EDOMEX. PROCESO: Un “fraude masivo” JENARO VILLAMIL

Un “fraude masivo”
JENARO VILLAMIL
21 DE AGOSTO DE 2011 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
EDICION MEXICO, ESTADO DE MÉXICO
El Dictamen ciudadano de vigilancia electoral del Estado de México, coordinado por el especialista Bernardo Barranco, sólo confirma el desaseo en que transcurrió el proceso que culminó el pasado 3 de julio con un cuestionado triunfo del priista Eruviel Ávila. Los autores del documento, cuyo adelanto ofrecieron a Proceso, exponen que aun cuando las campañas fueron más cortas y carecieron de credibilidad, el abstencionismo fue más elevado con respecto a la jornada de 2006; pero lo más oprobioso es que los consejeros electorales quintuplicaron sus gastos.

Los comicios del 3 de julio último en el Estado de México, la entidad más poblada del país, constituyen la muestra de “un fraude masivo y más sofisticado”, establece el Dictamen ciudadano de vigilancia electoral del Estado de México, elaborado por el especialista Bernardo Barranco, con el apoyo de organizaciones ciudadanas, grupos empresariales locales y estudiantes voluntarios de la ENEP-Acatlán, quienes dieron un seguimiento puntual al proceso electoral en el que resultó vencedor el priista Eruviel Ávila.

El análisis arremete contra los árbitros electorales –los “más impugnados en la historia” electoral mexiquense –; sostiene que todo el aparato del gobierno de Enrique Peña Nieto se volcó en la operación a favor del candidato de su partido y menciona la corresponsabilidad de los partidos de oposición en el alto nivel de abstencionismo, pues hubo 1 millón 125 mil electores menos que en los escrutinios de 2006.

El documento, cuyo adelanto obtuvo Proceso, hace un recuento pormenorizado de todos los eventos de la contienda, que incluye la etapa de las “alianzas frustradas” entre el PAN y PRD, así como el dispendio durante la campaña, los debates, el papel de la prensa local, la iniquidad, el abstencionismo, los resultados y un apartado de recomendaciones.

Y aun cuando Eruviel Ávila recibió ya la constancia de mayoría el lunes 15, Barranco insiste en la urgencia de emprender una reforma electoral en el Estado de México para bajar los costos de los comicios, que hoy son  considerados “los más caros de América Latina”. La Coparmex calcula que cada voto costó 60 dólares.

Barranco enumera a Proceso las cinco medidas que considera necesarias para la reforma electoral mexiquense que, advierte, debe estar lista antes de los comicios municipales mexiquenses y las federales de 2012: poner candados para limitar el uso de recursos y programas gubernamentales durante la campaña; “evitar la simbiosis entre partidos y gobierno”; fortalecer al órgano técnico de fiscalización que debilitó la llamada Ley Peña de 2010; realizar una nueva demarcación que supere la existente desde 1990, y sobre todo sustituir a los actuales integrantes del Instituto Electoral del Estado de México IEEM).

“Las más importantes decisiones de este consejo fueron impugnadas y revocadas. Es necesario romper con la lógica de las cuotas partidistas para la elección de los consejeros y elegirlos con criterios ciudadanos y transparentes”, expone el entrevistado, quien fue consejero del IEEM en el proceso electoral de 2005.

Advierte también que otra de las medidas urgentes es la redistritación, que frenó el propio Peña Nieto. “Es una vergüenza tener una demarcación que data de 1990; que además viola uno de los principios elementales de la democracia: que se dé a cada voto el mismo valor. Hay zonas subrepresentadas y otras sobrerrepresentadas. En algunos distritos, como Atlacomulco, por ejemplo, se gana con 8 mil votos; en otros, como Coacalco, se necesitan 80 mil votos”.



La parcialidad del árbitro



El Dictamen ciudadano documenta la parcialidad de los consejeros del IEEM. Expone que los gastos del organismo electoral crecieron 538% el año pasado, a pesar de que disminuyó el tiempo de campaña y su pérdida de credibilidad es cada vez más notoria:

“Durante todo el proceso electoral se puso en duda la capacidad del IEEM para resolver las acusaciones y denuncias realizadas por la oposición, sobre todo en materia de fiscalización. El instituto debía ser un elemento clave en la consolidación democrática de la entidad. Sin embargo, no logró demostrar su imparcialidad a la hora de tomar decisiones antes y después de la jornada electoral. Su actuación le restó credibilidad.

“… Durante la mayor parte del proceso electoral los consejeros declararon que existían las condiciones necesarias para garantizar comicios en paz. Sin embargo, cualquier observador podía percatarse que las violaciones al código electoral fueron una constante en este proceso”.

