Elevar la vulnerabilidad
El Diario | 13-08-2011 | 21:27
Es el colmo de la desvergüenza. Incumplida una de sus obligaciones básicas, la de brindar seguridad pública a los ciudadanos, el Gobierno desampara ahora a los empresarios que requieren de escoltas bien entrenados y equipados para salvaguardar vidas, inversiones y patrimonios.
A las autoridades no les ha parecido suficiente que ante su propia incapacidad para garantizar derechos y libertades fundamentales, grandes sectores de la población deban pagar los servicios privados de la seguridad que ellos deberían proveer, y todavía se empeñan en disminuir los alcances de la operación de escoltas, elevando el grado de vulnerabilidad al que ya de por sí están expuestos los empresarios en medio de la atípica espiral de violencia y criminalidad que recorre todo el país y que aquí tiene su más brutal manifestación.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) determinó que a partir del primero de septiembre retirará todas las armas de fuego asignadas a los escoltas que están registrados como “agentes E” de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante años esa modalidad permitió a los empresarios la contratación de escoltas que, previo pago al Gobierno, portaban armas como si fueran agentes de la ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública estatal, hoy conocida como Policía Única de la FGE. Esta instancia estatal facilitaba el permiso de portación de armas de fuego que se encargaba de gestionar ante la Sedena.
Como lo declaró el vocero de la FGE, Carlos González, los escoltas “son personas que los mismos empresarios fueron contratando y la misma Fiscalía los estuvo preparando con exámenes y entrenamiento para el uso de armas”.
Sin embargo, la decisión de la Sedena –avalada por las autoridades estatales– establece que el 31 de agosto termina la vigencia de las licencias oficiales colectivas para hacer una transición a una licencia privada colectiva, con la participación de empresas que ofrecen el servicio de seguridad.
De acuerdo con la Fiscalía, en Chihuahua existen unos 800 agentes que utilizan más de mil armas de fuego propiedad del gobierno estatal que han operado bajo el esquema descrito.
El anuncio de la cancelación ha inconformado al sector empresarial ya de por sí desesperado con los niveles de violencia e inseguridad que han frenado la actividad económica en todo el estado y especialmente en Juárez.
En general priva el desconcierto porque ni la Sedena ni la Fiscalía General han informado cómo será este proceso de desarme, ni se ha transparentado el proceso de autorización a las empresas privadas de seguridad que ofrecerán el servicio. Tampoco se ha dicho cuáles serán las opciones que tendrán los empresarios para hacer la contratación.
Por si no fuera suficiente con el agravio que significa tomar ese tipo de decisiones de espaldas a las necesidades de este sector de la sociedad, El Diario pudo indagar que en la nueva modalidad se prevé bajar el poder del armamento autorizado por la Sedena.
En lugar de los rifles de asalto R-15 se entregarán escopetas calibre .12, y en vez de pistolas 9 milímetros se autorizarán .380, lo cual mermará la capacidad de reacción ante un ataque ya que los grupos criminales utilizan armamento más poderoso.
En medio de la opacidad oficial, se le agregó todavía más leña al fuego: según lo informado por una de las empresas autorizadas a un guardia privado entrevistado por El Diario, el costo para los empresarios se disparará, tanto por el trámite para obtener permiso de portación (de ser gratuito se expedirá por 10 mil pesos para cada arma), como por el costo del armamento que se ofrecerá a más del doble de lo que se cotiza en el mercado.
Inevitable que en la opinión pública se alimentan suspicacias cuando se ausenta la transparencia y lo único que se vislumbra son negocios millonarios a costa de la inseguridad que el gobierno debería de combatir.
Resulta absurdo que a hombres de bien, que no hacen sino esforzarse por mantener sus negocios y sus inversiones –pese al entorno hostil– se les pongan piedritas en el camino para acceder a la protección que puede brindar el equipamiento adecuado, mientras que a los delincuentes se les facilita su operación, con un tráfico ilegal de armas que permanece intocado en ambos lados de la frontera.
La incredulidad crece ante las supuestas acciones de orden y autoridad, cuando es sabido que la normatividad se amolda siempre para cobijar a grupos de interés específico o a ciertos empresarios por su peso a nivel nacional o su grado de influencia política.
