El secretario de Marina lanzó anteayer, en una solemne ceremonia de
graduación de oficiales de la Armada, una grave insinuación respecto de los
móviles de los organismos de derechos humanos que denuncian los abusos de
miembros de esa corporación. Sugirió que son voceros de la delincuencia
organizada, utilizados para 'tener el campo abierto a su ruindad'.
La defensa de los derechos humanos ha tenido que vencer, a lo largo de las
décadas recientes, la resistencia de las autoridades denunciadas por
violaciones a esas prerrogativas de las personas. Las agencias policiacas
promovieron la creencia de que la protección de tales derechos era un
obstáculo a su labor (como si antes de que se pusiera en boga e
institucionalizara esa lucha cívica tales corporaciones fueran eficaces) y
llegaron al extremo de señalar complicidades entre las organizaciones
ciudadanas de derechos humanos con la delincuencia. Un gobernador del
estado de México basó parte de la propaganda que según su plan lo llevaría
a la Presidencia de la República en un lema que apenas disimulaba una
convicción fascista: los derechos humanos son para los humanos, no para las
ratas.
Tal reticencia y aun repudio a la actuación de oficinas civiles o públicas
de derechos humanos se ha recrudecido al calor de la guerra contra el
crimen organizado. Primero el Ejército y después la Marina, fueron
involucrados en ella por la segunda administración panista de la historia,
y por consecuencia quedaron en el primer plano de los señalamientos contra
su conducta, que no infrecuentemente resulta en atentados contra la vida,
la integridad y la dignidad de las personas.
Impreparados, o formados sólo superficialmente en el respeto a los derechos
humanos, los miembros de esas corporaciones militares suelen contar con el
solapamiento de las instituciones respectivas. La Secretaría de Marina, en
particular, que avanzó a tierra firme y mantuvo su predominio en las zonas
costeras en materia de seguridad, se ha distinguido por su afán de negar
que sus miembros agravien a personas contra la ley. A veces, forzadamente,
tiene que avenirse a las evidencias y aun así encuentra el modo de hurtar
el cuerpo a las acusaciones directas en contra de su personal.
Un ejemplo muy a la mano, pues el caso es materia de una recomendación de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida hace apenas cuarenta días,
es el de José Humberto Márquez Compeán, detenido y muerto en marzo del año
pasado en el municipio de Santa Catarina, N.L. Si bien fue capturado por la
Policía municipal, se tuvo evidencia de que llegó a manos de marinos, que
por ello quedaron como presumiblemente responsables de la muerte violenta
del detenido. Aunque aceptó la recomendación de la CNDH, como finalmente ha
tenido que hacerlo en otros casos, la Secretaría de Marina insiste en la
inocencia de sus miembros señalados como causantes de la privación de la
vida de Márquez.
En su discurso del martes, el almirante Mariano Francisco Saynez se cuidó
de dejar aparte a esa comisión nacional, a la que encomió, respecto de
otras instancias defensoras de los derechos humanos. Dijo el secretario de
Marina, luego de asegurar que el respeto a esas prerrogativas de la persona
forma parte del patrimonio moral con que la Armada se enfrenta a la
delincuencia organizada:
'Los grupos delictivos tratan de manchar el buen nombre y prestigio de la
Marina utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que
caigan en el juego perverso de los criminales que, al utilizar la bandera
de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con
el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra, y
así tener el campo abierto a su maldad'.
Como su jefe del presidente de la república al hablar de la corrupción de
jueces que protegen a delincuentes, el almirante Saynez haría bien en
concretar su apreciación y precisar a qué grupos ciudadanos ligados al
crimen organizado se refiere, Si se piensa en los diferendos que la
Secretaría de Marina tuvo apenas en junio pasado con Amnistía Internacional
y el Comité de derechos humanos de Nuevo Laredo, es de temer que el
secretario se refiera a los esfuerzos de esas organizaciones, que
denunciaron la desaparición de personas, con violencia y contra la ley. A
una denuncia de la benemérita agrupación civil con sede en Londres, la
Marina negó 'categóricamente', el 14 de junio, que 'personal naval haya
participado en dicho aseguramiento'. Se refería al secuestro de seis
personas de cuya ilegal detención Amnistía puso sobre aviso a la opinión
pública. Sin embargo, al día siguiente esa dependencia admitió ('se
reconoce', dijo hablando en tercera persona, como si el asunto no fuera de
su incumbencia) que algunos de sus miembros 'tuvieron contacto con seis de
las personas presuntamente detenidas'. Y en seguida sugirió que después de
ese 'contacto', quizá grupos delincuenciales se apoderaron de esos
desaparecidos a fin de imputar su destino a las autoridades.
En esos días estaba en curso una redada contra personas detenidas en sus
domicilios, a los que miembros de la Marina entraron por la fuerza y se las
llevaron sin mostrar órdenes de cateo o de aprehensión. Entre el primero y
el 23 de junio fueron objeto de ese inhumano trato quince personas. Por si
fuera poco, el 3 de julio siguiente la misma suerte padeció una persona
más. Su esposa denunció públicamente tal ilegalidad. Como castigo a esa
audacia, el domicilio de la denunciante fue baleado con armas de alto
poder.
¡AMLO 2012!
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