Y menciona los casos de Juan Carlos Villarreal Martínez, Policarpo Montes de Oca, Jesús Jardón Nava y José Martínez Vilchis, “propuestos por el PRI o sus aliados” como consejeros electorales:

Villarreal Martínez fue asesor del secretario general de Gobierno peñista, Luis Enrique Miranda Nava; Montes de Oca fue vocal de la junta local del IFE en el Estado de México y está vinculado al exgobernador Emilio Chuayfett; Jardón Nava fue secretario general de la Comisión Electoral mexiquense en 1993-1994, cuando este organismo era manejado por el gobierno, y Martínez Vilchis fue rector de la universidad pública local.

“El cuadro lo completaban dos consejeros propuestos por el PAN: Abel Aguilar, exsecretario de Estudio y Cuenta del ministro (de la Suprema Corte) Mariano Azuela Güitrón, y Arturo Bolio Cerdán, exmagistrado electoral local, pero con fuertes vínculos con el gobierno del estado. Por último, el consejero presidente fue una propuesta del PRD, Jesús Castillo Sandoval, un hombre que antes de llegar al IEEM fue magistrado electoral a propuesta del PAN. A pesar del cargo, en el proceso no fue un factor decisivo”, subraya el reporte.

El 21 de febrero último, los integrantes del IEEM quintuplicaron su gasto con respecto a 2010: de 752 mil pesos, se elevó a 4.8 millones de pesos. Aun así, los consejeros y asesores del IEEM no actuaron para acotar la “abrumadora” publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto durante el proceso electoral.

Tampoco lo hicieron en el escándalo que protagonizó el funcionario peñista Bernardo García Cisneros, quien fue videograbado en el momento en que daba instrucciones para desviar recursos públicos a favor del PRI. El IEEM consideró que se trataba de “un transgresor electoral solitario” y no lo sancionó. Los consejeros tampoco hicieron nada para promover el voto entre los ciudadanos mexiquenses; mucho menos atendieron las denuncias por la iniquidad en los gastos de campaña, ni  los actos anticipados de campaña de Eruviel Ávila y Alejandro Encinas, expone Barranco en su Dictamen ciudadano.

“En suma, las principales decisiones del consejo general del IEEM han sido impugnadas por los tribunales ante las constantes querellas de los partidos. El actual consejo general del IEEM es el más impugnado en la historia de 15 años del instituto”, destaca el documento.

Por lo que atañe al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), las críticas no son menores. El Dictamen ciudadano establece que tres de sus cinco magistrados son controlados directamente por el PRI: el presidente Jorge E. Muciño Escalona, cercano al exgobernador César Camacho; Raúl Flores Bernal, asesor de Muciño cuando éste fue consejero del IEEM, y Luz María Zarza, asesora de Emmanuel Villicaña cuando fue secretario general del IEEM.

El TEEM resultó “costoso e ineficiente”. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó 42.8% de las sentencias de su par mexiquense y le ordenó dar cumplimiento a una sentencia en otro sentido. Cada resolución de este tribunal tuvo un costo de 1.6 millones de pesos.

Durante la presidencia de María del Carmen Alanís, el tribunal federal también actuó a favor del PRI, al revocó la sentencia del Instituto Federal Electoral que sancionaba al gobernador Enrique Peña Nieto, mientras que a Eruviel Ávila sólo lo sancionó con 27 mil pesos, “cifra insignificante”, por actos anticipados de campaña.



El cochinero



El Dictamen elaborado por Bernardo Barranco advierte que aun cuando las campañas mexiquenses sólo duraron  45 días, el financiamiento público a los partidos locales se incrementó 180%. La cifra total fue de 698 millones de pesos.

Y advierte: “Si en el Estado de México se hubiese adoptado el modelo de la reforma federal de 2007, el tope de gasto de campaña para gobernador hubiera sido de 41 millones de pesos y no de 204 millones”.

Barranco incluye datos de la Coparmex, que considera las elecciones como “las más caras de América Latina”, con un dispendio de 3 mil millones de pesos, “lo cual se traduce en un costo de 60 dólares por voto en nuestro estado”.

“No existió una correlación entre los recursos y el buen funcionamiento de las instituciones. En diversas ocasiones se pudo observar que, independientemente del dinero destinado a los procesos electorales, hubo desviaciones que afectaron la credibilidad de la democracia, como forma de gobierno. Además, la institución electoral no fue eficiente en el ejercicio de los recursos asignados a los partidos políticos. Tuvo retrasos para asignar las prerrogativas”, señala el Dictamen.

Durante la campaña, la “constante” fueron las denuncias del “enorme gasto” del candidato priista Eruviel Ávila. Por si fuera poco, el exalcalde de Ecatepec alimentó la polémica al ofrecer autos y puestos públicos a los militantes que más promovieran el voto para su coalición.

