Se cae demanda vs la Migra por asesinato de juarense
L. Figueroa/M. Figueroa
El Diario | 19-08-2011 | 00:03
Un juez federal de El Paso desechó la demanda por 25 millones de dólares que en contra del Gobierno de Estados Unidos interpusieron los padres de Sergio Adrián Hernández Güereca, el adolescente asesinado por un agente de la Patrulla Fronteriza el 7 de junio del año pasado.
Aun así, los abogados de la familia indicaron que el recurso pervive y será presentado próximamente ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en Louisiana.
Además, los juristas informaron que la semana pasada pusieron otra demanda civil en contra de Jesús Mesa Jr., el oficial fronterizo que desde el lado estadounidense disparó contra el joven de 15 años que se hallaba en la orilla mexicana, y lo mató.
El fallo del juez federal paseño David Briones generó indignación entre legisladores federales y estatales por Chihuahua, quienes cuestionaron la resolución y demandaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores asesore a la familia para que apele la decisión y, de ser necesario, que presente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La demanda inicial de los padres de Sergio Adrián fue interpuesta el 17 de enero del presente año en contra del Gobierno de Estados Unidos, al que reclaman 25 millones de dólares por “muerte dolosa” y “lesión corporal”. Trascendió que el juez Briones anuló la demanda el 11 de agosto pasado porque Sergio Adrián no fue baleado en suelo estadounidense.
La muerte del menor, ocurrida debajo del Puente Negro, causó revuelo internacional, ya que el hecho fue videograbado en un celular desde el lado mexicano de la frontera.
El abogado de los padres del muchacho, Bob Hilliard, de la firma Hilliard Muñoz Gonzalez LLP, reiteró que además de la apelación ante el Quinto Circuito de Louisiana, la segunda demanda civil en contra de Mesa Jr. aún “sobrevive”.
Se nos hace interesante que la Corte nos permita continuar con una acción legal en contra del agente de la Patrulla Fronteriza involucrado (en el incidente)”, dijo Hilliard.
Cuestionó que en su fallo el juez determine “que sus empleadores (la Patrulla Fronteriza) no son responsables aun cuando el agente fue entrenado por el gobierno, estaba trabajando, traía uniforme y estaba parado sobre territorio estadounidense cuando accionó su arma a través de la frontera para disparar y matar a Sergio”.
El juez Briones, quien desechó la primera demanda contra el Gobierno estadounidense, también analiza la segunda en contra del agente fronterizo en particular.
En esta nueva querella (número 6:11-cv-00013), Jesús Hernández y María Guadalupe Güereca Betancour, bajo las actas de Reclamos de Ilícitos Civiles y de Reclamos Federales de Ilícitos Civiles de EU, exponen que Mesa Jr. actuó de manera negligente, errónea y tortuosa al disparar fatalmente a su hijo.
También señalan que el patrullero fronterizo utilizó “fuerza excesiva” al detonar su arma de manera intencional antes de arrestar al adolescente, quebrantó los derechos constitucionales de la víctima -la Cuarta y Quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos- y violó varios tratados internacionales.
La demanda contra el Gobierno de EU
El 6 de junio, el Gobierno Federal de EU ingresó una moción en la Corte Federal de El Paso en la que buscó desechar las acusaciones de los padres de Sergio Adrián, argumentando que la muerte del adolescente ocurrió en México, y por lo tanto, “fuera de jurisdicción”.
La moción también pretendió sobreseer 10 de los 11 reclamos asentados en la demanda en contra del agente de la Patrulla Fronteriza que disparó a Sergio Adrián, así como a varias dependencias federales, incluidas el Departamento de Seguridad Interior (DHS) y la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Briones falló el día 11 a favor del Gobierno Federal norteamericano, desestimando la demanda de los padres de Sergio Adrián con pérdida de derecho a nuevo juicio.
Al respecto, el abogado Hilliard indicó que el fallo se basó en varios casos, incluyendo uno en el que las autoridades estadounidenses planearon durante meses la captura de un ciudadano mexicano, el cual es muy distinto al caso de Sergio Adrián.
“En nuestro caso, el agente Jesús Mesa estaba parado a 10 pies (3 metros) de distancia de Sergio. La secuencia total de los hechos tardó menos de 10 segundos, no hubo planeamiento. Él (agente) levantó su arma y disparó a Sergio dos veces en la cabeza”, continuó.
Hilliard consideró que el argumento que utilizó el gobierno, de que la muerte de Sergio Adrián “está fuera de jurisdicción” no está claro bajo las leyes estadounidenses.
Por ello, aseguró que él y el abogado Cristóbal Galindo, de la misma firma de litigantes que representan a la familia de Sergio Adrián, apelarán la decisión del juez Briones en el estado de Louisiana.
“Y si es posible, nos iremos hasta la Suprema Corte, si es posible para que también nos guíe”, expresó vía telefónica desde Corpus Christi.
