USURPADOR ULTRADERECHISTA
El nuevo Estado
Luis Javier Garrido
El rechazo nacional a las políticas de Felipe Calderón en su quinto año es el más elevado en casi medio siglo, el desprestigio personal del titular del Ejecutivo de facto y de los principales miembros de su gabinete no tiene parangón, su guerra “contra el narco” –que es el eje de su proyecto– es repudiada por todos los sectores y el desastre institucional es cada vez mayor, pero la derecha en el poder no quiere ceder y él sigue echado para adelante.
1. El caso del desfase de Felipe Calderón de la realidad no podría explicarse, sin embargo, si no se analiza la prepotencia, impunidad y fanatismo de las fuerzas de la extrema derecha que gobiernan a México. El gobernante de facto no oculta que todavía sueña con trascender como el hombre que liquidó al Estado surgido de la Revolución Mexicana, para lo que le urge acelerar las contrarreformas e imponer a un sucesor que garantice los intereses de sus aliados y protectores y al mismo tiempo le cubra las espaldas, de ahí que en el marco del no tan novedoso “tapadismo blanquiazul” haya lanzado a Ernesto Cordero, su titular de Hacienda, para ver si logra el respaldo del capital financiero.
2. El proyecto de la ultraderecha mexicana tiene en su desmesura rasgos que muy pocos han querido advertir, aunque no se hayan ocultado. El desprecio de los gobernantes actuales al orden constitucional de la República y su descalificación de todos los regímenes del pasado ha ido acompañado en los últimos meses por la pretensión de edificar no un nuevo régimen sino otro Estado, y la jerigonza que utilizan es por ello preocupante, por sus resonancias mussolinianas. Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, afirmó por ejemplo sin ambages, en un acto en el PAN capitalino el sábado 25, que un objetivo central del gobierno es edificar un nuevo Estado.
3. Las fuerzas económicas neoliberales han ido delineando a través de la experiencia de los últimos 30 años el modelo político que buscan imponer a los estados nacionales, sin que haya todavía un consenso en todos sus aspectos, pues dicho modelo, como se ha visto, supone el desmantelamiento de dichos estados para reducirlos a su mínima expresión: subordinando su orden jurídico interno a un derecho supranacional, cancelando los derechos originarios de las naciones a sus recursos estratégicos, desapareciendo en aras del mercado las entidades públicas, y reduciendo la vida democrática a una elección entre candidatos con propuestas similares funcionales al capitalismo neoliberal.
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