Narcos armados y con licencia "Made in USA"
Por Emilio Godoy y Kanya D'Almeida
CIUDAD DE MÉXICO/WASHINGTON, 12 ago (IPS) - Las últimas declaraciones de un miembro del cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos echan luz sobre la complicidad de Washington con líderes narcotraficantes y la ineficacia de sus operaciones de inteligencia.
A fines de la semana pasada, el hijo de un alto jefe del cártel de Sinaloa declaró ante una corte federal estadounidense que Washington le había dado "carta blanca para seguir contrabandeando toneladas de drogas a (la norteña ciudad de) Chicago y al resto de Estados Unidos".
Las acusaciones, aunque prácticamente ignoradas por los medios estadounidenses, despertaron nuevas dudas sobre la política antidrogas de Washington al sur de la frontera, que muchos analistas consideran ha sido por años tan corrupta como ineficaz.
En la declaración de dos páginas al tribunal, Jesús Vicente Zambada-Niebla (hijo de Ismael "El Mayo" Zambada García, un supuesto líder de la organización traficante de drogas y armas en el occidental estado mexicano de Sinaloa) dio detalles de la presunta colaboración entre el cártel y el Departamento de Justicia estadounidense y sus varias ramas, incluyendo agencias como la DEA (antidrogas) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Operación de inteligencia fallida
El juicio a Zambada-Niebla también echó luz sobre los fallos de inteligencia de Estados Unidos, al hacer referencia a una polémica operación del Buró para el Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego (ATF) conocida como "Rápido y furioso".
Ahora tema de una investigación en el Congreso, la operación fue un intento de seguir el rastro de las ventas de armas estadounidenses a los cárteles mexicanos.
Bajo el programa, supervisado desde la sede central de la ATF en Phoenix, Arizona, cerca de 2.500 armas de fuego, incluyendo cientos de rifles AK-47 y Barrett, fueron vendidos por agentes encubiertos a traficantes de armas.
La operación comenzó en 2008, y miles de armas han desaparecido en la frontera sin que se sepa su rastro. La falta de un mecanismo efectivo para rastrearlas determinó que estén ahora seguramente en manos de algunos de los más peligrosos criminales mexicanos.
Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro para Políticas Internacionales, con sede en la Ciudad de México, informó que a fines de 2010, algunas de esas armas habían sido rastreadas hasta llegar al caso del asesinato del agente de patrulla fronteriza Brian Terry.
Según Zambada-Niebla, como resultado de la frustrada operación, alrededor de "3.000 personas" en México fueron asesinadas, incluyendo agentes del orden en el estado de Sinaloa.
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