PAN y PRD demandaron “revisiones precautorias” de los gastos de campaña de Eruviel Ávila, pero el IEEM dejó pendiente la resolución de estas demandas hasta el final del proceso electoral.

La medida del IEEM no fue casual, advierte el análisis de Barranco: “Lo único que pudiera resultar efectivo para revertir los resultados electorales son las revisiones precautorias a los gastos de Ávila”; esas “revisiones” no se hicieron.

El reporte subraya también que “la intervención del gobierno del estado en la campaña de Ávila fue una constante. Se hizo, sobre todo, a través de los programas de regionalización, el uso clientelar de programas sociales y de la entrega de obras de infraestructura realizadas en el estado.

“En cuanto a la intervención del gobierno de Peña en la elección y en los apoyos que tuvo su candidato para el órgano electoral fue difícil amortiguar el descrédito de tolerar tales prácticas… Algunas de las más evidentes fueron la movilización clientelar del sindicato de maestros y la focalización de los programas de asistencia social estatales… La publicidad del gobierno del estado fue abrumadora. Se mantuvo así durante casi todo el proceso electoral, hasta que tardíamente el TEPJF ordenó el retiro de ella, a unos días de la elección”.

A pesar del despilfarro, la iniquidad y la abierta intervención del gobierno a favor del candidato del PRI, los niveles de votación no aumentaron. El Dictamen ciudadano advierte que “a pesar de que el padrón creció en 1.5 millones de ciudadanos entre 2006 y 2011, en aquel año votaron 5 millones 701 mil 320 mexiquenses. El domingo 3 de julo lo hicieron sólo 4 millones 576 mil 54; es decir, 1 millón 125 mil ciudadanos menos.

“La abstención fue de más de 6 millones de votantes. Rebasó de lejos a cada uno de los países centroamericanos. Incluso superó los padrones electorales de Paraguay y Uruguay juntos. El alejamiento de los ciudadanos de las urnas reflejó la enorme desconfianza y lejanía hacia las propuestas de los partidos y de la sinceridad institucional de los órganos electorales”.



La oposición, los medios,
las iglesias



El informe sobre la elección del Estado de México es muy crítico con respecto al papel de los partidos de oposición, la prensa local y la Iglesia católica. Recuerda que durante la consulta sobre la alianza entre el PRD y el PAN hubo 250 mil sufragios, de los cuales 76% votaron por el sí, pero los opositores lo minimizaron.

“Después de conocer el resultado de la consulta mexiquense del 27 de marzo, los partidos interesados, especialmente el PRD, desconocieron el resultado. Subestimaron la opinión de los mexiquenses. Mostraron que la última palabra la tuvieron las cúpulas partidistas. Dejaron a la consulta ciudadana como mero trámite, cuando el objetivo era cambiar la relación entre la sociedad y la clase política del Estado de México”, sostienen los autores del  reporte.

Para ellos, “la noticia de que Eruviel Ávila era el candidato de unidad (del PRI) fue una muestra de que existía la posibilidad de una ruptura al interior del PRI mexiquense”.

Por lo que atañe a los medios de comunicación, el informe expone:  “Los medios impresos han sido eficientes reproductores de la ideología dominante en la entidad. Hacen crecer las figuras políticas que dicta el interés gubernamental.

“Eso fue lo que hicieron durante la pasada elección de gobernador. Apoyar a Eruviel Ávila en sus actos de campaña. Siempre sacaron notas positivas. Tomaron los mejores ángulos para las fotografías. Casi todas las columnas fueron apologistas de las virtudes de su figura y la del gobernador que tuvo el supuesto mérito de elegirlo”.

Algo similar ocurrió con varios de los 14 obispos mexiquenses. Los que no pudieron ocultar sus preferencias políticas fueron Enésimo Cepeda, de Ecatepec, “muy activo a favor del PRI”, y en especial del exalcalde; Víctor René Rodríguez Gómez, obispo auxiliar de Texcoco, quien a principios de junio último, alabó la gestión de Peña Nieto durante la conferencia general de obispos, y el obispo de Cuautitlán, Guillermo Ortiz Mondragón, cercano también al PRI.

El 22 de marzo, los 14 obispos mexiquenses publicaron un documento sobre las elecciones del 3 de julio para invitar a la ciudadanía a impulsar una “cultura de la democracia y a hacer de ella un estilo de vida”. Lamentaron incluso “la inducción del voto a cambio de dádivas; la compra venta del sufragio, así como el llamado al voto corporativo, es decir, el voto comprometido por líderes, sindicatos, gremios o asociaciones”.

¡AMLO 2012!