‘Intocables’, federales acusados de crímenes
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El Diario | 14-07-2011 | 00:11
Agentes federales que han sido acusados de delitos que incluyen homicidio, robo, desaparición de personas y abuso de autoridad se vuelven “intocables” porque son reubicados a otros lugares de la República Mexicana por sus superiores para protegerlos de autoridades estatales, lo que imposibilita ubicarlos para procesarlos, de acuerdo con organismos receptores de quejas.
En uno de los señalamientos más recientes en su contra, familiares de un ciudadano estadounidense acusaron a elementos de esa corporación de haberle impuesto la “ley fuga”, al hacerlo correr y enseguida dispararle por la espalda, ocasionándole la muerte.
Heriberto Alvarado Martínez, de 34 años, fue asesinado cuando se encontraba tomando cerveza con dos amigos en el exterior de un domicilio, en las calles Soto y Gama e Isla Jasou de la colonia Chihuahua.
Según la esposa y vecinos del asesinado, originario de Hollister, California, los federales ya tenían días tratando de ubicarlo.
Una vez que lo encontraron, fue obligado a hincarse, lo esposaron y posteriormente le ordenaron que corriera por un camino estrecho de terracería para dispararle.
Los agentes involucrados en este ataque, quienes tripulaban las unidades 10820, 11120, 13706 y 12395, fueron concentrados a la ciudad de México, donde recibieron nuevas asignaciones en el estado de Michoacán, de acuerdo con familiares de la víctima, quienes han mantenido su exigencia para que se castigue a los responsables.
Al ser cuestionado, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, José Ramón Salinas Frías, contestó que en los casos donde se ha demostrado la participación de agentes federales como responsables de algún hecho delictivo, se ha actuado sin “proteccionismo” y apegados a Derecho.
El funcionario federal señaló que no se ha solapado ningún acto irregular de los agentes, mucho menos tratándose de asuntos delicados como pudiera ser un secuestro, extorsión u homicidio.
Manifestó que han sido pocas las denuncias interpuestas contra federales, pero aseguró que son motivadas por delincuentes que tratan de desvirtuar algún hecho para desacreditar a la corporación.
Sin embargo, esta versión no es aceptada de forma general. Por ejemplo, el encargado de la oficina receptora de quejas ciudadanas contra policías que participan en el Operativo Coordinado Juárez, Jesús López Gámez, declaró que los federales han actuado con toda impunidad debido a la falta de supervisión de sus mandos superiores, quienes han tolerado su forma de trabajar en perjuicio de la población.
La PF asumió el control de la seguridad pública de Juárez en abril de 2010, cuando relevó al Ejército Mexicano en el mando de la Operación Coordinada Chihuahua.
En la lista de posibles víctimas de los elementos de la PF está también Rosa Angélica Marín Hernández, de 15 años, quien fue asesinada el 24 de julio de 2010 en la colonia Patria. Ese día la adolescente tripulaba un automóvil junto con otras personas.
Testigos y familiares sostienen la versión de que la menor y sus acompañantes fueron atacados por agentes federales, quienes les empezaron a disparar sin motivo aparente.
Aunque personal de la antes llamada Subprocuraduría de Justicia en la zona norte abrió una averiguación sobre el incidente, se determinó que los agentes dispararon porque los tripulantes del vehículo lo hicieron primero, así que no hubo consecuencias para los federales.
También está el caso de Arnulfo Antúnez Sandoval, un hombre cuya familia acusó a los elementos de la PF de que lo mataron debido a que en agosto del año pasado, agentes de esa corporación “levantaron” a la víctima en la colonia Del Carmen, días antes de que apareciera muerto en la colonia Partido Romero.
El 9 de agosto de 2010, las denuncias ciudadanas de que los federales estaban realizando robos y extorsiones contra la población fueron sustentadas en medio de la rebelión de 234 elementos del tercer agrupamiento de la Policía Federal, cuyos integrantes protagonizaron un motín contra los mandos, dejando al descubierto probables prácticas irregulares entre las filas.
La manifestación de los agentes desenmascaró la corrupción que practicaban algunos mandos y elementos, principalmente al inspector primero Salomón Alarcón Romero, apodado “El Chamán”, a quien el personal operativo acusó públicamente de tener nexos con la delincuencia organizada.
El acusado, junto con otros tres mandos, fue removido de esta frontera y concentrado en la ciudad de México, mientras que el resto del agrupamiento fue distribuido en distintos puntos del país, pero no se les castigó a pesar de que se anunció que habría sanciones.
Otro de los casos en el que agentes federales son señalados como los perpetradores ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando un grupo de estudiantes realizaba una manifestación en el exterior del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
En esa fecha, José Darío Álvarez Orrantia, de 19 años y en ese entonces alumno del primer semestre de la carrera de Sociología, quedó lesionado de gravedad al recibir las balas disparadas por un elemento federal.
Debido a la presión mediática que generó este caso, un agente fue detenido y responsabilizado del ataque, por lo que Arturo Fuentes permanece en el Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal, en espera de recibir sentencia por el delito de lesiones, homicidio en grado de tentativa y uso indebido del ejercicio público.
Otro caso que generó escándalo por la actuación de los federales fue el enfrentamiento que protagonizaron contra integrantes de la escolta del presidente municipal, Héctor Murguía Lardizabal, el 28 de enero pasado, situación que terminó con el asesinato del agente local Jorge Humberto Muñoz Pérez.
El elemento de la PF, Víctor Manuel Cortazar, enfrenta un proceso por el delito que cometió. Fue encarcelado también en la penitenciaría estatal.
Las principales quejas que se han presentado en meses recientes en contra de los federales en el módulo de atención que abrió el Gobierno Municipal desde febrero pasado, son debido a cateos y visitas domiciliarias ilegales, detenciones arbitrarias y degradantes, así como imputación indebida de hechos y ejercicio indebido de la función pública, de acuerdo con López Gámez.
que se puede esperar de estos asecinos si trabajan para el gobierno tan corrupto como ellos al fin mandado por el presidente calderon. la gente deberia pararse en armas por tanta injusticia es una lastima que el ejercito de estados unidos no interbenga ante tanto creimen organisado por los federale. por que eso es crimen organisado matan como se les plazca que alcabo que le echan la culpa al cartel no sabiendo que el cartel son ellos mismos los sicarrios son ellos mismas que lastima mexico tan bonito pero tenia que llegar este rata con sus secuases de calderon pero todo se paga en esta vida todos tienen hijos hermanos ext
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