MILITARIZACION PARA IMPEDIR LA REBELION
Tomás Oropeza Berumen
(Taller de Economía del Trabajo de la Facultad de Economía, UNAM)
Silenciosamente la ultraderecha, los empresarios, el ejército y casi todos los legisladores de los tres principales partidos políticos de México, todos bajo la tutela de la embajada norteamericana, han estado trabajando para llevar a cabo un golpe de Estado antes de que termine el actual periodo de sesiones de la Cámara de Diputados el sábado 30 de abril.
Esta semana los supuestos representantes del pueblo mexicano podrían dar su visto bueno a varios cambios a la iniciativa de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional aprobada hace un año en el Senado, para legalizar las violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales que desde hace cuatro años comete el ejército y la Marina en las entidades donde supuestamente combate al crimen organizado. Se trata de establecer un régimen de excepción en todo el país, donde en los hechos ya existe en varias regiones.
Sin duda se trata de una medida preventiva que busca aplacar cualquier síntoma de rebelión social en un país en crisis económica y política donde se realizarán elecciones dentro de catorce meses y la herida dejada por el fraude del 2006 sigue presente. Sólo que hoy el desempleo, la pobreza y la violencia son mayores.
El régimen tripartidista de derecha que prevalece en México en su afán por mantener el sistema socioeconómico vigente, en su modalidad de capitalismo neoliberal, desde hace varios años está implementando una estrategia encaminada a evitar la organización y desarrollo de la lucha de clases con un proyecto de transformación social.
En esa tarea se han unido el PAN, PRI y PRD, que tratarán de aprobar, antes de que termine el 61 periodo de sesiones de la Cámara de Diputados varias reformas a la Iniciativa de Reforma a Ley de Seguridad Nacional para que el ejército, la marina y fuerza aérea puedan llevar a cabo legalmente, tareas que desde hace varios años realizan violando la Constitución y que actualmente sólo lleva a cabo con una cubierta “legal” el Centro Nacional de Seguridad Nacional (Cisen).
De aprobarse la Nueva Ley de Seguridad Nacional el presidente en turno tendría facultades para utilizar a las fuerzas armadas para reprimir movimientos sociales que a su juicio pongan en riesgo la seguridad nacional, la seguridad interior o la seguridad exterior (según la nueva jerga). Para ello no sería necesario que se declarara el estado de excepción en una región o en el país previa consulta al Congreso.
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