Hilliard lamentó la decisión del juez Briones, la cual consideró que dará pie a que los mexicanos piensen que ahora cualquier patrullero fronterizo tiene licencia para disparar y matar a “gente inocente”.
“Nos dice que si trabajas para el Gobierno de Estados Unidos, éste falla en entrenarte y matas a un mexicano, como este adolescente de 15 años, entonces no hay nada qué hacer”, dijo.
Hilliard cuestionó qué pasaría si un agente de la Policía Federal mexicana disparara y matara a un “high schooler” de 15 años de El Paso.
“Seguramente tendríamos a todos los miembros del Congreso en un podio declarando la guerra a México”, expresó.
El litigante informó que cuenta con 60 días a partir de la fecha del fallo de Briones para interponer la apelación.
En tanto, esperará la decisión de Briones con respecto a la segunda demanda de los padres de Sergio Adrián, a la que los abogados defensores del patrullero fronterizo buscan también desechar.
“Los abogados de Mesa también han presentado una moción para desechar el caso diciendo básicamente que la Constitución no aplica a los extranjeros”, dijo Hilliard. “Están mal. Esto será una lucha interesante, pero no nos vamos a rendir”.
El abogado de Mesa, Christopher Allen Antcliff, derivó las preguntas de este caso al litigante Randy Ortega, quien no pudo ser localizado hasta ayer por la tarde.
Protestan legisladores chihuahuenses
Legisladores federales y locales por Chihuahua criticaron la resolución.
El diputado federal Guillermo Márquez Lizalde conminó a las autoridades federales mexicanas a dejar de lado la actitud “tolerante y agachona”.
Demandó que la SRE asesore a la familia para apelar la decisión y, de ser necesario, presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión del juez, dijo, “refleja una vez más la poca sensibilidad (de EU) que hay respecto a los asuntos relacionados con su vecino México, un asunto que trascendió las fronteras y que esperábamos una actitud apegada a la ley y a la justicia; hoy vemos que se emitió una resolución fuera de todo contexto, descabellada a todas luces y que refleja esta insensibilidad que caracteriza a las autoridades judiciales norteamericanas”.
El diputado juarense Enrique Serrano Escobar, coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, afirmó que el crimen se cometió desde Estados Unidos y es allá donde debe ser juzgado el agente de la Patrulla Fronteriza que disparó contra el adolescente.
“¡Qué pelada la agarró ese juez”, exclamó Serrano, representante del Distrito VIII de Juárez, al afirmar que tenía toda la competencia para someter a juicio al policía fronterizo.
“Si disparó desde el territorio americano, entonces es un crimen que debe juzgarse allá”, agregó.
El legislador priísta consideró que el hecho de que Sergio Adrián haya caído muerto en territorio mexicano, no quita el que los disparos se hayan hecho desde el país vecino.
“Lo que pasa es que ellos –los jueces estadounidenses– protegen mucho a sus elementos de Policía, esa es la verdadera razón”, agregó.
Márquez Lizalde calificó como “una actitud muy tolerante, lamentablemente muy agachona que no se debe de permitir”, la actuación de la SRE en este caso.
“Se tiene que exigir que se aplique la ley y que se imparta justicia, cuando hay un mexicano que ha sido victimado donde se está exigiendo que se aplique la ley para reparar el daño por esta muerte tan lamentable”.
Tanto Márquez como el legislador federal panista Arturo García Portillo, adelantaron que gestionarán un punto de acuerdo con sus correligionarios a fin de exigir a las autoridades federales dar seguimiento al caso y obtener justicia.
García Portillo aseguró que “estaba en la convicción de que mediante nuestros consulados y Embajada en Estados Unidos, se estuviera dando la asistencia debida a los familiares de este joven en el juicio que se emprendió allá. Sin embargo, el gobierno mexicano debió dar la asesoría debida, debió haber sido mucho más fuerte en la fundamentación de este caso, tengo la impresión de que fue más un fallo de tipo político que jurídico, pero yo creo que no debemos de dejar de mantener la queja de que se haga justicia”.
García Portillo consideró que la resolución pudiera estar “dando una patente de corso a los agentes de la Patrulla Fronteriza. Yo espero que no sea así y que hayan tenido cuando menos la decencia de tratar de argumentar esto y, justamente me parece que aquí es donde está el esfuerzo del gobierno mexicano en que no se vaya a quedar como un precedente, este tipo de situaciones”.
Alejandro Pérez Cuéllar, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso estatal, coincidió en que se requiere la intervención de la cancillería mexicana para que interceda por la familia de Sergio Adrián ante el Departamento de Estado norteamericano.
Consideró necesario revisar los tratados internacionales en materia de persecución del delito, pues no es la primera ocasión en la que existen esos vacíos cuando los crímenes se cometen en puentes internacionales.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
#Dontriananews gracias por escribirnos