO, organización federal.
Además la víctima acudió únicamente a la Procuraduría General de la República (PGR) a presentar su denuncia, pero ante la FGE no lo ha hecho.
Dijo que el Ministerio Público Federal tendrá que determinar inicialmente si realmente el delito se dio en el contexto del cumplimiento y ejercicio de sus funciones.
Explicó que si al iniciar la investigación el MPF decide que sean las autoridades del fuero común las que deslinden esta responsabilidad entonces tendrán que declinar su competencia.
Indicó que el abuso de autoridad, así como la posesión de armas que no tienen permiso para portar son los delitos que el MPF podrá investigar y consignar a un juez federal, mientras que la extorsión lo podrán hacer, pero alcanzaría penas muy bajas.
Puntualizó que si el Ministerio Público retoma el caso buscará fincar la responsabilidad del caso en los presuntos responsables para que alcancen una pena de prisión vitalicia.
Sin embargo, para que eso suceda, primero tendrá que pasar del fuero federal al fuero común y que el afectado acuda a interponer su denuncia ante la FGE, precisó.
"En caso de que la víctima interponga la denuncia ante esta Fiscalía se procedería inmediatamente a realizar la investigación, sin embargo se tiene que aclarar que tiene que ser una sola consignación la que se haga, una sola acusación, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y mucho menos por dos instancias", refirió.
Dijo que es evidente que una situación de este tipo viene a dañar la imagen de una corporación, pero al mismo tiempo genera confianza el hecho de que la PGR esté actuando para llegar hasta las últimas consecuencias.
En el mismo sentido se pronunció Gustavo de la Rosa Hickerson quien además de ser visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) forma parte de la mesa de Seguridad del programa Todos Somos Juárez.
Mencionó que es motivo de preocupación lo que está sucediendo con los agentes federales en esta ciudad, ya que en 2010 se presentaron 36 denuncias por abuso de autoridad, robo, lesiones, violación, pero en los últimos dos meses de este año se acumularon 30 denuncias.
El derechohumanista indicó que hay denuncias muy graves remitidas a Asuntos Internos en los últimos dos meses por delitos cometidos por agentes federales y que no fueron llevadas ante un juez este año.
Los detenidos
• Isaac Moreno Hernández (suboficial)
• José Juan Fuentes Rodríguez (suboficial)
• Nicasio Alvarado García (Policía primero)
• Santiago Reyes Flores
• Ángel Miguel Cruz
• Marcelo Xolo Ramírez
• Raúl Carrillo Pérez
• Agustín Tapia Celis
• Alejandro Morales López
• Olegario Hernández Ramos
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