¿Acaso alguien cree que a los magnates de Televisa o Televisión Azteca se les molestará para que dejen de lado sus pertrechos de la más alta graduación en seguridad y se equipen con el armamento disminuido hoy por la Sedena?
Si de verdad se trata de salir de la crisis de inseguridad que aquí se ha traslapado con un colapso financiero, es tiempo de certidumbres y facilitación de objetivos, no de vacilaciones, favoritismos o simulaciones.
Si el Estado –en sus tres poderes y sus tres órdenes de Gobierno– ya incumplió su parte del Pacto Social para garantizar la seguridad pública que está obligado a proporcionar, que no venga hoy a complicar más ese ya de por sí dolorido y costoso tránsito a la seguridad privada.
Nada qué presumir
Si bien algunos delitos como los homicidios dolosos están en el 2011 por debajo de los niveles alcanzados en los dos años anteriores y se ha detenido a algunos líderes de los cárteles del narcotráfico, el problema de violencia e inseguridad en el estado y en esta ciudad está lejos de ser resuelto.
En materia económica tampoco puede hablarse de reactivación, menos cuando la turbulencia financiera sacude de nuevo a Estados Unidos y se prevé un fuerte impacto en la industria maquiladora local, que tan dependiente vuelve a esta frontera de lo que ocurre en los mercados internacionales.
Una nueva crisis apenas está en puerta y el empleo en Juárez ya reportó saldo negativo al perderse en los últimos tres meses del año cuatro mil empleos.
Al cierre del mes de abril, la ciudad tenía 321 mil empleos registrados ante el IMSS; sin embargo, al terminar julio la cifra se había reducido a 317 mil trabajos formales, según la cifras del Instituto.
En medio de ese escenario adverso, el Gobierno federal, lejos de facilitar la inversión industrial aquí, realizó cambios al esquema maquilador que inhiben la llegada de más empresas, además de complicar y encarecer la operación de las plantas que ya están instaladas.
Así lo informaron a El Diario consultores especializados que advirtieron las dificultades que a partir del segundo semestre del año están enfrentando las empresas para cumplir con los requisitos legales para que reciban el tratamiento fiscal del decreto maquilador. La modificación además dejó fuera del esquema especial a las empresas de servicios que gravitan en torno a las maquilas, impactando fuertemente la economía local.
En Juárez, el 60 por ciento del empleo lo da la industria maquiladora directamente, y una gran parte del otro 40 por ciento de los trabajadores dependen indirectamente de esa industria.
De acuerdo con el Colegio de Economistas del Estado de Chihuahua al frenarse el consumo en Estados Unidos caen los pedidos a las empresas maquiladoras aquí instaladas, y al bajar la producción se reduce la demanda de trabajadores.
Ese gran foco rojo se suma a alerta en las corporaciones policiacas por atentados en contra de sus elementos y la previsión de una posible escalada violenta ante el reciente arresto del presunto líder del brazo armado del Cártel de Juárez.
En ese contexto nada satisfactorio se dio el martes pasado, la visita del presidente Felipe Calderón a Juárez.
Públicamente su agenda incluyó sólo un evento para destacar la cobertura del Seguro Popular, y además de un encuentro con empresarios que se organizó de último momento en el aeropuerto antes de su partida, el Presidente dedicó gran parte de su gira a grabar spots promocionales de su Quinto Informe de Gobierno.
Las cámaras se desplegaron en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez convertidas en set de filmación y el presidente Calderón no sólo repitió sus líneas cuantas veces fue necesario, también convivió en un ambiente festivo con alumnos y docentes habilitados como extras para la grabación.
Con la ciudad devastada aún por la operación de las mafias de narcotraficantes –con todo y sus actividades delictivas alternas– y la recesión económica; con los grandes rezagos de infraestructura social todavía vigentes pese a los programas gubernamentales que supuestamente atacarían de raíz el problema de inseguridad; sin resolverse la petición de un régimen fiscal de excepción para Juárez como alternativa de salvamento, difícil aceptar que se echen las campanas al vuelo.
Los juarenses esperan que sus gobernantes concentren sus esfuerzos en dar puntual respuesta a cada una de sus problemáticas y dolencias, no que la cuidad se convierta en simple bandera para la promoción de imágenes personales o institucionales.
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